Junio 28 de 2017
No todos saben que cada año, en mayo, los países del mundo se reúnen en Bonn, Alemania, para preparar las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, espacios donde discuten y tratan de llegar a acuerdos sobre cómo enfrentar este fenómeno global. Yo tampoco sabía de estas reuniones y entonces no sabía bien qué buscar ni qué esperar.
Pero allí estaba, en Bonn en primavera, dispuesta a aprender cómo funcionaban las sesiones y a descifrar los acrónimos que iba a escuchar toda la semana y que parecen hechos a propósito para despistar al mundo. Fui como parte de la llamada “sociedad civil”, que funge de observadora durante las conversaciones. Literalmente, una se sienta en segunda fila detrás de los delegados de los países que se sientan alrededor de una gran mesa. Ellos discuten, toman posiciones, y no llegan casi a ningún acuerdo. Y nosotras observamos, tomamos notas, trazamos estrategias de incidencia. Supongo que los delegados de los países hacen lo mismo: hay una actividad frenética de toma de notas. Si pudiera decir qué es lo más conmovedor de la conferencia diría que es el golpeteo constante, el choque de los dedos contra las teclas. Entonces el resultado de esas reuniones es miles de documentos de Word, de correos electrónicos, de mensajes de Whatsapp y Slack. Eso solamente, porque las reuniones se caracterizan por una consistente falta de acuerdos sobre compromisos reales para hacer frente al cambio climático.
Mientras asistía a las reuniones de “los órganos de la Convención”, de “los grupos de expertos técnicos ad hoc”, de “las organizaciones observadoras” y “los eventos paralelos”, empecé a entender apenas el extraño lenguaje diplomático y tecnocrático. Poco a poco también vislumbré las posiciones: la geopolítica de las negociaciones sobre el cambio climático que, aunque no lo crean, es fascinante.
Por ejemplo, una de las pocas cosas novedosas que ocurrió fue el planteamiento de que se establezca una política de transparencia para las organizaciones de la sociedad civil que actúan como observadoras de las negociaciones. La propuesta fue presentada el año pasado por Ecuador, como presidente del grupo LMDC (empezaron los acrónimos: éste significa Grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Afín), un sub-grupo del G77+China que representa a más del 50% de la población mundial.
Los activistas por la justicia climática apoyan la propuesta con el objetivo de obligar a las organizaciones afiliadas a grandes corporaciones, que participan en estas reuniones como observadoras, a que transparenten sus intereses. Por ejemplo, en las negociaciones climáticas participan como observadoras ONGs que pertenecen a empresas e industrias, las BINGOs (ONGs de petroleras y agroindustriales).
La idea es que estas ONGs sean tratadas como “organizaciones con fines de lucro” y que potencialmente vean disminuida su influencia en las negociaciones. El razonamiento es que una empresa petrolera difícilmente contribuirá a establecer regulaciones a su actividad hasta el punto de hacerla desaparecer. El evidente “conflicto de interés” se compara con el que se dio cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) discutía las regulaciones al consumo de cigarrillo: como resultado, las empresas tabacaleras fueron instadas a abandonar los espacios de discusión. Así, al grito de “¡contaminadores fuera!”, los activistas por la justicia climática exigen que las ONGs de las corporaciones petroleras, sobre todo, sean impedidas de participar en las negociaciones del cambio climático.
Esta es otra dimensión que no había calculado: la injerencia directa de las corporaciones, su presencia física en el espacio donde se negocia. Imaginen los pasillos y vestíbulos de este enorme complejo de convenciones, aquí y allá hay mesas e impresoras dispuestas para que los delegados tecleen furiosamente sus computadoras portátiles mientras comen un sánduche, una sopa o una ensalada en contenedores desechables, entre sesión y sesión, impriman algún pronunciamiento, o mantengan conferencias vía skype, o carguen su celular. Allí se mezclan los delegados oficiales, llamados a negociar la posición de sus países y a buscar soluciones reales al cambio climático, con expertos negociadores de las corporaciones. Eso es lo que se observa. Luego, en los pisos superiores, en salas convenientemente llamadas “bussiness” se celebran cocteles y sesiones a puerta cerrada. Lo que ocurre ahí dentro va más allá de lo que pueda fantasear.
Frente a eso, es mas bien poco lo que pueden hacer las otras organizaciones que actúan también como observadoras: organizaciones de pueblos indígenas, mujeres, campesinos, sindicatos, jóvenes, municipios. La capacidad de incidencia es tremendamente desigual.
