SOCIO BOSQUE Y EL CAPITALISMO VERDE* por Melissa Moreano Venegas[i]

Quien ama la vida protege los bosques

Lema del Ministerio del ambiente

‘Con el pretexto de la droga’ es el título de un libro de Guillaume Long [ii] que explica cómo los Estados Unidos usan el discurso de la lucha contra las drogas para mantener su presencia militar e imponer sus políticas en América Latina. Una versión ecologista del título podría explicar cómo, con el pretexto del cambio climático, se están desarrollando nuevas formas de sobre explotación de la naturaleza. La sobre explotación de la naturaleza no es nueva, la diferencia es que ahora se usa un discurso verde para hacerlo. Y es que el capitalismo verde es auspiciado por un tipo de ambientalismo que asume que el mercado capitalista puede regular y hasta detener la degradación ambiental, y que es posible conservar la naturaleza y generar crecimiento económico al mismo tiempo. Bajo esa premisa se están desarrollando varios mecanismos de mercado para proteger la naturaleza, entre los que está el mercado de carbono. El Ecuador se ha mantenido al margen de estos mecanismo hasta ahora, pero podría ingresar a través de REDD+[iii], y también si se decidiera que el Programa Socio Bosque del gobierno ecuatoriano se financie a través del mercado de carbono. El problema es que, como veremos más adelante, la excesiva confianza en el mercado capitalista no solo no está ayudando a controlar las crisis, sino que exacerba la exclusión y explotación de los seres humanos y de la naturaleza en igual proporción.

REDD+ y el mercado de carbono son versiones de capitalismo verde que han sido planteados como solución a la crisis ambiental planetaria de la cual ya estamos –parece- todos conscientes. Los mecanismos están relacionados con la crisis climática y con la alarmante pérdida de cobertura vegetal, principalmente por deforestación y conversión a actividades productivas –por ejemplo, transformación de bosques en monocultivos de palma. En el Ecuador la situación es alarmante, y lastimosamente no se cuenta con datos precisos todavía; afortunadamente, el Ministerio del ambiente (MAE) se encuentra levantando esa información[iv]. Según los datos preliminares, entre los años 1990 y 2000 se perdieron 71.400 hectáreas anuales de bosque, y entre 2000 y 2008 se perdieron 61.800 hectáreas de bosque por año[v]. El 90% de bosque se pierde en la Amazonía y Esmeraldas, que en realidad no es sorprendente ya que son las regiones del Ecuador que aún conservan su vegetación original[vi].

Las principales razones de deforestación son el avance de la frontera agropecuaria, la expansión camaronera y la extracción petrolera[vii]. La frontera agropecuaria se refiere al avance del monocultivo orientado a la exportación, principalmente palma africana y pastizales para ganado, pero también palmito, caña de azúcar, brócoli, maíz, teca, eucalipto, guadúa y balsa. La frontera agropecuaria no se refiere a la pequeña propiedad campesina que está destinada a satisfacer las necesidades de alimentación internas, es decir, cultivos para nuestra comida.

La deforestación afecta también al sistema de áreas de protección que mantiene el Estado, zonas donde la extracción forestal y de otros recursos está prohibida por la Ley Forestal y por la Constitución. La falta de financiamiento, contradicciones e irrespeto por las leyes, problemas de tenencia de la tierra, pero sobre todo la decisión gubernamental de basar el desarrollo económico en la extracción de recursos naturales, impiden que el sistema constituya un verdadero mecanismo de protección de la naturaleza.

Las áreas protegidas[viii]

Más de la mitad de la superficie del Ecuador, es decir entre 10 y 12 millones de hectáreas,aún conserva su vegetación nativa. Nueve millones son de propiedad del Estado pero solo7 millones de hectáreas están oficialmente protegidas en una de estas categorías: Patrimonio forestal de Estado (2 millones), Bosques protectores públicos (alrededor de 2,3 millones) y Patrimonio de áreas naturales del Estado, PANE[ix](4,7 millones). El PANE junto con reservas privadas, municipales y comunitarias forman el Sistema nacional de áreas protegidas, el SNAP (Ley forestal, Art. 405).

