22 de febrero 2026
Magdalena Odarda*
Sinpermiso
En los próximos días, y a instancia del propio Presidente de la Nación Javier Milei, un variopinto grupo de senadores y senadoras nacionales se apresta a tirar por tierra una ley construida al calor de la democracia participativa en nuestro país. La normativa en cuestión no es nada más ni nada menos que la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, ley 26.636.
La norma define a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes de carácter público, siendo deber del Estado preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y educativa, y valorarlos como atractivo turístico. Por su parte, el ambiente periglacial es el área de suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico que, al igual que el glaciar, debe preservarse.
En función de aquellos objetivos, en 2010 se dispuso la prohibición de actividades productivas que afecten su condición natural y que impliquen la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias.
Durante los 15 años de vigencia de la ley hubo duros embates contra su constitucionalidad. Sin embargo, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien puso fin a la discusión: el 4 de junio de 2019 ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en el fallo “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional”.
De modo que el máximo tribunal puso blanco sobre negro: la Ley de Glaciares es constitucional, es el Congreso de la Nación quien debe fijar presupuestos mínimos. La ley no vulnera el federalismo, sino que lo ordena.
Los ataques a la ley de glaciares continuaron, pero no pudieron con ella ni con el decreto 70/2022, ni con la ley “Bases”, gracias a la resistencia de las organizaciones socio-ambientales de todo el país.
Hasta ahora, y espero equivocarme.
Luego de intensas negociaciones a espaldas al pueblo, aquellos mismos detractores a la Ley de Glaciares cuentan hoy con los votos necesarios de varios senadores y diputados nacionales y del propio Presidente Milei para destruir las bases y su espíritu.
La Ley de Glaciares, y ante la sorpresa de todos los argentinos y argentinas, hoy se convierte en prenda de una sucia y extorsiva negociación, donde el entramado de intereses que se juegan por debajo de la mesa de las instituciones difícilmente pueda ser desentrañados por los argentinos de a pie.
De modo que no son casualidad los impensados “apoyos” que hoy consigue la Casa Rosada para sus leyes más retrógradas en materia de derechos de trabajadores, jubilados, personas con discapacidad, estudiantes de la escuela y la universidad pública o enfermos en hospitales del Estado, porque indudablemente estos surgen -en una pequeña o gran porción- de la “entrega” de nuestra Ley de Glaciares a los intereses mineros globales.
Por lo que el círculo de complicidades, se presenta así:
1° Las corporaciones mineras negocian con ciertos gobernadores de provincias donde existe presencia de glaciares y ambiente periglacial.
2° A renglón seguido, estos mismos gobernadores, a los fines de complacer a los empresarios instalados en sus provincias, ofrecen al gobierno de Milei el voto de sus representantes en el Congreso para apoyar iniciativas contrarias a los intereses de las grandes mayorías, como la reforma laboral, previsional, educativa o un ATN para una rotonda, a cambio de que “entregue” la Ley de Glaciares.
3° Se completa el círculo: Milei consigue que el Congreso vote su paquete de leyes mientras regala a las corporaciones, además de los beneficios extraordinarios del RIGI, el agua de las presentes y futuras generaciones de argentinos.
De esta manera, el toma y daca a cielo abierto –bajo un absoluto oscurantismo– provoca, además de la entrega de nuestros bienes naturales comunes, el desmoronamiento del sistema federal de gobierno. Algo impensado en aquellos años de la recuperación de la democracia en la Argentina, cuando el Dr. Raúl Alfonsín impulsaba la ley de coparticipación como herramienta de un federalismo de concertación.
Con esta nueva vergüenza en el funcionamiento de nuestras instituciones, la República pareciera estar secuestrada por las grandes corporaciones globales, que, en definitiva, estarían ganando la pulseada en un país que debiera defender a capa y espada sus derechos soberanos.
* Legisladora en Río Negro del bloque Vamos Con Todos.
