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16 septiembre 2013
Respaldado por la Unidad Popular, el Presidente Salvador Allende se propuso construir en Chile el socialismo por vía pacífica. El desafío teórico cuestionaba la lucha armada, pero también la “dictadura del proletariado”, porque había que edificar un nuevo poder, manejándose en la institucionalidad existente.
Sin embargo, sólo se había logrado controlar el Ejecutivo, de modo que no se contaba con el resto de la institucionalidad estatal. Inevitablemente, desde el Legislativo, la mayoría opositora entorpeció al régimen; la función Judicial, igual; el partidismo tradicional, también. Las Fuerzas Armadas actuarían al final.
Bajo los paradigmas marxistas de la época, Allende confiaba en las estatizaciones. Pero, tras el primer año “bueno”, la economía empezó a caer desde el segundo, afectando, en la vida cotidiana (inflación, escasez, mercado negro, etc.) los logros gubernamentales en materia social (mejores salarios, salud, seguridad, educación, etc.). Salvando distancias, algo parecido a lo que obligó a Lenin a plantear la NEP (nueva economía política o “capitalismo de Estado”) para la URSS (1921). Tampoco nadie podía imaginar que el modelo estatista se derrumbaría, años más tarde, con la misma URSS.
La prensa privada libró la “lucha ideológica” contra el socialismo pacífico, con una campaña diaria, difícil de contrarrestar incluso con prensa oficialista.
La organización y la movilización populares se fortalecieron; pero también saltaron a las calles los opositores y los “momios”, agudizándose la polarización política, que la ultraderecha incendiaba como antesala de una guerra civil, solo atribuible al “comunismo” en marcha.
A los sectores políticos, empresariales y sociales unidos por la confrontación al régimen, se unieron las acciones desestabilizadoras de la CIA, dispuestas por el gobierno de Richard Nixon. Es que, de triunfar, la “vía chilena al socialismo” se convertiría en un “mal ejemplo” para toda América Latina. Había que detenerla. Finalmente intervinieron los militares.
Con Pinochet se implantó un Estado-terrorista inédito en la historia latinoamericana, al que siguieron otras dictaduras en el Cono Sur, educadas en el anticomunismo enfermizo que generó la guerra fría.
Contaban, además, con la teoría de la “seguridad nacional”, que siempre creyó que los “enemigos internos” tenían que ser necesariamente los “comunistas”, seres que, en esa visión, simplemente no tenían por qué tener derechos humanos.
El comunismo y el capitalismo, aún opuestos, comparten el denominador común de la concentración del poder social en manos de contados personajes, los que buscan la uniformidad, el sometimiento a intereses que no necesariamente son los de los pueblos y deciden todo pero cuya capacidad, por naturaleza no se solventa con la creciente necesidad natural.
El problema de forzar la concentración del poder es que tiende a corromper a quienes lo detentan mientras que al resto de integrantes sociales, sin voz ni voto permanente, no practican con su voluntad y capacidad, y esto resulta nefasto para el normal desarrollo del total porque se pierde la dinámica o fortaleza necesaria para caminar a la par del exigente tranco que impone la evolución.
La alternativa fresca y saludable a los extremos, al comunismo y al capitalismo de la democracia representativa, de izquierdas y derechas, es la democracia participativa. Democracia con la cual el poder se encuentra distribuido como es natural, en todas y todos, de forma que el pueblo y las autoridades forman equipo, funciona la voluntad y la capacidad social con lo que se optimizan los esfuerzos, los recursos y a todas y todos corresponde la responsabilidad de los resultados.
En fin, sería asunto de que una sociedad experimente y sepa a ciencia cierta sobre los efectos de gobernarse a si mismos por tan sólo una vez, para no querer volver con lo del craso error de que sus gobernantes son simples mandos intermedios en el sistema piramidal.