Por Jorge Basilago y Ela Zambrano*
La reciente sucesión de victorias electorales de signo progresista en América Latina –al menos, hasta el descalabro del “Apruebo” en el plebiscito constitucional chileno-, incluye también a una nación centroamericana: a comienzos de este año, Xiomara Castro, candidata del Partido Libre, se convirtió en la primera mujer que accede a la presidencia de Honduras, a la que llegó con un inédito porcentaje de votos y una agenda plagada de desafíos en todos los ámbitos.
“A estas alturas, se podría decir que el progresismo de este gobierno está muy limitado a algunos aspectos simbólicos, de discurso, y a ciertas decisiones formales que se han tomado en el Congreso Nacional, que suenan bien pero no se han puesto en práctica”, explica el analista social, político y defensor de derechos humanos hondureño Tomás Andino Mencía.
Fuera de las propias dificultades y contradicciones exhibidas por Castro en su breve ejercicio del poder, el perfil de los gobernantes vecinos no ayuda a imaginar un bloque regional con perspectivas o agendas políticas semejantes. Hoy por hoy, es impensable cualquier alianza con un régimen desprestigiado y cada vez más represivo como el de Daniel Ortega en Nicaragua; el giro autoritario de Nayib Bukele en El Salvador no deja de acentuarse; y en Guatemala, gobernada por el conservador de derecha Alejandro Giammattei, el Estado “se ha vuelto insustancial”, desde la perspectiva del sociólogo guatemalteco Gustavo Porras Castejón.
El severo retroceso subregional en materia de ejercicio y defensa de la democracia –compartido por la mayoría de los estados centroamericanos-, conspira asimismo contra la calidad institucional y la generación de confianza y paz social. E impide un mejor aprovechamiento de la parcial desatención del gobierno de Joe Biden sobre el área, por hallarse enfrascado en otros dilemas internacionales como el conflicto entre Rusia y Ucrania.
“Concibo el período que vivimos como un cambio de época, marcado porque el poder de los Estados Unidos está declinando y el de China se consolida. Es una tendencia que parece irreversible”, reflexiona Porras Castejón. Exnegociador del proceso de paz en Guatemala en los años 90, Porras considera que el neoliberalismo “está próximo a la sepultura”, pero el actual escenario global evidencia una complejidad que excede a la clásica dicotomía izquierda-derecha: “Una de las primeras declaraciones de (Gabriel) Boric como presidente de Chile fue condenar la invasión a Ucrania; y una de las primeras acciones de (Gustavo) Petro fue reunirse con su rival conservador para fijar algunos acuerdos mínimos”, ejemplifica. Aunque todavía están lejos de verse las derivaciones finales de ambos virajes.
Honduras: más vueltas que idas
En sus pocos meses de gestión, Xiomara Castro tomó algunas medidas relevantes para honrar sus promesas de campaña y conservar el apoyo popular. Pero las “idas” dialécticas o sobre papeles oficiales, resultan menos numerosas y efectivas que las “vueltas” provocadas por el aplazamiento o la cancelación de su implementación real.
Por caso, se hizo efectiva la amnistía para los presos políticos encarcelados tras el derrocamiento de su esposo, Manuel Zelaya, en 2009. Pero actualmente, el Partido Libre –al que encabezan la presidenta y su cónyuge y principal asesor- y sus aliados electorales apenas concentran el 20% de la administración pública: “El resto son funcionarios del viejo régimen, del Partido Nacional, del golpismo y del sector más vinculado al narcotráfico, algunos de ellos nombrados o ratificados por este gobierno”, alerta Andino, quien subraya el creciente desagrado con el que ven este proceso muchos militantes que sufrieron prisión por su resistencia contra el golpe de Estado y la llamada “narcodictadura” posterior.
Asimismo, los doce años de hegemonía de ese sistema encarnado por Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, hoy extraditado y procesado en los Estados Unidos por cargos de tráfico de armas y drogas, dejaron una deuda externa de dimensiones imposibles de asumir para el país: alrededor de 12 mil millones de dólares, que en la práctica constituyen más del 80% del presupuesto general de la República de Honduras para 2022 (fijado en 14.805 millones de dólares). Esto, obviamente, representa el virtual vaciamiento del tesoro nacional y una profunda limitación económico-financiera.
