En los últimos años se han producido grandes oleadas de desplazamientos de personas en África, Medio Oriente, América Latina causadas por hambrunas, guerras civiles, gobiernos dictatoriales, colapsos económicos, políticos y sociales de los estados.
En 2018, el número de desplazados alcanzó a 70 millones de personas en el mundo, dentro de ellas están los refugiados, cerca de 26 millones; solicitantes de asilos, 3,5 millones; y aquellas personas desplazadas a otras zonas dentro de sus propios países, 41,3 millones, denominadas como desplazados internos .
El éxodo de Siria
Bashar al Assad, en el año 2000, fue nombrado presidente de la República de Siria por el Parlamento en reemplazo de su padre, Hafez al Assad, quien gobernó entre 1970 y 2000. En mayo de 2007 se celebra un referéndum donde Assad obtuvo el 97% de los votos para un segundo mandato de 7 años, en unas elecciones que fueron boicoteadas por la oposición.
Siria, en 2011, se sumergió en una cruenta guerra civil entre varios grupos insurgentes como el Ejército Libre de Siria y las Fuerzas Armadas del régimen de Assad. Luego emergió como una fuerza fundamentalista el llamado el Estado Islámico, cuyos integrantes provenían de varios países de Europa y Asía. Los grupos rebeldes y el llamado Estado Islámico llegaron a controlar la mayor parte del territorio de Siria.
La guerra civil en Siria se volvió un escenario de conflicto geopolítico regional; participaron junto a las Fuerzas Armadas de Siria las milicias del Hezbolá que recibía armas, capacitación y financiamiento de Irán; Rusia intervino directamente en la guerra suministrando armamento, asesores militares y aviones de combate que fue un elemento clave para el mantenimiento en el poder del presidente Assad.
Entre 2014 y 2018, en el conflicto militar se produjeron al menos 106 ataques químicos, con gas sarín, para contener el avance de los grupos rebeldes atribuidos por los países occidentales al régimen de Assad.
Los combates que se desarrollaron no solo fueron en contra de las Fuerzas Armadas leales al presidente Assad, sino también entre los diversos grupos islamistas, el Ejército Libre de Siria, el llamado Estado Islámico, fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos, así como también Israel que veía como una amenaza el avance de Hezbolá y Turquía. Naciones Unidas, entre 2011 y fines de 2017, estimó que la guerra civil en Siria arrojó más de 400.000 muertos y la mayor diáspora del siglo XXI, 6,7 millones de personas.
Afganistán, oleadas de refugiados
Nur Mohammad Taraki, en 1978, fue elegido presidente del Consejo Revolucionario y primer ministro de Afganistán, quien inició un programa de reformas radicales: eliminó la usura, implantó una reforma agraria radical, inició una campaña de alfabetización, eliminó el cultivo del opio, legalizó los sindicatos y estableció una ley de salario mínimo.
Además, promovió la igualdad de los derechos para las mujeres: permiso de no usar velo, permiso de transitar libremente y conducir automóviles, integración de las mujeres al trabajo y estudios universitarios, conjunto de reformas que desencadenó una reacción violenta de los grupos fundamentalistas islamistas que recibieron el apoyo de equipos militares y financiero de Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita, Pakistán. Los diversos grupos armados lograron desestabilizar al régimen de Taraki, lo que llevó al Consejo Revolucionario a solicitar la intervención del Ejército de la Unión Soviética en 1978.
Luego de 8 años de una cruenta guerra entre los grupos islamistas y del Ejército soviético que provocó decenas de miles de muertos y heridos y un alto costo económico para el gobierno de Mijaíl Gorbachov, en 1989, ordenó la retirada de las fuerzas soviéticas de Afganistán. Sin embargo, los combates prosiguieron entre los grupos fundamentalistas y las fuerzas gubernamentales que derivó en el derrocamiento del régimen y en el establecimiento de los talibanes en el poder en 1992.
El 11 de septiembre de 2001, se produjeron los atentados terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York, que dejó como saldo cerca de 3.000 personas fallecidas y cientos de heridos, cuya autoría intelectual fue atribuido a Osama Bin Laden, líder del grupo Al Qaeda que estaba refugiado en Afganistán. El régimen talibán se negó a entregar a Bin Laden a Estados Unidos, lo que le llevó a invadir Afganistán y derrocar al régimen islamista.
