Por Julio Oleas-Montalvo*
El agua es el vínculo fundamental de los seres vivos con el medioambiente. De ella depende la supervivencia, la producción de alimentos y manufacturas y la generación de energía. Para la Organización de Naciones Unidas todos los seres humanos tenemos derecho a acceder a agua (50-100 litros/persona/día) segura, aceptable, asequible y accesible. Pero conforme crecen las poblaciones, la producción y el consumo, crece la necesidad de cuidarla y de conciliar sus destinos y sus usos.
En realidad, más que un derecho, el acceso al agua -en las condiciones declaradas por la ONU hace una década- es una aspiración. Antes de la pandemia, 2.000 millones de personas carecían de agua segura y 4.200 millones necesitaban servicios de saneamiento bien gestionados. Cada año mueren casi 300.000 niños menores de cinco años debido a enfermedades diarreicas relacionadas con el agua y sus servicios. Alrededor de 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.
Nadie discute que la gestión del agua es crucial para el bienestar de la humanidad. Pero esa unanimidad se desvanece al precisar cómo hacerlo. Para el capitalismo la solución está en el mercado. En diciembre de 2020 comenzó el negocio de derechos de uso del agua para el estado de California. Luego de ocho años de sequía y de una intensa temporada de incendios, este nuevo mercado de futuros de Wall Street protegería a empresas eléctricas y agrícolas de posibles aumentos del precio de los derechos de uso por la eventual escasez del recurso.
Lo que vino a continuación prueba que el subdesarrollo y la dependencia son, además de fenómenos estructurales, un severo problema mental. El 9 de diciembre de 2020, en Yantzaza el candidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, anticipó que “en pocas décadas, en lugar de exportar petróleo […] tenemos la posibilidad de exportar barriles de agua”.
“¿Exportar agua, no petróleo?” tituló su editorial, nueve días más tarde, un prestigiado académico en el diario más importante de Quito. Esa “innovación financiera”, dijo, se debía mirar “sin menosprecio”, cuando el calentamiento global se ha convertido en un “verdadero enemigo público”.
No sorprende que el agua se trate como mercancía en el país donde Donald Trump tiene más de 74 millones de seguidores, muchos de ellos dispuestos a violar el símbolo de la democracia norteamericana. Pero es, sorprendente, que el candidato de Pachakutik sugiera hacer lo mismo en un país que proclama los derechos de la naturaleza, y que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, patrimonio nacional estratégico de uso público, esencial para la vida, que no se puede enajenar, ni embargar, y no prescribe (Art. 12 de la Constitución de Montecristi).
El agua, ¿otro commodity?
Con ayuda del viento, la energía del sol y la gravedad, el agua cumple un ciclo biogeoquímico vital para regular la vida y el clima en la biosfera. La evaporación de agua superficial se condensa en la atmósfera formando nubes que se precipitan como lluvia, hielo o nieve. Una parte alimenta los cuerpos de agua (océanos, lagos y ríos), otra es directamente aprovechada por los seres vivos (vegetales y animales) incorporándola en sus cuerpos y otra se filtra entre el suelo para formar acuíferos que eventualmente vuelven a la superficie.
El capitalismo cosifica la biosfera; se vale de tres mercados ficticios para explotar a los seres humanos y a la naturaleza. El trabajo, el dinero y la tierra son tratados como mercancías, sin serlo. Si el trabajo humano fuese un producto, se lo podría almacenar, como una arroba de harina. ¿Cuánto tiempo se puede almacenar el trabajo humano antes de que muera de hambre? El dinero se atesora, pero es mucho más que un bien sujeto a la oferta y demanda: quien lo posee tiene poder. Nadie puede producir tierra, pero al usarla y explotarla abusivamente se la erosiona y degrada, lo que reduce la superficie de tierra cultivable y la vegetación natural.
Al cotizar en la bolsa los derechos de uso del agua, la “innovación financiera” de Wall Street la convierte en una mercancía más, como el cobre o la soja (commodities negociadas con profusión en las bolsas). En Estados Unidos el mercado de agua incluye la venta o arrendamiento de varios tipos de derechos de propiedad sobre el recurso. Un derecho de agua le da poder a su titular para bombear o desviar agua de los ríos y de los acuíferos. Las transacciones más comunes son las de derechos de aguas superficiales, pero también se compran y venden derechos de participación en acuíferos, de almacenamiento en reservorios superficiales y de uso de aguas descontaminadas.
Un antecedente prosaico de la cosificación del agua se encuentra en Chile, donde la constitución de Pinochet hizo posible privatizarla, lo que ha provocado constantes abusos a los pueblos originarios y un extendido estrés hídrico en el centro y norte del país.
