Con su voz enérgica, la lideresa Waorani, Nemonte Nenquimo, de 34 años, dice: ¿Van a matar al pueblo Waorani para sacar petróleo de nuestro territorio? Nuestro territorio no está en venta: esto es nuestra decisión”.
Bajo este lema, la nacionalidad Waorani con cerca de 4.800 habitantes localizados al norte y sur de la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza, se enfrenta al Estado para evitar la explotación petrolera del Bloque 22, ubicado en su territorio ancestral.
Su principal argumento es que no se respetó su derecho a la consulta previa, libre e informada, así lo señalaron reiteradamente las integrantes de las 16 comunidades Waorani de Pastaza que presentaron una acción de protección en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio del Ambiente y la Procuraduría General del Estado por vulnerar sus derechos.
El pasado 26 de abril del año en curso, la jueza Esperanza del Pilar Araujo, emitió su sentencia y determinó la existencia de la violación de los derechos a la consulta previa, libre e informada, y a la autodeterminación por las actividades realizadas en el año 2012, en el marco de la décima primera Ronda Petrolera Suroriente.
Con alegría y lluvia, los habitantes de las comunidades festejaron la resolución. Sin embargo, un día después el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables informó que apelará la decisión de la Corte Provincial de Pastaza. Además, el titular de esta cartera, Carlos Pérez García, dijo: “En el país va a haber minería sí o sí, nuestra decisión es que haya minería responsable y no minería ilegal, que es la que efectivamente hace daño al país”.
Con este pronunciamiento, la nacionalidad Waorani acompañadas de otros pueblos indígenas de la Amazonía y sectores sociales llegó a Quito para reunirse con el ministro de Energía, pero esto no fue posible. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables los “recibió con puertas cerradas y con un ministro que minutos después de nuestra llegada salió en su vehículo, protegido por su escolta”.
Para María Espinosa, abogada de la nacionalidad Waorani, le preocupa que el Ejecutivo tenga el ánimo de imponer proyectos petroleros, mineros e hidroeléctricos sobre los territorios de pueblos y nacionalidades, pero también de comunidades campesinas siga violentando los derechos a consulta previa, ambiental y popular”. Así lo señala en un comunicado.
Además, precisa que la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional tienen la obligación de vigilar que el Ejecutivo se someta y respete la Constitución y todas las formas de consulta conocidas, incluida la pre legislativa.
Llegamos a Quito a exigir que no se imponga sobre nuestros territorios y nuestras vidas las prioridades de @RecNaturalesEC que lidera el @CarlosPerez_MH que como cualquier funcionario público está obligado a respetar y garantizar la Constitución, la ley y sentencias judiciales pic.twitter.com/VtC7sLStCZ
— Waorani Resistencia Pastaza (@WaoResistencia) May 17, 2019
Mientras Omanka Enquiri, demandante Waorani, dice, “quiero seguir viviendo como vivían nuestros antepasados, libres, con selva limpia y sin contaminación. No vamos a permitir que las empresas entren en nuestro territorio y que el gobierno viole nuestros derechos a cambio de petróleo.
*Redacción La Línea de Fuego
