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Febrero 10, 2014
No es políticamente rentable agredir al humor. A menos que los agresores estén auto-convencidos de la sacralidad de sus actos y, además, dispuestos a solemnizarlos por la fuerza. Únicamente una falsa idea de trascendentalismo puede considerar al humor como una amenaza. Porque cuando los seres humanos admitimos las transitoriedad de la vida, no tenemos inconveniente en reírnos de nuestras propias pequeñeces.
En su cruzada contra el humor, el Gobierno ecuatoriano se está poniendo la soga al cuello. Aunque por ahora haya conseguido el repliegue voluntario de Crudo Ecuador, indefectiblemente perderá la guerra. A la corta o a la larga. Basta ver el programa del comediante británico John Oliver para percatarse de los efectos devastadores que esta pelea tendrá para la imagen internacional del Presidente Correa.
¿Hasta dónde quiere llegar el correísmo con este afán persecutorio en contra de tuiteros, internautas y caricaturistas que hacen del humor una estrategia para la crítica? La pregunta resulta imprescindible frente a la desproporción de la acusación formulada por la Supercom en contra de Bonil. La parafernalia y el aparataje que rodean a este proceso son, en sí mismos, risibles: montar un tribunal para juzgar una simple caricatura desborda todos los límites de seriedad y ponderación que, se supone, deben acompañar a las intervenciones del Estado. Y más ridícula aún es la ausencia en el proceso de quien se supone sería el principal agraviado: el Tin Delgado. He ahí la prueba irrefutable de que la medida dista mucho de la pregonada defensa de los derechos culturales o socioeconómicos de los afroecuatorianos interpuesta por las autoridades de control de la comunicación. De lo que se trata, en esencia, es de una estrategia de amedrentamiento en contra de quienes queremos ejercer nuestro derecho a la risa.
Refugiarse tras la grandilocuencia de las formas va a contrapelo de la irreverencia que campea en los tiempos actuales. Es una forma de momificar el espacio público. Es como poner música fúnebre en un festival de rock. El mundo, y sobre todo la juventud, no están para formalidades arcaicas y acartonadas.
Probablemente muchos de los funcionarios del actual Gobierno, así como de los dirigentes de Alianza País, se sienten imbuidos de una misión histórica, iluminados por acontecimientos sin precedentes, elegidos por la providencia revolucionaria para ejecutar un proyecto definitivo, mesiánico, escatológico. Desde la religiosidad que ampara estas visiones, la mofa pública no solo resulta ofensiva, sino inconcebible. Es un sacrilegio que debe ser sancionado con el mayor de los rigores, con la más firme intransigencia. Por eso Bonil será condenado a retractarse reverencialmente ante este nuevo pontificado verde flex.
Y sin embargo se ríe.