El valor del agua
Negociar los derechos de uso a futuro del agua requiere un precio. En 2018 Nasdaq (National Asssociation of Securities Dealers Automated Quotation) se asoció con Veles Water y WestWater Research para elaborar el Índice de Agua Nasdaq Veles California (NQH2O), el primer índice de agua que marca el precio spot del agua en el estado de California. Nasdaq afirma que el precio refleja el valor de mercado de agua en la fuente y no incluye costos adicionales asociados a pérdidas en su transporte. El 6 de enero de 2021, el NQH20 cerró en USD 394,00/TM (el 17 de junio de 2020, al comenzar el verano, alcanzó un máximo de USD 570,54/TM).
Como para la economía de mercado valor = precio x cantidad, la manera aceptada de expresar el valor de lo que se compra y vende en los mercados es el valor monetario. Lo que importa para producir mercancías por medio de mercancías -como diría Piero Sraffa- es el valor de cambio. El agua es fundamental para la vida, es decir, tiene un altísimo valor de uso, pero su valor de cambio es ínfimo (USD 0,000394/litro según el NQH2O, el 6 de enero de 2021).
El primer artículo de la Constitución de Montecristi proclama que Ecuador es un estado unitario, intercultural, plurinacional y laico. Las percepciones sociales sobre el agua -su valor- en los diferentes territorios del país dan cuenta de esta realidad. Si en Guayaquil una empresa privada gestiona el servicio de agua potable para los habitantes de la ciudad, en la provincia de Imbabura la cascada de Peguche es un lugar ceremonial y sagrado.
Un estudio sobre los lugares sagrados y rituales de los pueblos indígenas de la provincia de Tungurahua, realizado por Domínguez y Muscio, concluye que 100 % de los lugares sagrados de la comunidad de Tomabela están relacionados con el agua; en Salasaca, el 80 %; y, en Kisapincha y Chibuleo, el 33,3 %.
El agua no puede desvincularse del ambiente. El 20 de noviembre de 2020, el director zonal del Ministerio del Ambiente declaró área de protección hídrica las 1.071 hectáreas del páramo Chilca Tingo Chaupi Urku, de la comunidad de San Isidro, en la provincia de Cotopaxi. Para los ecuatorianos que viven en San Isidro el páramo es mucho más que una superficie de pajonal de propiedad común. En palabras de la lideresa María Rojas, “si no tenemos el páramo, no tenemos agua y sin agua no hay vida. Sin agua, no hay cultivos, no hay nada. Sin agua, moriríamos”.
“Un estudio sobre los lugares sagrados y rituales de los pueblos indígenas de la provincia de Tungurahua, realizado por Domínguez y Muscio, concluye que 100 % de los lugares sagrados de la comunidad de Tomabela están relacionados con el agua; en Salasaca, el 80 %; y, en Kisapincha y Chibuleo, el 33,3 %”.
La gestión del agua
En medio de la sexta extinción masiva de especies, el agua -o cualquier otro ente de la biosfera amenazado por presiones antrópicas- no puede ser tratada como una mercancía sujeta a la oferta y demanda. Si se acepta que el agua es el símbolo de la vida, lo pertinente es protegerla. Y, desde la economía, lo acertado es lograr la asignación de recursos óptima para gestionarla en forma eficiente y sostenible. Justificar su explotación y extracción, como si fuese una mercancía, acelerará el calentamiento global y perpetuará la dependencia y el subdesarrollo en sucesivos escenarios de recurrentes y cada vez más intensas crisis sistémicas (sanitarias, económicas y sociales).
Gestionar el agua supone establecer prioridades. El artículo 86, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, fija el orden de prelación de los “diferentes destinos o funciones” del agua: i. el consumo humano; ii. el riego “que garantice la soberanía alimentaria”; iii. el caudal ecológico (el agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce: los hábitat, la flora y fauna, los servicios ambientales y la preservación del paisaje); iv, las actividades productivas.
El Estado ecuatoriano está obligado a generar políticas públicas para fortalecer el manejo sustentable de las fuentes de agua y de los ecosistemas relacionados; mejorar la cobertura e infraestructura de los sistemas de agua de consumo humano y riego; limitar el avance de la frontera agrícolas en áreas de protección hídrica; fortalecer una gestión participativa; promover medidas para la mitigación del cambio climático; fomentar la eficiencia; y promover alianzas con la comunidad para mejorar los servicios.
Como ninguna otra, la Ley del Agua establece corresponsabilidades del Estado con usuarios, consumidores, comunidades, pueblos y nacionalidades para reducir la extracción no sustentable y el desvío y represamiento de caudales, prevenir y revertir la contaminación, proteger las reservas de agua, promover tecnologías eficientes y restaurar ecosistemas degradados.
