2011. ENTRE EL 30 S Y EL AÑO ELECTORAL
Mario Unda. Revista ‘Opción S’
El 2011 termina siendo un año puente entre el 2010 del 30 de septiembre y el 2012 de la carrera preelectoral. El 30 de septiembre nos condujo a la consulta popular del 7 de mayo, y los resultados de la consulta orientaron, a su vez, los desplazamientos y las orientaciones tácticas de las fuerzas políticas y sociales que están en la lid.
La línea de desenvolvimiento de la conflictividad marca los contornos y las tendencias de esos desplazamientos, en la medida en que expresan y, al mismo tiempo, dan forma, al alineamiento y a las relaciones de fuerzas ante el proyecto hegemónico de la así llamada “revolución ciudadana”.
A caballo de la consulta popular, presente en los discursos y en las discusiones desde el primer día del año (y aun antes), el primer semestre de este 2011 estuvo marcado por la conflictividad política. Esta, sin embargo, no hacía otra cosa que denotar la conflictividad social. Pasada la consulta, la conflictividad social retorna al primer plano durante el segundo semestre del año, iluminando con sus destellos el siguiente momento de los conflictos políticos.
El 30 S y la consulta popular
La consulta popular fue hija legítima, pero no reconocida, del 30 de septiembre. La insubordinación policial dejó en claro las debilidades que subyacían en la fortaleza aparente del gobierno; pero también dejó en claro que sus fortalezas van más allá de lo que aparece en los discursos usuales.
En efecto, el gobierno sustenta su dominio en el control cuasi monopólico del aparato estatal y en la influencia política que aún tiene sobre una buena parte de la conciencia social. Sin embargo, los hechos del 30 de septiembre y sus vías de resolución mostraron que el control que el gobierno tiene (o tenía) sobre el aparato estatal es relativo y, en ciertos estamentos, más bien precario.Y no en estamentos cualesquiera: en una parte del aparato represivo, que ahora como siempre, es la columna vertebral del estado: la insubordinación es un desconocimiento de autoridad, lo que es bastante decir para instituciones (y mentalidades) que se rigen por el autoritario principio de la “cadena de mando” y que, por lo tanto, se refugian y se autoenaltecen en el “principio de autoridad” y en la “majestad del poder”. El 30 S no fue un golpe de Estado ni un intento de magnicidio (porque el conjunto de condiciones sociales y políticas no estaba dado), pero sí fue la evidencia de que un escenario como esos podría aparecer en cualquier momento.Ahora bien: mostró que el control sobre el aparato represivo no es completo, a pesar de los esfuerzos y recursos que el gobierno ha invertido en ello. Pero mostró más: la estabilidad de este gobierno, sus posibilidades de continuidad y de extensión en el tiempo están atadas al voto dirimente de las Fuerzas Armadas… como ha sido desde el retorno a la constitucionalidad en 1979.
El otro estamento que mostró no estar tan completamente dominado fue el propio funcionariado: recordar que a varios empleados se les abrió sumarios administrativos por no salir a las marchas de respaldo a Correa.Este detalle, casi inadvertido en su momento, puede ser leído ahora con otras luces, luego de los despidos masivos de trabajadores públicos en el segundo semestre del año.
De este modo, la incomodidad del régimen con la burocracia no es solamente de eficiencia y de eficacia (términos caros al neoliberalismo), sino política, porque se relaciona con la construcción y el afianzamiento de una nueva hegemonía (algo que, en cambio, los neoliberales despreciaron).
De igual manera, el 30 S fue la prueba de que el control ideológico y político sobre las grandes masas es igualmente relativo. El gobierno y, sobre todo, el presidente, mantienen una alta credibilidad (probablemente no en los rangos que quisiera el aparato propagandístico oficial) y, quizás también, un apoyo social amplio. No obstante, es un apoyo de opinión más que de acción. Es un respaldo pasivo, capaz de expresarse masivamente en una contienda electoral, pero no en la lucha social y en la movilización. Los discursos y los documentales no pelean en las calles. La construcción de un sujeto “ciudadano” simplemente desactiva las posibilidades de acción colectiva, incluso para respaldar al gobierno. Eso también debía modificarse, y en este año hemos sido testigo de ingentes esfuerzos por lograrlo.
