Coyuntura del movimiento de mujeres en Ecuador: CUERPOS, TERRITORIOS Y SOBERANÍAS. por Paulina Ponce C.*

Coyuntura del movimiento de mujeres en Ecuador

CUERPOS, TERRITORIOS Y SOBERANÍAS*

 Paulina Ponce C.* Lalineadefuego <www.lalineadefuego.info>

Hacer una fotografía escrita del movimiento de mujeres del Ecuador es complejo, sobre todo por la diversidad de acciones y enfoques que matizan el trabajo, pensamiento y movilización de las mujeres en nuestro país. Pero en la coyuntura actual hay un tema de fondo que es central para las mujeres ecuatorianas: la opresión de las estructuras económicas y políticas de poder, analizada desde la perspectiva del cuerpo. Esta opresión no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es la forma de analizarla. Analizarla desde las formas y matices dentro de un escenario jurídico-institucional distinto (nueva Constitución y reforma del Estado), así como las visiones y lecturas venidas desde las mujeres de barrios, comunidades y organizaciones.

 Y en este escenario nuevo el cuerpo es el primer territorio. Así porque todo un sistema de opresión, que empieza desde el cuerpo femenino, está encaminado al mantenimiento de un sistema social (patriarcado) y económico (capitalista) que discrimina contra las mujeres. Tanto dentro del capitalismo, en cuanto medio de producción, así como el patriarcado, como modo de reproducción social, opera un sistema que eleva a los hombres por sobre las mujeres. El uno en la dimensión material y el otro a nivel de la relación personal y social entre ellos y ellas.

 Y por eso, desde el territorio que es el cuerpo, las mujeres están planteando reflexiones, debates y propuestas con un contenido profundizado y radical. Propuestas que desafían el estatus quo respecto al derecho a decidir, la despenalización del aborto, el reconocimiento de identidades sexuales, acceso a salud sexual y reproductiva, reconocimiento de la unión de hecho y matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros.

 “El control de los cuerpos y la decisión sobre ellos han sido utilizados para mantener subyugadas a las personas y conservar el orden mundial y sus poderes de hecho y derecho” dice una publicación de la Fundación Colectivo Luna Creciente.[i] Las mujeres debemos ser  conscientes del cuerpo, es la base material de la existencia, entendido no solo desde lo físico. El cuerpo es el que vive, el que siente, el que crea los placeres, transcurre los afectos y acumula la experiencia. Desde el control de la sexualidad opera la dominación y va marcando roles específicos de género, etnia y clase.  Vivir el cuerpo supone deconstruir estos roles.

 En una apuesta ideológica y política frente a un sistema de opresión, las mujeres proponen las soberanías; la primera, del cuerpo, porque es el territorio más próximo. Pero hay otras soberanías sobre las que también se trabaja y se demanda, como son la económica y la política, y esto frente al Estado, la izquierda, la sociedad.

 Dice Alejandra Santillana de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas “…persiste una noción de articulación que vuelve a subordinar las propuestas y demandas de las mujeres. Esta izquierda no reconoce y discute políticamente el trabajo de las mujeres en las diversas esferas de la vida, productiva y reproductiva, cultural y de cuidado de la naturaleza, y en el sostenimiento del resto de trabajos y economías a partir de ese conjunto de trabajos; ni tampoco la opresión sexual como elemento central en la estructura de dominación del país. Es una izquierda que es capaz de reconocer que las condiciones objetivas de explotación y dominación están en la estructura de clases y en la colonialidad y el racismo, pero que todavía no incorpora la opresión sexual a este camino de transformación.

 La gran deuda histórica con las mujeres de los sectores populares persiste, y nuestra tarea como organizaciones es doble: transformar el Estado y contrarrestar el actual modelo capitalista patriarcal colonial y conservador impulsado por la Revolución Ciudadana y disputar el espacio de la izquierda, para enriquecer la propuesta programática y los principios con los que queremos caminar este otro país.”[ii]

 Pero en un momento donde la categoría género es apropiada por instituciones, organizaciones no gubernamentales y la institucionalidad internacional, pareciera que género esté por fuera de la propuesta feminista. El tema de género sirve para elaborar planes y presupuestos, pero queda en el olvido cuando se trata de hablar e incidir en el patriarcado o la estructura capitalista patriarcal.

 Dice la abogada estadounidense Catharine MacKinnon[iii]:

 “(el feminismo) tiene una teoría del poder: la sexualidad está determinada por el género y el género por la sexualidad. Lo masculino y lo femenino se crean a través de la erotización de la dominación y la sumisión. La diferencia entre hombres y mujeres y la dinámica de la dominación/sumisión se definen mutuamente. Este es el significado social del sexo y la explicación distintamente feminista de la desigualdad de género.”[iv]

Cobrar esa deuda histórica implica un camino largo e intenso y el trabajo de las mujeres, por lo tanto, se despliega por necesidad en varios frentes.  El auto-reconocimiento como feministas de las mujeres vinculadas a procesos organizativos, por ejemplo, representa un hito importante y prometedor.

