El gobierno hace legal lo que practica aunque fuere inadmisible o non-constitucional. Ese es el caso con el reglamento para las organizaciones sociales, asociaciones y ONGs.
Desde su inicio, Correa lanzó sus proclamas contra estas entidades parte de la sociedad civil, pretextando que eran “coorporatistas” o iguales a las ONGs que el municipio guayaquileño construyó para realizar lo que la ley no le permitiría. El gobierno inició así su construcción de un orden social disciplinario que también le libraba de los entes que en la sociedad pueden ser muy cuestionadores o críticos. Es la “pacificación” social y política que tanto aprecia el gobierno para, en principio, lograr más relaciones de fuerza a su favor que le den gran poder, una licencia de decidir sin real oposición. Es, en cambio, la sociedad la que pierde pues esta se reduce, predomina el aparato del estado, una cabeza (líder, caudillo, jefe) de la cual entonces todos dependen. Se empobrecen las decisiones, pues nadie es capaz de tener el buen camino ni las decisiones apropiadas por sí sólo, se requiere del aporte ciudadano a través de sus opiniones, acciones, así como enriquecer al gobernante con las expresiones de conflictos, problemas y dificultades, acciones y propuestas que asumen múltiples necesidades de la sociedad.
Si el gobierno asume servicios públicos antes no asumidos, puede ser una buena noticia, habrá ONGs y asociaciones sociales que podrán ocuparse de otras actividades, pero sobre todo nunca el gobierno será suficiente para hacerlo a la manera que el pluralismo de ideas y modos de ser lo hace. Hay para todos los gustos, y este hecho simple de asociaciones que actúan en pluralismo posiblemente atenúa los conflictos y descontentos sociales.
Desde luego, estas organizaciones también expresan conflictos reales de la sociedad. Pretender que no haya conflictos ni oposiciones es privarse de una de las principales dinámicas de la sociedad, negarles no es sino posponer los problemas; y, retenerles para que no aparezcan es enviar el conflicto para mañana a que el gobierno siguiente sea ingobernable.
Así, consolidar asociaciones debería ser una meta social, no frenarlas o impedirlas. El nuevo reglamento para las organizaciones sociales, en cambio, incrementa las exigencias para constituir, funcionar y actuar de las organizaciones. Si bien puede ser necesario precisar su sentido y algo de su funcionamiento, ya sabemos que la intención fehaciente del gobierno va más allá, como lo indicamos desde antes quiso limitarlas. Ahora lo logra reglamentariamente. En cambio, vuelve fácil el hacerles desaparecer por cuestiones administrativas, pues las exigencias para funcionar se incrementan y cualquier cosa puede servir para privarles de existencia. Tras de todo ello se incrementa la lógica de control, pues las organizaciones y asociaciones se vuelven frágiles ante el subjetivismo y arbitrario con que un funcionario puede definir sobre el actuar de una ONG. Se establece una espada de Damocles para las que no seguirían lo establecido, pudiendo, por ejemplo, ser condenadas por en principio ser políticas. Una vez más, el gobierno, contrariamente a la tradición de las organizaciones que le permitieron constituirse y ganar aceptación, considera que su lógica de crear un orden, más bien conservador, pasa por excluir de la vida pública a los que según su parecer no deben opinar de política. Se vuelve excluyente, el sabrá decidir quien debe ser o no político. Innumeres veces Correa ha afirmado que si la opinión de prensa o de una organización social opina sobre su gobierno debe entrar en un partido. Para él, así, sólo políticos oficiales deben hacer una opinión política. Apoyar a la CONAIE podría convertirse en causa de perdida de reconocimiento legal; no será raro entonces que se opte por el silencio. Eso puede ser aún más crítico para las raras ONGs que han sido políticas por haber optado por la democracia como meta y haber formado a mujeres, indígenas o afroecuatorianos para que se incluyan en la participación electoral y compitan para ser representantes.
Mientras la izquierda en el mundo lucha para que la política no se reduzca a la acción de pocos o de los partidos sino que haya una sociedad civil activa, propositiva y participativa, Correa antes y ahora se esmera más en silenciarla, en ordenarla en una lógica de disciplina que siga sus consignas. Es un orden de convento, bueno para el Vaticano, no para la sociedad que por definición es pluralista y exige flexibilidad para que todos los pareceres se expresen y hagan suya la política y la sociedad. Este regreso al XVIII se revela claramente en ese afán disciplinario con las entidades de la sociedad civil de volverlas funcionales al poder.
Varios encuentran positivo del reglamento que haya fondos concursables; es el mínimo a esperar cuanto más que el gobierno ya ha aprendido que no puede hacer todo, que es frecuente que abajo no lleguen sus funcionarios ni sepan entender lo que pasa con la gente, al contrario las asociaciones de la sociedad civil son más eficaces. Pero tras de esto y las normativas en consecuencia, son asociaciones que se volverán dependientes del gobierno, es decir sin capacidad de un pensamiento y accionar diferentes; la sociedad con sus múltiples problemas se vuelve presa de un mismo modo de ser, ver y actuar. La ventaja social de esas asociaciones ha sido que construyen una definición propia de necesidades y problemas, así como contribuyen a crear la indispensable utopía que requiere toda sociedad. No se trata necesariamente de una utopía política sino de una más profunda, una utopía de sociedad.
Igualmente, se ve como positivo la idea que se capacitará a las ONGs, pero vista las claras prácticas gubernamentales no sorprendería que eso se traduzca en encaminarles a la funcionalización al gobierno y no su inserción en la dinámica de la sociedad lo cual es diferente, por eso son muy diferentes según los dominios de acción. El pluralismo y contrastes de las asociaciones son tales que una clasificación requiere de múltiples criterios, precisamente por ello no hay entidad alguna que las represente, hay varias asociaciones ninguna mayoritaria ni más representativa.
Si ha habido desvío de fondos, el dinero para formar campesinos puede haber terminado financiando una marcha de protesta, por ejemplo, pero no es el gobierno que puede decidir al respecto, sino el donante de los recursos y los beneficiarios. Es precisamente esa la dinámica de la sociedad civil, no tener para su acción la lógica de control burocrático que termina por ser un modo de control en beneficio del poder.
Como de costumbre en las políticas gubernamentales hay partes hechas para contentar a unos y que al aceptar eso legitimen el resto, incluido va de sí sus aspectos polémicos y existen eventualmente aspectos de ordenamiento normativo sobre los cuales la mayoría puede coincidir pero están formulados de tal modo que conviene cambiarlos de inmediato, no sólo por su concepción reglamentista y de simple control sino porque darán resultados contrapuestos a los esperados. No se alentará a la sociedad civil como en principio se pretende sino lo contrario.
Con anticipación precisamente el gobierno concentró la cooperación externa la cual no puede sino asumir las políticas gubernamentales, no las propias que bien pueden ser diferentes a éstas y compartir sus posiciones con entidades de la sociedad civil, incluido para objetivos similares a los gubernamentales pero asumidos diferentemente. Las perdedoras son las organizaciones de la sociedad civil que fueron antes beneficiaras claves de la cooperación externa.
[…] Fuente: lalineadefuego.info […]