Los últimos sucesos, como el referendo y la consulta popular del presidente Noboa, o el asalto a la embajada mexicana; permitieron ver que no sólo la derecha neoliberal, sino esos supuestos izquierdistas o ex izquierdistas, haciendo gala de su odio ciego y recalcitrante al correísmo, no tuvieron empacho alguno en alinearse con la derecha, promoviendo el SI irreflexivo y absoluto en la consulta o avalando el asalto a la embajada, bajo un supuesto de soberanía nacional.
Es octubre, todavía. Es octubre y lejos de su país natal, Milton Cervantes Suárez, es capturado en un operativo internacional que se ejecuta gracias al esfuerzo conjunto entre las fuerzas de estado panameñas y ecuatorianas y los respectivos departamentos de inteligencia de ambas naciones.
“Yo sé quién tú eres”, le dice el sargento de operaciones de inteligencia del G2 y miembro de las fuerzas de Defensa de Panamá, Pablo Quintero Reyes, al principal ideólogo y líder más representativo del movimiento subversivo ecuatoriano Alfaro Vive Carajo (AVC), al salir de la caseta de un centro de llamadas internacionales en el país centroamericano.
Para Daniel Noboa, el camino de la continuidad es mucho más fácil, pues cuenta a su favor con la “institucionalidad” dejada por los dos últimos mandatarios a los que sucede y con los cuales coincide en el modelo económico y social a seguir. Es previsible una mayor afectación a la seguridad social y a los derechos laborales.
El pasado 10 de enero de 2023, mediante Decreto Ejecutivo Nº 645, el presidente Guillermo Lasso redujo el Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) del tabaco, alcohol, bebidas industriales azucaradas y fundas plásticas. El decreto también reduce el ICE a las armas de fuego (del 300 al 30%).
En los comicios anticipados del 20 de agosto de 2023, parece que las izquierdas ecuatorianas se han quedado sin un candidato que las exprese y les provea de una identidad ética y política, pues, una vez más, se han camuflado entre presidenciables y vicepresidenciables a los que se podría denominar “prestados”.
En 2022, al menos 22 personas del pueblo awá fueron asesinadas, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia. De acuerdo con el informe de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) fueron la tercera etnia que más sufrió la violencia el año pasado.
El presidente Guillermo Lasso anunció la modificación del decreto sobre la tenencia y porte de armas, liberalizándolo para que la población civil haga uso de estas. Dicha acción es la respuesta que el gobierno nacional ofrece a la ciudadanía como política de seguridad. Una medida que, en ningún momento, parece haber considerado una amplia gama de estudios que muestran cómo esta política tiene como resultado el aumento de la violencia, femicidios, homicidios, delitos y la pérdida de la productividad.
Los múltiples factores para el Levantamiento Indígena Popular de junio de 2022: la crisis pandémica global y económica del país, la situación de hambre y pobreza, el desempleo y la insalubridad, las guerras comerciales y de Rusia-Ucrania, pero también la opresión de clase, el racismo, las desigualdades de género, el despojo económico y de tierra, la contaminación ambiental y el irrespeto a la naturaleza, entre otros, se resumieron pausadamente en las 10 exigencias del movimiento indígena y popular. Las primeras voces de respuesta del gobierno de Lasso fueron: “demandas irracionales”, “incumplibles”, “la agenda real es el golpe”, expresiones similares a las del octubre de Lenín Moreno. Sin embargo, tanto en octubre-2019 cuanto en junio-2022, una vez cumplidas las principales demandas se terminó el paro.
Nos estamos acostumbrando a la sistemática y cotidiana muerte provocada por la violencia del Estado o por la violencia contra el ciudadano, esta banalización se está interiorizando en la conciencia colectiva, como conciencia pasiva que lo justifica o lo asume todo, hasta lo inverosímil, con susto y si no es así, lo asume con buena dosis de indiferencia.
Es evidente que los resultados del viaje presidencial son limitadísimos, no sobrepasan el plano de las intenciones, pues el petróleo sigue empeñado, los plazos e intereses de la deuda con China son los mismos que contrató el correísmo, no lograron atraer un solo centavo de los inversionistas y la apertura comercial está por verse.
Las contramarchas del Estado o del gobierno se forman desde el poder hegemónico. Las estructuras organizativas de las cuales dependen son las estatales. El Estado tiene un ejército de funcionarios. De ahí que bajo los lineamientos de la presidencia se puedan movilizar miles con la sola disposición del presidente. Son personas que dependen del salario y se movilizan con consentimiento o bajo amenazas. También engrosan estas filas la familia, amigos, el público de las redes clientelares, empresas públicas o privadas que apoyan a los gobiernos, además de la sociedad civil.
Nuestros medallistas olímpicos Jefferson, Richard, Neisi y Tamara tienen en común la lucha constante contra la miseria y las dificultades económicas, superada con disciplina, pasión y estrategias de vida dignas de emulación por jóvenes y adultos
La relación trabajo-capital, según Marx, está marcada por las variaciones en la composición orgánica de capital, según la cual: a mayor desarrollo del capital constante (medios de producción) mayor constricción del capital variable (fuerza de trabajo). En la medida en que el permanente y acelerado desarrollo tecnológico es algo inherente al capitalismo, la variación de la composición orgánica de capital siempre potencia al capital constante frente al debilitamiento del capital variable, lo que conduce a la sistemática y cada vez más ensanchada crisis de desempleo estructural.
Anteriores a la presencia inca, las culturas de las nacionalidades indígenas en Ecuador ya contaban con largos procesos de desarrollo. Aún ahora se pueden entrever ciertos códigos lingüísticos y culturales propios.
Este documento presenta un análisis desde el punto de vista económico, del proyecto de la Reforma al Código Orgánico Montetario y Financiero o la mal llamada “Ley para la Defensa de la Dolarización”, enviado por el actual gobierno a la Asamblea Nacional, con el carácter de económico urgente, considerado prioritario dentro del Acuerdo de Facilidad Ampliada suscrito con el Fondo Monetario Internacional, FMI, cuya aprobación por parte de la Asamblea constituye una condición que el país debe cumplir, previo al desembolso de una de las cuotas del préstamo concedido por dicha entidad.