Sin embargo, la presidencia actual tomó distancia de los modelos más progresistas de negociación ante los organismos multilaterales de crédito. Lejos de cuestionar o pedir una auditoría de tal cifra, dejó entrever incluso la posibilidad de aumentar el endeudamiento en 60 mil millones de lempiras, equivalentes a unos 1500 millones de dólares. Este hecho, lógicamente, reduce aún más el margen de acción gubernamental en la toma de decisiones estratégicas, al tiempo que incrementa la impaciencia y el descontento de la población.
“Fijar una veda minera, por ejemplo –al norte del departamento de Olancho tenemos una grave crisis por esa actividad-, era una buena decisión, pero el propio Manuel Zelaya se retractó y dijo que se aplicaría parcialmente, sólo en algunas zonas más problemáticas”, expone Andino. Alineada con este caso puntual, la política ambiental del gobierno de Castro colisiona con las expectativas de las bases que impulsaron su elección: hoy son casi cotidianas las manifestaciones de reclamo en Tegucigalpa y otros puntos del país, por parte de movimientos ambientalistas, campesinos e indígenas, que combaten la instalación y explotación inescrupulosa de empresas hidroeléctricas y mineras.
Tampoco se han cumplido otros compromisos de índole social y de género, como la autorización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), reclamo de larga data de las organizaciones feministas. Y se mantiene en stand-by la derogación de la cuestionada ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que habilita la cesión de soberanía territorial y administrativa, como beneficio para las empresas que se establezcan en determinadas regiones del país.
La presidenta hondureña firmó, en abril de este año, dos decretos que buscan desmontar las ZEDE y anular la reforma constitucional de 2013, que permitió crearlas. Pero estos documentos deben ser convalidados por la próxima legislatura, posibilidad que depende del buen manejo de dos situaciones delicadas: una es la ruptura de la alianza electoral entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH), que ahora ejerce un fluctuante rol como oposición legislativa; y, por otro lado, el fuerte financiamiento ofrecido por la USAID al gobierno, según Andino a condición de respetar “la propiedad de los empresarios, la agenda de lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y alinearse con su política internacional”. “Para mantener el equilibrio con los Estados Unidos, el gobierno de Xiomara Castro ha reafirmado sus relaciones con Taiwán, algo que no es típico de un gobierno progresista en Latinoamérica”, añade.
Limitaciones regionales
Si se toman en consideración todas estas limitaciones, resulta bastante evidente que el gobierno de Honduras –país que además alberga la base militar estadounidense más grande de América Central-, no puede tener en sus planes el hacer grandes rupturas o desafíos al poder global. Y menos aún, como se indicó al inicio, proyectarlas mediante alianzas con sus vecinos: “Las relaciones de Honduras con los demás países centroamericanos son bastante tímidas, y algo tensas con Nicaragua, a causa de unas declaraciones de Zelaya sobre el manejo de la oposición interna por parte del régimen de (Daniel) Ortega. Hay poca iniciativa para retomar la agenda centroamericanista, que ha sido una bandera del Partido Libre como supuesto movimiento de izquierda”, remarca Andino.
Por el contrario, en el tablero centroamericano las jugadas parecen resolverse según la potencia a la que cada gobierno elige aproximarse. Los Estados Unidos conservan su histórica posición dominante, pero la presencia militar rusa en Nicaragua y los lazos comerciales y estratégicos, cada vez más estrechos, de China con varios países del área, abren algunos interrogantes en cuanto a posibles tensiones futuras. “Para los chinos acercarse a Centroamérica es fundamental, porque ellos quieren construir su propio canal (interoceánico)”, señala Porras.
Hay, asimismo, dos elementos comunes a todo el subcontinente, que paradójicamente contribuyen a mantenerlo fraccionado. El primero de ellos tiene que ver con el combate a la corrupción, y el manejo discrecional que las autoridades de los Estados Unidos hacen de la llamada “Lista Engel”, como herramienta de presión y disciplinamiento. “Los norteamericanos tienen una línea, en general en Latinoamérica, de controlar los sistemas de justicia a través de banderas como la lucha anticorrupción y contra el narcotráfico. Lo interesante de esta lista es que se amplía según las necesidades, como un mecanismo de chantaje en el que ‘si te portas bien’ no apareces”, ironiza Andino, citando como ejemplo el caso de uno de los hermanos de Manuel Zelaya, mencionado en un juicio por narcotráfico de Nueva York, pero no en este documento.
