Por Ela Zambrano y Jorge Basilago*
Hasta las seis de la tarde, el lunes 31 de enero de 2022 era apenas otro día gris en la historia invernal de Quito. Nada parecía turbar la rutina de un nuevo comienzo de semana. Los habitantes de la ciudad regresaban de sus labores, o salían a resolver algunas compras diarias antes de que las amenazantes nubes volviesen a estallar en gotas.
Pero aquel monótono atardecer no dio paso a una noche apacible. Sin más advertencias que un extraño rugido, acompañado por el entrechocar metálico de carros y estructuras, cinco minutos después de las seis los vecinos de La Comuna y La Gasca, en el centro-norte de la capital, confrontaron un fenómeno tan desconocido como el temor que les produjo. “Al principio pensamos que se trataba de un accidente de tránsito, por el ruido y porque se movían los postes de alumbrado”, recuerda el abogado Henry Tenesaca, vicepresidente del Comité de Seguridad de La Gasca y morador del sector de Pambachupa desde hace más de 35 años.
Varias cuadras más arriba, la comunicadora Belén Cevallos supuso que era un temblor lo que sacudía el suelo y las paredes; al comprobar que la causa era un aluvión, no pudo contener el grito de alarma. “Enseguida escuchamos la explosión de un transformador y se fue la luz”, evoca Cevallos, con un dejo de temblor en la voz. Desde la terraza, donde buscó refugio con su familia, alcanzó a ver que el oleaje de lodo arrastraba el techo y los cerramientos de la cancha de vóley de La Comuna, junto con las personas que estaban allí y algunas precarias construcciones de la escombrera colindante.
A oscuras, sin orientación ni apoyo fuera del que pudieran procurarse a sí mismos, durante varias horas los residentes de la zona asistieron desconcertados al destructivo teatro de la catástrofe. En tanto, los entes y autoridades del distrito no salían de su impavidez: el servicio ECU911 colapsó por la cantidad de llamadas; la vicealcaldesa, Brith Vaca (ex UNES), admitió haberse enterado del suceso recién alrededor de las diez de la noche, cuando transitaba circunstancialmente por la zona baja de La Gasca; y, las primeras brigadas de ayuda oficial llegaron al sector hacia la medianoche, una vez que la descarga desde la quebrada El Tejado menguó en algo su violencia.
El volumen total del deslave se estimó en unos 15 mil metros cúbicos, cantidad considerada “pequeña” según la Comisión de Investigación del Flujo de Lodo de la Quebrada El Tejado, de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (Figempa), de la Universidad Central del Ecuador (UCE). Pero bastó para dejar 28 muertos, 52 heridos, 1 desaparecido y 9 viviendas inhabitables, además de daños diversos en calles, parques y otros espacios públicos.
Sin planes ni respuestas
De una de las quebradas del volcán Pichincha bajó mucho más que lodo: fue el desplome, por acumulación, de años de medidas inadecuadas, desatención y falta de control en la gestión de riesgos. “En lugar de prevención, lo que hacemos es una reacción frente a cualquier problema que se presente”, razona Manuel Moya, presidente de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE). “¿De qué sirve que haya manuales, planes de contingencia o de emergencia, si luego no se da mantenimiento, las instituciones no tienen personal y no hay recursos económicos para aplicarlos?”, cuestiona.
En la cresta de la ola, entonces, flotan la falta de claridad y voluntad política. La población quiteña casi se ha duplicado en menos de 15 años –pasó de 1.5 a cerca de 2.8 millones de personas, entre 2009 y 2022-, la expansión de la mancha urbana sobre las laderas del Pichincha registra un ritmo avasallador y las autoridades ni siquiera parecen entender que esa marea humana ascendente, en algún momento deberá descender transformada en otra cosa igual de dañina o aún peor. “Paco Moncayo legalizó 300 asentamientos y al final de su gestión había 700; (Augusto) Barrera regularizó 400 y terminó con 800. Esa lógica política de regularización de barrios no funciona: mientras más se legalizan, más aparecen”, opina la arquitecta Paulina Cepeda, magíster en Estudios Urbanos por la Flacso.