 No obstante, existen obstáculos. Para algunas mujeres el movimiento ha perdido fuerza luego de la movilización que logró el reconocimiento de derechos en el texto constitucional. Si bien hay organizaciones de mujeres trabajando a nivel regional, con articulación a nivel local (varias de ellas críticas con el gobierno del Presidente Rafael Correa), y si bien se han registrado acciones e incidencias puntuales, con su correspondiente importancia, estas no han tenido el mismo impacto a nivel nacional que tuvo la movilización del 2008.

 EL MOVIMIENTO DE MUJERES ANTES Y DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN

 El proceso de debate alrededor de la Constitución de Montecristi representó un punto alto para el movimiento. Al igual que otros colectivos, durante el 2007 y 2008 había momentos previos de trabajo antes de llegar a la Asamblea Constituyente.  Así las mujeres pasaron de una instancia de “autoconvocadas” a una reunión ‘Preconstituyente’ realizada en Riobamba. Allí el ex Consejo Nacional de las Mujeres – CONAMU – tuvo un liderazgo importante en promover la participación, logrando que en varios momentos el movimiento se articulara pese a dificultades que atravesó la institucionalidad.

 Y fue en la Preconstituyente donde se consensó un documento con las principales demandas, que luego se convirtió en la agenda del movimiento, y su bandera de lucha hacia la Constituyente. Pero hubo vacíos. En el documento no fueron incluidas todas las demandas venidas desde el abanico de organizaciones, y las mujeres indígenas, por ejemplo, decidieron elaborar una propuesta propia desde la identidad. Al mismo tiempo las feministas jóvenes y más radicales posicionaron desde sus espacios la soberanía del cuerpo, haciendo demandas sobre identidades sexuales y el derecho a decidir.

 Críticas fueron dirigidas también hacia el ex CONAMU.  Fueron cuestionadas tanto las formas de representación como la incorporación de los temas centrales de debate en la agenda de incidencia en la Asamblea. Sin embargo, la situación no fue fácil. Por un lado, una disposición presidencial negó la participación de las instituciones públicas en el proceso de la Asamblea Constituyente, y por otra había declaraciones del Presidente de la República contrarias a varios planteamientos de las mujeres.

 En el proceso las mujeres también se toparon con expresiones de un estado patriarcal y una sociedad patriarcal en todos sus espacios. La publicación “Mujeres a media tinta” del ex CONAMU – un análisis de medios impresos entre marzo y agosto del 2008 – puso en evidencia como los medios de comunicación, y instituciones aliadas, volcaron sus dardos contra sus propuestas. El informe mostró que de 1039 notas periodísticas analizadas, el 29% – es decir 299 – se refirieron al aborto, ocupando este tema el primer lugar en el tratamiento periodístico[v]. Pero las notas no tomaron en cuenta ningún argumento de derechos. Se concentraron principalmente en el discurso de la iglesia católica y grupos conservadores que posicionaron tesis como la fe, el miedo, los valores cristianos o simplemente cuerpos ensangrentados para oponerse al aborto. De hecho, este y otros temas relacionados con las mujeres fueron un punto de ruptura al interior del bloque de Alianza País tanto dentro como fuera de la Asamblea.

 Que se lograron avances en la Constitución en materia de derechos no queda en duda. Pero aquí un grave problema, y es que mucho queda para la interpretación y en manos, generalmente, del oficialismo. Y si bien la nueva carta magna reconoce y define una participación de las organizaciones sociales, es otra la participación que hace falta en estos momentos. Se necesita sobre todo una intervención que demanda desde las organizaciones y la sociedad civil, y marca prioridades y agendas frente al gobierno y al Estado ecuatoriano. Es la única forma de enfrentar una participación gubernamental debilitada por las estructuras patriarcales.

 “La participación de las mujeres es fundamental para aterrizar los derechos vigentes en la Constitución y en las leyes”  dice Pamela Quishpe, activista por los derechos de las mujeres “En general la presencia de las mujeres en espacios de decisión y gobierno ha incrementado, pero es necesario hacer un seguimiento de cómo se van conformado las instituciones a todos los niveles y cómo se van formulando las leyes.”

 Institucionalidad de género, Ley de Igualdad y Consejos de Igualdad

 En el caso ecuatoriano consolidar una institucionalidad de género significó un logro del movimiento de mujeres, y hasta un cierto interés del Estado en sus demandas. Por desgracia, ese interés tomó la forma de asistencialismo y no fue concebido desde un reconocimiento y garantía amplia de derechos. Por ejemplo, desde su creación en 1997 el CONAMU enfrentó la desigualdad en su práctica cotidiana, en aspectos políticos y presupuestarios, debido a una estructura institucional más amplia que excluye antes incluye a las mujeres.

