CONSULTA, CAMBIO Y COHERENCIA PROGRAMÁTICA
Fander Falconí
En enero de 2007, el gobierno encabezado por el Presidente Rafael Correa asumió la Presidencia de la República del Ecuador. Es necesario hacer un breve balance en materia de política pública y política internacional. Antes, el sistema político estaba agotado. Hubo gobiernos débiles, derrocamientos sucesivos, carencia de institucionalidad e ingobernabilidad, crisis económica recurrente. Hubo seis presidentes de la República en apenas una década, sin contar con los autoproclamados. El país tenía un Congreso fragmentado y desprestigiado. Una Corte Suprema que era el resultado de negociaciones y de su captura por parte de los grupos de poder político y económico. Había una crisis del régimen político, tanto de gobernabilidad e institucional, como del sistema de partidos políticos. Todo esto minó en su esencia la confianza de los ecuatorianos en el sistema democrático y en sus representantes, y precipitó el fin del régimen político y del sistema de partidos, que se ha dado en llamar «partidocracia».
Esta falta de vigor y de cohesión en lo interno proyectó relaciones internacionales caracterizadas por la incapacidad para sostener en el tiempo políticas de Estado; por la debilidad para negociar atávicas disputas limítrofes provocadas por intereses distintos a los nacionales; por una política comercial errática y supeditada a intereses específicos, pero que se arrogaban la vocería del bien común; por constantes tropiezos en el proceso de integración latinoamericana; e, incluso, por oscuras negociaciones a espaldas del honor nacional, como la entrega de la base de Manta a una potencia extranjera y como los tratados de libre comercio, que buscaban perpetuar una relación injusta en la división internacional del trabajo.
Uno de los ejes fundamentales de Alianza País, el movimiento que aupó a la Presidencia, al entonces candidato Rafael Correa, fue su renovadora propuesta en política pública y en política internacional. En efecto, el «Plan de Gobierno 2007- 2011» (Alianza País, 2006) trazó cinco ejes programáticos: revolución constitucional y democrática; revolución ética (combate frontal a la corrupción); revolución económica y productiva; revolución educativa y de salud; y revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana.
Ahora, hay una nueva correlación de fuerzas políticas. Por primera vez, desde el retorno a la democracia en 1979, se tomó distancia con los grupos oligárquicos. Hay una nueva estrategia de desarrollo alejada del canon económico ortodoxo, del dogma neoliberal, democrática, incluyente. Se ha recuperado la capacidad de planificación, regulación y distribución que debe tener un Estado moderno. Por primera vez, en muchos años, el país cuenta con un Plan Nacional para el Buen Vivir. Estos instrumentos programáticos buscan romper con la inercia de la política pública de los anteriores gobiernos. Generar quiebres en el ámbito de las estrategias, de las políticas, las metas y los programas específicos. Hay coincidencia que hay logros fundamentales en haber destinado el ahorro nacional a la consecución de inversión pública prioritaria en los campos de educación, salud e infraestructura productiva y energética fundamental.
En este proceso, la discusión y aprobación de la nueva Constitución, en septiembre de 2008, marcó el clímax del proceso político en estos cuatro años.
La Constitución, aprobada en forma mayoritaria por el voto popular, contiene las líneas maestras de un proyecto colectivo con que la sociedad ecuatoriana quiere conducirse a sí misma, hacia un nuevo momento histórico. La Constitución ecuatoriana contiene principios claros como el deber del Estado de promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir. La Carta Magna establece que la naturaleza es sujeta de derechos. Esto implica que la naturaleza tiene derecho a que se respete en forma integral su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La aprobación de la Constitución más «verde» del planeta, le ha permitido al Ecuador sustentar propuestas ambientales de alcance global como las del Yasuní-ITT. En efecto, Ecuador ha planteado una novedosa propuesta para combatir el mayor desastre de la historia humana, el cambio climático, como es la Iniciativa Yasuní-ITT. La iniciativa consiste en no explotar petróleo en una porción del parque Nacional Yasuní —una de las zonas de mayor diversidad en el mundo y donde además existen pueblos en aislamiento voluntario—, en la Amazonía, a cambio de recibir una corresponsabilidad internacional.
