Este año escolar ha sido diferente a los demás en toda la historia de la educación nacional. No solo se desarrolló completamente en línea debido a la pandemia, sino que todas las instituciones educativas debieron adaptar –o intentarlo– sus currículos a la virtualidad.
¿Qué deja esta experiencia académica de interacción escolar a través de una pantalla, a las niñas, niños y adolescentes, más allá del encierro y la falta socialización con sus pares?
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, Luis Rivera y Marco Ruiz, declararon inocentes a los hermanos Roberto y William Isaías Dassum de la acusación de peculado durante el Atraco Bancario. La razón: “no se ha comprobado la existencia del delito de peculado”, señala en su cuenta twitter, el periodista de Ecuavisa, Lenin Artieda, quien difundió hoy la noticia.
Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró los resultados electorales oficiales el pasado 21 de febrero, que determinaron el paso a segunda vuelta de los candidatos Andrés Arauz (UNES) y Guillermo Lasso (CREO), los discursos políticos y las estéticas de los aspirantes a Carondelet se transformaron buscando llegar a otros segmentos de la población. ¿Se trata de una aproximación sincera o de simple desesperación?
Uno de esos sectores que ahora concentran la atención de los candidatos es la población sexo-genérica (LGBTIQ+), históricamente marginada e incomprendida. Ana Almeida, activista transfeminista, directora de Corporación Humanas Ecuador, en diálogo con La Línea de Fuego, comentó cuáles son las necesidades y las expectativas, tanto respecto de los candidatos finalistas como de cara a la modificación de las fuerzas en la Asamblea Nacional.
A inicios de 2020, veíamos como China hacía cuarentena para evitar que un virus se propagara. Era una película de ficción y el virus parecía que estaba lejos. Dos meses después, ese virus llegó también al país y a América Latina. Luego, las restricciones para disminuir el contagio llevaron a las frágiles economías de personas, empresas y países a pique, castigando a los de siempre, entre ellos, las mujeres: 13 millones de ellas, en América Latina y el Caribe, fueron expulsadas del mercado laboral el año pasado, poco más que toda la población de Bolivia.
Por Ela Zambrano
La promulgación del decreto ejecutivo 883, en Octubre de 2019, provocó un estallido de movilizaciones de diferentes sectores sociales, pero fue la...
La gestión de los seis grandes desastres naturales que ha debido afrontar el país en las últimas décadas, le ha costado aproximadamente 136.000 millones de dólares, una cifra extramadamente alta para una economía pequeña como la del Ecuador, ésta cifra es superior al PIB de 2019. Con ese dinero se habrían podido construir 747 hospitales públicos. La mala gestión de riesgos desde los Ejecutivos nacional, provincial y cantonales, a lo largo de nuestra historia, han dejado pérdidas humanas y económicas.
Ileana Almeida, ambateña, profesora universitaria e importante teórica ecuatoriana, hace poquito cumplió 81 años, circunstancia que como Línea de Fuego nos sirvió de pretexto para conversar sobre su vida, sus estudios en la Rusia comunista, sus aportes a la filología ecuatoriana y andina, a la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas y, por supuesto, a la Revista que también está de aniversario.
Extrabajadores de los medios públicos ECTV, Radio Pública del Ecuador y El Telégrafo, presentarán una propuesta periodística denominada Periodismo Público Ecuador. Liberados de las presiones políticas gubernamentales y luego de hacer un ejercicio de autocrítica de estos años de trabajo, buscan llevar a la ciudadanía una información fresca, plural y respetuosa. El colectivo Periodismo Público Ecuador lo conforman más 40 extrabajadores de los medios públicos, que este día vuelven a escena teniendo como casa a las redes sociales y como motor su ímpetu periodístico.
Ante la presión de los grupos que abanderan el retroceso en derechos, se juntaron las voces de distintas organizaciones para hacer un llamado al Presidente, Lenín Moreno, para que la sanción al Código Orgánico de la Salud (COS) sea pensando en la progresividad de derechos y considerando que “en un estado laico, la Iglesia no puede colegislar”.
Juan Pablo Morales, ¿Cómo está articulando la Secretaria de Derechos Humanos para cumplir con la sentencia en el caso de violencia sexual del que fue víctima Paola Guzmán Albarracín.
La Secretaria de Derechos Humanos tiene como competencia el cumplir las sentencias y resoluciones del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Estamos convencidos de que esta sentencia llega a poner justicia en un caso sobre una terrible violación de derechos humanos. Hemos organizado una primera reunión de autoridades e instituciones para encaminar el trabajo y dar cumplimiento a esta sentencia y todas las medidas que ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Están establecidos tiempos por parte de la Corte, hay algunas medidas más fáciles de cumplir como las de corte indemnizatorio, pero hay otras, las más importantes, que son medidas de política pública y que requieren el compromiso de varias instituciones del Estado. Vamos a encaminar todos los esfuerzos para que avancen de la mejor manera.