Como dijimos, a pesar de las buenas intenciones todas las categorías de protección tienen problemas. Por ejemplo, el PANE tiene un déficit atroz de financiamiento estatal, lo que muestra que la conservación de la naturaleza mediante un sistema de áreas protegidas no es un tema prioritario para el Estado. El Estado ecuatoriano invierte solo US$0,82 por hectárea por año en el PANE, mientras el promedio en América Latina es US$1,95 y el gasto del Proyecto Socio Bosque es de US$9,1 por hectárea por año. En general, el gasto público para el mantenimiento del sistema de áreas protegidas ha sido siempre por debajo de lo planificado. Por ejemplo, entre 1999 y 2006 se destinó menos del 10% de lo que se había programado en el presupuesto anual del Estado[x]. La insuficiencia de fondos resulta en un déficit de infraestructura y personal: en 2003 menos de 300 personas trabajaban en las 31 áreas protegidas de ese entonces. Las áreas son atendidas diferencialmente, por ejemplo, para la Reserva Ecológica Cayambe Coca, de 403103 hectáreas de superficie, se contaba con 34 personas y para el Parque Nacional Cajas, que tiene 28808 hectáreas, se contaba con 22 personas.Esta situación está mejorando con el tiempo, pero el mismo MAE reconoce que falta mucho por hacer.

Otro problema es la tenencia de la tierra, que en todo el Ecuador es problemática. Si bien la Ley Forestal no permite la existencia de propiedad privada dentro de las áreas de protección, muchas poblaciones vivían en estas áreas antes de la declaratoria de área protegida, patrimonio forestal o bosque protector. Algunas personas y comunidades poseen títulos de propiedad o derechos de posesión individuales o colectivos, otros no tienen nada más que la evidencia de que han vivido ahídesde siempre. La superposición se da porque las áreas protegidas fueron declaradas ‘en papel’, desde Quito, sin participación de los pueblos y nacionalidades indígenas ni de los campesinos y campesinas, algo que es reconocido por el mismo Ministerio del ambiente. En consecuencia, la delimitación de muchas áreas protegidas, bosques protectores o patrimonio forestal no se reconoce en el campo. Algunas organizaciones indígenas han planteado incluso el desconocimiento de los límites de algunas áreas de protección, exigiendo la autonomía para el manejo de sus territorios y el reconocimiento de los territorios pendientes. Esto no es poco, si tomamos en cuenta que el 30% de la superficie del SNAP está superpuesta con territorios indígenas[xi].

Finalmente, las áreas de protección mantienen actividades extractivas en su interior. El caso más graves es el de extracción de recursos no renovables-petróleo- en las áreas protegidas, actividad que está expresamente prohibida en la Constitución y en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Sin embargo, el 18% del PANE continental está afectado por la extracción petrolera, incluido el Parque Nacional Yasuní, objeto de la Iniciativa Yasuní-ITT. La práctica anteriormente era declarar excepcionalmente la extracción de petróleo como de interés nacional. Lastimosamente, según el MAE “en la práctica el carácter de excepción parece haberse convertido más bien en la regla”[xii]. La nueva Constitución añadió que si se desea declarar de interés nacional una actividad extractiva dentro de las áreas de protección, la Asamblea Nacional podrá convocar a consulta popular(Constitución de la República del Ecuador, Art. 407). El PANE también está afectado por la extracción de recursos renovables. Por ejemplo, la deforestación de manglar para la colocación de piscinas de cría de camarón ha afectado a las reservas ecológicas Manglares Churute y Manglares Cayapas Mataje, y a la Reserva de vida silvestre Manglares Estuario del Río Muisne, donde Fundecol realizan un importante trabajo de rescate del manglar.