La invasión de Estados Unidos en Afganistán contó con el apoyo de los “señores de la guerra” del norte del país, Pakistán y de los países integrantes de la OTAN, las acciones militares fueron rápidas y en un mes lograron derrotar al régimen y tomaron Kabul, la capital, y Kandahar. Estados Unidos, a fines de noviembre de 2001, consideraba que había ganado la guerra, no obstante, los talibanes seguían controlando varias provincias y tampoco consiguieron capturar a Bin Laden porque había huido a las montañas de Pakistán junto a la cúpula de Al Qaeda.
El nuevo gobierno instalado tras la caída de los talibanes no consiguió controlar el país, por el contrario, en los últimos años, las acciones militares se han intensificado, los atentados a civiles y militares han dejado decenas de miles de muertos y heridos. La guerra civil en Afganistán provocó oleadas masivas de refugiados que llegó a 2,7 millones de personas.
La diáspora venezolana
En 1998, con un amplio respaldo popular gana las elecciones el Crnl. Hugo Chávez Frías y en febrero del siguiente año asume el poder. Chávez ejecuta una política orientada a una mayor intervención del Estado en la economía, destina ingentes recursos a programas sociales, nacionaliza y estatiza centenares de empresas privadas, nacionales y extranjeras.
Luego del fallecimiento del presidente Chávez, Nicolás Maduro, que desempeñaba las funciones de vicepresidente, se hizo cargo como “presidente encargado” de Venezuela. El líder de Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) antes de su muerte designó como su sucesor al más leal de sus ministros, Nicolas Maduro, quien fue electo presidente de Venezuela en las elecciones que se realizaron el 14 de abril de 2013.
Maduro continúo y radicalizó la política del “socialismo del siglo XXI”, hábilmente concentró y controló las principales funciones del Estado: el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, el poder judicial. A los miembros de la cúpula militar les designó cargos administrativos en áreas estratégicas y de alta rentabilidad: presidencia de PDVESA y los ministerios del Interior, Vivienda, Agricultura y Alimentación han estado administrados por militares.
Venezuela tradicionalmente fue uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, su principal fuente de ingresos para el Estado. Antes de la “revolución bolivariana” las exportaciones de petróleo superaron 3 millones de barriles por día, en lo que va de 2019 no llega a los 750.000 barriles, agravado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la falta de recursos económicos para mantener la producción.
Venezuela que se ubicaba en 2014 como la tercera mayor economía de América Latina, después de Brasil y México, con un Producto Interno Bruto equivalente a USD 482.400 millones, en 2019 se estima que caerá a USD 76.458 millones. Entre 2013 y 2018, la economía registró una contracción acumulada de 44,3%.
Maduro como política de Estado estableció el “petro”, criptomoneda, como un medio eficaz para vencer el “bloqueo financiero” impuesto por el “imperio” y combatir la inflación más alta del mundo, este año se estima que va a alcanzar 10.000.000%. El “petro” está limitado a determinadas transacciones en las casas de cambio oficiales y pequeños establecimientos comerciales. Sin embargo, fuera del país está ausente de las grandes transacciones que realizan las casas de cambio internacionales, puesto que no hay confianza en la criptomoneda.
Venezuela sumida en la mayor crisis económica de su historia reciente ha registrado frecuentes suspensiones en el suministro de energía eléctrica que Maduro atribuye a la oposición. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país llanero registra el mayor incremento de casos de malaria en el mundo por la escasez crónica de insumos y medicamentos derivado, a su vez, por la penuria de recursos económicos.
Altos funcionarios de la “revolución bolivariana” han estado involucrados en actos de corrupción como los develados en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyos recursos han ido a parar en paraísos fiscales. La crisis económica, social y política de Venezuela ha generado una diáspora hasta mediados de 2019 de más de 4 millones de refugiados, la mayor en la historia de América Latina.
Las olas migratorias
La política del socialismo del Siglo XXI que promovió el presidente Hugo Chávez que se traducía en estatizaciones y nacionalizaciones de empresas privadas, nacionales y extranjeras, provocó desconfianza en determinados estratos de ingresos altos de la población.
