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Que un gobierno ejecute allanamientos políticos es un mal síntoma. Estas medidas nos retrotraen a épocas oscuras y siniestras de la historia (sobre todo latinoamericana), a excesos y brutalidades que suponíamos superados. El allanamiento con visos políticos ha sido, desde siempre, un recurso predilecto de dictaduras y gobiernos autoritarios. Hipócritamente revestido de formalismos legales, como en tiempos de Febres Cordero, o abiertamente ilícito, como en las dictaduras militares del Cono Sur, expresa una forma muy particular de concebir y manejar el poder. Neutraliza, amedrenta y, en última instancia, aterroriza a la sociedad.
Que un gobierno autorice allanamientos políticos escudados en la oscuridad y desolación de la madrugada, y mediante un despliegue inusitado de fuerza, es un síntoma grave. Implica un golpe de sorpresa digno de escenarios bélicos, jamás civiles. Es la desproporción policial, el asalto, el abordaje, la irrupción violenta, la invasión de la intimidad; refleja la renuncia a todo procedimiento jurídico ecuánime y a toda acción política democrática. Son las reminiscencias de los Estados policiales del siglo pasado, los procedimientos encubiertos por la noche y la niebla con que se pretendía ocultar, a los ojos de la población, los actos represivos del régimen de turno.
Que un Presidente de la República declare olímpicamente que conoce algunos contenidos de una investigación fiscal –que se supone reservada– es un síntoma peligroso, porque desborda toda racionalidad institucional. Corrobora la sensación de indefensión que nos invade cada día, y refrenda las advertencias respecto de un proyecto totalitario que se estaría fraguando. Evidencia el silencio cómplice que desborda a funcionarios públicos, asambleístas y jueces incapaces de salir por sus fueros. Desnuda el talante de quienes en otras épocas habrían puesto el grito en el cielo por hechos menores. Resume la verdadera naturaleza humana de quienes algún día fungieron (o fingieron) de defensores de los derechos humanos, y hoy se apoltronan en las penumbras del poder.
Las versiones oficiales en el caso de los allanamientos a las viviendas de Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez son, por decir lo menos, deleznables. Tanto la del Gobierno como la de la Fiscalía. ¿De qué “acto urgente” estamos hablando? ¿Qué delito estaban cometiendo o iban a cometer los implicados que justificara una reacción inminente de parte de las autoridades? ¿Por qué hacerlo en días previos a un feriado inusualmente largo?
Contrariamente a lo previsto por el oficialismo, este acto de fuerza terminará por dar mayor crédito a las explicaciones de los dos afectados antes que a las acusaciones en su contra. La suspicacia de la gente tiene ojos para ver detrás de la niebla.
