ECUADOR: LA NECESIDAD DE REINVENTAR LA POLÍTICA. Por Decio Machado

– Existe una falta de liquidez alarmante por parte del Gobierno (el déficit fiscal recientemente se ajustó a más de 1000 millones de dólares –ver gráfico 1-), lo cual afecta ostensiblemente a una economía nacional dependiente de la actividad del Estado. El Gobierno tiene mayores dificultades para conseguir financiamiento en el mercado internacional y carece de legitimidad social para implementar un plan anti-crisis creíble y de consenso ciudadano.

– La banca privada disminuyó depósitos un 13,8% entre 2014 y 2015, su índice de morosidad crece paulatinamente (ver gráfico 2), la venta de cartera crediticia vencida maquilla los indicadores de liquidez bancaria y como consecuencia la colocación de créditos es menor. El crédito para inversión está semiparalizado y el crédito al consumo disminuyó notablemente. El endeudamiento familiar es un hecho facilmente detectable en los indicadores de morosidad existente en el sector retail.

– La falta de liquidez gubernamental afectó gravemente a la cadena de pagos a proveedores del sistema de compras públicas y el capital privado carece de confianza en los mercados. Ambos factores hacen imposible dinamizar la economía nacional mediante el impulso de los privados.

En resumen, quienes más ganaron durante el período de bonanza económica han pasado a ser explícitos indicando que no están dispuestos a cargar sobre sus espaldas el peso de la crisis. Con la dolarización en riesgo (desequilibrio del flujo de ingresos y salidas de dólares) el Gobierno determinó una hoja de ruta enfocada hacia el control de precios (medidas arancelarias sobre productos de importación) y el control de salarios (pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores, en algunos casos argumentativamente disfrazada con criterios de reducción de la jornada de trabajo). Cuando el correísmo gozó del apoyo popular no tuvo la valentía de implementar medidas para la recuperación de la soberanía monetaria nacional, condición que en la actualidad le pasa factura.

Desde el pasado año, la economía ecuatoriana se encuentra en lo que podríamos definir como momentos de “significativa incertidumbre”. A inicios del 2015 el Banco Central estimó un crecimiento del 4,8%, lo cual tras los ajustes realizados al Presupuesto General del Estado terminó siendo un indicador de tan solo el 0,4%. Pero más allá de ello y a pesar de la disminución de importaciones por implementación de salvaguardias, no se ha conseguido revertir el déficit en la balanza comercial (ver gráfico 3).

Más allá de que las vocerías oficialistas sitúen la crisis en el ámbito de la disminución del precio del crudo, es un hecho que las exportaciones no petroleras también han disminuido (ver gráfico 4) fruto de guerra de divisas, cerrando el 2015 en unos 780 millones de dólares menos.

En la actualidad, Estado ecuatoriano tiene necesidad de financiamiento por un monto superior a 7.200 millones de dólares, a los cuales se debe sumar otros rubros como: el pago pendiente por sanción arbitral en el caso de la petrolera Oxy (U$D 880 millones), deuda en Certificados del Tesoro (U$D 1.600 millones) y atrasos del pasado ejercicio (U$D 2.500 millones). En pocas palabras, el Gobierno se ve obligado a conseguir 10.000 millones de dólares (ver gráfico 5) en un contexto en el que disminuyó la capacidad para adquirir financiamiento externo y en el que la crisis económica hizo que la recaudación tributaria menguase en un 20%.

Enmarcados en esta realidad, el Gobierno logró negociar el pasado año un crédito millonario (U$D 7.000 millones) con China, del cual fueron desembolsados el pasado mes de febrero 970 millones por parte del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

A pesar de la opacidad respecto a las cláusulas contractuales, se estima que Ecuador ha comprometido 42.000 barriles diarios durante los próximos 5 años. Esta negociación implica continuar con el incremento del petróleo “comprometido” por el país e incrementar peso de la deuda china (ver gráfico 6) en el ámbito de una agresiva política de endeudamiento exterior.

Tras demostrar su falta de voluntad o incapacidad para transformar, tras más de nueve años de gestión, la matriz de acumulación heredada del neoliberalismo y presionados por el discurso del sector empresarial, el Ejecutivo ha optado por el ajuste presupuestario: recorte de subsidios y del gasto público. Además de eso, se ve abocado a aumentar su capacidad recaudatoria, por un lado mejorando su eficiencia pero por otro subiendo impuestos y con la próxima privatización de determinadas empresas públicas.