Del mismo modo, dentro de las áreas protegidas existe extracción de madera, que está prohibida en el mismo artículo 407 de la Constitución, y por tanto es ilegal. Según el Ministerio del ambiente la extracción ilegal de madera dentro de áreas protegidas se debe a que alrededor del 90% de los bosques nativos que están fuera del PANE, y que por tanto podrían ser aprovechados, están muy alejados de las vías de acceso, son de topografía difícil y/o tienen problemas de tenencia de la tierra. Por tanto, es más fácil para los madereros extraer árboles de las áreas protegidas.Del mismo modo, la baja rentabilidad de la venta de madera legal estimula la tala ilegal[xiii]. Se sabe que la mayoría de la tala ilegal del país se realiza en Esmeraldas, Napo y Orellana, pero no existe información articulada a nivel nacional. La FAO, por ejemplo, estima que menos del 30% de la madera que se moviliza en el país es legal, mientras en Brasil y Perú estima que es menos del 20% y en Colombia menos del 40%[xiv]. Es de esperar que la Evaluación Nacional Forestal que está realizando el Ministerio del ambiente incluya información precisa y oficial al respecto.

Ante este panorama, el Plan Nacional para el Buen Vivir plantea el objetivo de disminuir la deforestación en un 30%. Para ello, el Ministerio del ambiente está implementando un ‘nuevo modelo de gobernanza forestal’ que incluye sistemas de control forestal, programas de forestación y reforestación y de manejo forestal sustentable, un sistema de información forestal, y sistemas de incentivos por conservación, entre los que están Socio Bosque y, a futuro, el capítulo nacional del mecanismo REDD+ de Naciones Unidas. Socio Bosque se está implementando rápidamente en el país, y al parecer constituye una buena alternativa económica para poblaciones locales poco atendidas y de conservación para ecosistemas en peligro. Sin embargo, existen algunas voces, pocas aún, que están en desacuerdo con el programa, particularmente por las implicaciones que éste tiene respecto a la soberanía y derechos de uso sobre los terrenos particulares y territorios indígenas, y por las posibles conexiones con el mecanismo REDD+ y el mercado de carbono. Por eso, a partir de aquí, este artículo tiene la intención de explicar cómo funcionan ambos mecanismos, y cómo se podrían conectar con el mercado de carbono, con la intención de generar un debate sobre su idoneidad no solo para la protección de bosques y páramos, sino para garantizar la no explotación de los seres humanos. Un debate de esta naturaleza, creemos, es vital que se lleve a cabo dentro del movimiento indígena particularmente, con sus comunidades y organizaciones de base, puesto que son ellos la población objetivo de Socio Bosque, y numerosas comunidades indígenas están ya convirtiéndose en socias. El debate debe buscar desmenuzar los requisitos y condiciones de Socio Bosque y del capítulo Ecuador de REDD+, que ya se está discutiendo en el país, y loque implica en verdad convertirse en ‘socio’.

Socio Bosque [xv]

Socio Bosque es un programa del Ministerio del ambiente concebido para frenar la deforestación en el país; incluye una versión en bosques y otra en páramo, de reciente creación, llamada Socio Páramo. En este artículo nos referiremos indistintamente a ‘Socio Bosque’ o al ‘Programa’ para hablar del mecanismo en general, que incluye la versión de páramo. El programa empezó en 2008 y tiene el doble objetivo de conservar 3,6 millones de hectáreas de bosques nativos y 800.000 hectáreas de páramo, y aliviar la pobreza de entre 500.000 y 1,5 millones de ecuatorianos. Dado que un tercio de los ecosistemas nativos están dentro de territorios indígenas, donde se encuentran los focos de pobreza más extrema, éstos se convierten en el principal objetivo del Programa.

Socio Bosque funciona mediante un sistema de pago directo, anual y condicionado a los propietarios de bosque o páramo. Pretende ser un incentivo para que no usen dichos ecosistemas, reconociendo sin embargo que es debido a la presencia de esas poblaciones en la zona que el bosque o páramo se han conservado. El pago es en función de la superficie del terreno que se coloque dentro del Programa y la participación es voluntaria. El ingreso al Programa supone la firma de un contrato que compromete a los propietarios a mantener intactos el bosque o el páramo por 20 años, lo que incluye prevenir que terceros ingresen al área y degraden el ecosistema. El contrato puede renovarse automática e indefinidamente si ninguna de las partes señala lo contrario, y debe ser inscrito en el Registro de la propiedad. En caso de incumplimiento, es decir, que se corte el bosque, se queme el pajonal del páramo, se realice cacería y otras actividades, Socio Bosque dará por terminado el contrato, lo que puede incluir que los socios restituyan todo el dinero que hayan recibido hasta el momento.

