Una peligrosa institucionalización de la violencia oficial se está implantando en el país. Y no solo por el último llamado de la alcaldesa de Guayaquil a que los policías desenfunden sus pistolas alegremente. Esa aspiración no tiene nada de novedoso. En efecto, el proyecto socialcristiano se ha basado siempre en la exaltación del Estado policiaco: la única posibilidad de conservar un sistema que produce delincuencia en cantidades industriales es el uso de la fuerza.

Hay muchos semblantes de las elecciones. Algunas alcaldesas ganaron ampliamente como Cynthia Viteri, en Guayaquil (52,76%) por Madera de Guerrero, y Lucía Sosa (44,9%), en Esmeraldas por Unidad Popular; o los alcaldes Agustín Casanova (43,77%) en Portoviejo en una alianza del Partido Social Cristiano; Abraham Freire (42,09%) en Lago Agrio en una alianza de Suma; Ricardo Ramírez (54, 6%) en una alianza de Unidad Popular; Javier Altamirano (44,1 %) en Ambato en una alianza de la Izquierda Democrática.