Ni el Estado ecuatoriano ni la comunidad internacional consideran que el agua es una mercancía. En septiembre de 2015, los 193 estados de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este compromiso multilateral contiene 17 objetivos (los ODS). El ODS 6 apunta a “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos,” y contempla seis metas directas y dos indirectas. Hasta 2030 todos deberíamos tener acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible, y acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos; se debería poner fin a la defecación al aire libre, mejorar la calidad del agua, reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentar “considerablemente” el uso eficiente de los recursos hídricos. Apenas uno de cada dos ecuatorianos dispone de agua segura, saneamiento básico e insumos para el lavado de manos en forma simultánea, según el Examen Nacional Voluntario 2020 de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. En Monte Sinaí, en Guayaquil, una familia de cuatro personas gasta en agua 90 dólares al mes, tres veces más de lo que se paga en Samborondón. Entre 2016 y 2019 la superficie regada con infraestructura pública y comunitaria pasó de 760.473 a 761.997 hectáreas, es decir un incremento de 500 hectáreas por año. Estos son algunos de los problemas prioritarios por resolver en el Ecuador de 2021.
La realidad tras el velo del valor monetario
La teoría neoclásica del comercio internacional afirma que un país se especializa en exportar mercancías que requieren recursos que, por abundantes, son baratos (el teorema Heckscher-Ohlin). La naturaleza ha gratificado al Ecuador con agua en abundancia. Según el Sistema de Información Global sobre el Agua (Aquastat) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el volumen promedio a largo plazo de precipitación anual sería de 583 km3/año, y en 2014 había recursos hídricos renovables por 27.403m3/habitante.
En realidad el país ya exporta agua en forma abundante (todavía no lo hace en barriles, como se ha propuesto) o, para exportar sus productos (la mayoría es biomasa) emplea grandes cantidades de agua. Entre enero y octubre de 2020 las exportaciones de banano (fruta compuesta en un 75,8% de agua) representaron 18,9% del valor total exportado; las de camarón (crustáceo compuesto en un 76,5% de agua), 19,3%; las de pescado (76,2% de agua), 1,7%. Lo propio se puede decir de las flores y, con menores porcentajes, del cacao y del café (Cuadro).
Los principales productos primarios de exportación, incluido el petróleo crudo, tienen una voluminosa huella hídrica (la cantidad total de agua consumida y contaminada en todos los pasos del proceso de extracción o producción de un bien). Según Víctor Mendoza el agua virtual (el flujo oculto de agua al movilizar alimentos) transportada en la exportación de banano estaría en alrededor de 2.789 millones de metros cúbicos por año (El Telégrafo, 20/05/2014).
En una reciente publicación de la CEPAL (Balanza comercial física e intercambio, uso y eficiencia de materiales en América Latina y el Caribe), León y otros emplean la metodología de la contabilidad de flujos de materiales para estudiar las tendencias en la balanza comercial física de América Latina y el Caribe (entre 1979 y 2017). Basados en el concepto de metabolismo social analizan la eficiencia en el uso de materiales, energía y agua para concluir que en el largo plazo el aumento del uso de materiales y la reducción de la productividad sugiere una presión creciente sobre el ambiente y los recursos naturales. Esta tendencia contribuye al aparecimiento de conflictos socioambientales por el uso de la tierra, el agua, la energía y los recursos naturales.
América Latina es exportadora neta de biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y no metálicos, debido a la persistente baja agregación de valor -según León y otros. Exportar agua solo acentuaría esta tendencia. Y alejaría definitivamente al país del cumplimiento de los ODS 8 y 12 (meta 8.4: mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y desvincular el crecimiento de la degradación del medio ambiente; meta 12.4: lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales).
El modelo diferente
El calentamiento global no es el “verdadero enemigo público,” como se ha afirmado. Este es la pavorosa consecuencia del modelo económico dominante. En los momentos actuales el enemigo de la humanidad es el modelo capitalista neoliberal. Solo si el agua se reduce a la condición de mercancía -lo que supone privatizarla- se podría considerar, “sin menosprecio”, la posibilidad de exportarla. Previamente sería necesario cambiar la Constitución y modificar varias leyes orgánicas para crear un nuevo mercado con el cual acelerar la explotación de la naturaleza, priorizando objetivos crematísticos inferiores al bienestar humano y a la sostenibilidad ambiental.
El mercado cosifica el agua y la reduce a una expresión monetaria unidimensional. Si la prioridad social fuese obtener superávit en la cuenta corriente, sería lógico tratarla como a una mercancía y extraerla para su exportación, como se hace con el petróleo o el cobre. Pero por ser un componente fundamental de la biosfera, el agua tiene valor multidimensional, no solo valor monetario.
El paradigma del valor monetario oculta la realidad física del comercio exterior de los países primario-exportadores. Si en lugar de prestar atención a los flujos monetarios se atiende a los flujos de materiales (biomasa, energía y agua) del metabolismo social, el correspondiente balance físico es negativo, aun cuando la cuenta corriente arroje superávit. Sugerir la exportación de agua no es “pensar en un modelo diferente, más verde.” Es, por el contrario, intensificar el modelo primario-exportador, extractivista y predador de la naturaleza.
En realidad el país ya exporta agua en forma abundante (todavía no lo hace en barriles, como se ha propuesto) o, para exportar sus productos (la mayoría es biomasa) emplea grandes cantidades de agua.
*Julio Oleas Montalvo, docente universitario, es doctor en historia económica ecuatoriana por la UASB-Ecuador.