Los valores que se entrega son distintos para propietarios individuales (‘personas naturales’) y comunidades, comunas y pueblos y nacionalidades indígenas (‘personas jurídicas’). Los primeros reciben entre US$0,50 y US$60 por hectárea anualmente; las comunidades reciben entre US$0,50 y US$60 en páramo y entre US$0,70 y US$35 por hectárea al año en bosques. Mientras más superficie tiene el terreno menor es el pago, diferenciación que se hace para evitar entregar incentivos a grandes propietarios de tierras que no encajan en la población objetivo del Programa. No obstante, se reconoce que en el caso de territorios indígenas el tema es conflictivo, pues los pueblos y nacionalidades suelen tener grandes extensiones de tierras sin ser grandes propietarios individuales ni acaparadores de tierras. Paradójicamente, las familias que viven en comunidad reciben menos dinero por año por hectárea que quienes tienen propiedades individuales. 

 Hasta octubre de 2010 el programa contaba con 527.503 hectáreas bajo contrato; de esas, el 13% pertenecen a propietarios individuales y el 87% a comunidades. El 71% de las comunidades pertenecen a las nacionalidades Cofán, Shuar, Kichwa, Sápara, Siona, Shiwiar y Chachi, el 21% son campesinos y el 7% afro-ecuatorianos. Para mayo del 2012, el 93% de los convenios corresponden a comunidades y el 7% a individuos.

En los primeros dos años de funcionamiento se invirtió US$8,5 millones en el Programa. El 70% se gastó en los incentivos directos, el 15% se usó en monitoreo y control y otro 15% se usó en gastos operativos. Cabe resaltar que el programa de monitoreo aún no está del todo implementado, por lo que se puede suponer que en el futuro, cuando el Programa esté plenamente desarrollado, requerirá más fondos. Para continuar pagando a todos los socios una vez que se alcance la meta de los 3,6 millones de hectáreas, se necesitarían alrededor US$60 millones al año. Actualmente el dinero proviene del presupuesto general del Estado, pero en el futuro se espera acceder a fondos del mercado de carbono a través de la implementación del mecanismo REDD+ en el Ecuador. De hecho, se considera a Socio Bosque como parte de la preparación del país para ingresar en REDD+, por lo que el programa también se presenta como un sistema de conservación de los ‘stocks de carbono’ que ayudará a reducir la deforestación y la emisión de los gases de efecto invernadero asociados a la deforestación.

REDD+ y el Mercado de Carbono [xvi]

REDD+ es un mecanismo financiero diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. El mecanismo funcionaría de manera similar a Socio Bosque pero a nivel mundial: países en vías de desarrollo, que son usualmente los que tienen bosques y altas tasas de deforestación, recibirían incentivos monetarios para conservar sus bosques y así evitar emitir estos gases a la atmósfera. El dinero provendría del mercado de carbono.

El mecanismo es el resultado de la reflexión de que, si bien los mayores responsables del cambio climático son los países desarrollados, los países en vías de desarrollo también tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Dentro de esa lógica, el Ecuador obedientemente ha estimado ya esa responsabilidad: en 1990 la deforestación aportó con el 69% de nuestras emisiones de carbono a la atmósfera. Y dentro de esa misma lógica nos estamos ‘preparando’ para ingresar a REDD+. Para ello, Naciones Unidas se encuentra transfiriendo US$4 millones y el gobierno alemán transferirá alrededor de US$18.5 millones (recordemos que Alemania tuvo sus reparos para aportar a la Iniciativa Yasuni-ITT). 

Sin embargo, este razonamiento diluye la responsabilidad que los países ricos tienen en el sobrecalentamiento de la atmósfera, responsable del cambio climático. De hecho, transfiere parte de la responsabilidad a los países pobres, que ahora además de adaptarse al cambio climático deben mitigar (reducir) sus emisiones de gases de efecto invernadero. Más aún, si REDD+ se financia del mercado de carbono, lo que hará será ayudar a estos países y sus empresas contaminantes a eludir el compromiso de reducir sus emisiones.

