El dramático éxodo de millones de ciudadanos venezolanos hacia diversos países de Sudamérica, entre ellos el Ecuador, debido a la grave crisis económica en que se ha sumido esta nación hermana, ha sacado a flote las repudiables e inhumanas actitudes de la xenofobia y la discriminación, no solamente de algunos sectores de la población sino de los propios gobiernos.
Es así como ante la masiva entrada de venezolanos en el mes de agosto, en una situación calificada como “emergencia migratoria”, el ex-Ministro del Interior, Mauro Toscanini, anunció que los ciudadanos venezolanos debían presentar su pasaporte como requisito indispensable para ingresar al país. Esta disposición viola el Art. 84 de la Ley de Movilidad Humana, según la cual cualquier documento de identidad es válido.
Además contraviene la propia Constitución, en su Art. 9, prescribe que “las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos deberes y derechos que las ecuatorianas”. El Artículo 416, numeral 6, del mismo cuerpo jurídico “propugna la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre países, especialmente Norte Sur”. Y el numeral 7, “Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas migrantes y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Lo grave es que el ex-ministro Toscanini, en una entrevista realizada por el diario El Comercio (19 de agosto del 2018), defendió la ilegal medida no con argumentos jurídicos y constitucionales, sino mas bien de tipo político e ideológico, tales como la “ilegibilidad” de muchos de los documentos de identidad de los venezolanos, la necesidad de “mitigar otra clase de delitos como trata de blancas”, y detener la “migración indiscriminada”.
También señaló la necesidad de “que los ecuatorianos gocen de seguridad y sepamos a quienes tenemos acá adentro”, agregando que el Ecuador ha sido “sumamente generoso” con los 250.000 venezolanos que se han quedado en el país. Terminó la entrevista con esta perla: “cuando salgo al centro (de Quito) se dan visos de xenofobia, lo cual está mal desde cualquier punto de vista, y me dicen, señor ministro, el venezolano me está quitando el trabajo. Veo las redes sociales, las reacciones, los diarios, la gente que llama a las emisoras radiales… Hay un porcentaje altísimo, a lo mejor de un 90 o 95% de gente, que está de acuerdo con esta medida”.
A tal punto fue ilegal la medida gubernamental que la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública solicitaron medidas cautelares para suspenderla. En respuesta, una resolución judicial dejó sin efecto dicha resolución por considerarla atentatoria al derecho de las personas a migrar. Aunque el gobierno se allanó a la sentencia de la jueza Judith Naranjo, expide un nuevo acuerdo en que se exige que para ingresar al país, los venezolanos presentarán un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el gobierno del Ecuador; o un certificado de validez de dicho documento, emitido por entidades autorizadas al efecto por el gobierno de Venezuela “debidamente apostillado”, es decir se sigue poniendo trabas a la entrada de los migrantes venezolanos.
Contexto de la xenofobia
Más allá del debate sobre la legalidad y la legitimidad de las medidas adoptadas por el gobierno frente a la inmigración venezolana, lo preocupante es el fenómeno social de la xenofobia que se ha evidenciado en amplios sectores de la ciudadanía y que autoridades vinculadas al ejecutivo, como el ex-Ministro Toscanini, en lugar de combatirla, han intentado justificarla, tratando de congraciarse de manera oportunista con los sectores xenófobos.
Una comprensión más profunda de esta compleja situación nos obliga a ubicar el contexto del la problemática analizada y a tratar de explicar el bajo nivel de conciencia de amplios sectores de la población no solo ecuatoriana, sino latinoamericana y mundial frente al fenómeno migratorio.
En realidad, la migración masiva de personas ha ocurrido a lo largo de la historia humana y sigue ocurriendo en todos los continentes. “En el mundo se registran movimientos masivos de hombres, mujeres y niños que se desplazan por ríos y mares, por carreteras y desiertos llevando en muchos casos sólo un atado de ropa… para encontrarse con muros, barreras, guardianes de frontera que les cierran el paso. Una imagen demasiado común en Europa y Estados Unidos, supuestos paladines de la democracia, pero democracia solo para los que poseen la documentación requerida” (Arana Silvia, 2018). Según la ONU existen 244 millones de refugiados a nivel mundial, con un aumento del del 41% en los últimos 15 años.
Si miramos al interior de nuestro propio país, la emigración es un hecho permanente, especialmente desde el siglo pasado. Se calcula que más del 10% de nuestra población se encuentra en el exterior. Dejar el país, separarse de la familia y del terruño ha sido una opción forzada para millones de ecuatorianos acosados por la necesidad, la pobreza y la desocupación. Inclusive, “incontables familias de ecuatorianos fueron a Venezuela, sobretodo en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta del siglo anterior. A raíz del robo y el salvataje bancario, desde 1998 al 2003, cuando desapareció el dinero de los ahorristas y cuentacorrentistas de muchos compatriotas, se produjo otra enorme salida de casi dos millones de personas” (Delgado Diego, 2018).