Pero la especialista revela datos más alarmantes todavía: “La informalidad (urbana) en Quito es del 70% según un estudio de 2017, y de este porcentaje, el 45% está en zona de riesgo”, agrega Cepeda, quien emplea el concepto de “urbicidio” para describir la lenta muerte de la ciudad, por la violación sistemática de sus derechos. “La vulnerabilidad socioeconómica de habitabilidad, que nosotros generamos y que afecta a las personas que tienen menos capacidad de responder al riesgo, la podemos evitar de cierta manera y no lo hemos logrado”, sentencia.
Existen planes para contener un fenómeno de tal magnitud. Distintos funcionarios se han tomado el trabajo de escribirlos y las correspondientes gestiones municipales los imprimieron en lujosas ediciones. Pero han quedado apenas como material de lectura, sin acercarse más que tibiamente al momento de su aplicación práctica. En consecuencia, no se implementan –o no se mantienen en el tiempo- políticas de vivienda social que contribuyan a desalentar los asentamientos informales en zonas vulnerables; no se revisan ni actualizan obras en las urbanizaciones formales; y, las estructuras de mitigación de riesgos más recientes están próximas a cumplir tres décadas, como el saneamiento y acondicionamiento de 32 quebradas entre los sectores de Miraflores (centro-norte) y El Rancho (norte).
Veinte años atrás, el ingeniero civil-hidráulico Othón Zevallos, de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), anotaba que en las laderas de Quito “ha primado la concepción de aplicar recetas simplistas para problemas tan complejos como es el drenaje, el control de la escorrentía y de los procesos de erosión y transporte de los sedimentos de estas zonas”. Pero en sus distintos períodos como funcionario de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) -el actual como gerente, cargo que ocupa desde octubre pasado-, Zevallos no ha podido contrarrestar sus propias observaciones: esa entidad no realiza una licitación para contratar el servicio de limpieza de quebradas desde marzo de 2021, y por eso lleva adelante las tareas indispensables con recursos propios. “La actual administración recibió la Empresa con un porcentaje muy bajo de equipos y maquinaria operativos”, se excusa Zevallos.
“Desde el Cabildo de la Comuna Ancestral de Santa Clara de San Millán se dieron indicativos, años atrás, referentes a la limpieza de la quebrada, al mismo hecho de cuidar el embalse y verificar y hacer una inspección técnica del punto de captación”, apunta el arquitecto Óscar Jara, técnico de esa autoridad comunal. Sin embargo, estas advertencias apenas se tomaron en cuenta en diciembre pasado y de forma parcial, tal como concede Brith Vaca en coincidencia con el gerente de la Epmaps: “Por toda la situación de disputa política que vivió el Municipio, no se hicieron a tiempo los contratos para limpiezas más profundas de las quebradas, y barrimos con escoba donde debimos usar una pulidora”.
La misma funcionaria revela que la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos cuenta con apenas tres profesionales de planta, y que la estructura de la Agencia Metropolitana de Control no solo es “inmanejable” sino que está “sobresaturada” por la cantidad de temas en los que debe prestar su contingente. “En este siglo, en que hablamos de cambio climático, de mitigar y adaptarnos, es inconcebible que una dirección de gestión de riesgos tenga tan poco personal para atender a una ciudad tan grande y con tanta complejidad natural y social como Quito”, argumenta por su parte Andrea Gómez, licenciada en Historia y magíster en Estudios Socioambientales por Flacso.
