Una minoría de los manifestantes estuvo involucrada en actos de violencia durante enfrentamientos con la policía que dejaron un saldo de más de 30 oficiales heridos. No obstante, defensores de derechos humanos ecuatorianos que estuvieron presentes en las manifestaciones o entrevistaron a detenidos dijeron a Human Rights Watch que entre las víctimas de abusos había numerosos manifestantes pacíficos y transeúntes.
“Los manifestantes que recurren a la violencia deberían asumir que se les exigirá responder por sus actos, pero en ninguna circunstancia deberían sufrir tormentos mientras permanecen detenidos, ni deberían ser vulnerados sus derechos de debido proceso”, observó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Y no hay nada que justifique emplear violencia contra manifestantes pacíficos o transeúntes”.
Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la actuación represiva por parte de las fuerzas de seguridad y las denuncias de abusos y torturas contra manifestantes, indicó Human Rights Watch. El gobierno debería además dejar de perseguir a abogados y medios de comunicación que informan o denuncian abusos.
Human Rights Watch entrevistó a testigos, abogados y a una víctima en un caso que afectó a ocho detenidos. Human Rights Watch también examinó las transcripciones de los testimonios brindados por 19 detenidos a fiscales, así como actas de audiencias judiciales, partes médicos y otros informes.
“Wilson”, un estudiante de 17 años, contó a Human Rights Watch que fue abordado y detenido por policías, que lo derribaron a golpes, cuando regresaba del colegio a su casa, aproximadamente a las 7 p.m. del 17 de septiembre. Los policías le propinaron golpes y patadas mientras yacía en el suelo, según dijo, y le pisaron el brazo y la pierna con una motocicleta. Perdió el conocimiento y despertó en una dependencia policial, donde policías le tiraron gas pimienta en el rostro, le dieron puntapiés y le pisaron el cuello mientras gritaban: “Maricón, ¡ahora sí lanza piedras!”. Fue trasladado a un hospital aproximadamente a la 1 a.m, y liberado sin que se presentaran cargos en su contra, pero permaneció dos días hospitalizado debido a las lesiones sufridas, que incluían traumatismo de cráneo.
Un informe confidencial del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se filtró a los medios, indica que 47 de los 53 detenidos visitados en centros de detención mostraban señales de haber sufrido lesiones.
Ninguna persona ha respondido ante la justicia por estos abusos, que Human Rights Watch haya podido determinar.
Más de 270 personas fueron detenidas durante las manifestaciones, según organizaciones ecuatorianas de derechos humanos. Dentro de las 24 horas posteriores a su detención, más de 100 detenidos fueron llevados ante un juez y procesados por delitos como “ataque o resistencia” a la autoridad y “daño a bien ajeno”. Abogados y defensores de derechos humanos indicaron que los detenidos no fueron informados de los cargos en su contra antes de las audiencias, y que tampoco tuvieron contacto con familiares ni abogados de su confianza hasta inmediatamente antes de estas. Decenas de otros detenidos, que eran menores de edad, fueron liberados sin ser presentados ante un juez.
El gobierno del Presidente Rafael Correa respondió a las denuncias y señalamientos de abusos felicitando públicamente a la Policía Nacional por su rol durante las manifestaciones, amenazando con procesar a abogados que denunciaban violaciones de derechos humanos por faltar a la verdad, y cuestionando a medios de comunicación que publicaron información sobre los abusos.
“Correa no ha demostrado ninguna preocupación por los derechos de los manifestantes”, manifestó Vivanco. “Por el contrario, ha aplaudido a la policía que los golpeó, y amenazó a abogados y periodistas que pusieron en evidencia este brutal maltrato”.
Las protestas de septiembre
El 17 de septiembre, decenas de miles de personas —trabajadores, estudiantes, líderes indígenas y activistas— participaron en manifestaciones en todo Ecuador que cuestionaban una amplia gama de temas, como la propuesta para reformar el Código Laboral, el posible incremento de los costos de transporte público, el acceso a la educación en universidades públicas y las políticas gubernamentales de promoción de industrias extractivas.
En Quito, cerca de 20.000 personas se sumaron a protestas contra el gobierno convocadas por sindicatos, mientras que el gobierno organizó una manifestación paralela con al menos 8.000 partidarios, según se informó en los medios. También tuvo lugar otra manifestación contra el gobierno en Quito el 18 de septiembre, con menor convocatoria.
