A Lenín Moreno solo le tomó un día ponerse a la altura de presidentes ecuatorianos represores como Rafael Correa y León Febres Cordero. María Paula Romo, en cambio, ha venido destruyéndose paulatinamente de mano de una policía que ha podido dar rienda suelta a la violencia, justificada y aplaudida por la ex académica que antaño denunciaba la criminalización de la protesta social y que ahora es la principal gestora de esta criminalización.
Moreno ha hecho gala de saber más de propaganda política que el Vinicio Alvarado, amo y señor de la publicidad (y de las empresas publicitarias). Moreno ha puesto en la opinión pública, con ayuda de los medios masivos de comunicación (como no podía ser de otra manera) la imagen de un enemigo común para el gobierno y para el pueblo; los transportistas. Moreno y los medios masivos dicen que son una mafia, y el pueblo (que no está en la protesta) repite que sí, que son una mafia y lo peor es que les impiden ir a trabajar (como debería hacerlo toda gente de bien).
Poner a los transportistas en el epicentro de la protesta social tiene la intención de ocultar al verdadero actor de esta protesta: el pueblo (que no está entre la gente de bien, ni tiene trabajo). Al pueblo que está en la calle se lo ha tildado de carne de cañón de los jeques transportistas.
Las cerca de 160 personas detenidas que llegaron entre el 3 y 4 de octubre a la Unidad de Flagrancia no tenían mayor huella de que sean taxistas, camioneros, buseros o simples choferes. La gente detenida, y la más golpeada, era gente de entre 20 y 30 años, incluidas mujeres. Gente de Carapungo, Calderón y la menor parte detenida en la protesta que llegó al centro histórico de Quito. La mayoría de esta gente sin trabajo o con trabajos marginales: gente que no puede justificar lo que la justicia denomina “arraigo” para que una jueza pueda dar medidas alternativas a las órdenes de prisión. La mayoría era gente que no tiene nada, no la gente de la que habla el gobierno de que tienen decenas de taxis o buses al por mayor.
La gente llegó golpeada a Flagrancia, muy golpeada. Una persona con capacidades especiales tenía la espalda peor que un cristo, como dicen los fieles católicos. Otro tenía una bala en un pie. Una adolescente cojeaba y fue llevada al hospital. Un matrimonio fue golpeado juntito, como para que no se separen, y los vecinos que vinieron a auxiliarles no sabían cómo sacarlos libres. Mientras tanto una abogada carroñera, y muy amiga de los policías, se apropiaba de los familiares y espantaba a abogados de organizaciones de derechos humanos al grito de “no te acerques a mis clientes”.
Dos días después de iniciadas las protestas, el gobierno anunciaba que llegó a un acuerdo con las mafias, digo con los transportistas, porque una vez levantado el paro volvieron a ser llamados “gremios de transportistas”. Mientras tanto sectores indígenas empezaban a poner los heridos, como en Cayambe, y los detenidos, como en el Puyo.
En Quito nuevos sectores se sumaban a las manifestaciones, como los estudiantes que fueron emboscados por la policía en el parque El Ejido. Entonces se empezó a construir un nuevo enemigo interno, ahora son los correístas quienes están detrás de las protestas y los afanes desestabilizadores. La propaganda gubernamental, y la de los medios masivos de comunicación, buscan imponer una dicotomía que le sea beneficiosa para ocultar la verdadera protesta popular, la que será reprimida a como dé lugar.
Varios videos que circulan en redes sociales muestran la brutalidad policial; como que a los policías les soltaron las cadenas que les impedían maltratar a la gente. Las cadenas las soltó María Paula Romo al liberalizar la violencia policial en su afán de congraciarse con el poder. María Paula Romo aplaudió los excesos policiales en contra de la delincuencia aun cuando advertíamos que, si se deja a la policía practicar la tortura en los cuerpos de los delincuentes, esto luego sería aplicado a quienes protestan contra medidas gubernamentales no populares. La violencia que ahora estamos mirando nos dio la razón.
* Poeta, periodista y analista en geopolítica; activista de derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza. Actualmente es coordinador ejecutivo de Inredh y corresponsal de varias revistas internacionales especializada en derechos y geopolítica.
