No debería causar sorpresa la postura del gobierno ecuatoriano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La lucha por los derechos humanos no ha sido el fuerte de ninguno de los tres personajes que hoy encabezan una virtual cruzada para debilitarla. Ni Rafael Correa, ni Ricardo Patiño ni María Isabel Salvador parecen haber incorporado a su genoma político la defensa irrestricta e incondicional de los derechos humanos. Irrestricta e incondicional: es decir, sin ninguna clase de reparos, suspicacias ni tapujos ideológicos, políticos o culturales. Tal como ocurrió cuando la Corte Interamericana emitió sentencia por el asesinato de Consuelo Benavides, militante de un movimiento subversivo de izquierda.
Porque un asunto que tiene una naturaleza de carácter universal, y que compete al estatuto ontológico de la especie humana, no puede estar subordinado a las contingencias, vicisitudes o necesidades coyunturales de la política. No obstante, es lo que está haciendo nuestra Cancillería.
El gobierno ecuatoriano ha prestado oídos sordos incluso a las exhortaciones y llamados de atención de gobiernos afines. Cuando el canciller uruguayo expresa su enérgico desacuerdo con la postura diplomática del Ecuador, está transmitiendo un mensaje de alarma de un mandatario –y de una sociedad– que padecieron en carne propia el horror de la violación sistemática de sus derechos más elementales. No se trata de retórica, sino de la más cruda experiencia.
Pero ninguno de los tres personajes de marras fue jamás perseguido, encarcelado, exiliado ni torturado. Por eso tienen aprensiones para entender que cualquier acción en defensa de los derechos humanos, inclusive aquellas que responden al más candoroso voluntarismo, tienen un sentido trascendental: intervenir a favor de la vida y la dignidad humanas.
El gobierno también ha hecho caso omiso de las advertencias de las más reconocidas instituciones que trabajan en este campo. Vale recordarles a nuestras máximas autoridades políticas que durante el régimen de León Febres Cordero, la CEDHU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch fueron las únicas instituciones que abogaron por la protección de los presos y perseguidos políticos. Y son precisamente estas instituciones las que hoy toman partido por la CIDH; porque conocen de primera mano el rol que cumplió durante las largas décadas de atropellos y abusos estatales perpetrados contra los ciudadanos de la región.
Mejorar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos siempre será provechoso. Pero quien lo promueva debe demostrar una trayectoria que no admita la más mínima duda sobre la consistencia de sus convicciones humanitarias. En caso contrario, sería como pedirle a un golfista que modifique los estatutos de la FIFA.
Durante el gobierno de Febres Cordero las oficinas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil fueron violentadas por su labor de defensa de derechos. Entre sus miembros en aquella época se encontraba Fernando Gutiérrez, ex Defensor del Pueblo, o el Dr. Rodolfo Rodríguez Castello, entre otros.