Por Juan Cuvi*
Una peligrosa institucionalización de la violencia oficial se está implantando en el país. Y no solo por el último llamado de la alcaldesa de Guayaquil a que los policías desenfunden sus pistolas alegremente. Esa aspiración no tiene nada de novedoso. En efecto, el proyecto socialcristiano se ha basado siempre en la exaltación del Estado policíaco: la única posibilidad de conservar un sistema que produce delincuencia en cantidades industriales es el uso de la fuerza.
Los llamados a armarse empezaron a proliferar luego del paro de octubre. Las redes sociales están inundadas de ejemplos sobre la legitimidad de la defensa propia o la eliminación selectiva de delincuentes. Y la sutil yuxtaposición de escenarios no es casual: las amenazas al statu quo provendrían tanto desde las luchas indígenas y populares como de la delincuencia individual u organizada. A fin de cuentas, ambos fenómenos son vistos desde el poder como una anomalía social. Peor aún: el discurso de las élites echa mano de absurdas teorías conductuales, morales y hasta raciales para explicarlos.
La violencia en nuestras sociedades, tanto la espontánea como la planificada, tiene causas mucho más complejas y profundas que un simple desorden en la personalidad de los involucrados. Son estructurales (ese concepto que los académicos y políticos de la derecha desearían borrar del diccionario), es decir, se han ido construyendo a lo largo del tiempo, con tal consistencia que no pueden ser solucionadas con paliativos o con medidas inconexas. Ni la pobreza se resuelve con bonos ni la inseguridad se resuelve con balas.
El Ecuador no ha tenido que lidiar con las situaciones de violencia social y política que han afectado a otros países de la región. Tal vez por ello todavía nos permitimos respuestas tan simplonas como inútiles, tan demagogas como cínicas. Por ejemplo, nadie se pregunta por qué 25 años de gobiernos socialcristianos no han hecho de Guayaquil una ciudad más segura.
Hay, no obstante, estudios sobre el fenómeno de la violencia que pueden darnos luces sobre un problema que puede agravarse. Vera Grabe fue una conocida dirigente del movimiento M-19 y, como tal, cumplió un rol relevante en el proceso de negociación de la paz de ese grupo guerrillero con el Estado colombiano. Sus reflexiones y análisis están recogidos en un voluminoso libro titulado La paz como revolución (Taller de Edición Rocca, Bogotá).
Su principal argumento se refiere a la concepción de la “paz positiva” como superación de la violencia estructural. Es decir, no se trata de una ausencia de violencia, sino de la necesidad de generar procesos para que la gente mejore sus condiciones de vida. ¿De qué sirve terminar la guerra interna en Colombia –se pregunta la autora– si las violencias cotidianas que la desencadenaron se mantienen?
Pero aquí en el Ecuador las iniciativas oficiales van a contracorriente de la lógica y de la experiencia. Con su exhortación a que los policías disparen Cynthia Viteri acaba de hacer una magistral apología de la irracionalidad y lo peor es que estuvo secundada por la ministra de Gobierno.
“El Ecuador no ha tenido que lidiar con las situaciones de violencia social y política que han afectado a otros países de la región. Tal vez por ello todavía nos permitimos respuestas tan simplonas como inútiles, tan demagogas como cínicas. Por ejemplo, nadie se pregunta por qué 25 años de gobiernos socialcristianos no han hecho de Guayaquil una ciudad más segura”.
*Máster en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.
Fotografía: Cuenta personal de Twitter de Cynthia Viteri.
[ Disparen ]
Que la insurrección y la violencia son vistas por el poder como anomalías sociales, es verdad. Pero también hay que señalar que ese poder es producto de un sistema político, económico y social que ya no da más.
El descrédito de la gente ante las instituciones de un estado que representa a dicho sistema, se empieza a tornar violento porque no halla en él ninguna posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas; menos aún de superación personal, lo que conlleva a una reacción irracional y a estallidos sociales, cuando hay motivos concretos como la inconsulta subida de los combustibles, o al incremento de la delincuencia común originada en necesidades básicas de subsistencia y fomentada por la impunidad que goza el delincuente de todo tipo, desde el choro arranchador hasta la autoridad corrupta.
Si una de los principales pilares de un estado, que justifica su existencia, es la administración de justicia, está corroída y deja de tener credibilidad dentro del conglomerado social, significa que ese sistema que creó el estado, es ya un sistema fallido, inviable.
Por desgracia, otra de las bases del actual sistema, que podría traer la solución a este problema, la democracia representativa, también está podrida. El poder del pueblo es un doloroso mito porque la política se ha vuelto un negocio lucrativo. Los políticos saben que la corrupción del sistema es la forma más rápida y efectiva para hacerse millonario.
Ante ese panorama, la violencia irá in cressendo, sea como delincuencia común, sea como estallido social.