 El 25 de mayo de 2009 la CONAMU fue reemplazada por la Comisión de Transición para la definición de una institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres[vi]. El hecho fue sumamente desconcertante. Pese a que se propuso una transformación institucional hacia lo que plantea la Constitución, es decir hacia los Consejos de Igualdad, queda para el cuestionamiento por qué esta transición institucional se aplicó solo en el caso de las mujeres, pues el resto de consejos, como el Consejo Nacional de la Niñez, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, entre otros, continúan trabajando bajo la misma figura institucional. Al poner en transición a la institucionalidad de las mujeres se le restó fuerza y posibilidad de incidencia dentro del Estado.

 La Comisión de Transición, ya en funciones, también ha sido muy cuestionada desde las organizaciones de mujeres por ser en un ente apartado de éstas. Es cierto que la Comisión ha trabajado actividades e investigaciones puntuales, pero no ha avanzado en cambios y reformas estructurales, que fue precisamente la crítica que se hizo a su predecesora, el CONAMU. Por citar un tema, la Comisión elaboró una propuesta de Ley de Igualdad sin la participación de las organizaciones; propuesta que fue aceptada por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, a su tercera presentación. En todo caso en la Asamblea se ha visto la necesidad de discutir primero la Ley de Consejos de Igualdad[vii], ya que para viabilizar el trabajo de los grupos de atención prioritaria se necesita primero definir la institución, sus funciones y competencias. Pero aquí la historia es igual, hasta el momento ninguna de las dos leyes ha sido aprobada.

 La Comisión de Transición también está operando con tiempo prestado. De acuerdo al decreto presidencial debió durar un año, pero la transición aún no termina y peso a ello se han legitimado decisiones del Estado a través de esta instancia, con una participación insuficiente y lejana de las verdaderas necesidades de las mujeres.

 Hay que acelerar el proceso. Es urgente, pese a la coyuntura electoral, que se agiliten los procedimientos legislativos para contar con leyes que viabilicen una institucionalidad de género, operativa y sintonizada con las prioridades de las mujeres, que pueda incidir en el cambio de las prácticas institucionales de exclusión de género.

LA NECESIDAD DE LA INCIDENCIA

 En el ámbito legal la incidencia es claramente un desafío. En el texto constitucional se incorporó la mayoría de propuestas de la Preconstituyente, pero hay un trabajo pendiente para asegurar que la garantía de derechos de la carta magna  aterrice en las leyes.

 Y la participación de las mujeres en la formulación de leyes ha sido dispersa. Poca articulación, falta de organización y representación colectiva a nivel nacional y débiles acuerdos políticos han reducido la presencia de las mujeres e inhibido su capacidad para incidir en la formulación de los 61 cuerpos normativos, entre orgánicos y reformativos, que ha desarrollado la Asamblea Nacional, sin hablar de la implementación de políticas públicas.

 Paradójicamente, en un campo donde en teoría se privilegia la participación, la competitividad ha impuesto su propia lógica. Muchas organizaciones de mujeres, al igual que en otros sectores sociales, dependen o del estado o de la cooperación internacional para llevar a cabo sus agendas. Depender del estado tiene riesgos evidentes pero la caída en el nivel de la cooperación internacional debido a la crisis económica, ha debilitado muchas organizaciones sociales. El resultado es una competencia entre organizaciones para asegurar su capacidad de  intervención, con consecuencias para la articulación de agendas. El problema es viejo, pero en el contexto actual en el que los fondos de la cooperación están filtrados también por el Estado, la falta de colaboración se exacerba. Sin duda el escenario es fortuito para un gobierno que pretende ser el todo para todos, pero resulta muy complicado para los movimientos sociales y su capacidad de presión.  

 Para enredar la situación, esta suerte de debilitamiento nacional se da en un contexto de una participación definida en los papeles y debilitada en la práctica por los sucesivos cuestionamientos, e incluso criminalización de la protesta social. No obstante, dispersa o en debilitamiento no significa una ausencia de organización y participación de las mujeres o una falta de propuestas y demandas de cara no solo al Estado sino también a otros movimientos sociales.

 Las mujeres y la marcha indígena de marzo de 2012

 En los años posteriores a la Constitución las mujeres se han vinculado a otros movimientos sociales para exigir esas demandas. La marcha de finales de marzo de este año, convocada principalmente por el movimiento indígena, proporcionó la mejor oportunidad desde la Asamblea Constituyente para visibilizar las propuestas de las mujeres a nivel nacional. Varias de las exigencias se incluyeron en la agenda de 19 puntos elaborados por las organizaciones sociales, esto gracias al trabajo de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, AMPDE, organizaciones de mujeres indígenas y campesinas y las ecologistas.   