Perdido el motor de la inversión pública como motor de la economía nacional y sin una significativa reserva internacional, el Gobierno ha pasado a una ofensiva recaudatoria que en su último capítulo implica gravar productos ya severamente gravados con anterioridad. La crisis hace que se esté recaudando menos (ver gráfico 7) cuando más falta hace.

Por su parte, la implementación a través de incentivos para el uso del dinero electrónico y el aumento de la emisión de Títulos del Banco Central (TBC´s) son medidas que tal y como están concebidas, no avanzan más allá del objetivo de que el Banco Central del Ecuador mantenga transitoriamente su capacidad como financiador del Gobierno (la inversión del BCE en el Gobierno durante el mes de marzo aumentó 395 millones de dólares a la espera de que llegue financiamiento de algún lado). Son medidas que ni buscan ni tiene capacidad para transformar la realidad económica que vive el país.

Respecto al dinero electrónico y sin cuestionar la esencia de combatir el uso especulativo que hace el sistema financiero privado del dinero, el balance de depósitos del Banco Central (ver gráfico 8) no ayuda a genera confianza entre los ciudadanos, lo que dibuja un futuro poco halagador para tal empresa.

Por su parte, el Gobierno se apresta a una nueva emisión de bonos por 1.000 millones de dólares a 20 años buscando captar liquidez. A finales del pasado mes había emitido ya otros 400 millones (a los que hay que sumar las emisiones de años anteriores) a través de las bolsas de Quito y Guayaquil. En la actualidad el saldo de la deuda a bonistas internos y externos, sumados a los anticipos chinos, es de alrededor de 25.000 millones de dólares, pagándose unos 4 puntos por encima (calcúlese un costo adicional de 250 millones de dólares anuales por cada punto porcentual) de lo observado en emisiones hechas por otros países de la región.

Otra opción manejada por el Gobierno es la posibilidad de acudir a los organismos multilaterales de Bretton Woods, opción ampliamente demandada desde sectores empresariales y la derecha política. Allá, el Gobierno del Ecuador podrá encontrar posibilidades -a un tipo de interés más liviano- para financiar parte de sus necesidades a corto plazo, aunque el país se vería obligado a contener más agresivamente el gasto público en función de las premisas del FMI.

En resumen, todas de las opciones (combinadas o individualmente) supondrán a la postre un mayor costo político y electoral para el actual Gobierno.

La agudizada pérdida de credibilidad y legitimidad social que sufre el correísmo, sostenida sobre los deteriorados indicadores de la economía nacional, no se reflejan en un crecimiento acelerado en la intención de voto de sus contradictores políticos. Dicha situación encamina al país hacia una creciente crisis de representatividad política. A la par que crece el descontento social y cada vez más amplios sectores de la población entienden que no da para más el confuso y contradictorio actual ciclo político, la mayoría de ciudadanos no se encuentran representados en ninguna de las opciones políticas que se configuran como alternativas en el país.

Según las encuestas serias con resultados más halagüeños a favor del candidato Guillermo Lasso (propietario del banco que ocupa el tercer puesto en el ranking de utilidades del sistema financiero nacional), este tendría en la actualidad una intención de voto cercana al 25% frente al 32% gubernamental (cabe indicar que estas variables son relativas aun en tiempos de precampaña).

La incapacidad del ala conservadora para unirse en una sola candidatura (superación del conflicto Lasso vs Nebot), sumada a las resistencias ciudadanas ante líderes incapaces de representar regeneración alguna en el sistema político nacional, hacen que la estrategia de CREO quede limitada a asistir pasivamente al desgaste que la situación económica genera sobre el oficialismo.

En resumen, Lasso y sus asesores no son capaces de establecer otro criterio más allá de esperar que ante el deterioro económico, la ciudadanía vote en febrero del 2017 a la opción política mejor situada para reemplazar al correísmo. Así las cosas, su objetivo estratégico es extremadamente sencillo: voto útil sin candidato capaz de generar encantamiento ni proyecto que construya expectativas. Con un discurso enmarcado en la mediocridad de sus voceros y candidatos, la propuesta de CREO se limita a pedir el voto para un magnate cuya única carta de presentación es haber logrado el éxito económico personal (simplicidad argumentativa: se hizo rico, lo que demuestra que sabe mucho…).

