¿Las empresas perdieron competitividad por los altos salarios?
Los gremios empresariales han estado presionando al Ejecutivo por la reforma laboral orientada a la flexibilización del mercado de laboral que implica la eliminación de las regulaciones para contratar y despedir a los trabajadores. Sus partidarios afirman que la demanda laboral debe estar articulada a la variación de los procesos productivos de bienes y servicios. Predican que la flexibilización del mercado laboral incrementa la productividad de las empresas y consecuentemente la competitividad.
En los últimos decenios ha sido una constante que cuando se han producido incrementos salariales, elevación de precios de insumos, impuestos, los empresarios no asumieron esos costos; por el contrario, aumentaron en porcentajes mucho mayores los precios de los bienes y servicios que generan hasta constituirse entre los más altos en el contexto del continente americano.
El salario básico unificado a mayo de 2019 era de $394 que comparado con el costo de la canasta básica familiar ($715,6), que incluye un conjunto de bienes y servicios que son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de un hogar, representa el 55,1% de los ingresos del trabajador.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que la canasta básica familiar cubre las necesidades de una familia de cuatro miembros con 1,6 perceptores de ingresos que ganan la remuneración básica unificada. Bajo este escenario, el ingreso familiar asciende a $735,4, deducido el costo de la canasta familiar, registra un excedente de $19,8 (Ibidem). Se supone que dos miembros del hogar generan ingresos, pero en la realidad un importante segmento de los hogares únicamente trabaja un miembro de familia y los ingresos no cubren sus necesidades básicas.
De un conjunto de 20 países de América Latina, en el ranking del salario básico mensual, en 2019, en el primer lugar se ubica Costa Rica con un salario equivalente $529, seguido de Uruguay $426, luego Chile $442 y en cuarto lugar Ecuador USD 394.
Al relacionar el salario básico únicamente con la canasta familiar de alimentos, a fines de 2018, el mayor costo de la canasta de alimentos se registró en Uruguay, $43,42; seguido de Chile, $38,17; y Ecuador, $ 31,34; es decir, que se encuentra entre los países más caros de la región.
Las élites empresariales atribuyen exclusivamente la pérdida de competitividad a los altos costos salariales, no reconocen que la competitividad está determinada tanto por factores endógenos como por factores exógenos de la empresa.
El Índice de Competitividad Global 4.0 del Foro Económico Mundial evalúa los componentes microeconómicos y macroeconómicos de la competitividad en base a 12 pilares o categorías agrupados en ambiente apto, mercados, capital humano y ecosistema de innovación.
A nivel de América Latina, en el Índice General de Competitividad, en 2018, Chile se ubicó en el puesto 33, Uruguay 53, Costa Rica 55, Colombia 60, Perú 63, Panamá 64 y Ecuador se ubicó en el sitio 86 de 140 países, perdió tres puestos con relación a 2017.
Ecuador en el componente de infraestructura de transporte, específicamente en calidad de la red vial se situó 31; en eficiencia de servicios aéreos 59; en conectividad red marítima global y eficiencia de servicios portuarios 56. En este componente el país está bien ubicado. Igualmente, en capital humano, particularmente en salud, se ubicó en el puesto 39; pero en habilidades se situó 75.
En el componente de instituciones, que determina el ambiente en que se desenvuelven las actividades empresariales, que tienen un impacto en la productividad al proporcionar incentivos y reducir la incertidumbre, Ecuador se ubica en la posición 100 como consecuencia de la falta políticas de Estado a largo plazo. El “gobierno de todos” redujo drásticamente las inversiones públicas en obras de infraestructura, donde se genera fuentes de empleo, para darle un mayor protagonismo al sector privado.
En el componente de estabilidad macroeconómica, que incluye presupuestos públicos, deuda pública, entre otras variables, Ecuador se situó en el puesto 87. La ubicación puede atribuirse a los sistemáticos déficits presupuestarios, así como al crecimiento de la deuda pública registrada en los últimos años, lo que significa que se tenga que destinar cada vez más recursos económicos por concepto del pago de amortizaciones e intereses.
