En la historia del siglo XX, se ha considerado que el “accionariado obrero” es una forma de participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas y, en la actualidad, como una fórmula del “capitalismo popular”.
La participación obrera en las utilidades empresariales nació en Europa (Alemania, Bélgica y Francia) durante la primera década del siglo XX. Y el “accionariado obrero” solo en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Su propuesta teórica provino de Hermann Lindrath, antiguo profesor y funcionario de la Alemania Oriental, quien fue acogido en la Occidental y nombrado Ministro por el canciller Konrad Adenauer (1949-1963), aunque su “capitalismo popular” recién cristalizó con el canciller Ludwig Erhard (1963-1966) y en la empresa Preusag, a la que siguieron otras como Volkswagen.
A raíz de esa experiencia, fue la democracia cristiana alemana (CDU) la que generalizó el concepto, acogido, en forma tibia, por las democracias cristianas latinoamericanas y por la ecuatoriana, nacida en 1964.
Por la experiencia histórica, el accionariado obrero ha sido una forma de reforzar el capital de la empresa, bajo la etiqueta de “democratización”, aunque en Alemania el sistema resultó más efectivo, con empresas en las cuales el accionariado obrero llega por lo menos al 51% de las acciones societales.
Los empresarios ecuatorianos, enamorados de la “flexibilidad laboral” durante las décadas “neoliberales” de fines del siglo XX, planteaban suprimir el reparto de utilidades, que, de acuerdo con el Código del Trabajo actual, solo llega al 15%. En esa perspectiva, cambiar esta fórmula por el accionariado obrero bien puede servir para eludir el reparto de utilidades, reforzar a la empresa y fortalecer los mecanismos de las bolsas de valores.
Otras fórmulas que incrementen el porcentaje directo del reparto de ganancias y la socialización de las mismas, apuntan, en cambio, a disminuir el abismo existente con la concentración del ingreso, que es el problema crucial en América Latina, la región más inequitativa del mundo. Hacia allá debe apuntar la potenciación del principio pro-operario en la legislación ecuatoriana.