 Los puntos recogidos en el mandato popular presentado por las/las participantes en la marcha incluyeron: acceso a la tierra con titularización de las mismas, acceso al agua, economía del cuidado y jubilación de las mujeres a los 25 años etc. Pero fueron centrales las demandas relacionadas con el cuerpo que, resumidas en el punto 13, pidieron:

 “Respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la soberanía de los cuerpos y la identidad sexual. Abolición de la penalización de los derechos sexuales y reproductivos y la inmediata tipificación del femicidio. Adopción de medidas legislativas y políticas públicas necesarias para garantizar la plena garantía de la soberanía de los cuerpos y la identidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de mujeres y hombres y una institucionalidad de género paritaria, para la consecución de una vida libre de violencias y el acceso a las justicias con igualdad de condiciones.”

  Derechos sexuales y derechos reproductivos

 La inclusión de este punto, sin embargo, no fue gratuita. Se debe a un intenso trabajo sobre los derechos sexuales y reproductivos realizado durante los últimos años. La Coalición por la Despenalización del Aborto, por su parte, marcó un serio cuestionamiento a las autoridades nacionales:

 “Lo que está en discusión, realmente, es si las mujeres vamos a seguir viviendo confundidas bajo el control moral y administrativo de unos sistemas educativo, legal y de salud diseñados para dirigir nuestros destinos, independientemente de nuestros deseos y criterios, o si vamos a tener acceso a toda la información existente en términos de opinión, anticoncepción e interrupción oportuna y segura del embarazo, y a los servicios adecuados, para ejercer nuestro derecho a decidir como personas inteligentes que somos.

Aquí, lo que está en debate es si cada mujer cuya opción sea abortar va a ser humanamente lastimada y socialmente castigada, o no. Nosotras defendemos la dignidad de la vida, incluida la de las mujeres.

Nosotras hablamos de una dignidad expropiada a la gran mayoría de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas de este país, estos sí nacidos y crecidos, en esta sociedad que tiene entre sus elites autoproclamadas Pro-vida un buen ejemplo de la hipocresía de vivir la opulencia entre la miseria, la doble moral de mirar en los niños empobrecidos de estas calles pequeños delincuentes, mientras atraviesan la ciudad en autos de lujo desde casas resguardadas por guardias privados para llegar a las manifestaciones anti-aborto.”[viii]

 La Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género también ha jugado un papel importante en el debate a través de sus publicaciones. Entre ellas[ix] se destaca una investigación sobre la difusión y demanda de la PAE (Píldora de Anticoncepción de Emergencia)[x], que puso en manifiesto tanto de la demanda como la falta de acceso a la misma. Al mismo tiempo, una segunda publicación, “Yo también decidí abortar”, recogió testimonios de mujeres que pasaron por un aborto y los hombres que las acompañaron, con el objetivo de terminar con el silencio que ha encubierto el tema del aborto en todas las esferas de la vida.

 El silencio reina pero las cifras cuentan una historia no oficial escalofriante. Según datos del Ministerio de Salud en el 2009 veinte cinco mil mujeres (25.000) fueron hospitalizados debido a problemas resultados de abortos mal hechos. Al mismo tiempo, de acuerdo a la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género se estima que un 17,55% de adolescentes mujeres menores de 15 años se ha practicado un aborto en el país, y la incidencia de abortos en Ecuador sería el triple de los egresos hospitalarios.  

 El debate no es nuevo, y sigue mientras las mujeres mueren. Por tanto en junio del 2008 el colectivo Salud Mujeres lanzó la línea de aborto seguro. El objetivo fue proveer información gratuita, oportuna y científica acerca de cómo interrumpir un embarazo con medicamentos de manera segura, así poniendo en discusión y visibilizando  los riesgos a la salud y la vida que enfrentan las mujeres frente a una decisión de abortar.

 Las opiniones de las católicas y los católicos también han entrado en el debate. En un sondeo de opiniones y percepciones sobre el derecho a decidir realizado por la organización ‘Católicas por el Derecho a Decidir’ en el 2011, se obtuvo los siguientes resultados: La decisión de interrumpir un embarazo le corresponde a la mujer fue respaldado por un 42.4%, mientras ‘la interrupción del embarazo es factible cuando la vida de la madre está en peligro’ por un 33.7%. Al mismo tiempo, el principio de que las mujeres que abortan no deben ir a la cárcel obtuvo el apoyo del 68.3%.

 La marcha de las putas

 El 10 de marzo del 2012 se realizó por primera vez en Quito un importante de movilización de mujeres. Con discursos fuertes y cuestionadores a la sociedad, sus pensamientos, prácticas violentas y discriminatorias contra las mujeres y las diversidades, se instaló la Marcha de las putas.  

 Nacida en Canadá como protesta frente a comentarios machistas de un policía, quien recurrió al viejo argumento de poner la responsabilidad de la violencia sexual a la vestimenta de las mujeres, la marcha en Quito sirvió para cuestionar leyes y prácticas sociales que van en contra de los derechos de las mujeres, atentando contra su salud y hasta su vida.  Varios colectivos feministas y transfeministas plantearon la lucha contra la violencia sexual y de género desde una postura política y estética de re-apropiación y re-significación del insulto, dando así diferentes sentidos al término puta.