El afianzamiento de un Estado democrático y plurinacional para el Buen Vivir, es el reto. Este desafío pasa por resolver en forma democrática un conjunto de nudos gordianos que impiden alcanzar el Buen Vivir. El referéndum constitucional y la consulta popular convocadas por el Presidente de la República contienen temas fundamentales que buscan destrabar el funcionamiento del sistema de justicia, y consolidar derechos sociales y ambientales. Por ejemplo, la pregunta 3 del referéndum, relacionada con la prohibición de que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, busca evitar las relaciones incestuosas entre banqueros, medios de comunicación y el poder. En Ecuador, la mayor muestra de «populismo económico» ha sido la transferencia de los ingresos estatales a los grupos de poder, lo cual se dio en el régimen político anterior, y cuyos casos más emblemáticos fueron la «sucretización» de las deudas privadas (gobierno de Osvaldo Hurtado y luego profundizado en el mandato de León Febres Cordero) y el salvataje bancario, ocurrido durante la fugaz presidencia de Jamil Mahuad. Estos conflictos de intereses provocaron que toda la sociedad asuma la deuda de unos pocos.
La pregunta 3 de la consulta popular, vinculada con la prohibición de los espectáculos públicos donde se mate animales, es importante para garantizar los derechos de la naturaleza. El crecimiento económico es preferible al estancamiento, pero la posibilidad de contar con ingresos adicionales no garantiza que éstos se transformen en desarrollo humano, o en instrumentos adecuados para romper con las inequidades sociales de carácter distributivo. La Constitución ecuatoriana prioriza una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, lo que rebasa en forma amplia las discusiones habituales sobre crecimiento económico e incluso sobre desarrollo. Si somos coherentes con la constitución más «verde» del planeta, entonces tendríamos que hacer una reafirmación de este derecho básico. Cabe decir que no se prohíbe la fiesta de los toros, sino la muerte de un animal, que por cierto es hermoso.
En cuanto a la justicia, ahora está hecha para garantizar la impunidad. Si la justicia no funciona, los pobres son los que tienen que pagar los costos; los ricos tienen mayores posibilidades de acceso al sistema judicial. La Revolución por la Justicia debió hacerse en el momento culminante del proceso fundacional, en Montecristi. Ahora hay que proseguir: lo que empezó bien tiene que terminar bien. La formalidad de la división funcional del Estado heredada del Barón de Montesquieu y los liberales ya fue cuestionada en la Constitución ecuatoriana que no tiene tres poderes, sino cinco. La división de funciones del Estado en el Ecuador era tan solo formal (eso se expresó en las tanquetas en la Corte Suprema en la época de Febres Cordero y en la pichicorte en el gobierno de Lucio Gutiérrez). Una revolución produce funciones independientes. Trasciende lo formal, va a lo sustantivo.
Los responsables de la función judicial no acompañaron este proceso, y ahora hay que corregir y solventar el rezago. Fue un error confiar en que los propios administradores de la justicia podían realizar los cambios. Hay que hacerlo desde fuera del sistema. Es clamor ciudadano.
La administración de justicia tiene que ser eficiente y transparente. Tiene que consagrar el derecho de un nuevo régimen de desarrollo más igualitario. Esto está en el plan de gobierno de Alianza País, es un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, y luego del Plan Nacional del Buen Vivir (específicamente el objetivo 9: «garantizar la vigencia de los derechos y de la justicia»). Y en la convención nacional del Movimiento País, en Guayaquil, en noviembre del 2010, se decidió pasar de 5 a 7 revoluciones, con énfasis en la revolución ecológica y al sistema de justicia. Entonces, hay coherencia programática. Un cambio social sólo podrá ser alcanzado cuando se cumplan objetivos como la despolitización de la Función Judicial, la profesionalización de jueces, juezas y funcionarios judiciales, la celeridad procesal inmediata, el fácil acceso a la justicia, entre otros.
El referéndum y la consulta popular son un paso adicional en el proceso de cambio, cuyo reto es profundizar su agenda iniciada en el 2006: soberanía, revolución política, descorporativización del Estado, democratización del acceso a los servicios sociales, fortalecimiento de los sectores estratégicos. En suma, alcanzar el Buen Vivir.
*Tomado de la publicación Alianza PAIS y la consulta popular