¿Quiénes están integrando la mesa interinstitucional?
En esta primera reunión convocamos a las autoridades de los ministerios de Salud Pública, Educación, Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura, con quienes vamos a empezar a organizar este trabajo.
En la reunión primero se explicaron las medidas que establece la Corte IDH, qué instituciones tendrían que tomar acciones, se pidió que nombren a los delegados técnicos que elaborarán un cronograma y una hoja de ruta, previo a convocar a las víctimas y sus representantes para presentar una propuesta concreta por parte del Estado. Queremos ejecutar el mayor número de medidas, en el menor tiempo posible.
¿En algunos casos es posible pero las que son de generación de políticas públicas es muchísimo más complejo?
Esas serán las que más tiempo nos tomarán como Estado porque además requieren un proceso participativo de las niñas y adolescentes, de las víctimas y sus representantes, así lo ha establecido la Corte y es así como se debe construir política pública.
¿Cuáles son las que podrían cumplir con mayor rapidez?
La definición de un Día Nacional de Lucha Contra La Violencia Sexual, es una de las obligaciones por parte de la Corte. Otra es otorgarle el título de bachiller a Paola Del Rosario Guzmán, en forma póstuma, para ello ya está trabajando el Ministerio de Educación. Una vez que tengamos una propuesta debemos contar con el acuerdo de la señora Petita Albarracín y sus abogados. Vamos a avanzar lo más pronto posible.
¿Sobre la indemnización han tenido ya algún acercamiento?
No. No queremos tener reuniones de a poquito con la señora Petita Albarracín, queremos que sea una reunión donde abarquemos de una manera global todos los aspectos. Esperamos en unas dos semanas sentarnos a conversar con los familiares de la víctima, sus representantes y llegar a los acuerdos necesarios.
Sobre el Día Nacional en contra de la Violencia Sexual, ¿podría ser el día en que Paola falleció, el 12 de diciembre?
Nosotros estamos totalmente abiertos. Debe ser una fecha que debe tener un simbolismo, sin duda. Los criterios de los familiares serán absolutamente valorados. Esta declaración se emitirá a través de un Decreto Ejecutivo.
En cuanto a las políticas públicas que el Estado ecuatoriano debe implementar y es la parte más compleja de la sentencia. ¿Cómo solucionar la indiferencia que operó en el sistema educativo y la impunidad en el sistema judicial? Los dos, educación y justicia fallaron y no es el único caso…
Hemos vivido casos terribles violencia sexual en el ámbito educativo como el Aampetra (41 niños abusados en su aula de clases en un colegio de Quito). La Corte IDH primero nos habla de un tema estadístico, sobre los casos de violencia sexual en los casos de los niños y adolescentes para lo cual debemos contar con una mesa interinstitucional en la cual tiene que estar el INEC, para levantar datos estadísticos y tener una información organizada.
Otra falencia que identifica la Corte es el proceso de denuncia en el sistema educativo, allí es indispensable trabajar con el Ministerio de Educación y los DECE, desde el caso Aampetra ya se ha venido trabajando, habrá que analizar en qué estado está eso, cómo se debe implementar y mejorar el tema de denuncia y el seguimiento a esas denuncias, por eso, se incluyó también al Consejo de la Judicatura. Cuando se conoció del caso Aampetra, desde la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para fortalecer los trabajos de los Servicios de Protección Integral (SPI) encaminados a llevar una atención adecuada para las víctimas y sus familiares. Por supuesto que hay mucho que mejorar y para eso están las mesas de política pública con la participación de la niñez y la adolescencia. El Estado debe adoptar acciones normativas, institucionales y presupuestarias para la efectiva implementación de las medidas. Son muchas aristas en las que participan muchos actores y nosotros debemos tener la capacidad de articularlos para dar un resultado efectivo respecto a lo que está solicitando la Corte IDH.
¿Cómo hacer para que un trabajo técnico burocrático cale en los más profundo de una sociedad y no sea solo una disposición? Por ejemplo, como evitar que nuevamente haya una víctima de violencia sexual ante la indiferencia de un personal de una institución educativa que sabía lo que pasaba. Para que algo así suceda se requiere además de mucha reflexión como país.
Es la pregunta del millón respecto a la efectividad de la política pública en muchos aspectos. Creo que debe haber, primero, un componente normativo claro, la definición de los conceptos de lo que es la violencia sexual -para empezar-, la responsabilidad que tienen las autoridades por cometer un acto de estos y no denunciarlo. Luego viene la parte administrativa que es hacer que esas normas, que son obligatorias, efectivamente se persigan y lleguen a cumplir su efecto sancionatorio; con la sanción todo el mundo va a entender que no son normas escritas en el papel, que tienen un efecto real, una consecuencia. Finalmente va a generar una cultura de respeto a la norma. Eso, al mismo tiempo, va a dar seguridad para que las personas puedan denunciar. Mucho de lo que pasó también fue porque Paola no se atrevió a denunciar, por el poder que tiene una autoridad sobre un estudiante. Es indiscutible el poder que tuvo la autoridad. De lo normativo tenemos que pasar a lo administrativo y de lo administrativo al cultural, al social. Serán los tres elementos que permitirán cumplir con lo que está planteando la Corte.