Debido a eso, REDD+ y el mercado de carbono fueron rechazados por organizaciones campesinas e indígenas que participaron el pasado junio en la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, reunida al mismo tiempo que la Cumbre de la Tierra Río+20. En su pronunciamiento describen a REDD+ y al mercado de carbono como formas de capitalismo verde que “dan derecho a contaminar a los contaminadores y contribuyen a perpetuar el modelo basado en los combustibles fósiles, a crear nuevos mercados financieros, a saquear los territorios y a profundizar las crisis socioambientales”[xvii]. En el caso de Socio Bosque y Socio Páramo, la CONAIE ha rechazado los programas “en los territorios de los Pueblos y Nacionalidades, por ser una forma de usurpar los territorios y mercantilizar los elementos de la Pachamama”[xviii].

¿Cuál es el Problema?

¿Por qué los movimientos sociales, campesinos e indígenas organizados, rechazan REDD+ y están preocupados por programas como Socio Bosque? ¿Es que acaso no quieren conservar los bosques?

Un primer problema es que Socio Bosque, al igual que REDD+, busca financiarse en un futuro a través del mercado de carbono, un mecanismo de reverdecimiento del capitalismo que a pesar de lo que se promociona, no está ayudando a reducir las emisiones de este gas, sino que ha creado una nueva mercancía que pueda ser transable en el mercado capitalista[xix]. De hecho, entre 2005-2007 durante la primera fase de funcionamiento del mercado, las emisiones de CO₂ aumentaron en un 7%. La mercancía son créditos de carbono, es decir, promesas de captación o de no-emisión de uno de los gases de origen antropogénico responsables del calentamiento del planeta. Está conformado, por tanto, de capital financiero: el 90% de lo que circula son ‘papeles’[xx]. La base física que respalda esos papeles –lo real- son los bosques que garantizan que el CO₂ se está captando o no se está emitiendo. Así, para ingresar al mercado y poder emitir créditos de carbono el país necesita contar con esa base física, que serían los bosques asegurados por los contratos entre los socios de Socio Bosque y el gobierno ecuatoriano. Recordemos que mediante Socio Bosque el Estado ecuatoriano tendrá bajo contrato más de tres millones de hectáreas de bosques, el 87% de las cuales son territorios comunitarios, la mayoría indígenas, que se estima contienen la mitad de la biomasa de carbono del país[xxi]. Con contratos firmados a 20 años plazo fijo y con posibilidad de renovación automática, con un sistema adecuado de monitoreo y con controles para detectar tempranamente si alguno de los socios está irrespetando al contrato (es decir, cortando el bosque), el Ecuador se vuelve ‘competitivo’ dentro del mercado de carbono, colaborando a que empresas contaminantes continúen contaminando.

De esta manera, dentro del mercado de carbono el problema del calentamiento del planeta se reduce a la promesa de reducción de emisiones de un gas, retrocediendo todo lo que se había avanzado en cuanto a evidenciar el impacto de la sociedad industrial y el sistema capitalista en la naturaleza y los seres humanos, y la necesidad de replantear el rumbo del planeta. La crisis climática en un inicio brindó las pruebas de la responsabilidad histórica de los países industrializados en las múltiples crisis ambientales, y evidenció la inequidad social a escala planetaria. No obstante, dicha responsabilidad se está evadiendo con mecanismos como el mercado de carbono, cuyo complejo funcionamiento quiere ocultar su inutilidad en la lucha contra el cambio climático, que está basada en las incoherencias de la ‘mercancía’ que se oferta.

Una de las incoherencias más evidentes, no ya desde el punto de vista político sino desde el punto de vista técnico, es que el mercado asume que el carbono que resulta de la quema de combustibles fósiles es equivalente a aquél que captan las plantas, es decir, que el carbono emitido por una industria contaminante en Europa, o por los cientos de miles de automóviles en Estados Unidos, será absorbido por un bosque ecuatoriano[xxii]. Más aún, el mercado omite el rol de los demás gases de efecto invernadero y las complejas interacciones atmosféricas al asumir que la reducción de las emisiones de CO₂ está relacionada directamente con la disminución del calentamiento del planeta. Ambas simplificaciones evidencian que el único interés ha sido crear una mercancía transable, no detener o revertir el cambio climático. En la página web “CarboncreditsFAQ” se explica la naturaleza del mercado:

“[…] los individuos pueden comprar créditos de carbono para especular con ellos […]Algunas compañías o individuos pueden reducir sus emisiones, pero para otros puede ser extremadamentedifícil, imposible o no económicamente viable reducir emisiones. Comprar créditos de carbono emitidos por proyectos certificados de reducción de emisiones puede ayudar a compensar dichas emisiones y, a cambio, los ingresos generados por esos créditos, ayuda a financiar los proyectos de reducción de emisiones”[xxiii].

