“¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”. La consigna que cada 25 de Noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, se canta en las calles de Quito, se volvió más cruda y más real en las últimas semanas.
El abuso sexual, la violación y el feminicidio son amenazas latentes para las corporalidades femeninas. Las cifras lo develan: ser mujer tiene sus riesgos y no debería ser así.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual; 6 de cada 10 mujeres ha sido víctima violencia de género; 2 de cada 5 mujeres sufrió violencia física. La cifra más alta es la de violencia psicológica: 1 de cada dos mujeres ha recibido este maltrato. Esto es lo que se registra y se delata, pero lo que no se denuncia y se guarda puede ser mucho más grave.
La ministra del Interior, María Paula Romo, en su comparecencia en la Asamblea Nacional, el pasado 22 de enero, expuso más datos que presentan a una sociedad más compleja: en el 2018, la Policía Nacional atendió un promedio de 7 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar al día. El sábado 19 de enero, hubo 14 llamadas por la misma causa, una de ellas de Diana, poco antes de que le amenazaran con un cuchillo.
Dos historias
Uno: “Martha” y el pacto de semen
“La violaron 3 hombres, la penetraron con botellas, vasos, un taco de billar por la vagina y ano hasta destrozarla. Quedó desnuda en un reguero de sangre, inconsciente sobre la mesa. Pero si decide abortar, ella va presa”. Así resumió en un tuit la abogada feminista, Silvia Buendía, el lunes 19 de enero lo que había sucedido a Martha. Faltó agregar que fue sedada y el acto violento filmado.
Esta violación en grupo a “Martha” develó a dos sociedades: una empática con las mujeres, de sororidad, solidaridad, indignación y rabia. Pero también dejó ver esa sociedad misógina y machista anquilosada que no cuestionó a los victimarios, ni su entorno, que trasladó la culpa a la víctima con comentarios machistas, que justificaron que los cuerpos de mujeres pueden ser objeto de violencia: el pacto de semen. Por lo tanto, “los hombres pueden insultarte, tocarte, violarte y también matarte si te resistes”.[1]
En el caso de Martha, los manuales de estilo periodística dictan que debería decir los “supuestos culpables”, pero fueron hallados en el hecho, en flagrancia, así que la violencia machista, en este caso, tiene tres nombres: Juan Andrés Moreno, Jhon Alexander Ponce Cartagena y su hermano Danny Ponce Cartagena. Son “la manada” del Ecuador.
El debate para la despenalización del aborto por la causal de violación en la Asamblea Nacional permitió acceder a nuevas cifras y es que en el Ecuador se registran 11 violaciones al día, según lo registra ONU – Mujeres. Mientras usted lee esta nota, en algún rincón del Ecuador, una mujer está siendo agredida. En los últimos tres años: 13.969 mujeres fueron violadas; 449 a manos de sus familiares; 718 tenían menos de 10 años.
Dos: #TodasSomosDiana, no solo falló la Policía
“¡Y cómo y cómo es la huevada? Nos matan y nos violan y el Estado no hace nada!”. Otra consigna, otra realidad.
Desde las organizaciones de mujeres, no se habla de femicidio. Sí de feminicidio, porque en todos los asesinatos hay un Estado cómplice. El vergonzoso crimen contra Diana “estaba entre las estadísticas”, dijo un impávido Primer Mandatario en Davos.
De un lado, un hombre, Yordi Rafael Lozada Garcés, dueño del cuerpo de Diana y de su destino, desafió a una ciudad y a una Policía que no supo como actuar. “Están facultados a usar la fuerza y tienen la obligación de hacerlo. Por supuesto, en el marco de la Ley y siguiendo los procedimientos en cada caso… Cuando se trate de salvar una vida, la Policía no debe dudar, debe actuar”, recalcó la ministra Romo, ante la Asamblea. Pero ese día no solo falló la Policía.
El feminicidio, explica Segato, ubica a los crímenes contra la mujer con las características de los crímenes de odio, “como los racistas y homofóbicos”, porque “hay crímenes cuyo sentido pleno sólo se vislumbra cuando se piensa en el contexto del poder patriarcal”.
El año pasado, según datos del Taller Mujer, se registraron 88 casos de feminicidioy 600 mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2014 al 1 de enero de 2019; 83% de los femicidas fueron sus parejas o ex parejas. Mujeres a las que se les ha arrebatado su proyecto de vida, cuerpos a los que la dominación masculina y la masculinidad hegemónica, “les ha extraído hasta el último soplo de vida”.[2]
Hay un gobierno y un Estado que deben responder: la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres tiene un presupuesto irrisorio de 657 mil dólares; cambió de ente rector del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos; hay que preguntarse si los más de 200 GAD municipales han conformado las juntas cantonales de protección. Hay que preguntarse cómo los operadores de justicia están actuando; qué tan diligente es en todos los casos la Policía Nacional; cómo se procesan las llamadas de alerta al 911. ¿Cuál es la atención y la contención que reciben los, al menos, 74 niñas, niños y adolescentes huérfanos tras el asesinado de sus madres?
No terminamos de pasar el dolor por Diana; todavía tenemos casos pendientes como el de Valentina, Juliana, Eliana, Jackeline, Brisa, entre muchos otros; y en los últimos días se suma la escalofriante historia de Marisol.
“No debió haber muerto delante de la policía”, dijo Romo, respecto a Diana. Tampoco debió haber muerto frente a los vecinos, las redes sociales, las cámaras de teléfonos móviles que la filmaban, “en la cara de la gente”.
* Periodista