 El manifiesto que salió del evento representa otra etapa en la lucha para los derechos. El texto pone en evidencia la presión y descalificación social frente a actitudes de insumisión, vivencia del placer y autonomía femenina, especialmente la relacionada con la vida sexual. También denuncia la represión de las y los trans que asumen expresiones de género diversas, así como la represión que sufren las trabajadoras sexuales. Finalmente rechaza “la justificación familiar, social, policial, judicial y mediática de la violencia sexual y de género como auto provocada por las actitudes y estéticas de insumisión femenina.”[xi]

 Las acciones no terminaron allí. El jueves 14 de junio se presentó el video “La historia de una, la historia de todas” en la Universidad Andina Simón Bolívar. Elaborado por el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y donde participaron Juana Guarderas, Dayllana Passailaigue, Silvia Buendia y Jazmín Mosquera, el audiovisual cuestiona pensamientos y actitudes de la sociedad frente a las mujeres que abortan.

 Según Sarahí Maldonado panelista quien intervino luego de la proyección: “no queremos que se patologicen las decisiones de las mujeres” e insistió que más allá de las leyes, la religión, la sociedad y la cultura las mujeres siguen enfrentando abortos, “suceden en nuestro país cada cuatro minutos. El aborto es un tema de injusticia social, es responsabilidad del Estado y la sociedad también.”

 Virgina Gómez, médica y activista por los derechos sexuales y reproductivos, añadió: “yo no me resigno a pensar que alguien más que yo pueda opinar y decidir por una parte de mi cuerpo, que pueda decidir sobre mi útero; ni la iglesia, ni el Estado, ni los hombres, ni otras mujeres.”

POLÍTICAS PÚBLICAS

 Al parecer, esta fuerte lucha de las organizaciones ha logrado cierto impacto en el gobierno nacional. La puesta en marcha de políticas públicas como la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes – ENIPLA y el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia son evidencia de movimiento. Las dos estrategias buscan una respuesta frente a problemas como los altos índices de embarazo en adolescentes, el elevado número de embarazos no planificados, sobre todo en los sectores de mayor pobreza y menor educación y la violencia contra las mujeres.

 En el caso de ENIPLA se recoge la demanda de servicios públicos de salud que den atención puntualmente a la salud sexual y salud reproductiva para las mujeres, así como el acceso a métodos anticonceptivos la ENIPLA, por otro lado, trabaja en la transformación de patrones socioculturales, base de relaciones de poder inequitativas y en abordar un concepto de salud hacia la prevención y promoción. Por desgracia como en otros casos similares el proceso que todavía no despunta.

 A menos de un año de implementación de ENIPLA se ven algunos resultados. Se han adecuado y equipado 100 espacios para atención integral a adolescentes y jóvenes en 75 centros de salud y 25 hospitales básicos a nivel nacional: se han con tratado personal (médicos y psicólogos) para 13 espacios de atención a adolescentes y 15 salas de primera acogida que atienden en emergencia a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, y hasta la fecha se han atendido aproximadamente 5.000 casos.

 Son claros avances, pero hace falta fortalecer el trabajo intersectorial y acelerar los procesos administrativos y de asignación presupuestaria. Por ejemplo, si bien el Presidente de la República anunció la implementación de ENIPLA en febrero de 2011, la aprobación de la planificación y el desembolso de recursos solo se dieron en septiembre del mismo año. En todas estas políticas será crucial que la sociedad civil exija que se realice una rendición de cuentas tanto financiera como técnica, lo que hasta ahora no se ha evidenciado.

 En el caso de servicios de salud sexual y reproductiva, en las comunidades todavía falta acceso suficiente a información, métodos anticonceptivos, insumos y médicos. Existen también dificultades en el desempeño de las y los prestadores de salud; los cambios de patrones socioculturales son fundamentales en estos actores estatales. 

 Son precisamente factores como la falta de información y la vigencia de imaginarios equivocados sobre la sexualidad la causa de que actualmente en Ecuador 172 de cada 1.000 (el 17.2 %) adolescentes de 15 a 19 años sean madres. Es una tasa inaceptable. Así también, de acuerdo al último censo nacional, el 37% de mujeres aceptó que habría querido postergar por más tiempo su embarazo.[xii]

 Un hecho importante que incide en estos datos es que, pese al carácter laico del estado ecuatoriano, la iglesia católica no ha dejado de manifestarse en contra de estas políticas públicas. La intervención de la iglesia católica y de grupos conservadores es uno de los principales obstáculos para que el Estado dé respuestas oportunas y garantice la salud y vida de las mujeres.

 Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

 La violencia es el tema donde más se pone de manifiesto cómo la cultura y las estructuras de poder marcan la vida de las mujeres. 