Por eso es interesante la propuesta hecha por el grupo LMDC y que fue el preámbulo de un taller al que asistí. Fue el único espacio en el cual las organizaciones observadoras pudieron hablar sin límite de tiempo y los delgados de los países olvidaron el lenguaje y la pose corporal del diplomático. Los activistas por la justicia climática me contarían luego que eventos así son muy poco comunes: hubo una plenaria inicial con ponencias provocadoras (incluida la del delegado de la OMS que contó el episodio del cigarrillo), el público se dividió luego en grupos de trabajo y finalmente se presentó el trabajo colectivo en plenaria.
En los grupos, repartidos en la gran sala de la Convención –un anfiteatro de dos pisos con la bandera de la ONU colgando del techo- la gente se sentó en el suelo, en círculos y habló distendida. Hubo enfrentamientos y por momentos se alzaba la voz. Hubo ironía y transgresión. Hubo una desafortunada referencia de un representante petrolero a la presencia de “dinosaurios en la sala”, refiriéndose a lo absurdo del planteamiento del conflicto de interés. El hombre cayó en cuenta que su referencia aludía directamente a las empresas petroleras mientras la decía. Se le vio en la cara.
En la plenaria final, un representante de las BINGOs defendería apasionadamente su presencia diciendo que el mundo necesita a las empresas e industrias para descarbonizar la atmósfera. Potencias como Australia, Estados Unidos y la Unión Europea, cerraron filas defendiendo a sus corporaciones. Activistas seguían resaltando el conflicto de interés. Pero aún con lo novedoso de este evento, ocurrió lo de siempre: se acordó que los países enviarían sus propuestas concretas sobre cómo “mejorar el compromiso efectivo de las organizaciones observadoras” en enero de 2018. Las propuestas se discutirán en mayo de 2018, de nuevo en Bonn. Con suerte, algo se resolverá en unos tres años. Pero lo cierto es que el mundo sí necesita de las empresas y la industria pues son ellas las llamadas a efectivamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles o por uso de agroquímicos. La cuestión es que no las necesitamos en las negociaciones.
El resto de las sesiones transcurrirían como normalmente ocurren: intervenciones lánguidas y diplomáticas sobre procesos que casi nadie entiende. Para muestra, lo poco que logré entender: en cada reunión del cambio climático se reúnen muchísimos “grupos de expertos”, pero los más importantes son: el SBI (Órgano Subsidiario de Implementación), el SBSTA (Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico) y el APA (Grupo de trabajo Ad Hoc del Acuerdo de París). Los dos primeros apoyan la evaluación y análisis de la implementación efectiva de la Convención Marco y su Protocolo de Kyoto. A partir de la COP de Paris, surgió el APA, que se encarga de ver cómo se implementará el Acuerdo de París, que entrará en vigencia en 2020, “después de Kyoto”. Punto.
No es mi intención aburrirnos con todo esto, tan solo mostrar la complejidad absurda a la que se ha llegado. Cualquier persona que se anime a leer uno de los documentos que estas reuniones producen, se perderá en un mar de acrónimos y referencias a documentos y reuniones ocurridas desde al menos 1997. Es imposible para cualquier persona que no haya seguido de cerca este proceso, entender algo sin una guía. Lo grave del asunto es que las negociaciones se están tornando peligrosas para nuestros países en una forma de la que ya hablé antes aquí.
Y es que en las negociaciones del cambio climático, que un día estuvieron orientadas a pensar cómo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuya mayor fuente es la quema de combustibles fósiles como carbón y petróleo, han dejado de hablar de eso. En su lugar, las discusiones se centran en cómo reducir las emisiones provocadas por deforestación y agricultura (cuyo verdadero nombre es agroindustria), a través de soluciones injustas como la financiarización de las funciones de los bosques y “agricultura inteligente”. Injustas porque en lugar de forzar a los países industrializados y a las élites de los países pobres a rever sus patrones de producción y consumo y dejar de extraer, comprar y quemar tanto combustible fósil, se centran en cambiar los regímenes de uso del suelo y las formas de cultivo de los países pobres o en vías de desarrollo. Eso es lo que está normando el Acuerdo de París, pero eso será tema de otro artículo.
¿Y dónde entra Trump? Durante mi semana en Bonn, no se dejaba de hablar –en los pasillo, en las sesiones – de que la delegación de Estados Unidos había disminuido de más de 30 personas a 8. Era seguro, se decía, que en cualquier momento Trump emitiera un comunicado respecto al Acuerdo de París, probablemente para sepultarlo. No lo hizo durante esa semana, sino un mes después, el 2 de junio. Trump retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París, un laxo y quizás injusto instrumento internacional.
Si no tratan sobre la reducción de los combustibles fósiles y están centrados solo en la REDD, mejor alisten maletas, puede ser el fin de la vida en el planeta.