Respecto al otro ala de derecha, el encarnado por la llamada “alianza de Cuenca” (inicialmente enmarcado en los acuerdos Nebot/Rodas/Carrasco), cabe reseñar que esta opción entrará en barrena si Jaime Nebot definitivamente mantiene su negativa a postularse en 2017. Es un hecho que ya algunos involucrados en la “alianza de Cuenca” buscan salida para sus aspiraciones políticas personales, importándoles poco en cual de los lados de la barricada de ideas les dejen algo de espacio en la lista.

El discurso político de ambos sectores del conservadurismo ecuatoriano no tiene diferencias entre sí: reducción del gasto público, excepciones fiscales para empresas, liberalización del mercado interno para la entrada de nuevas divisas y cuestionamiento al peso del Estado en la economía. Para promover la generación de empleo e inversión nacional y extranjera, estos sectores proponen la flexibilización –ya en parte puesta en marcha por el correísmo- del mercado laboral.

En todo caso y más allá del ámbito electoral, son los sectores del gran capital privado quienes más se están beneficiando de la condición actual, imponiendo sus agendas en la reforma del mercado laboral, logrando políticas de excepciones fiscales y presionando al Gobierno para que país se incorpore cuando antes al Tratado de Libre Comercio firmado por Colombia y Perú con la Unión Europea.

La izquierda política ecuatoriana, compuesta por un diverso conjunto de siglas de las cuales tan solo unas pocas tienen cierta realidad social, ha procedido ante las elecciones de febrero del 2017 como en ella es habitual. Posicionó en la palestra a una serie de nombres con cierto peso político, pendiente de dilucidarse su candidato presidencial, antes de sentar las mínimas bases programáticas para un definitivo acuerdo de unidad. Inmersos ahora en la articulación de un plan de gobierno común, la alianza autoreferenciada como “centro-izquierda” (en realidad agrupa incluso a sectores del espectro político conservador) tiene que lidiar con los conflictos internos existentes en el Pachakutik –organización que en la práctica dejó de ser el brazo político de la CONAIE- y con el peso negativo que electoralmente le significa alguna de las formaciones políticas involucradas en la coalición (en política no toda alianza necesariamente suma votos).

Tampoco desde este ámbito surgen iniciativas que conlleven a regenerar del sistema político nacional, siendo sus figuras claves personalidades de largo recorrido en la política institucional ecuatoriana (se carece de liderazgos nuevos que puedan identificarse a un proyecto de nuevo aliento). Hasta el momento, y aceptando que este espacio político nace con la intención de representar las crecientes movilizaciones populares que se han ido dando en los últimos dos años, cabe indicar que en sus postulados no se ha avanzado aun en algo que vaya más allá que criterios básicos sobre descorreización (democratización del sistema político institucional), posibilidad de utilizar estratégicamente la consigna de un nuevo proceso constituyente y elementos basados en el incentivo a la producción, inversión y el empleo. En resumen, la unidad de las “izquierdas” se desarrolla por necesidad, no incorporando criterios de refundación ideológica ni elementos que en la práctica aseguren el hecho de que una vez conformados en bancada legislativa se mantengan criterios de unidad y prácticas diferenciadas a las otras organizaciones políticas con las que compartirán el arco legislativo. Más allá de su puesta en escena, se evidencia que aun le falta mucho a estás “izquierdas” para encarnar una propuesta de cambio que sirva como herramienta para la transformación social.

Alianza PAIS es un partido construido desde el poder, y como todo tipo de formaciones políticas articuladas de esta manera, no es más que un espacio de encuentro capitalizado por burócratas, arribistas y buscadores de empleo. Así las cosas, el creciente deterioro político que sufre el oficialismo ha generado fisuras al interior del partido, las cuales en la actualidad confrontan por instalarse en el delfinazgo correísta.