 La violencia es una práctica que sobrevive por la vigencia de los patrones socioculturales en las personas, especialmente los hombres. Los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres demuestran claramente hasta qué punto leyes y mecanismos institucionales han fracasado en su intento de erradicar la violencia contra las mujeres.

 La encuesta, aplicada entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2011, presentó, entre otros datos, que a nivel nacional 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género (el 60,6%).  Respecto a la clase de violencia, si bien 1 de cada 4 mujeres ha vivido la violencia sexual (25,7%), la violencia psicológica es la forma más recurrente (53,9%), seguida por la física (38,0%). En tercer lugar viene la violencia patrimonial, menos conocida, pero igualmente extendida,  que afecta al 35,3% de las mujeres. Esta última categoría se definió para objeto de la encuesta como “la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas.”[xiii]

 Con todo, los números pintan un escenario escalofriante y resistente al cambio. El machismo sigue rampante y el sistema de justicia ha sido muy lento en reconocer el problema.

 El momento es también complejo para la atención de las víctimas de violencia. Para Dra. Emma Ortega de la Dirección de Género del Ministerio del Interior, con la reforma judicial las Comisarías de la Mujer darán paso a nuevas unidades especializadas de atención de la violencia que tendrán competencia en contravenciones relacionadas con el tema. Pero hasta el momento continúan funcionando las Comisarías, y si bien se espera que la transición se dé a finales de este año[xiv], para Manuela Villafuerte del Colectivo Luna Creciente, el temor es que la reforma al sistema judicial que reemplazará las Comisarías, no incorpore en los nuevos espacios la atención especializada en violencia contra las mujeres y se pierda el sentido de integralidad de los servicios.

 Las mujeres en su diversidad viven de formas distintas la violencia y las mujeres indígenas han planteado una lectura de la violencia desde la plurinacionalidad y la justicia de género. Frente a los vacíos institucionales y estructurales de la justicia ordinaria, la justicia indígena ha cumplido un papel en los territorios de los pueblos ancestrales. Las mujeres indígenas reconocen el valor de su justicia, sin embargo, cuestionan el hecho de que esta justicia no haya dado respuestas efectivas frente a la violencia contra las mujeres, y que esté casi exclusivamente en manos de los hombres. El papel de las mujeres en la justicia indígena es secundaria y existe una fuerte demanda por la participación y poder de decisión, así como por formas prácticas y concretas de resolución de casos de violencia contra ellas “incluyendo violencia física, psicológica, sexual, pago de alimentos, adulterio, conflictos de herencia, acceso a la tierra, e impedimento de la participación de las mujeres, y hagan partícipes a las mujeres indígenas organizadas en este proceso.”[xv]

 Por el lado positivo, hay que reconocer la existencia de una iniciativa importante en el país: la campaña comunicacional “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”. La campaña, que forma parte del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia lanzado por el gobierno nacional, puso al debate nacional por primera vez las causas y efectos que la violencia de género y marca un hito en la historia de la lucha contra el machismo.

El Código Penal Integral y la activación movilización de las mujeres

 La elaboración del nuevo Código Penal Integral también activó discusión y la presentación de propuestas sobre temas prioritarios de las mujeres como el derecho a decidir, la despenalización del aborto y el femicidio. La necesidad de reconocer el femicidio como delito especifico se justifica por los resultados de la primera investigación[xvi] sobre este crimen en Ecuador.[xvii] El estudio analizó 170 casos de muerte en mujeres de Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca y Portoviejo, y encontró que de 80 homicidios, 62 correspondían a femicidios, es decir un 77 %.  

 El texto del Código, ya en debate dentro del pleno de la Asamblea Nacional, ha sido duramente cuestionado y no representa avances respecto a temas prioritarios para las mujeres. Y si bien en el caso del femicidio estipula (Art. 139) que:

 La persona que mate a otra, por el hecho de ser mujer, será sancionada con pena privativa de libertad de veinticinco a veintiocho años, siempre que concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

1. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

2. Mantener o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo o laborales.

3. Ser resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.

4. Ser resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.

 por otro lado, no descriminaliza el aborto, solo reconociendo la opción en caso de peligro para la mujer o violación. El artículo 141 estipula que: ‘La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será  sancionada con pena privativa de libertad de  uno a cinco años.’

 Es un escenario con avances mínimos y hay mucho trabajo por delante. María Paula Romo, representante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, opinó al respecto: “los tipos penales por sí solos no resuelven las cosas, sin embargo, es importante nombrar los temas, es importante condenarlos, nos ayuda a tener estadísticas y a saber lo que está pasando con este tema, así que creo que tipificar el femicidio con todas sus letras es un avance. En el proyecto de Código también se  despenaliza el aborto en casos de violación,…esto también es un avance. Lo que me preocupa es qué pasará con la versión que se aprobó en la Comisión de Justicia de la Asamblea cuando ésta llegue al Ejecutivo.”