Como se ve, el mercado de carbono está diseñado para aquellos que no pueden o no quieren reducir sus emisiones de CO₂.Partamos de un ejemplo de cómo podría operar. Supongamos que el gobierno ecuatoriano logra incluir los casi 4 millones de hectáreas de bosque en el programa Socio Bosque y los oferta en el mercado de carbono. De darse una transacción, el gobierno vendería créditos y ganaría dinero, para financiar el propio Socio Bosque. Una empresa contaminante compraría créditos y se liberaría de la obligación de reducir sus emisiones, que es el supuesto objetivo del mercado. Puede ocurrir también que una empresa contaminante quiere contaminar más, entonces puede comprar al Ecuador créditos de carbono para ello. Como parte de la transacción, el gobierno ecuatoriano estaría comprometiendo a un mercado altamente especulativo las tierras y territorios de propietarios individuales, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que dependen de esas tierras para sobrevivir.

Las comunidades y propietarios individuales estarían sujetos a las condiciones que el mercado le imponga al Ecuador. Lo preocupante es que ese compromiso internacional conduzca a establecer sistemas de vigilancia y control que aseguren la inversión capitalista más allá de lo estipulado en los contratos de Socio Bosque, y que dichos sistemas a su vez conduzcan a situaciones de violencia y desplazamiento de los comunidades porque no pueden hacer uso de sus tierras o bosques. Hemos sido testigos de qué tipo de control es capaz de ejercer el Estado ecuatoriano para asegurar la extracción y exportación de petróleo y minerales para satisfacer el mercado internacional. Cabe preguntarse si la misma estructura de control y sanción será utilizada para garantizar la captación de CO₂ para satisfacer este nuevo mercado internacional. Estas reflexiones deben hacerse como parte del debate sobre la posibilidad de que Socio Bosque se financia del mercado de carbono, y sobre la entrada de REDD+ en el Ecuador.

Un segundo problema es que Socio Bosque y REDD+ son parte de una ideología de conservación de la naturaleza que identifica a la población rural pobre como responsable de la degradación ambiental y coloca en el sur global gran parte de la responsabilidad por el calentamiento del planeta.Socio Bosque define como su población objetivo a campesinos en indígenas que han conservado los bosques y que tienen intención de hacerlo en el futuro, población que es la menos atendida del Ecuador; se presenta entonces al incentivo económico como una forma de detener la deforestación y al mismo tiempo aliviar la pobreza. Pero, a pesar de que se reconoce que muchas de estas personas y comunidades tienen intención de seguir cuidando los bosques, se establece un contrato y se les somete a un control que, en teoría, no necesitarían. Al decir esto no estamos apelando a la idea del ‘buen salvaje’, afirmando que los pueblos indígenas, por el solo hecho de ser indígenas, van a cuidar el bosque. Es bien sabido que el sistema capitalista ha permeado hasta el último rincón del planeta y conduce a los seres humanos a explotarla independientemente de su matriz cultural; los pueblos indígenas del Ecuador no son la excepción y no tienen por qué serlo[xxiv]. Lo que sí es cierto es que los pobres han sido, y continúan siendo, la población objetivo de programas de conservación de la naturaleza, obviando de esta manera la responsabilidad de la industria, los habitantes urbanos y de la población más rica (a nivel mundial y dentro de cada país). Son raros los programas de conservación de la naturaleza que trabajan en educación ambiental con empresarios, por dar un ejemplo, o que proponen firmar un contrato del tipo Socio Bosque con los habitantes más ricos de las ciudades más grandes para limitar su nivel de consumo.

