Mañana lunes 27 de julio, si la programada diligencia judicial no se posterga por alguna apelación jurídica como suele ocurrir en este país de juristas, la Fiscalía hará “la exhumación de mayor magnitud de la historia de Colombia”, este país de cadáveres mal enterrados y siempre por desenterrar.
Así se lo anunció al periodista Yamid Amat la directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, Caterina Heyck Puyana. El desenterramiento se hará en La Escombrera, un vasto pudridero de basuras a cielo abierto en Medellín que las autoridades llaman pudorosamente “relleno sanitario”, dentro de la afición de este país hipócrita a darles a las cosas el nombre opuesto a lo que son. Parece ser que bajo las basuras que colman el basurero reposan los cuerpos de los asesinados y los detenidos-desaparecidos hace 15 años en la famosa Operación Orión.
La famosa Operación Orión fue una larga y confusa batalla urbana que se dio en Medellín entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 para, según se dijo oficialmente entonces, “retomar” la comuna 13 de la ciudad, cuyo control se disputaban las bandas criminales del narcotráfico con las milicias urbanas de las FARC y del ELN y los grupos locales llamados Comandos Armados del Pueblo. Aunque hoy casi olvidada, la Operación Orión fue la inauguración con tambores y trompetas, helicópteros artillados y tanquetas, de la flamante “Seguridad Democrática” del presidente Álvaro Uribe Vélez, que dos meses antes había tomado por primera vez posesión de su cargo. En el asalto a la comuna, respaldado por los cañonazos de los tanques y el ametrallamiento de los helicópteros de la FAC, participaron más de 1.000 soldados de la IV Brigada que comandaba el general Mario Montoya (pronto ascendido a comandante general del Ejército y a continuación ensuciado y destituido por el escándalo de los falsos positivos, florón de infamia del ochenio uribista), así como fuerzas de la Policía y del DAS. Con la colaboración de los sicarios de la Oficina de Cobros de Envigado que había heredado del finado Pablo Escobar su lugarteniente Diego Murillo, alias Don Berna, jefe del bloque narcoparamilitar Cacique Nutibara desmovilizado bajo la generosa ley uribista de Justicia y Paz. Para los cinco días del asalto, las cifras oficiales dieron resultados modestos: 11 muertos (cuatro militares, un civil y seis “rebeldes”), 200 heridos y 243 detenidos. Ante la prensa, los habitantes de la comuna hablaron de muchos más caídos: “Ejecutados por balas perdidas”. Don Berna, en “versión libre” para la Fiscalía, calculó en unos 300 los cadáveres enterrados bajo las basuras de La Escombrera.
Desde entonces, y en particular desde que terminó el ominoso Uribato de ocho años, muchas familias de desaparecidos han pedido que se rescaten sus restos. Sin éxito. Excavar bajo los miles de toneladas de desperdicios en busca de improbables desaparecidos salía demasiado caro: entre cuatro y cinco mil millones de pesos. Solo a raíz de la emisión de un reportaje sobre el asunto en la televisión de la BBC de Londres, el 31 de diciembre pasado, se decidió ordenar la diligencia. Estaba en juego, cómo no, la sacrosanta ‘imagen’ del país.
Así que ya veremos lo que pasa mañana lunes.
Pero, entre tanto, le seguía haciendo preguntas Yamid Amat a la directora de Fiscalías Caterina Heyck:
-¿Cuántos desaparecidos nos deja la guerra?
La respuesta es espeluznante:
–Medicina Legal ha reportado 8.000; la Unidad de Víctimas, 20.000; la Dirección de Justicia Transicional, 105.000; y el Eje Temático de Desaparición Forzada de la Fiscalía, 15.000.
No sé si estas cifras se deben sumar, o si se anulan, o si se restan. Pero si se toma únicamente la más baja, la de 8.000 de Medicina Legal (que es a donde llegan los muertos que no van a los basureros ni al fondo de los ríos), ya se rebasa el número de los desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur: ese punto de referencia que usa el expresidente Uribe Vélez para negar que en Colombia haya existido conflicto armado. Y si hablo aquí de Uribe es porque la cruenta Operación Orión fue iniciativa suya.
Añade Caterina Heyck:
–Muchos casos no han sido reportados.
Y precisa –o, más bien, se abstiene de precisar–:
–No se sabe cuántos cementerios clandestinos hay.
¿Y de qué van a servir estas investigaciones, estas denuncias? Al cabo de 50 años de conflicto sangriento, niéguenlo o no sus protagonistas, no puede haber castigo para los responsables: intentarlo conduciría a otra guerra. Pero está bien que los muertos, inocentes o culpables, no sigan escondidos bajo la basura.
Fuente: http://www.semana.com/opinion/articulo/antonio-caballero-sobre-tumbas-sin-heroes/436043-3