Estamos ante una sociedad anómica, raquítica, desinstitucionalizada y violentada, atrapada entre el miedo a una pandemia y el terror creciente a un mañana de hambre, pobreza y miseria.
Detrás del sector de la salud hay negocios gigantescos. La mercantilización de la medicina es una de las principales fuentes de ingresos corporativos a nivel mundial. En otras palabras, es uno de los pilares del capitalismo.
Hemos pasado de una época en la que se intentó transformar a los funcionarios estatales en militantes del partido de gobierno, a otra caracterizada por el desprecio de los ciudadanos –exteriorizado en redes sociales con insultos y generalidades canallescas– que los asocia como los únicos causantes del descalabro económico de la república.
El sistema alimentario de las ciudades, así como de producción agrícola industrial con sus intermediarios, está obsoleto. El futuro viene de la mano de la agroecología, la venta directa y el trueque.
A estas alturas resulta inevitable asociar la imagen de Lenín Moreno con la de esos reyes debiluchos e improvisados que tienen que dar la cara por unos feudos sobre los que ya no tienen autoridad, y donde cada príncipe hace lo que le da la gana.
El coronavirus ha producido un nuevo cambio en la política ecuatoriana. Si el Paro de Octubre detuvo la implementación de la subida de los combustibles, la coyuntura actual es un shock que profundiza el autoritarismo y la escalada neoliberal.
Contra el coronavirus hay que lavarse las manos, dicen. En los suburbios de Guayaquil, con el agua que dejan los tanqueros, se bañan, limpian, beben, cocinan. El 7% de los guayaquileños no tiene acceso al agua potable. Y aunque esta pandemia no discrimina a quién infectar, al parecer sí lo hace en cuanto a quién decide matar: aquellos que son vulnerables por estilos de vidas precarios e insalubres.
El coronavirus está impulsando la digitalización. El Sur global corre el riesgo de convertirse en el perdedor de este proceso. Los países desarrollados tienen parte de la responsabilidad.
Existen muchas denuncias de que la educación virtual no cumplirá con las demandas de todos los estudiantes, se cuestiona la dificultad de acceder al Internet o a un medio tecnológico. Para aportar al debate ponemos en consideración no solo el acceso al Internet, sino cuál es el marco legal para poder exigir que muchos jóvenes no se queden sin su derecho a estudiar.
El ex ministro de Energía y Minas y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, señala que la inversión real en salud cayó de 241 millones en 2017, a 175 millones en 2018 y a 110 millones en 2019. La caída del empleo se registra de forma sostenida desde el 2015, agudizándose cada vez más desde el 2018. El 62% de la PEA no tiene un empleo adecuado.
En los últimos días los recortes presupuestarios a los salarios a las Universidades Públicas desencadenó una serie de protestas por su restitución, ya que afecta el funcionamiento para la formación de personas de escasos recursos que ven en lo público la posibilidad de mejorar su bienestar y, al mismo tiempo, aportar a la sociedad con su trabajo.
No se entiende si por candidez o por cinismo, hay apologistas del sistema que están abogando por un capitalismo humanizado, más solidario y menos egoísta que nos prevenga contra futuras catástrofes. Al parecer, el coronavirus también tiene la virtud de develar la realidad a los fanáticos del mercado.
Resulta que nos venden como solución el caduco y anticuado recetario neoliberal de los 90: eliminar el subsidio a los combustibles, aceptar los recortes en la educación y salud públicas y pagar puntualmente la deuda externa –así nos quedemos sin liquidez en tiempos de una megacrisis–.
En Ecuador, en una buena parte de Latinoamérica y en los EE.UU. se relajan cuarentenas que, de por sí, fueron mal concebidas y aplicadas, deshilachadas e inconexas de una estrategia integral que no aparece hasta ahora por ningún lado en estos Macondos de mascarillas con sobreprecios.