En ambas fechas, hubo enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad en varias zonas de la ciudad. La Policía detuvo a más de 270 manifestantes o transeúntes, incluidas decenas de menores que fueron liberados posteriormente sin que fueran presentados ante un juez, conforme indicaron organizaciones ecuatorianas de derechos humanos.
Human Rights Watch llevó a cabo una misión de investigación a Ecuador a fines de septiembre, durante la cual revisó transcripciones de los testimonios de 19 detenidos ante fiscales del Estado, y entrevistó a otro detenido y a más de 10 abogados y defensores de derechos humanos que participaron en la defensa de los detenidos o presenciaron las manifestaciones. Human Rights Watch examinó partes médicos, informes policiales, actas oficiales de audiencias judiciales y una sentencia que estaba disponible, así como el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja que ya había trascendido al público extraoficialmente.
Human Rights Watch utiliza pseudónimos en todos los casos expuestos a continuación para proteger la identidad de las víctimas.
El caso “Wilson”
Wilson dijo a Human Rights Watch que salió del Colegio Mejía, un colegio público de enseñanza secundaria, aproximadamente a las 7 p.m. el 17 de septiembre y se dirigió hacia la parada del autobús para regresar a su casa. Afirmó que no había participado en las protestas, pero que se sintió atemorizado al ver que un grupo de policías en motocicletas se dirigían hacia manifestantes que estaban en la puerta del colegio, y que entonces comenzó a correr para alejarse junto con un grupo de estudiantes, algunos de los cuales vendrían de las manifestaciones.
Dos policías en una motocicleta se acercaron, y uno le propinó una patada que hizo que Wilson cayera al suelo. Cuando Wilson se puso de pie, el conductor de una motocicleta levantó su motocicleta sobre la rueda trasera e impactó a Wilson en la espalda con la rueda delantera, tumbándolo nuevamente.
Los policías lo retuvieron en el piso y varios de ellos le propinaron golpes, mientras otro pasó con su motocicleta por encima de su brazo izquierdo y luego por encima de su pierna izquierda. Los policías esposaron a Wilson, lo subieron a una de las motocicletas entre dos policías, y el policía que iba detrás de él lo golpeó con su puño y su tolete en la cabeza hasta que Wilson quedó inconsciente.
Wilson recobró el conocimiento en el piso de una oficina de la dependencia policial UPC Basílica. Al abrir los ojos, uno de los tres policías que se encontraba allí lo golpeó en el cuello y en el rostro, partiéndole un diente. Los policías le rociaron gas pimienta en el rostro, le dieron patadas en sus brazos, piernas y espalda, y le pisaron el cuello, mientras gritaban “Maricón, ¡ahora sí lanza piedras!”
Media hora más tarde, los policías trajeron a otro detenido, a quien Wilson reconoció como otro estudiante del Colegio Mejía, y lo tiraron encima de Wilson. Una hora y media después, llegaron otros seis detenidos, todos con signos visibles de golpizas, afirmó Wilson.
Los policías los esposaron por la espalda, los obligaron a permanecer en cuclillas durante media hora, y los golpeaban si se sentaban. Un policía exigió que dijeran sus nombres y los golpeaba con la punta de su bolígrafo en la cabeza si no respondían inmediatamente. Los policías tomaron sus pertenencias, incluidos teléfonos celulares y efectivo.
Los policías subieron a los ocho detenidos a la parte trasera de un vehículo policial, donde normalmente caben tres personas, y los condujeron a la sede de la Unidad de Flagrancia, que contiene un centro de detención y una unidad de servicios judiciales donde las personas detenidas en flagrancia son perseguidas penalmente. En el trayecto hasta el automóvil, un policía siguió golpeando a Wilson, que tenía dificultades para caminar y sangraba en numerosas partes de su cuerpo.
Llegaron al garage subterráneo del edificio aproximadamente a las 10:30 pm. Wilson indicó que había allí cerca de 100 detenidos, incluidos al menos ocho más con signos visibles de haber sufrido golpizas.
Wilson y aproximadamente otros 60 detenidos fueron llevados a una celda amplia dentro del edificio, donde fueron agrupados en función del lugar donde habían sido arrestados. Dos horas después, cerca de la 1 a.m., Wilson fue llevado para ser visto por un médico en el mismo edificio. El médico indicó a los policías que lo trasladaran inmediatamente a un hospital. Dos policías le ordenaron que subiera “rápido” las escaleras e ingresara en un automóvil policial.