La primera ola migratoria se generó entre los años 2000 y 2005, se caracteriza por la migración de venezolanos que tenían condiciones económicas favorables, con altos niveles de educación, incluían pequeños grupos de industriales, quienes se sentían amenazados en sus intereses relacionados con inversiones y patrimonio familiar.
En 2002 empezó la huelga nacional, en la que se paralizaron las actividades laborales y económicas de carácter indefinido en contra de la política del socialismo del siglo XXI, promovida por la organización empresarial Fedecámaras, organizaciones sindicales de PDVESA, los partidos de oposición y medios de comunicación. En respuesta al paro, Chávez despidió a más de 17.000 empleados de la empresa petrolera, incluían obreros, secretarias, operadores de plantas, supervisores de mandos medios. La huelga finalizó en febrero de 2013.
El destino de los venezolanos con patrimonio medios y altos en la primera ola fue Colombia por su cercanía geográfica y Estados Unidos, en 2018 asciende a 351.114 personas. Igualmente, fueron importantes receptores de la migración países como España (323.575 personas) Italia (49.831) y Portugal (24.603).
La política continuista de Nicolás Maduro que radicalizó las estatizaciones, nacionalizaciones, expropiaciones de empresas nacionales y extranjeras, así como el sistemático deterioro de la economía, corrupción, inseguridad, colapso de los servicios de salud, el cierre de la frontera con Colombia, determinaron la segunda ola migratoria que empezó a fines de 2015 hasta 2016. La segunda ola migratoria se caracteriza por la migración de profesionales, estudiantes y en general de clase media con recursos económicos para establecerse en otros países.
El hundimiento de la economía, la persistente crisis social, política y humanitaria, con la mayor inflación del mundo, el colapso en los servicios de salud, frecuentes suspensiones en el suministro de energía eléctrica, altos niveles de desempleo, pobreza y extrema pobreza provocaron el éxodo masivo de venezolanos al exterior.
En la tercera ola migratoria, 2017-2019, salieron sectores de la población vulnerable, mujeres que viajaron solas, menores no acompañados, adultos mayores, poblaciones indígenas, personas desempleadas y en condiciones de pobreza, viajaron en condiciones de salud y materiales menos favorables, se desplazaron a otros países de la región a pie y en bus.
La tercera ola migratoria ha sido la más masiva, se estima más de dos millones de refugiados salieron de Venezuela, personas que perdieron su patrimonio, empleo, recursos económicos que les permitiera radicarse en algún país de la región. Entre los migrantes había desnutrición, enfermedades infecciosas, debido a las condiciones deplorables del sistema de salud. Estos segmentos de la población no tenían documentos necesarios para salir de Venezuela como cédulas, partidas de nacimiento, pasaporte, debían enfrentar condiciones de irregularidad en los países de tránsito o destino.
Ecuador, tercer país con mayor número de inmigrantes de América Latina
El presidente Lenín Moreno, manifestó que a Ecuador ingresan diariamente 3.000 venezolanos, cuyo flujo migratorio ha subido a 500.000 venezolanos residentes en el país, que representa para las finanzas públicas un gasto de USD 500 millones al año, alimentación, servicios de salud, educación, transporte.
Según ACNUR, el mayor número de migrantes y refugiados venezolanos a fines de 2018 estaban en Colombia con 1,3 millones de personas, seguido Perú 768.148, luego Chile 288.233, Ecuador 263.000, Brasil 168.357 y Argentina 137.000, entre otros.
Sin embargo, Ecuador ha sido un país que en los últimos decenios ha recibido decenas de miles de refugiados de Colombia como consecuencia conflicto armado interno, más de 50 años, entre el Ejército colombiano y los diversos grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), paramilitares, que dejaron como saldo decenas de miles de muertos y heridos.
ACNUR estima que, en 2018, Ecuador tenía como asilados y/o residentes de origen venezolano 262.572 personas, de Colombia 60.561 personas, la mayoría de ellas participa en diversos sectores de la economía. Igualmente, el país ha recibido como refugiados de Cuba 292 personas, Siria 192, Perú 173, Yemen 151, Afganistán 150, entre otros, que en conjunto suma 324.237 personas, con lo que Ecuador se ubicaría como el tercer país en América Latina con mayor número de refugiados.