En tamaño del mercado, el país se situó en el puesto 68. No obstante, se ubicó en los últimos lugares en el mercado de bienes, en la posición 125; mercado laboral, 113. En los componentes de innovación y sofisticación, particularmente en “dinamismo de los negocios”, se ubicó en el puesto 129; capacidad de innovación, 88.
No se puede afirmar que las empresas no son competitivas por los altos salarios vigentes en el país. La ubicación de Ecuador en los últimos lugares en el componente de “mercados” es consecuencia de que en general los empresarios no renovaron maquinarias y equipos, no capacitaron periódicamente a empleados y trabajadores, tampoco realizaron actividades de investigación, innovación y gestión de calidad. En suma, los empresarios no desarrollaron una cultura empresarial para enfrentar los retos de la Cuarta Revolución Industrial.
A la pérdida de competitividad de las empresas también contribuye el sistema de dolarización vigente en el país, cuya divisa en los últimos años se ha apreciado considerablemente, lo que provoca que los productos de exportación se vuelvan más caros en los mercados internacionales, esto es, se abaratan los bienes de importación, pero se encarecen los de exportación.
El estancamiento de las exportaciones privadas
En el periodo comprendido entre enero-abril de 2017 y en los mismos meses de 2019, las exportaciones no petroleras, básicamente sector privado, crecieron a una tasa de 6,7%, mientras que las importaciones se expandieron a un mayor ritmo, 24,2%.
De 2014 a 2018, la balanza comercial no petrolera, básicamente del sector privado, registró un déficit promedio anual de $4.566 millones. La política liberal de “libre comercio” determina una mayor salida de dólares que los ingresan al país debilitando el sistema de la dolarización.
Entre enero y abril de 2018 y en los mismos meses de 2019, la tasa de crecimiento de las exportaciones no petroleras registró un anémico crecimiento de 0,4%. En los primeros cuatro meses de 2019, se registra un déficit comercial de USD 1.408 millones.
El estancamiento de las exportaciones sumado a la caída de las inversiones del sector público -de USD 2.049 millones en el primer trimestre de 2017 a USD 974,5 millones en los mismos meses de 2019-, determina que la economía nacional se dirige directamente a la recesión.
El contrabando en sus distintas modalidades perjudica no solo al fisco sino también a determinados sectores productivos. Según textileros y tabacaleros, el gigante asiático es el principal proveedor de productos irregulares en el mercado ecuatoriano. Más del 60% de los productos de contrabando llegan de China.
Un importante grupo de productores nacionales propusieron al Gobierno Nacional la fijación de umbrales para las importaciones, que frenen el contrabando técnico, que es mercadería que ingresa al país por rutas legales, pero paga poco en aranceles. De aprobarse, textiles, calzado, maquillaje y cerámica que entre al país tendrán montos mínimos de pago.
Los altos aranceles vigentes en el país duplican en determinados casos los precios de los bienes importados como vehículos, textiles, calzado, cigarrillos, entre otros. Vehículos que se venden en el mercado nacional no tienen los dispositivos de seguridad que disponen aquellos se comercializan en países de Europa y/o Estados Unidos e incluso se los vende más caros.
Desde años atrás, se pretende fomentar el turismo internacional que genera divisas para el mantenimiento del sistema de la dolarización. Sin embargo, en el servicio hotelero se cobra por IVA 12% y servicios 10%, esto es, 22% en impuestos; igual en restaurantes, por ello para los ecuatorianos resulta más barato, en no pocos casos, el turismo internacional que el nacional.
Si a los altos impuestos se agrega el hecho de que las condiciones para atraer el turismo internacional que genera divisas no ha mejorado, en ciertos casos ha retrocedido, como el caso de la capital de la República, donde se ha deteriorado la contaminación ambiental y visual, inseguridad, ventas ambulantes, preparación de alimentos en calles en condiciones precarias, mendicidad, ante la apatía de las autoridades tanto a nivel nacional como a nivel local.