LAS MUJERES, LO LOCAL Y LO ECONÓMICO

 Los derechos sexuales y reproductivos no representan la única arena de actividad. A nivel local hay diversas iniciativas de organización y participación vinculadas con procesos de organización social y comunitaria y de participación en los gobiernos autónomos descentralizados

 María Quishpe de la Coordinadora Nacional Mujeres por la Vida resalta el trabajo que se está realizando esta organización en cuanto a economía social y solidaria: “Este tema convoca y con mucha fuerza, las mujeres necesitan resolver en lo cotidiano la alimentación del día a día, llevar el pan a su casa, estos temas resuelve la economía solidaria”. Cita ejemplos en varias provincias donde las mujeres trabajan en emprendimientos productivos y capacitación con carácter asociativo.

Dentro de esa economía solidaria también se ha logrado la conformación de cajas de ahorro comunitarias que permiten a las mujeres ahorrar, hacer créditos y llevar a cabo los emprendimientos. Otros modelos se pueden ver en Guayaquil, Azuay y Pichincha donde las mujeres organizadas están trabajando por el acceso a la vivienda de interés social. En este caso, y para algunos temas, las mujeres se vinculan con instancias cantonales o provinciales y nacionales de gobierno, con quienes se coordina el apoyo para estas grandes empresas.

 Desde otro enfoque y poniendo al debate argumentos diferentes, AMPDE  ha trabajado propuestas sobre el tema económico y ha mostrado públicamente su inconformidad con lo implementado por el gobierno de Rafael Correa. En un manifiesto circulado el 25 de noviembre de 2011, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la violencia a las mujeres, AMPDE declara:

 “Partimos por recordar que en la consulta popular la mayor parte de la población femenina votó por el NO, en el contexto de uno de los gobiernos que mayor representación política ha tenido, y esto ocurrió por varios factores: – las mujeres no creemos en los cambios jurídicos prometidos por el gobierno,  pensamos que el gobierno utiliza a las mujeres para el acceso al voto que necesita para las siguientes elecciones; el bono de desarrollo humano, no ha resuelto en nada la situación de precarización, de falta de derechos a la tierra, al empleo, al ingreso y al salario de las mujeres, es cierto han disminuido los mayores quintiles de pobreza, pero la riqueza en este país ha ganado más, por ejemplo, los ingresos del capital financiero y la banca, tal como lo muestran los datos del Banco Central. Se exige mayor eficiencia laboral para el acceso al empleo y las mujeres rurales y empobrecidas urbanas, no tenemos acceso a universidades cercanas a nuestros lugares de vivienda y seguimos excluidas del derecho a educación.

Así como se indica que el crecimiento del país es del 3,7%, vemos que la inversión en lo social no alcanza para mejorar realmente nuestras condiciones de vida y de nuestras familias y lo que más bien le preguntamos al gobierno es ¿dónde está esa plata?,  sino está en el pueblo, ¿está acaso en el Estado y en manos de sectores que se están enriqueciendo de nuestro trabajo?

Se nos habla de mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, cuando la CARGA GLOBAL DE TRABAJO en este gobierno no muestra signos de disminución real, al contrario las cifras de diferenciación entre las mujeres y los hombres son de 6 horas de diferencia en la zona urbana y en la zona rural de 8 a 10 horas.  Eso se llama explotación del trabajo femenino. Así como no se menciona todas las formas de precarización del trabajo que se mantiene, del trabajo precario asalariado, del trabajo doméstico. Seguimos siendo de los explotados las más explotadas.”

 No inmiscuirse en el modelo económico actual es otra opción. Algunas organizaciones plantean, antes que insertarse, la necesidad de cuestionar su estructura por ir en contra de los derechos de las mujeres y valerse de ellos para su sobrevivencia. La economía solidaria, de la que tanto habla la Constitución de Montecristi,  representa para ellas la posibilidad de salir de la actual política de ‘desarrollo’ con su énfasis en el extractivismo con todos sus impactos negativos.

 Economía del cuidado

 Cuando el feminismo se cruza con la economía del cuidado varios temas entran en cuestionamiento: los cuidados a cargo de las mujeres, a las familias, las comunidades y la naturaleza. . Las diferencias del uso del tiempo entre hombres y mujeres que devela que la carga global de trabajo está mayoritariamente sobre las mujeres. El papel que juega el cuidado en el mantenimiento del mercado y todo el universo de actividades económicas que son posibles por fuera del capital y del mercado.

