Escuché por la radio a un personero de la Cámara de Agricultura de la II Zona hablar en tono de alarma sobre el difícil abastecimiento de productos agrícolas en Guayaquil. Reconoció que los agricultores serranos son los mayores proveedores de alimentos a las ciudades costeñas, pero que el comercio  iba a ser cada vez más limitado debido a la reducida extensión de los cultivos indígenas, que no pasan de unas pocas hectáreas.

Ante la crisis provocada por la expansión mundial del Covid-19 vemos varios artículos que resaltan la importancia indígena campesina: pequeños productores han sostenido la producción de alimentos;  redes agroecológicas establecen canales directos al consumidor; trabajadores que hacen un enorme esfuerzo por mantener vivos los mercados de alimentos en las ciudades; comunidades indígenas campesinas cuidando territorios, autonomía, educación y salud en estas épocas de crisis; organizaciones demandando una mínima política pública; alianzas con los gobiernos locales para asegurar el abastecimiento; comunidades indígena de la sierra llevando alimentos y eucalipto a la región de la Costa, entre otros.

Donde el autor descubre que sembrar su propia comida no ha sido tan fácil 

(I Parte)

Cuando uno tiene su corazoncito a la izquierda y quiere cambiar el mundo, la alimentación es un buen tema para empezar. Tal vez porque, cuando uno investiga un poco, es fácil entender que ese mismo sistema agro-industrial que poco a poco les quita las tierras a los pequeños campesinos o quiere quemar la Amazonía para poder sembrar soya de exportación, ese sistema es el que nos vende comida chatarra, con altos contenidos de azúcar o de carbohidratos.

El 15 de enero de 2019 se deberá recordar por un fallo histórico a favor de las demandas de las organizaciones campesinas en el Ecuador: frente a una pequeña sala de la Casa Judicial de Quevedo, que se llena con unos veinte espectadores que traen banderas rojas y visten sombreros, un juez constitucional declara que los cultivos de soya transgénica encontrados en la provincia de Los Ríos a finales del año 2018 son inconstitucionales, “violan el derecho a la vida, a la tierra, la salud, la alimentación y atropellan los derechos de la Pachamama”.