Derechos Laborales

Son seis los periodistas que han debido autoexiliarse para resguardar su seguridad y la de su familia en los últimos siete meses, un hecho inédito en la historia reciente del periodismo en Ecuador, y que responde a la negligencia de las autoridades estatales para contener la inseguridad y violencia que afectan el desarrollo del trabajo periodístico.

Tildar a una Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) inconstitucional porque exige jubilación digna, salarios justos y derechos educativos es condenar al justo por el pecador. La responsabilidad de la situación del IESS no es de las y los maestros.

El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más y la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC), dos historias de trabajadores agrícolas, que han tocado el corazón del régimen de dominación y/o explotación laboral en el campo, la tierra y el derecho a la libre organización en la agroindustria.  

Existe un sector informal altamente precario, que a todos nos ha ayudado muchísimo durante esta sindemia,[1] que capitaliza fuertemente la crisis, la irregularidad precaria y que se ha vuelto urgente regular, tal como se ha sucedido en Italia y como se discute en varios países europeos. Me refiero a las empresas repartidoras de comida (o starups), como UberEat, Glovo, Rappi, etc., bastiones urbano del trabajo mal pagado, sin seguridad social y laboral para miles de migrantes venezolanos y otros que perdieron su trabajo “formal” tras los recortes públicos y privados, gracias a las políticas del maldesarrollo[2] del Fondo Monetario Internacional.

En octubre del 2019, el movimiento indígena, junto a sectores populares y barriales, estudiantes, mujeres y población subempleada, logró detener la eliminación del subsidio a los combustibles, el Decreto 883 fue la punta de lanza del acuerdo firmado por el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estamos ante una sociedad anómica, raquítica, desinstitucionalizada y violentada, atrapada entre el miedo a una pandemia y el terror creciente a un mañana de hambre, pobreza y miseria.

Quien llegue a Carondelet asumirá una coyuntura compleja. La producción de bienes y servicios lleva estancada cinco años; en 2019 el 25,7% de los ecuatorianos vivía en condiciones de pobreza y el 7,6% en pobreza extrema; y los resultados del sector externo revelan graves problemas: falta de competitividad, una canasta de exportaciones poco diversificada de productos primarios y alta dependencia de las importaciones.

Las declaraciones y recomendaciones de los voceros de los banqueros y los grandes empresarios, los proyectos de ley presentados y los anuncios gubernamentales están en la línea de los compromisos que en marzo del año pasado el gobierno suscribió con el Fondo Monetario Internacional: disminución de la masa salarial en el sector público, eliminación de los subsidios de los combustibles, reformas en el sistema tributario, reforma que flexibilice las relaciones laborales, afectación a la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Análisis sobre las medidas de confinamiento necesarias para enfrentar la crisis mundial del coronavirus y sus consecuencias en el mercado laboral. La Organización Internacional de Trabajadores (OIT) en sus previsiones, establece que en los países de Latinoamérica se han perdido hasta el momento 14 millones de empleos.

Aprovechándose del pánico al contagio del virus y el toque de queda que logra encerrar a la mayoría de ecuatorianos, bajo la represión policial, militar y mediática, el gobierno de Lenín Moreno propone un nuevo sacrificio a los más golpeados por los bajos ingresos, la precariedad y el capital depredador, a pretexto de ocuparse de los más “vulnerables” y “la emergencia sanitaria, económica y social”.

El Frente de Defensa y Modernización del Mercado San Roque informó este viernes que 400 familias se encuentran afectadas tras el desalojo ocurrido en las calles Loja, Tupac- Yupanqui, Cumandá y Cantuña, en el Centro Histórico de Quito.

El deterioro de las condiciones del empleo marca el cierre del año 2019. Una muestra de ello es el índice de precarización -que considera las dimensiones de ingresos, acceso a seguridad social y contrato estable-, que indica un aumento considerable respecto de 2017 y 2018.

Dos estudios reconfirman las causas del estallido de octubre pasado, sobre todo en la ciudad de Quito. En ellos se cruzan la grave situación de pobreza y desempleo en el país con el proceso de concentración de riqueza operado a la sombra de los gobiernos de Alianza País durante los últimos trece años. En este artículo, Juan Cuvi analiza los efectos combinados de estas circunstancias para la vida del Ecuador actual.

“Me sacaron porque no tenía papeles y porque el Ministerio de Trabajo va ingresar y no quería que vieran niños ahí”, dice un trabajador...

¡Que no esté mi nombre! Que no aparezca en ese listado de botados-desahuaciados-desempleados. Que no sea yo, por favor. Que continúe con mi trabajito....