 Margarita Aguinaga, de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, refiriéndose al tema en el caso ecuatoriano señala: “Ya sea porque en pocos años no es posible hacer un cambio integral hacia otro modelo y porque el gobierno ha modificado sus iniciales postulados democratizadores para impulsar —desde el año 2009— una apertura hacia reformas capitalistas, no ha sido posible cambiar la división sexual del trabajo y de la vida, a la que el modelo neoliberal sometió a las mujeres y hombres ecuatorianos. Las medidas de transferencias condicionadas como el bono y apoyos como pequeños créditos, acceso gratuito a la educación y a la salud, si bien apoyan sobre todo a mujeres, no definen un cambio del modelo neoliberal en sus contenidos de fondo. Más bien parecería que el modelo económico al que vamos incluye a las mujeres bajo una modalidad de reproducción de la división sexual del trabajo a escala ampliada, con ciertas políticas paliativas y cambios económicos que refuerzan la situación de desigualdad y de carga global de trabajo de las mujeres. Este aspecto, que es el nudo central del patriarcado, prácticamente ha sido intocado.”[xviii]

 Y la realidad es que no hay avances a nivel legislativo. El Estado no ha asignado recursos para asumir lo que significaría seguridad social para todas las mujeres que trabajan en sus hogares, pese a que hay un reconocimiento de este tema en la Constitución:

 Art. 333” Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares.

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.”

 Es cierto que varias instancias legislativas se han pronunciado sobre compensaciones a las mujeres a través de servicios como guarderías, becas para hijos e hijas, etc. Y es cierto que estos temas ya forman parte del debate. Pero hasta la fecha no  han sido institucionalizadas y, de lo que se desprende de los pronunciamientos oficiales, aún no existe la voluntad política para discutir e implementarlas.

 Esta falta de acción ha llevado a la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres Ecuatorianas a exigir “un debate en la sociedad respecto de los cuidados y la carga histórica que las mujeres han asumido en este ámbito… También debe visibilizarse que no todas las mujeres viven el trabajo de los cuidados de la misma manera: mientras más pobre es una mujer, mayor será su carga respecto a estas tareas.” Pero no es suficiente y por tanto plantean: “Transformar los estereotipos de género y la división del trabajo. Reestructurar relaciones de poder en el uso y acceso de los recursos. Promover redes y mecanismos para emprender acciones de denuncia y seguimiento frente a violación de los derechos de las mujeres en la agroindustria. Sostener acciones permanentes de defensa de la naturaleza – agua, minerales, tierra- para la construcción de justicia social y ambiental.” Entre otros temas.”[xix]

 El tema es también objeto de debate en ortos países de la región, pero con pocos avances. En Colombia por ejemplo, el Congreso de la República aprobó la ley 1413 sobre economía del cuidado, en vigencia desde noviembre del 2010, “por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas”[xx]. Cauteloso paso para arrancar el trabajo en el tema.

DESAFÍOS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES EN ECUADOR

 El discurso vigente es el gubernamental, según el cual  todo está bien en la salud, la educación, el trabajo de las mujeres. Pero no es cierto y uno de los retos es visibilizar las voces de las mujeres, plantear sus demandas y retomar los espacios de debate y diálogo.            

Es otra muestra de cómo las luchas de las mujeres han sido históricamente cuestionadas y desacreditas por los sistemas y estructuras de poder. Por tanto, si bien hay dinámicas de organización locales que hacen un trabajo importante, el fortalecimiento de la articulación a nivel nacional, regional e internacional  se ve como una necesidad apremiante si las mujeres van a lograr cambios profundos en el modelo.

 Por desgracia, en la actualidad la participación de las mujeres en espacios de poder no ha funcionado para garantizar un avance en materia de sus derechos. En el Estado aún existe  una matriz patriarcal, estructuras jerárquicas donde la mayoría de las mujeres que participan en el poder se insertan. Hacen falta en esos espacios de poder mujeres que hagan un posicionamiento de la agenda feminista. Se necesita pensar y hacer otra participación porque la participación que se definió en la Constitución no existe en la práctica, los espacios abiertos en el Estado son mínimos y funcionan bajo las reglas del gobierno actual. Por eso es importante fortalecer la participación en la sociedad civil de tal manera que pueda tener una actoría real frente al Estado.

 Las demandas realizadas en temas como acceso al agua y a la tierra son también cruciales para las mujeres ecuatorianas, y sus demandas representan un cuestionamiento a la política extractiva del país. La lucha definida es por la conservación de la Pacha Mama, e incluye a hombres y mujeres de ésta y futuras generaciones. El gobierno está por otro camino por lo que este tema, como otros, es un punto de quiebre.

 Los temas de las mujeres involucran no una demanda particular y exclusiva para la parte femenina de la población. Tanto en temas de salud, ambientales, económicos y de participación, la exigencia de derechos, en varios sentidos, también involucra los derechos de otros: hijos, hijas, parejas, familias, ecosistemas. 

 “Es bueno que estemos juntas desde la diversidad de pensamiento ideológico y político, los problemas que tenemos son los mismos, por lo tanto las luchas y las conquista que se tengan serán para todas. Hay que trabajar en una sola agenda grande” concluye María Quishpe.

 * Este artículo ha sido elaborado gracias a la ayuda de la Fundación Rosa Luxemburgo <www.rosalux.org.ec>