Un primer momento fue la consulta popular. Esta debía subsanar algunos de los males mostrados por el proyecto dominante. Pero era, en sí misma, un desplazamiento: el discurso de la “revolución ciudadana” abandonaba de manera explícita los postulados progresistas de su primera hora para adherirse al discurso conservador y reaccionario de la violencia, según el cual la causa de la inseguridad sería un exceso de derechos que favorecería a los delincuentes. Esto, para justificar el propósito de tomar control del sistema de justicia. Un desplazamiento consecuente con la afirmación del rumbo personalista y autoritario del régimen.
Pero los resultados de la consulta mostraron, entonces, un elemento adicional: la pérdida de atracción electoral;Correa logró que “confíe en él” un poco menos de la mitad del electorado; sólo una pregunta, la primera, obtuvo más de un 50% de los votos emitidos. Pero, además, se hizo patente otro carácter del respaldo al gobierno. Correa fue derrotado en gran parte de las parroquias indígenas, siendo que la Conaie había sufrido los embates más duros y que el propio presidente se había trasladado personalmente a captar votos en esos sitios. Finalmente, el influjo del gobierno es mayor mientras menor densidad de organizaciones sociales autónomas existe. La organización social autónoma supone un freno a la expansión de la influencia política de la “revolución ciudadana”.
La conflictividad social y el carácter del régimen
El segundo semestre estuvo marcado, en cambio, por los conflictos sociales. La línea de la conflictividad social se encuentra atada al carácter del régimen. Es decir que son los elementos centrales del nuevo proyecto de dominación los que desatan y profundizan los conflictos.
En efecto, los enfrentamientos más duros que el gobierno ha planteado en este año son tres: por un lado, con la prensa; por otro lado, con el movimiento indígena; finalmente, con los trabajadores públicos, y cada uno de ellos refleja algún carácter central de la propuesta gubernamental.
El conflicto con la prensa tiene varias aristas: en primer lugar, el más visible, es parte de su enfrentamiento con los grandes medios de circulación nacional, indispensable para el proyecto gobiernista, en la medida en que se trata de desactivar uno de los instrumentos de dominación ideológica utilizado por el neoliberalismo; adicionalmente, el debilitamiento de las intermediaciones político-partidarias catapultó a esos mismos medios a una función política (el juicio contra El Universo es un buen ejemplo de esto). De paso, genera un ambiente de amedrentamiento en el que cada quien va a cuidarse de lo que opine en público.
En segundo lugar, el retroceso de esos medios permite abrir un espacio, aún muy limitado, para el complejo de medios de comunicación en manos del Estado, que deberían cumplir el papel de difusores de la nueva hegemonía.
En tercer lugar, impedir cerrar el paso al posible surgimiento de medios de comunicación que expresen la constitución de un movimiento popular autónomo (la ley de comunicación, la entrega dirigida de frecuencias a ciertos sectores, etc.).
El enfrentamiento con los trabajadores públicos toca varios aspectos: por una parte, la modernización del Estado, en su sentido de “eficacias” y “eficiencias”, presentadas ahora bajo el discurso del servicio a la colectividad. Por otra parte, la creación de una nueva capa tecnoburocrática, imbuida tanto de “nuevas” visiones como de lealtad al régimen que le abrió las posibilidades de empleo. Una capa social muy joven, que por lo tanto podría durar por lo menos 20 o 25 años en el aparato estatal, ofreciendo una base de respaldo relativamente estable al nuevo régimen. Finalmente, se trata de golpear al sindicalismo público, de los pocos espacios de organización laboral que habían sobrevivido a la ofensiva neoliberal.
De igual manera, el enfrentamiento con el movimiento indígena toca otros varios aspectos. Por un lado, aspectos centrales de su proyecto económico: la minería, con la que espera financiar las grandes obras de infraestructura; así como el control del agua y la tierra, recursos indispensables que se sitúan en territorios de los pueblos indios. Por otro lado, sus posibilidades de expansión hegemónica: desestructurar los movimientos sociales es condición indispensable para controlar ideológicamente a masas dispersas, incapaces de representarse por sí mismas.
El año preelectoral
Las elecciones están a la vista. Pero esta vez difícilmente podrán separarse de la conflictividad y de la lucha social. La consulta ya mostró que el panorama se dividirá en tres campos antagónicos: el gobierno, la oposición de derechas y la oposición de izquierdas. El reto será juntar en una opción autónoma la representación de la resistencia social al nuevo modelo de dominación correísta.