De hecho, la población pobre ha sido utilizada desde siempre como justificativo moral del desarrollo y de la expansión capitalista en el mal llamado ‘tercer mundo’[xxv]. La misma lógica conduce los programas de conservación alineados con el renovado discurso del desarrollo sostenible, entre los que está Socio Bosque. La asociación entre pobreza y degradación ambiental no se cuestiona en los círculos conservacionistas, a pesar de la evidencia de que son las industrias agropecuarias y extractivas las mayores responsables de la deforestación en el país. Hay múltiples explicaciones para ello. En términos prácticos, la apelación a la pobreza y al subdesarrollo ha sido utilizada para acceder a los fondos de la cooperación internacional. Desde la ecología política se plantea que la ideología de la conservación de la naturaleza nació de la misma matriz de pensamiento que originó las crisis ambientales -el sistema capitalista- por lo tanto no es capaz de dar verdaderas soluciones. El primer paso es entonces reconocer que el problema ambiental es político[xxvi].

La falta de política (no de políticas)

Es absolutamente necesario tener sistemas de protección de bosques, páramos, ríos, mares y lagunas. Hemos revisado las alarmantes cifras de deforestación. Las funciones de la naturaleza, sus dinámicas y flujos internos deben mantenerse y cuidarse, pero la forma de hacerlo debe ser radicalmente distinta a la que vienen aconsejando las agencias internacionales de conservación. Y no por un sentimiento patriotero y nacionalista, sino porque se ha visto que no dan resultado. Cualquier sistema fundado en la misma matriz de pensamiento que origina los problemas, esto es, el sistema capitalista, empezará pronto a reproducir las inequidades sociales. Es hora ya de reconocer eso en la ciencia y la práctica de la conservación de la naturaleza.

Se debe reconocer que Socio Bosque y REDD+ son mecanismos económicos inmersos en el sistema mundial de inequidad e injusticia. Resulta ingenuo, por ejemplo, suponer que el ingreso al mercado de carbono solamente requiere una adecuada medición de los ‘stocks de carbono’ para ofertarlos a nivel internacional en situación de igualdad, ignorando las relaciones de poder. Por ejemplo, las conexiones y repercusiones políticas de REDD+ en otros ámbitos de la vida política del paísson descritas por Anthony Hall^[xxvii] en su libro “Bosques y cambio climático: las dimensiones sociales de REDD en América Latina”, en donde dice que la polémica alrededor del juicio contra Chevron-Texaco ha “ensombrecido las discusiones sobre conservación de los bosques y REDD+”, mientras que el manejo de la Iniciativa Yasuni-ITT “ha puesto en tela de duda el compromiso ambientalista del gobierno ecuatoriano”. Ninguna negociación internacional está exenta de intereses y poder. Por ello, y al igual que ocurrió con las negociaciones del ALCA y el TLC, la decisión de entrar en el mercado de carbono, y por tanto en REDD+, debe estar sujeta a procesos amplios de discusión y posibilidad de disenso por parte del pueblo ecuatoriano. Esto implica discutir sobre cómo debe financiarse Socio Bosque, al igual que se ha discutido sobre cómo debe financiarse la Iniciativa Yasuni-ITT y debería discutirse sobre cómo mantener un SNAP vigoroso y saludable.

La CONAIE se encuentra discutiendo a nivel interno las implicaciones de Socio Bosque y REDD+ para sus territorios, dilucidando el mecanismo y sus posibles consecuencias. Mientras tanto, la ideología del pago por servicios ambientales como una alternativa justa para sus comunidades y un reconocimiento a la labor que han realizado como protectores de los bosques, se ha difundido rápidamente entre las comunidades. Los riesgos de perder el derecho de uso sobre sus tierras empieza a hacerse evidente con la firma de los primeros contratos. Queda pendiente continuar el debate y reflexionar sobre los verdaderos riesgos dentro de las organizaciones indígenas. Es importante, por ejemplo, discutir la necesidad de control a los socios que está requiriendo el programa Socio Bosque. Existe una clara incoherencia cuando se parte de un discurso de conservación, justicia social y atención a la pobreza, y se termina diseñando un sistema de prohibición, control y sanción a las poblaciones que habían sido identificadas como ‘menos favorecidas’. Si se reconoce que dichas poblaciones han conservado sus bosques y tienen la intención de seguirhaciéndolo en el futuro[xxviii], sería más eficiente identificar las razones por las cuales la gente ha conservado sus bosques y ayudarles a continuar haciéndolo. Otra forma de enfrentarlo sería eliminar las presiones por las cuales podrían deforestar los bosques, lo que implica reconocer los conflictos de poder detrás de la alta tasa de deforestación en el país, por ejemplo el rol de las empresas madereras en el comercio internacional –legal e ilegal- de madera.

