06 Octubre 2014
Los derechos humanos, en general, y los de los pueblos indígenas, en particular, solo pueden reivindicarse a plenitud cuando son reconocidos y observados por otros actores sociales y políticos. Por esta razón es muy importante que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya convocado por primera vez a una Conferencia sobre Derechos de los Pueblos Indígenas Amenazados por la Pérdida de sus Tierras y Territorios, es decir, sobre la pérdida de la identidad histórica y la exclusión de los derechos políticos de esas colectividades.
De la misma manera, es trascendental que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en el continente americano, haya obligado al Estado ecuatoriano a ofrecer disculpas al Pueblo Sarayacu por la explotación petrolera en su territorio sin realizar la consulta previa dispuesta en la Constitución, lo que significa atentar contra la propiedad comunal y la identidad cultural. Los derechos de los pueblos indígenas, reclamados por instancias internacionales, se fundamentan en principios universalmente válidos y se deben promocionar y observar en todas partes y en todos los ámbitos.
Es innegable que el mundo está cada vez más interconectado y la desigualdad social se percibe por encima de las fronteras geográficas y culturales. Las expectativas de justicia universal (los derechos humanos), se vuelven, ahora que desciframos el mundo en términos globales, normas para todos. Sin embargo, al interior de los estados no se los reconoce así y la mirada del estado-nación no las acepta dentro de sus fronteras, lo que equivale a que no las justifica políticamente.
Eso es lo que ha ocurrido con Sarayacu y la resolución tomada a su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Correa, mostrando una vez más una estrecha mira política, no aceptó la invitación que le hiciera el pueblo amazónico; le restó importancia simbólica a su concurrencia y se hizo representar por funcionarios menores. En la otra orilla, el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, expresó su desacuerdo con semejante comportamiento y declaró en la televisión que el presidente debió acudir a los festejos de Sara Yaku; que su presencia habría sido una forma democrática de reconocer la larga lucha de Sara Yaku ante las acciones de la transnacional petrolera CGC, y frente a sus abusos, el abandono del Estado. Añadió que hacer justicia a la comunidad amazónica no implicaba, de ninguna manera, el fin de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, sino que le daba más vida y más fuerza. En el discurso de Herrera se funden los reclamos al Estado Nacional, representado por Correa, con los que tienen dimensión universal: cambio climático, destrucción ambiental, exterminio de poblaciones originales. Incluye las demandas a escala mundial y la acogida por parte de tribunales internacionales, pero no olvida la deuda del Estado nacional con los pueblos indígenas.
Correa y sus funcionarios caen en contradicción. Hablan indignados del efecto devastador que para la naturaleza y el país ha tenido las acciones de Chevron. Se trata, obviamente, de un reclamo justo, que se inició mucho antes de este gobierno y que aún no muestra perspectivas claras de resolución. Sin embargo, este mismo gobierno da luz verde a las transnacionales que operan en el Yasuní y en Intag y a las que buscan explotar otros territorios indígenas, amenazando a las comunidades y a la naturaleza.
Los derechos los pueblos indígenas, que son un trasunto de los derechos humanos universales, no cabe que se encuentren a merced de un Estado irresponsable y ciego ante la Historia, puesto que sin mayor dificultad este los puede trasgredir.