Ecuador paradójicamente, uno de los países más pobres de América del Sur, ha acogido más refugiados e inmigrantes que estados más desarrollados como Brasil y Argentina, en el contexto de Suramérica. Por el conflicto militar interno en Colombia, Ecuador hasta septiembre de 2016 acogió a 60.329 personas refugiadas, pero 233.049 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado, desde 1989 hasta 2016.
Años después, por la crisis económica, social y política en Venezuela, Ecuador recibió sin ningún control a personas refugiadas y migrantes de Venezuela, un total de 221.000 personas, Argentina acogió a 130.000, Brasil 96.000. Ecuador, en condiciones económicas críticas, tiene que destinar importantes recursos económicos para atender servicios básicos de salud, transporte, entre otros.
La explotación de la minería ilegal en la parroquia Buenos Aires de la provincia de Imbabura ha generado el ingreso de miles de personas tanto nacionales como extranjeras. Informes de inteligencia de la Policía Nacional señalan que hasta mayo de 2019 había más de 2.000 mineros ecuatorianos, 2.000 venezolanos, unos 1.200 colombianos y 500 peruanos que llegaron atraídos por una enorme veta de oro.
Simultáneamente a la explotación minera ilegal ha crecido en espiral los delitos como trata de personas, homicidios, explotación sexual y laboral, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión e intimidación, entre otros.
Se han producido varios enfrentamientos entre grupos armados ilegales que provocaron varios muertos y heridos. Frente a la crítica situación el Ejecutivo decretó el estado de excepción en el sector de La Merced y la intervención de 1.200 policías y 1.500 militares para controlar la explotación minera ilegal y desarticular a los grupos armados irregulares.
A raíz de la crisis financiera de 1999, desde al año 2000 a 2004, más de 628.000 ecuatorianos emigraron especialmente a España y Estados Unidos, pero en su mayor parte fueron a trabajar, no fueron a mendigar.
¿Qué hacer?
En condiciones de estancamiento y/o recesión de la economía como en el caso de Ecuador, se recomienda que el Estado debe realizar inversiones en obras de infraestructura, construcción de carreteras, puentes, canalizaciones, suministro de agua potable, centrales hidroeléctricas que están paralizadas, mantenimiento de las edificaciones de las instituciones educativas, que son actividades que demandan gran cantidad de mano de obra, tanto calificada como no calificada.
No se justifica desde ningún punto de vista que no se construya una nueva refinería, el país no puede seguir importando combustibles que significan una incesante salida de recursos financieros y continuar exportando por más de 40 años petróleo crudo que está sujeto a la volatilidad de los precios en los mercados internacionales.
En 2019, se tenía programado un paro de 54 días, pero, según el gerente general de Petroecuador, debido a la magnitud de los daños encontrados se podría extender en alrededor de dos meses más, la Refinería entró en paro programado en marzo y se extenderá hasta finales de julio.
Seguramente se dirá que el Estado no tienen recursos para realizar “obras faraónicas” como afirman los críticos de las grandes obras públicas. Sin embargo, el Ejecutivo, en nombre de fomentar la participación del sector privado en la economía no puede ser indiferente frente a las deudas por concepto de impuestos registran los distintos grupos empresariales con el SRI, más de $ 2.500 millones.
En la línea de fomentar las actividades productivas se debe bajar los impuestos particularmente los aranceles que duplican los precios de los bienes en el mercado nacional que perjudican a determinados sectores productivos. Igualmente, se debe bajar el impuesto a la renta a nivel de sociedades en porcentajes que estaban vigentes anteriormente, 20%, pero simultáneamente se debe ejecutar una política de cero tolerancias a la evasión tributaria.
* Economista, docente universitario y ex director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador.