Esto nos lleva a hablar de las soluciones, que a nuestro parecer no vienen ya de tecnócratas instalados en Quito, en Estados Unidos o en Europa, sino delas agrupaciones sociales; hay que estar con los movimientos sociales de campesinos, indígenas, mujeres, trabajadores, y no en su contra. También hay muchas personas que como individuos o en pequeños grupos están ya experimentando con alternativas de conservación de la naturaleza que son, al mismo tiempo, de recuperación de las relaciones de solidaridad y respeto entre seres humanos: conservación comunitaria de bosques, agro-ecología, energías alternativas, disminución del consumo. Esla sociedad organizada la que puede proponer soluciones de interés social y colectivo que no beneficien solo a unos pocos. Lastimosamente, los temas ambientales tampoco son prioridad número uno de los movimientos sociales ecuatorianos en su conjunto, y es algo que también debe ser reconocido. No obstante, la propuesta más clara desde los movimientos sociales a nivel mundial, cuando se trata de temas relacionados a la naturaleza, es una bien simple: soberanía alimentaria. Recuperar la capacidad de las poblaciones humanas, incluyendo las urbanas, para satisfacer sus necesidades alimenticias, cuidando la salud de la naturaleza y la salud humana.

Relacionado con ello, en lugar de establecer sistemas de pago por servicios ambientales que condicionan la conservación de la naturaleza a un incentivo económico, se debe generar las condiciones para que campesinos e indígenas vivan con dignidad en su calidad de agricultores, manteniendo bosques y páramos protegidos en un verdadero sistema de áreas protegidas. Ya se ha dicho que la vocación del Ecuador es agrícola y no extractiva. En ese contexto, es urgente una reforma agraria que redistribuya la tierra y que incluya una reforma integral del agua de riego; el impulso a la agricultura a pequeña escala que contribuya a mejorar la vida de la población rural para permitirles cuidar los bosques por vocación y no por coerción – pues como señalan los mismos conceptualizadores de Socio Bosque: los campesinos e indígenas han conservado los bosques y tienen intención de hacerlo en el futuro. El mismo MAE señala que las principales fuerzas de deforestación son las industrias agrícola y extractiva, se debe entonces orientar hacia ellas el control y eliminar la extracción minera y petrolera en áreas protegidas. Promover la protección de bosques, páramos, lagunas, del mar,a través de fortalecer el Sistema nacional de áreas protegidas destinando más fondos a ello. Por ejemplo, invertir en el sistema los US$9,1 por hectárea por año que invierte el programa Socio Bosque, y estimular el co-cuidado de las áreas con las poblaciones aledañas.

En todo caso, es importante reconocer que el ‘asunto ambiental’, esto es, el uso y acceso a los recursos que nos brinda la naturaleza, la distribución de la contaminación ambiental y la conservación de la naturaleza, es un asunto político. No de políticas públicas adecuadas sino de poder, y en ese contexto el primer paso es reconocer el sistema que produce la degradación ambiental. Citando a Esther Vivas “no se puede ser ambientalista sin ser anticapitalista”^[xxix]. La posición anti-extractivista y pro-campesina del movimiento indígena y los ecologistas en el Ecuador, que los ha reunido en la defensa de la soberanía alimentaria y la defensa del Parque Nacional Yasuni como emblema de la conservación de la naturaleza, apuntan en esa dirección. El encuentro debe ahora promover un análisis exhaustivo del Programa Socio Bosque y sus posibles nexos con el mecanismo REDD+ y el mercado de carbono.

 * Este articulo fue producido gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo <www.rosalux.org.ec>

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