Si la ruta política fijada, el equipamiento, la cantidad de personal y su capacitación resultan deficientes e insuficientes, no parece muy sensato confiar en ser capaces de prevenir una catástrofe. Menos todavía si la sociedad tampoco conoce los pasos a seguir. Así, cada tropiezo logístico, cada demora o rodeo innecesario, cada pérdida material o vital que pudo evitarse, es la lógica continuación del sinsentido inicial: “Vinieron los miembros de la brigada de Guayaquil que envió la alcaldesa y no quisieron esperar por un vehículo; empezaron a subir solos, a pie, por la empinada Av. La Gasca. A las dos cuadras ya se ahogaban por el soroche (malestar por falta de adaptación física a la altura): nos tocó mandar a la Cruz Roja para que les dieran oxígeno”, refiere Brith Vaca, quien pinta una escena de realismo mágico en medio de las labores de rescate y limpieza.
En las calles de La Comuna y La Gasca, durante aquellas jornadas, hubo de todo, sin término medio. Desde grandes gestos de altruismo hasta personas inescrupulosas que intentaron saquear casas y vehículos desprotegidos, o desviar donaciones en efectivo hacia cuentas falsas; desde voluntarios que no sabían utilizar una pala y entorpecían las labores de rescate, hasta cocineras incansables en su intención de alimentar a quienes lo necesitaban. Belén Cevallos señala que “la solidaridad masiva fue algo impresionante, creo que todo Quito subió a ayudar. También hubo mucha presencia municipal, pero por alguna razón las instituciones actúan después de que las desgracias ocurren”.
A la intervención tardía se suman además los riesgos –latentes o patentes- causados por el mal manejo de los escombros removidos del sector. “Logramos identificar que una parte, no directamente del lodo levantado de las calles sino de lo que sacaron del colector, se colocó en unos parqueaderos junto al teleférico y, días después, las lluvias ocasionaron un nuevo flujo que dañó las paredes de una escuela”, advierte Liliana Troncoso, geóloga y especialista en Gestión del Riesgo de Desastre y Geología Social por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Incluso sucedió algo similar en la propia Zona Cero, detrás de uno de los estadios de la liga barrial de La Comuna, donde se depositaron escombros y lodo que volvieron a deslizarse hacia las calles antes de su traslado definitivo.
Tentar al destino con procedimientos irresponsables y reiterados, como si la tragedia reciente nunca hubiese ocurrido –ni pudiese volver a ocurrir-, denota que el hecho y sus consecuencias están muy lejos de ser casuales. “En la quebrada de Shanshayaku (sur de Quito), la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) tenía una zona de botadero de desperdicios de materiales que servían para el pavimento de las vías; la misma empresa municipal generaba ese impacto en la quebrada”, ejemplifica Eliana Jiménez, ingeniera Geóloga de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y docente de la misma universidad. Para forzar aún más la paradoja, mientras el Municipio anunciaba que los restos del aluvión serían destinados a escombreras autorizadas, sus propios funcionarios jugaban a depositarlos en cualquier rincón disponible.
Incluso el remanente de material que no alcanzó a ser recogido y bajó por los desagües de la ciudad, puede causar inconvenientes a futuro. “Esa tierra va a las alcantarillas y se tapona en la parte baja de la ciudad, hasta descargar en el Machángara; luego, los sedimentos van y rellenan el embalse de la presa Manduriacu, cuyo lavado es muy costoso, porque obliga a dejar de producir energía eléctrica entre una semana y 15 días”, detalla Washington Sandoval, ingeniero en Estructuras Hidráulicas por la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE.
“Por toda la situación de disputa política que vivió el Municipio, no se hicieron a tiempo los contratos para limpiezas más profundas de las quebradas, y barrimos con escoba donde debimos usar una pulidora”.
-Brith Vaca, Vicealcaldesa de Quito
Entender para prevenir
Poco después de aquietado el flujo de lodo, el 7 de febrero pasado, el alcalde Santiago Guarderas anunció la creación de un comité especial para analizar las causas del suceso y nombró como su presidente a Carlos Loaiza, responsable de la Cámara de Comercio de Quito. Luego de algunos anuncios circunstanciales sobre sus objetivos, a fines de marzo este organismo acabó por acoger los resultados del estudio de campo y de laboratorio realizado por miembros de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (Figempa), de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (FICA) y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), todas de la UCE.