En todo ese tiempo, no se le permitió a Wilson contactar a su familia o solicitar asistencia legal. No obstante, pudo llamar inadvertidamente a su madre, con ayuda de otro detenido a quien no le habían quitado el teléfono celular. Le dijo a su madre dónde se encontraba y que creía que tenía el brazo fracturado.
Alicia, la madre de Wilson, había intentado llamar a su hijo a su teléfono celular, pero su llamada fue atendida por un hombre desconocido que le indicó que Wilson había sido “detenido en flagrancia”. Acudió al lugar aproximadamente a las 10:30 p.m., y esperó a que dieran información junto con cerca de otros 200 familiares de detenidos. A pesar de los reiterados pedidos de familiares para que confirmaran los nombres de los detenidos y de las preguntas que hizo Alicia sobre la salud de su hijo, los policías únicamente dijeron que llamarían por nombre a los familiares cuando estos pudieran ver a un detenido en particular.
Alicia vio a los dos oficiales que acompañaban a Wilson fuera del edificio y corrió hacia ellos, gritando que quería acompañar a su hijo al hospital. Alicia viajó con Wilson en el vehículo policial hasta el Hospital Eugenio Espejo, donde Wilson quedó internado durante dos días. Un policía permaneció en el hospital hasta las 3 a.m., y en los dos días siguientes varios otros visitaron la sala donde estaba internado Wilson. Alicia dijo que esas visitas la intimidaban.
Cuando Wilson llegó al hospital, apenas podía caminar, no podía levantar uno de sus brazos, tenía contusiones y estaba ensangrentado. El parte médico consultado por Human Rights Watch señala que se le diagnosticó “traumatismo craneoencefálico con politraumatismos”. Cuando Human Rights Watch lo entrevistó el 30 de septiembre, Wilson todavía llevaba un cuello ortopédico, tenía dificultades para subir y bajar escaleras, y presentaba cicatrices en las muñecas.
Alicia indicó a Human Rights Watch que mientras esperaba a su hijo en la sala de emergencias, conoció a otras dos madres que afirmaron que sus hijos también habían sufrido abusos policiales mientras estuvieron detenidos. Le dijeron que a uno de ellos era un niño de 14 años al que le habían pasado por encima con una motocicleta policial dos veces y se encontraba en terapia intensiva, y que el otro era un joven de 16 años que había sido arrojado al suelo por policías, y que a causa de esto se había fracturado el pómulo.
El 25 de septiembre, abogados de la organización no gubernamental ecuatoriana Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) presentaron una denuncia ante la Fiscalía no. 1 de personas y garantías de Pichincha, solicitando que se investiguen los abusos sufridos por Wilson.
Detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza
El 18 de septiembre, miembros de la Policía Nacional aplicaron fuerza excesiva para dispersar manifestaciones estudiantiles frente al Colegio Mejía, y detuvieron a participantes, estudiantes que salían de la escuela pero no habían participado en las protestas y a otros que estaban dentro del colegio, según documentos oficiales y observadores de derechos humanos que fueron entrevistados por Human Rights Watch.
Un total de 60 personas fueron detenidas cerca de las 10 p.m., llevadas a la dependencia policial Regimiento Quito, retenidas allí hasta las 6 a.m. y luego trasladadas a la sede de la Unidad de Flagrancia. No se les permitió comunicarse con sus familiares o abogados hasta el 21 de septiembre.
Decenas de personas detenidas el 18 de septiembre sufrieron abusos físicos por parte de miembros de fuerzas de seguridad durante los arrestos y en las primeras horas de su detención. El 24 y 25 de septiembre, el CICR examinó a 53 detenidos en prisión preventiva e informó que, una semana después de su detención, 47 de ellos presentaban lesiones. En ocho casos, el CICR determinó que los detenidos necesitaban tratamiento médico especial, incluidas radiografías, atención odontológica y cirugía, y en otros siete casos indicó que los detenidos tenían contusiones o fracturas.
Human Rights Watch obtuvo copias de informes médicos correspondientes a los 60 detenidos, incluidos 26 donde se documentaban lesiones producidas “por la acción traumática de un cuerpo contundente”. En otros cinco casos, los informes recomendaban que los detenidos recibieran tratamiento médico especial (dos de los cinco no estaban entre los ocho casos que había identificado el CICR, como se mencionó precedentemente).