Al momento actual, dos sectores son claramente identificables al interior del partido de gobierno: uno, más conservador y que a pesar de sus diferencias se mantuvo articulado en torno al poder, propugnando en la actualidad la candidatura presidencial de Jorge Glas; y otro, discursivamente más progresista y posiblemente algo más honrado, que apoyado por una parte del sector empresarial más inteligente del país (el que demanda cambios pero sin alterar una política económica que les ha permitido obtener notables beneficios durante estos años), propone abrir un espacio de balances y autocríticas con el fin de articular nuevas propuestas enfocadas a la generación de empleo, productividad y redimensionamiento del sector privado (reducir la intervención del Estado en la economía) proponiendo la candidatura presidencial de Lenin Moreno.

Aunque al interior del oficialismo el peso político del sector que podemos referenciar como “entorno presidencial” (el de origen más costeño y políticamente más conservador) es mayor que el teóricamente progresista, lo cierto es que la “opción Glas” demuestra su incapacidad para situarse electoralmente como opción ganadora, condición de inclina la balanza hacia los que podríamos denominar como sector “morenista”. La realidad es que el debate político interno en Alianza PAIS no existe, y a la postre, a lo que asistimos es al intento de reposicionamiento de un sector político que quedó desplazado del núcleo duro de poder por quienes se referenciaron como “correa de transmisión” de los distintos intereses del capital emergente ecuatoriano. A la larga, es dudable que el “morenismo” se exprese en algo que vaya más allá de una transición de perfil socialdemócrata liberal aplicada sobre este engendro político denominado “correísmo”, que con sus contradicciones y derivas ya nadie tiene la capacidad de definir lo que es.

Más allá de que la candidatura presidencial del oficialismo esté prácticamente definida por la vía de los hechos, escollos por superar no le faltan al “morenismo”. El primero de todos, sacarse de la próxima campaña electoral a la figura de Rafael Correa, condición que haría más creíble para los electores la estrategia de presentarse como un cambio dentro de la continuidad en el gobierno del partido oficialista. Dicha estrategia ya tuvo su arranque inicial con la carta enviada por Lenin Moreno a la cúpula de Alianza PAIS ante la próxima convención nacional de su partido.

La izquierda sociopolítica ecuatoriana demuestra incapacidad para vivir al margen del terreno de juego que marcan las coyunturas electorales. Incluso sin reflejarse políticamente en una candidatura, sufre la presión de posicionarse a favor de lo que consideran la opción más progresista en cada momento, condición que le ha llevado a cometer serios errores en el transcurso de su historia.

Con un sindicalismo que se resiste a la renovación, que no entiende que el conflicto capital vs trabajo se extiende más allá del mercado laboral formal y que quedó anclado a lógicas de intervención propias de la década de los ochenta, así como con un movimiento indígena que no es capaz de recuperar la centralidad política de sus demandas históricas, se hace por momentos cada vez más necesaria el surgimiento de nuevos movimientos sociales.

Por su parte, el mundo de las ongs en Ecuador, desde su perspectiva política lleva años agotado. En su camino de lenta agonía, podríamos subdividir su realidad actual en tres espacios que comparten un perfil común: su cada vez menor capacidad de incidencia en la realidad social que los rodea. El primero de ellos está configurado por las ongs afines al régimen (clientelistas); el segundo, lo conforman las ongs cuya práctica coherente les ha convertido en opositores al régimen (especialmente las que defienden derechos humanos y colectivos, así como las especializadas en la defensa del medio ambiente); y por último habría un tercer espacio que aunque teóricamente son críticos al poder establecen relación cercana y permanente con este, viviendo en una especie de esquizofrenia derivada de la contradicción política que les implica su necesidad de subsistencia.

Ante un futuro gobierno que a todas luces será débil (deberá renegociar los plazos de devolución de la creciente y cara deuda externa a la que se enfrenta el país, sufrirá el período más duro de la crisis económica, carecerá de mayorías absolutas en el Legislativo y nacerá enmarcado en una crisis de representación política en ciernes), se evidencia que lo actualmente existente desde el punto de vista social y político necesita renovarse. Rescatando una cita de Antonio Gramsci, estamos ante un momento en que lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, lo que implica la necesidad de reinventar los espacios de discusión política, ejes de intervención, modelo discursivo, formas de acción y los modelos organizativos que derivan en una refundación de la política en el Ecuador.

Fuente: http://deciomachado.blogspot.com/2016/04/ecuador-la-necesidad-de-reinventar-la.html