La migración tiene sus ventajas para los países receptores, aportan mano de obra para las distintas actividades productivas, se estima que el 20% de los migrantes venezolanos tienen título profesional. La llegada de migrantes a un país receptor incrementa el consumo de bienes y servicios, demandan una mayor cantidad de alimentos, servicios que son generados por los diversos sectores de la economía, lo que a su vez contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto.
Los migrantes que logran incorporarse al mercado formal de trabajo aportan a la seguridad social y mejoran la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas, y fortalece las finanzas de la institución.
En algunos países se incentiva la inmigración de extranjeros especialmente científicos, inversionistas, empresarios, artistas, deportistas, así como en poblaciones cuyos habitantes se han desplazado a centros urbanos y/o han emigrado a otros estados; esto es, tienen una política selectiva de inmigración.
En Ecuador por mandato legal, Art. 42 de la Constitución que aborda los derechos de la movilidad humana, dispone: “Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios”.
A su vez, el numeral 6 del Art. 416 de la Carta Magna establece como principios de las relaciones internacionales: “Propugna el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur.” El principio de la “ciudadanía universal” lleno de buenas intenciones no se aplica ni en los países altamente desarrollados.
Ecuador desde 2015 hasta 2019 registra un estancamiento y deterioro de la economía, elevados porcentajes de desempleo y subempleo, en conjunto más del 50% de la población económicamente activa, así como altos porcentajes de pobreza y extrema pobreza. En estas condiciones, la llegada masiva de migrantes venezolanos ha sido vista con recelo por la fuerza laboral local que considera que se está limitando las opciones de acceder al mercado de trabajo especialmente a los estratos jóvenes de la población y, por el contrario, con buenos ojos de parte del sector empresarial que contrata más barato a esta población, precarizándola.
La poca demanda de trabajo por parte de los sectores productivos ha derivado en que migrantes venezolanos, en el Patrimonio Cultural de la Humanidad, se sitúen en calles, avenidas y plazas ofertando productos alimenticios, cigarrillos, prendas de vestir, limpiando parabrizas, haciendo malabarismos o simplemente hombres y mujeres pidiendo una ayuda económica con niños en sus brazos ante la apatía de las autoridades a nivel nacional y local.
La política de achicamiento del gasto público ejecutada por el “gobierno de todos” en el marco de la Carta de Intención suscrita con el FMI ha reducido drásticamente las inversiones públicas, ha llevado a la paralización de la construcción de las centrales hidroeléctricas, ejecución de una nueva refinería y en general mantenimiento y dotación de infraestructura. Las inversiones públicas no han sido reemplazadas por las inversiones privadas como reiteradamente ofrecieron los gremios empresariales que ya debían llegar a USD 4.500 millones de los USD 9.000 ofertados.
Las medidas de política económica que se compromete ejecutar el Ejecutivo en la Carta de Intención son las mismas recetas establecidas en las 18 cartas de intención que suscribió el país en el pasado reciente con el organismo multilateral que fueron negativas en los ámbitos económico, sociales y políticos.
El Banco Central del Ecuador prevé poner a consideración del Banco Mundial mantener el actual sistema de límites máximos a las tasas de interés o dejar flotar en función de la oferta y la demanda. Una de las causas de la crisis del sistema financiero en 1999 fue precisamente la flotación de las tasas de interés que se implantó supuestamente para fomentar el ingreso de capitales extranjeros.
La recesión de la economía Argentina entre 2018 y 2019, con tasas de interés las más altas del mundo (superó el 74% anual), la debacle en la cotización del peso (60 pesos por dólar), el incremento de la pobreza equivalente al 35% de la población (más de 14 millones de personas), el aumento del desempleo a más del 10% de la PEA (cerca de 2 millones de personas), así como una inflación superior al 55% en términos interanuales, confirman el fracaso del publicitado plan del rescate del FMI por USD 57.000 millones.
¿Filtración de grupos ilegales?
La llegada masiva de migrantes venezolanos sin ningún control puede ser un canal para el ingreso de grupos delincuenciales, narcotraficantes y en general grupos que están al margen de la ley, lo que podría aumentar los niveles de inseguridad en el país.
América Latina es la región más peligrosa del mundo, dentro de ella Venezuela, en 2018, se ubica entre los países con mayores tasas de homicidios en la región, 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido de El Salvador 51, Jamaica 47 y Honduras 40.