Entre los 19 casos de testimonios prestados a fiscales que fueron revisados por Human Rights Watch se incluyen los siguientes:
Cristian, de 19 años, quien afirmó que se encontraba fuera del Colegio Mejía esperando a un amigo cuando recibió una llamada de otro amigo que se encontraba dentro del edificio y le avisaba que no se sentía bien. Cristian ingresó para buscar a su amigo, y estaba en el baño cuando policías ingresaron y lo obligaron a salir y acostarse boca abajo en el suelo del patio. Los policías lo golpearon con cascos, le propinaron puntapiés en el rostro y le jalaron el cabello. Luego la policía llevó a los detenidos fuera del colegio. Cristian dijo que sintió que los policías le “pusieron electricidad en la espalda a la altura de los riñones” y le daban golpes con palos. Mientras salían del edificio, un policía dijo “ya no les peguen, no ven que aquí hay cámaras”. Una vez que llegaron a la dependencia policial, siguieron dándoles golpes y puntapiés y dijeron “¡Ahora griten por el Mejía! ¡Ahora se van a [la cárcel de] Latacunga!”. Un informe médico señaló que Cristian presentaba heridas en la cabeza, y el CICR indicó que tenía contusiones y dolor en la cabeza y en la espalda.
Cuando Diego, de 21 años, salió de clases a las 9:40 p.m., advirtió que el colegio había sido rodeado por policías, y decidió no salir. Algunos policías lo detuvieron y golpearon dentro del colegio, y lo llevaron luego a una dependencia policial, donde policías lo golpearon con bastones, le propinaron puntapiés en las costillas y la espalda, y descargas eléctricas en las piernas y los tobillos, le jalaron el cabello, lo rociaron con gas pimienta y le pisaron las manos. El CICR informó que sufría “neuritis intercostal”.
Leonardo, de 19 años, se dirigía a la parada del trolebús para regresar a su casa después de clases cuando, aproximadamente a las 9:30 p.m., fue detenido por policías, que lo golpearon con sus bastones y puños, le aplicaron descargas eléctricas en el lado izquierdo del abdomen y lo llevaron a la dependencia policial en una motocicleta. En la dependencia, los policías lo increparon a él y otros detenidos diciendo: “¡Hijo[s] de puta, ahora sí salgan a las bullas!”. Leonardo fue obligado a permanecer sentado en el piso del patio de la dependencia policial, donde recibió otra descarga eléctrica. El CICR informó que presentaba un esguince en la muñeca izquierda.
Federico, de 18 años, fue detenido cuando salía de clases a las 9:30 p.m. Recibió golpes con toletes en su pecho, cintura y espalda, y puntapiés en distintas partes del cuerpo. El CICR informó que tenía lesiones.
Lucio, de 19 años, salía de trabajar en una imprenta cerca del Colegio Mejía cuando fue detenido por dos policías aproximadamente a las 9:45 p.m., sin que le permitieran explicar por qué se encontraba allí. Los policías lo subieron a una motocicleta y lo golpearon con un tolete en la cabeza, las costillas y el cuello, hasta que quedó inconsciente. Recobró el conocimiento en una dependencia policial, donde fue golpeado, insultado y finalmente liberado en la mañana. El CICR informó que presentaba dolor en el cuello y en un brazo, además de una equimosis (o contusión) de 7 centímetros, y recomendó que se efectuaran estudios médicos por lesiones cervicales.
Tras salir de la tienda de su padre, Gregorio, de 18 años, advirtió que se estaban produciendo enfrentamientos entre policías y manifestantes, y decidió resguardarse en el interior del Colegio Mejía. Cuando un policía se le acercó, Gregorio intentó explicar por qué estaba allí, pero este inmediatamente le propinó un golpe en el rostro que hizo que Gregorio cayera al suelo. Un policía lo tomó por los brazos y le dio pisotones en la espalda, mientras otro le pateaba la zona de las costillas y un tercero le jaló la cabeza hacia arriba y le aplicó gas pimienta en el rostro.
Violaciones del debido proceso
Según documentos oficiales, entre las personas detenidas el 17 de septiembre que fueron llevadas ante un juez al día siguiente se incluyen 34 personas que fueron arrestadas en las inmediaciones del Colegio Montúfar, un colegio secundario público, y acusadas de haber agredido a policías. La evidencia en su contra consistió en un único informe policial que indica que todas fueron detenidas a las 5 p.m. El informe incluye una lista de nombres, pero no especifica qué estaba haciendo cada una de esas personas cuando fueron detenidas. En la audiencia, 31 de estas personas fueron acusadas del delito de ataque o resistencia a la autoridad pública, para el cual se prevé una pena de hasta dos años de prisión, y liberadas hasta que se lleve a cabo el juicio. Las otras tres fueron liberadas sin ningún cargo en su contra.
Muchos detenidos no tuvieron acceso a sus abogados hasta media hora antes de las audiencias, y solo pudieron consultar a sus abogados en presencia de policías o guardias penitenciarios, según indicaron defensores de derechos humanos.
También el 17 de septiembre, otras nueve personas, entre ellas al menos cuatro que dijeron que no estaban participando en la manifestación, fueron detenidas en la Plaza San Francisco, donde terminaba la manifestación contra el gobierno. Se las acusó de ataque o resistencia a la autoridad pública cometido por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, un delito agravado que acarrea una pena de hasta tres años de prisión.
El 18 de septiembre, 60 personas fueron detenidas y al día siguiente fueron acusadas del delito de daño a bien ajeno que paraliza servicios públicos o privados, para el cual la pena prevista es de hasta tres años de prisión. El informe policial no especifica qué evidencia justifica la detención de cada una de ellas, ni explica qué servicios se vieron paralizados. No se les permitió comunicarse con sus familiares o abogados antes de la audiencia. Durante la audiencia en la cual fueron acusadas, la gran mayoría fue representada por defensores públicos. Sólo un defensor público planteó que sus 5 clientes habían sufrido abusos durante la detención.
La constitución y la legislación de Ecuador establecen que la prisión preventiva constituye una medida excepcional, y que los detenidos con signos visibles de tortura o trato cruel o degradante deben ser liberados inmediatamente y hasta el momento del juicio. No obstante, a pedido del fiscal y sin que hubiera evidencias concretas que justificaran su necesidad, la jueza ordenó que 53 de los detenidos permanecieran en prisión preventiva, y dispuso la liberación de los demás hasta el momento del juicio. Los abogados de quienes permanecieron detenidos presentaron una acción de hábeas corpus ante la Corte Provincial de Pichincha, que fue rechazada el 25 de septiembre. Como se señaló precedentemente, el CICR pudo examinar a los detenidos los días 24 y 25 de septiembre.
No se le permitió a ninguno de los 53 que se pusieran en contacto con familiares ni abogados particulares hasta tres días después, el 21 de septiembre, según indicaron defensores de derechos humanos que intervinieron posteriormente en el caso. Esto implica una violación de las garantías establecidas en el artículo 77 de la Constitución de Ecuador, que establece que en el momento de la detención, el agente deberá informar inmediatamente a la persona su derecho a solicitar la asistencia de un abogado o comunicarse con un familiar, y que los detenidos no podrán permanecer incomunicados.
Cuando finalmente pudieron hablar con los abogados de su elección, todos los acusados el 19 de septiembre —es decir, los 53 más los otros 7 acusados que no se encontraban en prisión preventiva— acordaron ser juzgados a través de un procedimiento penal abreviado en el cual se admiten los hechos que se le atribuyen a los acusados. En el juicio que se llevó a cabo los días 2 y 3 de octubre, seis de ellos fueron sobreseídos; 16 fueron condenados a dos meses de prisión por daño a bien ajeno que paraliza servicios públicos o privados; y a otros 38 que fueron condenados como cómplices se les aplicaron penas en suspenso bajo la condición de que cumplieran tareas o estudios obligatorios y repararan los daños supuestamente causados.
Defensores de derechos humanos que estuvieron presentes en la audiencia indicaron que durante el juicio los abogados defensores manifestaron al tribunal que sus clientes habían sufrido abusos físicos. No obstante, en el registro oficial de la audiencia no hay constancia de que la jueza haya adoptado medida alguna para que estos señalamientos fueran investigados por la fiscalía. En la sentencia, que se dio a conocer el 12 de octubre, la jueza indicó que no había evidencias de que los detenidos hubieran sufrido abusos, ni de que se hubiesen cometido violaciones del debido proceso.
Reacción gubernamental y persecución de abogados y medios de comunicación
El 20 de septiembre, durante su programa semanal de televisión, el Presidente Correa felicitó a la Policía Nacional por la actuación durante las manifestaciones, y acusó a los manifestantes de intentar “ver si cae el gobierno”. Una semana después, criticó a los medios por haber publicado un artículo sobre el caso de Wilson, y afirmó que no era posible detener a manifestantes “violentos” con “pétalos de rosa”.
El presidente también indicó que se deberían iniciar “acciones legales” contra abogados, ya que estos no tienen “patente para mentir”. El 23 de septiembre, el Ministro del Interior José Serrano publicó un tweet, en el cual conminó a los abogados que señalaban que se habían cometido abusos contra detenidos a que presentaran evidencias en el término de 48 horas para demostrar que “un sólo miembro de la Policía” los había torturado. El 4 de octubre, el Presidente Correa se refirió a los abogados como “mentirosos compulsivos” en su programa televisivo semanal, y la Ministra de Justicia indicó que el gobierno había interpuesto una queja contra algunos abogados ante el Consejo de la Judicatura.
El 24 de septiembre, un estudio de abogados en España que representa al canal de televisión pública de Ecuador y a la Secretaría de Comunicación acusó a un usuario de Facebook de violar la legislación estadounidense sobre derechos de autor por haber utilizado contenidos del programa televisivo de Correa en un video con imágenes de abusos policiales presuntamente cometidos durante las manifestaciones. Las imágenes de abusos se mostraban junto con imágenes y grabaciones de audio del Presidente Correa, en las cuales este apoyaba la actuación policial. El estudio de abogados solicitó a Facebook que eliminara el enlace al video, pedido que fue concedido. El 29 de septiembre, el mismo video fue quitado de un canal de YouTube tras un pedido de la Secretaría de Comunicación de Ecuador, aunque YouTube restableció posteriormente el video, conforme se indica en una “notificación sobre violación de derechos de autor” enviada por YouTube a la persona que había publicado el video, la cual fue examinada por Human Rights Watch.
El 10 de octubre, el periódico El Comercio publicó una carta del coordinador de asesoría jurídica del Ministerio del Interior en la cual se cuestionaba la cobertura que el periódico había dado a las denuncias de abusos, y se indicaba que el contenido de un artículo publicado por El Comercio era “falso, descontextualizado, infame e infundado” y no difundía la versión oficial de los sucesos. El periódico publicó la carta con una nota editorial, en la cual manifestaba que el artículo sí había incluido la versión oficial y que se había basado en información oficial.
Conforme a la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, que otorga amplias facultades al gobierno sobre los medios, toda la información difunda por los medios debe ser “verificada” y “precisa”, y cualquier persona puede solicitar a un medio que “rectifique” datos que no cumplan estos estándares. También prohíbe el “linchamiento mediático”, al cual define como “la difusión de información que […] sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente […] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.
El 30 de septiembre, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) emitió un comunicado de prensa manifestando su preocupación ante la cobertura periodística que recibieron las protestas en medios impresos y audiovisuales.
El CORDICOM señaló que los medios no habían tomado en cuenta distintas versiones de los sucesos “en igualdad de condiciones” y que su tratamiento podría “distorsionar la comprensión integral de los hechos”. El comunicado recuerda a los medios que la información debería ser “veraz” y que las comunicaciones constituyen un “servicio público que debe ser prestado con calidad y responsabilidad”. Conforme a la Ley Orgánica de Comunicación, los medios que incumplan sus términos podrán ser sancionados con elevadas multas u obligados a ofrecer disculpas públicas.
El 1 de octubre, el programa de opinión “Los desayunos de 24 horas”, conducido por María Josefa Coronel, que transmite de lunes a viernes a las 7 a.m. el canal privado de televisión Teleamazonas, presentó los señalamientos de abusos policiales durante las protestas. Al día siguiente, la Secretaría de Comunicación ordenó a Teleamazonas que interrumpiera el programa de Coronel para transmitir una cadena obligatoria de siete minutos, en la cual se manifestó que el programa transmitido el día anterior era “inadmisible”.
En la cadena se señalaba que la Policía no había cometido excesos, y que Coronel no había mencionado los abusos cometidos contra policías. El video concluye con el mensaje: “Señora Coronel, refutamos las aseveraciones que se emitieron en este espacio de entrevistas porque tuvieron la única intención de hacer daño a la Policía Nacional”, e insta a las autoridades competentes a que se “tomen acciones sobre la discriminación y acusaciones que ha sufrido la policía por parte de este medio de comunicación”.
Enlace: http://www.hrw.org/node/130020