Al nivel de los operadores de justicia, allí hay muchos problemas: desde la revictimización, los costos lo que determina el acceso, los tiempos. ¿Cómo se puede mejorar el sistema de justicia y su respuesta en casos de violencia sexual?
Las medidas de reparación no tienen una relación directa con el sistema de justicia pero es indiscutible que en el caso de Paola tuvo una influencia decisiva lo que provocó la prescripción del delito y, por lo tanto, la impunidad. Los representantes del Consejo de la Judicatura están participando, porque las demoras de los procesos pueden afectar a las víctimas de violencia sexual. Hay un ámbito de trabajo desde la Subsecretaría de Prevención de la Violencia se ha avanzado, hay una Mesa de Justicia en la que participa la secretaria Cecilia Chacón. En el caso de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes deberán adoptarse medidas específicas, lo básico es la capacitación a los agentes de justicia para que respeten los derechos de la víctima, eviten la revictimización y que se realice en un tiempo adecuado.
En cuanto a lo presupuestario, las dificultades son evidentes, pero las políticas públicas sin presupuesto no funcionan. Hay muchos programas a los que se les ha ido dejando sin presupuesto como el de los SPI que Ud. mencionó. ¿Cómo se va a solucionar eso?
La sentencia es absolutamente clara de que la obligación del Estado incluye claramente adoptar acciones de carácter presupuestario para la efectiva implementación de las medidas. Lo dice la Corte y el Estado tiene una obligación y tiene que poner los recursos donde deben estar. La Corte tendrá que evaluar si se han fortalecido las políticas públicas, los procedimientos, alrededor de la violencia sexual en el caso de niñez y adolescencia en el ámbito educativo.
Es difícil en este momento determinar cuál es el presupuesto que se requerirá. Pero ¿de dónde saldrán los recursos? ¿Se esperará al nuevo año fiscal?
Yo haría una distinción de dos momentos. La indemnización compensatoria se hará de una forma adecuada y lo más pronto posible. En cuanto a la política pública, desde lo personal, debería ser un proyecto de inversión, interinstitucional, en el que varias instituciones ponen un presupuesto para hacerlo realidad. Me parece que es la forma de garantizar y focalizar los recursos.
¿Está previsto dar a conocer públicamente la hoja de ruta para la implementación de las recomendaciones de la Corte?
Estamos en esta fase previa. Primero sentamos a las autoridades con poder de decisión, se deben presentar los representantes técnicos que van a trabajar en la construcción de cronograma, se pondrá en consideración de las autoridades y finalmente de las familias. Una vez acordado con ellos, ahí si se podrá comunicar abiertamente las medidas a implementarse. Todo será absolutamente transparente.
El 82% de los hogares considera mala o muy mala la respuesta del gobierno a la emergencia sanitaria, entre los aspectos que relievan: tardanza en la respuesta (51%); comunicación deficiente (49%); descoordinación con los GAD (48%); gestión hospitalaria (33%); no han hecho nada (32%); y, nunca llegó la ayuda (23%).
Esta semana, el Estado ecuatoriano recibió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se le responsabiliza por la violencia sexual que sufrió la adolescente Paola Guzmán Albarracín, quien durante dos años fue víctima de violencia sexual frente a la indiferencia de los sistemas educativo y judicial y quien encontró como una salida, la muerte.
El 29 de noviembre de 2007, el canal público del Ecuador, ECTV hizo su primera transmisión al aire. Era el día la inauguración de la Asamblea Constituyente en Ciudad Alfaro (Montecristi-Manabí). Ese día marcó el inició de lo que sería el gran proyecto de los medios públicos: Telégrafo, Radio Pública del Ecuador, Agencia Andes y Ecuador TV o ECTV. Proyecto que a día de hoy languidece y sobre el cual los analistas reconocen que son necesarios para la democracia.
Tras quince días de incertidumbres, rumores y un caldeado debate en redes sociales, el presidente Lenín Moreno, el pasado 4 de agosto, anunció que el Ecuador había culminado una "exitosa" renegociación de la deuda externa ecuatoriana.
El viernes 17 de julio, a través del decreto 1059, el gobierno nacional extendió la agonía de la Empresa de Medios Públicos. Su gerente, Edison Toro, anunció, mediante rueda de prensa, que “los medios públicos no desaparecerán”.