En el mismo año, en la capital, Caracas, se produjeron más de 23.000 asesinatos, con una tasa de homicidios de 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes, es una de las ciudades más violentas del mundo.
La organización Insight Crime en un artículo titulado “Perfil de Venezuela” informa:
“En los últimos años, … se ha visto la aparición de las llamadas “megabandas”, una nueva forma de crimen organizado que nacen del sistema penitenciario sobrepoblado y autogobernado, las cuales dominan amplios sectores del territorio venezolano y participan en actividades como narcotráfico, secuestro, extorsión y minería ilegal de oro… Con experiencia como narcotraficantes locales, secuestradores y extorsionadores, son actores potenciales en el comercio transnacional de cocaína.”
Más adelante el estudio de la ONG señala:
“Los niveles de criminalidad y violencia son ahora tan graves en algunas partes de Venezuela que un toque de queda informal es establecido después de que anochece. Varios ciudadanos prefieren quedarse en casa antes de correr el riesgo de ser robados, secuestrados o asesinados en las calles.”
El presidente, Martín Vizcarra, alegando razones de seguridad, dispuso que a partir del 15 de junio de 2019 los ciudadanos venezolanos para ingresar a Perú debía presentar una visa humanitaria y pasaporte que será procesada ante los consulados de Perú en Venezuela, Caracas y Puerto Ordaz, y de manera excepcional, en los consulados de Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja en Ecuador.
El ministro del Interior de Perú, Carlos Morán, responsabilizó recientemente a los venezolanos del aumento de los niveles de inseguridad en varias ciudades del país, incluyendo Lima su capital, donde se han establecido la mayor parte de los migrantes.
El presidente de Sebastián Piñera, a los pocos días de la decisión tomada por el gobierno de Lima, a través de un decreto del Ministerio de Interior, a partir del 22 de junio, estableció como requisito una visa que la pueden adquirir en cualquier consulado de Chile en el mundo que puede ser válido por un máximo de 90 días, para los venezolanos que quieran ingresar a Chile en calidad de turistas, pero aquellos que están en trámite la visa no pueden ingresar al país.
El gobierno de Chile también estableció la visa de responsabilidad democrática, a partir del 24 de junio, para aquellos ciudadanos venezolanos que deseen radicarse en el país, puede ser obtenido por un periodo de un año y es prorrogable por el mismo periodo, se puede conseguir en cualquier consulado de Chile.
Brasil mantiene determinados requisitos para que migrantes venezolanos puedan ingresar a su territorio. Si llega por tierra solo se necesita la cédula de identidad venezolana para entrar, con ella se puede solicitar la visa de turista que dura de 60 a 90 días.
Una vez que ha finalizado el tiempo otorgado para permanecer en calidad de turista, se puede tramitar la residencia temporal para poder estar legalmente en Brasil, para esto se requiere pasaporte o cédula de identidad vigente, antecedentes penales, documento que certifique que no ha sido procesado penalmente en Venezuela, entre otros documentos.
A más de los documentos requeridos por el gobierno de Brasil, el idioma ha sido una de las barreras que ha impedido un mayor número de migrantes venezolanos ingresen a la mayor economía de América Latina.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció, el 16 de agosto de 2019, que a partir del 1 de octubre de 2019 los venezolanos que quieran ingresar a Panamá necesitarán visa estampada. El mandatario manifestó:
Ante la ruptura del orden democrático en Venezuela, situación que pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra economía, las fuentes de empleos de los panameños y panameñas, y luego de un profundo análisis, he tomado la decisión de exigir visas a los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a Panamá”.
Países como Brasil con una superficie de 8,5 millones de km2, Argentina 2,8 millones km2, Chile 756 mil km2 y con economías más industrializadas acogen a un menor número de refugiados que Ecuador. En otros términos, el país registra la mayor densidad de refugiados por kilómetro cuadrado en América Latina.
Por consiguiente, Ecuador debería plantear en el Grupo de Lima que los migrantes venezolanos sean acogidos por los países que suscribieron la Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017, en función de su disponibilidad económica, servicios de educación y salud y extensión territorial, que la integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, entre otros. Igualmente, Ecuador debe evitar que se filtren elementos vinculados a actividades ilícitas como se evidenció en la explotación minera ilegal en la parroquia Buenos Aires de la provincia de Imbabura.
* Economista, docente universitario y ex director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador
