13 de Diciembre 2015
El pasado 3 de diciembre los asambleístas del movimiento Alianza País demostraron una vez más que no dan la talla para ser representantes de los ciudadanos. ¿Qué legitimidad pueden tener quienes avalan la censura nacional y aprueban sin consultar a sus electores un paquete de enmiendas para amoldar la Constitución a los intereses del Presidente Correa y su movimiento? Con la aprobación de las primeras enmiendas, no solo se golpea a los trabajadores del país amparados en el Código del Trabajo, quienes perdieron el beneficio de la contratación colectiva, puntal que garantizó la sindicalización en el país; sino también a la Contraloría del Estado, que pasó de ser un ente de control en las auditorías de gestión de las entidades y organismos del sector público, a un mero espectador de ellas. Es decir, el escenario es propicio para debilitar la estructura de las organizaciones sindicales e institucionalizar la impunidad bajo el eufemismo de “enmienda Constitucional”.
A esto se añade la reelección indefinida del Presidente Correa luego del período 2017-2021. Al aprobar esta modificación, los asambleístas de gobierno y sus aliados -un grupo de oportunistas que secuestró el Partido Socialista Frente Amplio (PS-FA) y lo entregó en bandeja de plata al gobierno- elevaron a ley perpetua las bajas pasiones autoritaristas del correísmo. Mientras los oportunistas aseguraron -también por tiempo indefinido- sus curules obtenidas bajo la tutela de Alianza País y sus puestos burocráticos al interior de las instituciones del Estado. Fueron los asambleístas del movimiento de gobierno y sus aliados quienes le entregaron a Correa el título de propiedad del Estado. ¿Por cuánto tiempo? Esa respuesta, no solo se esboza en espacios como este, sino también y sobre todo en las calles, a través de la protesta social y la resistencia que incomoda y genera inseguridad en el poder, a tal punto que este –en medio de su desesperación- recurre a la persecución política y la violencia.
César Montúfar, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y Carlos Pástor, estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos en esta casa de estudios fueron agredidos por los policías que resguardaron la flagrante violación de la Constitución. Montufar corrió con mejor suerte y fue liberado porque al gobierno no le convenía tener entre rejas –como en Venezuela- a un posible precandidato presidencial o vicepresidencial. Mientras que mi compañero Carlos Pástor fue detenido injustamente, al igual que veinte ciudadanos, muchos de los cuales expresaron abiertamente su rechazo a lo actuado por los asambleístas de gobierno, y otros simplemente fueron víctimas del infortunio y de la necesidad de la policía de llevar preso a quien sea para demostrar que el aparato represor sí funciona.
Los veintiuno del Arbolito –como ahora se los conoce- fueron sentenciados a 15 días de prisión y obligados a pagar USD 200 de multa cada uno, por supuestas agresiones a un grupo de policías, que lejos de precautelar el orden actuaron como la guardia particular de las autoridades de gobierno. El sistema de justicia también jugó sus cartas al negar el pedido de habeas corpus de los presos políticos.
En sí, estos métodos de amedrentamiento, maltrato y vejamen no son nuevos en tiempos de Revolución Ciudadana. A finales del mes de octubre del año en curso, en plena campaña por el rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), un grupo de mujeres vinculadas a la estructura oportunista que se apoderó de la dirección del PS-FA envió una serie de tweets a la institución pública donde trabajo con mención al Presidente Correa para impulsar mi despido. El cargo imputado por las mercenarias fue el ofrecer mi apoyo al entonces candidato a rector César Montaño, con quien comparto la defensa de principios como la autonomía universitaria, la excelencia académica y la vinculación con la sociedad.
Ni el actual rector de la Universidad Andina sede Ecuador se salvó de los intentos de la camarilla oportunista enquistada en el Parlamento Andino por deslegitimar y desprestigiar tanto su designación, como la excelencia académica de esta universidad que por segunda ocasión recibió acreditación internacional. Estudiantes, docentes y personal administrativo están dispuestos a defender lo actuado por el Consejo Superior Andino, con sede en Bolivia, y esperan con ansias la posesión de su nuevo rector.
Todos estos hechos exteriorizan no solo la sintomatología de la privatización del Estado en favor de Correa y Alianza País, sino también cómo el amedrentamiento y la represión son política de Estado para la Revolución Ciudadana, en momentos en que el pueblo adquiere una identidad, distinta de la del régimen, en base a sus propias luchas y resistencias.