A partir del trabajo de los docentes y estudiantes involucrados, se logró determinar el origen multicausal del aluvión, así como su composición y comportamiento. Las fuertes precipitaciones registradas entre el 28 y el 31 de enero, sostienen los investigadores, fueron el detonante del deslave inicial. “Ahora tenemos el gran reto de entender cómo los elementos urbanos –calles, rompevelocidades, curvas, casas- influyen en el comportamiento del flujo de lodo para tener evidencias que nos permitan reconstruir lo que pasó”, puntualiza Troncoso. La “geología forense”, al tiempo que dilucida los factores que inician o magnifican estos eventos catastróficos, contribuye a delinear las posibles prácticas preventivas que disminuyan su recurrencia.
Los materiales acumulados en la escombrera urbana ubicada junto a la cancha de vóley de La Comuna, volvieron más espeso y dañino para las viviendas al lodo que circuló por la calle Núñez de Bonilla. “Ese terreno siempre fue conflictivo: se hicieron dos denuncias para pedir su clausura, porque el trabajo nocturno de las maquinarias resultaba molesto y porque varias veces nos dejaron sin electricidad al arrastrar cables y postes de luz”, comenta Cevallos.
Creado alrededor de 2018-2019, este espacio no fue clausurado por el Municipio sino hasta fines del año pasado, incluso a pesar de que su propietario (un hombre de apellido Sangoluisa) registra una deuda predial cercana a los USD90 mil, por este y varios lotes similares, tal como indicó la vicealcaldesa en nuestra entrevista y en otras presentaciones públicas. Tales circunstancias despertaron sospechas entre los vecinos, tanto respecto del origen de los escombros acumulados en el lugar –se habla de material retirado de las excavaciones del Metro de Quito- como de las presuntas conexiones políticas del responsable, para eludir la clausura durante varios años pese a las quejas y denuncias formales en su contra.
El parque de Pambachupa, al inicio del escarpado sector de La Gasca, también resultó instrumental en el derrotero del flujo, en este caso como disipador de su fuerza. Un logro que no fue para nada gratuito: “La mayor descarga que bajaba se detuvo en parte en el parque, y en parte en el tapial de la Casa Comunal, donde quedaron detenidos cinco carros, motos y piedras”, lamenta Henry Tenesaca. La destrucción de la UPC y la Casa Comunal del sector fue absoluta, daño que continúa vigente y que preocupa a los moradores por el riesgo de sufrir actos delictivos. “Visualizando lo que fue la tragedia, considero que hemos avanzado un 70% en la reconstrucción. Falta la recuperación de los parques y exigimos que se reconstruya nuestra UPC y que se instalen cámaras de seguridad para prevención”, añade.
Al ritmo en que la ciudad crece y ocupa las quebradas, las amenazas de este tipo se potencian: “Esto aumenta el valor de energía[1] y por lo tanto se esperan más daños; eso es lo que hemos identificado y está en los informes, para que las autoridades corrijan el aspecto de uso del territorio y el manejo de los drenajes”, anticipa Gorki Ruiz, especialista en Neotectónica y Análisis de Flujos de Lodo de Origen Volcánico de la Figempa. “Lamentablemente, el ente político no digiere la problemática que tienen las ciudades, especialmente las que están rodeadas por quebradas. Hay que ver el mecanismo de cómo llegar a la autoridad, para que sepa reconocer que no hubo acciones de prevención debidamente planificadas”, remarca Francisco Viteri, director de la carrera de Geología de la Figempa.
Si bien manifiesta ciertos desacuerdos con los informes y las conclusiones a las que arribaron sus colegas, el ingeniero en estructuras hidráulicas Washington Sandoval coincide en la relevancia de las lluvias intensas como disparador del fenómeno. Y agrega otro elemento de cuidado: “El problema es que la pendiente de esa quebrada (El Tejado) antes era del 30% y ahora, con la erosión que se produjo, está alrededor del 40%”. De desatarse un nuevo aluvión en tales condiciones, hecho que en su opinión no puede descartarse a pesar de ciertas afirmaciones en contrario, este podría desarrollar velocidades de 3-4 metros por segundo y arrastrar rocas de hasta 1.5 metros de diámetro.
