13-09-17
En el año 2007 un 82,7% de los ecuatorianos aprobaron la convocatoria a una Asamblea Constituyente con la esperanza de dar vuelta a las amargas páginas del neoliberalismo. El producto de este proceso fue la aprobación, mediante referéndum, de la Constitución de Montecristi con el apoyo del 63,93% de votantes.
El nuevo marco legal representó un imaginario colectivo anti neoliberal de las masas en el Ecuador, la pérdida del peso específico de los sectores tradicionales que históricamente habían gobernado y una trascendente movilización social que se impuso por encima de las órdenes de Correa que pretendió proscribir algunos derechos .
La otrora Carta Magna calificada como “un canto a la vida, que duraría al menos 300 años”, pronto se constituyó en un obstáculo para el correísmo que la sojuzgó por debajo de sus intereses. Así en sólo 3 años, después de aquel 2008, la Constitución fue diseccionada “para meterle mano a la justicia” como confesó el ex presidente Correa, aunque el propósito central fue lograr la sumisión de la función judicial al viejo estilo del difunto Febres Cordero.
Pero el control de los órganos de justicia no fue lo único que logró el anterior régimen, detrás del discurso de defensa de una inexistente revolución sedujeron a la antigua partidocracia y a la emergente burguesía, enriquecida en la década anterior, para corporativizar el Estado en favor del partido oficialista. Esa fue la fórmula sumatoria de la razón utilitaria y de falsas lealtades construidas por el caudillo ahora ausente.
Es esa correización del Estado una especie de autocracia, “forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley” (RAE, 2017), que ahora implosiona por la corrupción sistemática permitida y compartida por los principales de las instituciones de control, quienes se beneficiaron de grotescos concursos organizados desde Carondelet para premiar a modernos esclavos del dinero y el poder.
Esa implosión tiene la dimensión de una crisis política e institucional capitalista en la que recrudecen las contradicciones entre el pueblo y el correísmo, pero también las pugnas interburguesas que desenlazarán cambios en el Estado burgués.
Esos conflictos son evidentes al momento de pasar revista a las propuestas de consulta popular presentadas por cada sector político en el Ecuador, así:
El correísmo formalmente por un lado dice sí a la consulta, pero se opone que el pueblo decida sobre temas fundamentales, para ello utiliza el argumento que no pueden ser regresivos los derechos, mientras amenaza con la convocatoria a la muerte cruzada que significaría la cesación de funciones del binomio presidencial y de todos los asambleístas, además del desarrollo inmediato de elecciones. Esta política evidencia la naturaleza antidemocrática de Alianza País y las continuas fricciones en su relación con el Licenciado Moreno. ¿Acaso por encima de los derechos están los intereses de Rafael que sueña con mantener el poder político, desde el ático de Bruselas, de las instituciones del Estado?
La otra derecha, la tradicional, pretende sacar ventaja de la crisis política actual, las facciones oligárquicas apuestan a que el escenario de las contradicciones interburguesas les permita reposicionarse no sólo para recuperar su influencia en la institucionalidad capitalista, sino pretenden contrabandear algunas preguntas dentro de la consulta (flexibilización laboral, la administración del dinero electrónico, eliminación de subsidios, privatizaciones, etc.) con el propósito de descargar la crisis sobre los bolsillos de la juventud, los trabajadores y los pueblos.
Las organizaciones sociales, populares y políticas vinculadas a la izquierda constituyen otra de las alternativas de consulta popular. Originalmente de su seno surgió la iniciativa de demandar su convocatoria, para convertirla en un plebiscito que juzgue la década de fracaso económico, autoritarismo y corrupción del correísmo. Las preguntas que presentaron para el escrutinio público tienen relación a: la extinción de dominio de los bienes de los corruptos, la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la cesación de funciones de las autoridades de justicia y control del Estado , la vigencia de la Ley de Comunicación, la derogatoria de las enmiendas anticonstitucionales del año 2015 (reelección indefinida de las autoridades de elección popular y políticas antilaborales).
Esta disputa sobre el tipo de orientación que tome la consulta popular es la expresión genuina de la lucha de clases en el Ecuador, es una manifestación de opiniones contrarias y contradictorias que ponen al debate las visiones de cómo solucionar la crisis política y fiscal que arrastra el Ecuador; en definitiva se trata de un momento político en el país del cual parirá una nueva correlación de fuerzas en la que el correísmo perderá hegemonía después de un decenio.
Ese debate trasciende las instituciones estatales y la academia, pues no se trata de un asunto de políticos o especialistas. La descorreización supone la democratización relativa de la sociedad, por lo que urge que el movimiento social y popular ecuatoriano tome postura por una consulta popular progresista, en su forma y contenidos, que se derivará de la movilización callejera.
La decisión política final depende del Licenciado Moreno, las preguntas que se planteen son de su absoluta responsabilidad y desnudará su naturaleza ideológica vinculada con determinada tendencia política.
Está próximo el momento de develar del mito de la caverna morenista, cualquiera sea su decisión esta coyuntura socavó más los podridos cimientos de un sistema que requiere transformarse.