El segundo de los rasgos comunes, es el incremento de los actos de violencia y amedrentamiento contra medios de comunicación y periodistas, que afecta de manera directa a la calidad democrática en estos países. La detención del presidente de ElPeriódico de Guatemala, José Rubén Zamora Marroquín, y el exilio forzado del reportero salvadoreño Bryan Avelar, son apenas dos de los hechos más resonantes y recientes. Que se suman a las múltiples denuncias por ataques a la libertad de expresión del régimen nicaragüense, y también tienen su correlato en Honduras: “Desde 2001 hasta hoy hubo 97 asesinatos de periodistas, el 85% de ellos durante los gobiernos posteriores al Golpe de Estado de 2009. Desde la asunción de Xiomara Castro tuvimos tres asesinatos, pero no veo una injerencia directa del gobierno para limitar la libertad de expresión; al contrario, se logró la derogación de la Ley Mordaza que impedía denunciar a funcionarios corruptos”, detalla Andino.
Pero sobre todo en El Salvador –donde la elevada popularidad presidencial y ciertos posicionamientos “inusuales” han movido a confusión sobre su real línea política-, las estadísticas ayudan a dimensionar la gravedad de la situación: según cifras de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las vulneraciones de derechos contra trabajadorxs de prensa en ese país crecieron de 65 a 219 en el período 2018-2021. Lo alarmante es que el principal agresor ya no es el crimen organizado sino las distintas instancias estatales, responsables del 70% de las agresiones registradas el año pasado. “El presidente Nayib Bukele ha tenido una clara narrativa de discurso de odio hacia la prensa, específicamente hacia quienes hacen periodismo independiente y de investigación a profundidad, como el periódico digital El Faro”, denuncia Angélica Cárcamo, presidenta de la APES.
La actual emergencia humanitaria derivada de la migración masiva hacia Estados Unidos, a través de Centroamérica, es otro hecho que interpela a los gobiernos de la región. Mientras las muertes y violaciones de derechos humanos se incrementan en la selva del Darién y otros puntos del camino, las soluciones oficiales no han estado a la altura de la magnitud del fenómeno. Más aún, en ciertos casos desnudan los conflictos y alineamientos puntuales, agravando la situación de fragilidad de las personas en movilidad humana. En el sur de Honduras, por caso, se hallan varadxs decenas de miles de migrantes que no reciben la atención necesaria, a raíz de que las autoridades nicaragüensesles facilitan el tránsito que el gobierno estadounidense y sus aliados locales buscan detener.
Por último, los prolongados ciclos de protestas populares vividos recientemente en Panamá, Guatemala y Nicaragua, a los que se suma la incipiente conflictividad social y política ya mencionada en Honduras, avivan cierta esperanza respecto de eventuales cambios políticos y sociales a nivel regional. El hecho de que estas manifestaciones de descontento se produzcan en países cuyos mandatarios representan derivas ideológicas muy diferentes, sólo ratifica que el tiempo de las respuestas esquemáticas –a izquierda o derecha del arco político- parece entrar en un ocaso definitivo. “Creo que se buscan caminos diferentes. Al menos en el caso guatemalteco, se está dando una cohesión social pluricultural donde la iniciativa particular pesa muchísimo y las políticas públicas muy poco. Nunca me ha gustado el término ‘pragmatismo’, pero esto quizás sería fruto de un ‘realismo’ sustentado en una realidad fáctica, ya no en ideas: encontrar canales para caminar juntos sin ir necesariamente a una confrontación”, remata Porras.
La actual emergencia humanitaria derivada de la migración masiva hacia Estados Unidos, a través de Centroamérica, es otro hecho que interpela a los gobiernos de la región. Mientras las muertes y violaciones de derechos humanos se incrementan en la selva del Darién y otros puntos del camino, las soluciones oficiales no han estado a la altura de la magnitud del fenómeno.
Este especial cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg – Ecuador
*Ela Zambrano, comunicadora y periodista-feminista (en construcción). Ha trabajado en los diarios Hoy, El Universo, El Telégrafo y el Quincenario Tintají. Actual colaboradora de La Línea de Fuego.
*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.
Fotografía principal: Tomada del Facebook oficial de Xiomara Castro.