“Es importantísimo regenerar la pendiente, lo que se podría lograr mediante presas de gaviones, que son mucho más económicas que las de hormigón y se construyen con mayor rapidez”, sugiere Sandoval. Estas estructuras dejan pasar el agua pero retienen el material grueso arrastrado por ella. “En seis meses se puede finalizar la obra en un cauce completo; por ejemplo, si planificamos para el próximo verano, en el invierno siguiente estaríamos protegidos”, aventura mientras estima, grosso modo, que el costo total por cada quebrada rondaría los 500 mil dólares.
Desde que el lodo invadió sus vidas ante la impavidez oficial, ciertos fenómenos meteorológicos se han convertido en compañías indeseables para los vecinos de La Comuna y La Gasca. No son pocos los que sienten la necesidad de refugiarse en cualquier parte al escuchar un trueno, o quienes miran con ojos de ruego hacia las faldas del Pichincha, ante el menor indicio de aguacero. Saben que lo sucedido puede repetirse porque de las tres quebradas que atraviesan el sector, solo la de Rosaspamba recibe monitoreo continuo. La de El Tejado ha sido visitada ocasionalmente por personal municipal y la de Susuchina –ubicada justo en la mitad del barrio- jamás fue atendida. “Lo que más necesitamos es vigilancia y mantenimiento constante de esas quebradas, con más frecuencia en la época invernal, porque en Susuchina la montaña y el relleno son más grandes y puede pasar algo peor de lo que ya pasó”, alerta Marcelo Llumipanta, síndico del cabildo de La Comuna.
Mientras el proceso de remoción de escombros y lodo apenas se hallaba en su fase inicial, el 2 de febrero, el alcalde Guarderas anunció un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para la provisión e instalación de sistemas de alerta temprana en las quebradas de Quito. “El proceso tiene varias fases porque hay que hacer mediciones del clima, las lluvias y varios datos más, los japoneses son muy meticulosos. Pero también le hicimos ese mismo pedido a la Embajada de Indonesia, y quedamos en seguir conversando mediante nuestros departamentos de Relaciones Internacionales”, detalla Brith Vaca.
La medida fue presentada casi como una solución milagrosa, pero para los expertos no tiene tanta relevancia por sí sola. Cualquier herramienta, en las manos equivocadas, puede hasta negarse a sí misma: “Como estas alarmas anuncian sucesos que no son muy frecuentes, la gente se olvida; y si usted no tiene una educación permanente, o no le ponen atención, no va a pasar nada”, desconfía el experto de la ESPE, Washington Sandoval. Por su parte, Liliana Troncoso agrega que “un sistema de alerta temprana tiene cuatro componentes: monitoreo, comunicación, toma de decisión y educación. Sin embargo, aquí se están vendiendo alarmas como sistemas de alerta temprana y eso no corresponde sino a un solo elemento, que sería la comunicación”.
“Un sistema de alerta temprana tiene cuatro componentes: monitoreo, comunicación, toma de decisión y educación. Sin embargo, aquí se están vendiendo alarmas como sistemas de alerta temprana y eso no corresponde sino a un solo elemento, que sería la comunicación”.
-Liliana Troncoso, Geóloga UCE
Pensar desde la urgencia
La devastación ocasionada por el flujo de lodo –sobre todo tomando en cuenta la ineficaz protección de vidas humanas-, es una prueba contundente de que pocas instituciones oficiales tuvieron bien claro cómo prevenir la tragedia, para luego gestionar la emergencia y ser capaces de pensar más allá de ella. Y la tendencia no varió a mediano plazo. “Cuando ya no hubo cámaras, se acabaron las ayudas y nadie apareció”, critica Marcelo Llumipanta. Desde Pambachupa, Henry Tenesaca tiene una perspectiva semejante: “Lo que estuvo mal fue que nos hemos olvidado del tema, incluso creo que nos están olvidando las instituciones que son de competencia en la zona”, opina.