Colapso del modelo venezolano
Retomando Venezuela, el éxodo de dos millones seiscientas mil personas en los últimos cuatro años, según datos de la ACNUR, obedece al colapso del modelo económico implementado por el régimen de Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, que tiene sus raíces a inicios del siglo XX con el establecimiento del modelo extractivista y rentista petrolero. El descubrimiento y la explotación de las enormes reservas de hidrocarburos, provocó que este rico país, no se dedicara a impulsar la producción agrícola e industrial sino al usufructo de la renta petrolera.
El régimen chavista se benefició del boom de los precios del petróleo que le permitieron modernizar el capitalismo y la ejecución de ambiciosos programas sociales (Misiones) los cuales le reportaron un amplio apoyo social y político. Esta situación cambia radicalmente a partir del 2014 con la reducción de la producción petrolera y sobretodo la caída de los precios a nivel internacional. Un contexto externo desfavorable (tanto económico como político), unido a las desastrosas políticas del régimen de Maduro provocaron una hiperinflación que ha ido carcomiendo los ingresos de la clase trabajadora y los sectores medios, así como el deterioro de los servicios básicos.
El fracaso del modelo venezolano tiene raíces estructurales y parte de una profunda contradicción al interior del régimen chavista: por un lado su discurso socialista y antimperialista que se justificó a través de algunas concesiones tibias y parciales a las masas. Por otro lado su esencia burguesa, ya que su objetivo central era frenar la revolución y salvar al capitalismo. Jamás el gobierno de Chávez, peor el de Maduro, sobrepasó los límites del sistema económico capitalista ni de su Estado. Tampoco avanzó hacia tornar a Venezuela un país más independiente del imperialismo. El modelo rentista – petrolero – parasitario y semicolonial creado en décadas anteriores no sólo se mantuvo sino que se profundizó. Dos datos que ilustran esta afirmación: los ingresos del petróleo representan el 90% de los recursos del Estado; el país se ha desindustrializado en los últimos años: este sector representaba el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1998, mientras que en el 2012 baja al 14%. (Iturbe Alejandro, 2017).
Solidaridad con los hermanos venezolanos
La pobreza, el desempleo y la lucha por la sobrevivencia llevan a muchos ecuatorianos, colombianos, peruanos, brasileños, etc. a culpar a los migrantes venezolanos de la crisis socioeconómica y el deterioro de sus condiciones de vida. Los pobres se enfrentan a los pobres, mientras la burguesía se frota las manos. También hay empresarios que se aprovechan de la necesidad de los migrantes para explotarlos, pagándoles salarios más bajos que a los trabajadores nacionales. Es cínico y antiético aprovecharse de la mano de obra barata de los refugiados y dificultar la documentación de los trabajadores y sus familias.
Con los venezolanos, al igual que con las otras naciones vecinas nos unen lazos muy importantes, no solo de vecindad geográfica sino de historia. Recordemos que en las luchas por la Independencia frente a España participaron venezolanos muy destacados como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y muchos otros combatientes que dieron o arriesgaron su vida para poner fin al colonialismo español. Compartimos una realidad común que nos ha llevado a plantear la consigna de la unidad latinoamericana para enfrentar unidos los problemas del subdesarrollo, la dependencia y la imposición imperialista de países como los Estados Unidos.
Es un imperativo que generemos una conciencia y una actitud de solidaridad con los venezolanos y en general con todas las personas que por diversos motivos se han visto obligados a dejar su lugar natal y arribar a nuestro país. Exijamos a los gobiernos planes de obras públicas para dar trabajo a los trabajadores nativos y a los refugiados, que el asilo de los refugiados se realice en condiciones decentes y tengan acceso a los servicios de salud y educación en situación de igualdad.
Debemos poner en práctica los postulados de los derechos humanos plasmados en la Declaración Universal de 1948 que ha suscrito el país y constituye un fundamento de la Constitución que nos rige. Lo más importante no es la nacionalidad que las circunstancias nos han impuesto, sino que todos somos seres humanos con iguales deberes y derechos, sujetos a las mismas necesidades y merecedores de una vida digna. Como reza el Art. 1 de la mencionada Declaración: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Referencias bibliográficas:
– ARANA Silvia (20/08/2018): “La migración no es un delito”, en: Revista alai-amlatina.
– DELGADO Jara Diego (agosto 2018): “Solidaridad y respeto a los hermanos de Venezuela”
– ITURBE Alejandro: (Septiembre 2017): ¿A dónde va Venezuela?, en Portal de la LIT -CI.
– LIT-CI (Liga Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional) (2018), Declaración:
¡Abajo la xenofobia¡ ¡ En defensa de los refugiados¡ ¡Viva la unidad de los trabajadores¡