Desde el 31 de enero hasta este momento, ninguna necesidad emergente fue cubierta con la transparencia o la presteza necesarias. Las ayudas económicas o laborales para los damnificados más graves –dos hombres que sufrieron la amputación de miembros y una niña que perdió a sus padres- todavía no se concretan; tampoco, en algunos casos, la entrega de artefactos de la línea blanca dañados por el aluvión; tal como había sucedido con la provisión de servicios exequiales para las víctimas. “Desde el Municipio nos dijeron que iban a ayudarnos con los féretros y los entierros de las personas, pero no fue así: la verdad, solo aportaron unos féretros y los familiares tuvieron que costearse el resto”, denuncia Margarita Ortega, presidenta del cabildo de La Comuna, cuya casa comunal ofició como centro de acopio de donaciones y capilla ardiente en aquellos instantes.
“Hicimos también tres puntos de cocina comunitaria porque teníamos que dar de comer a las personas afectadas que no tuvieron ni luz ni agua, a los rescatistas, a los voluntarios que venían de las fundaciones y de las universidades”, enumera Ortega. Y enseguida vuelve a cuestionar al municipio, por no haber socializado los resultados de sus investigaciones sobre el estado de los desagües y el viaducto bajo la Av. Mariscal Sucre: “Nosotros podíamos llamar a minga para hacer cualquier tipo de limpieza, pero con asesoría técnica, por eso necesitábamos tener más información”, puntualiza.
Aunque no son tantas, la reconstrucción de las viviendas afectadas también ha sido deficitaria, con el peligro adicional de nuevas pérdidas materiales o humanas. “Hay cinco casas de condiciones precarias que requieren atención: en una última minga les pintaron las fachadas, pero siguen teniendo techos de eternit sostenidos con piedras, nadie entendió la profundidad de la precariedad”, reclama Belén Cevallos. Incluso una posible relocalización de estas personas plantea desafíos humanos y comunitarios. Porque así como algunos desplazados por el aluvión fueron recibidos por sus familiares en el mismo barrio, en otros casos nadie conoce su paradero actual, hecho que rompe las dinámicas sociales y los lazos afectivos previos, insustituibles para la construcción de comunidad, pertenencia y conciencia sobre el cuidado de nuestra “casa común”.
“Es una decisión complicada reubicar a familias con recursos de todos los quiteños, pero debe haber un seguimiento, control y sanción para que las invasiones no se repitan. La gente invade zonas que están cerca del centro de la ciudad y después no se quieren ir a los espacios que les otorga el Municipio. No es un tema sencillo”, acepta Luis Naranjo, gerente económico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) e integrante del Comité Cívico de Prevención y Reducción de Riesgos presidido por Carlos Loaiza.
Por el contrario, la vulnerabilidad de ciertos inmuebles o asentamientos fue utilizada como “dedo acusador” contra los comuneros por su “negligencia social” y por ser (casi) responsables directos del aluvión. Pero aunque la responsabilidad humana sea innegable en esta y otras muchas catástrofes, el problema tiene una historia algo más prolongada: “Todo empezó con la alcaldía de Jamil Mahuad (1992-1998), quien autorizó las primeras construcciones sobre las laderas del Pichincha, sin establecer zonas de amortiguamiento. Otros alcaldes permitieron construir en la zona de San Pedro, por donde van a pasar los lahares del Cotopaxi. Cuando suceda algo, las constructoras van a recordarle al Municipio que es culpable por dar los permisos”, reflexiona la geóloga de la EPN, Eliana Jiménez.
“Todo empezó con la alcaldía de Jamil Mahuad (1992-1998), quien autorizó las primeras construcciones sobre las laderas del Pichincha, sin establecer zonas de amortiguamiento. Otros alcaldes permitieron construir en la zona de San Pedro, por donde van a pasar los lahares del Cotopaxi. Cuando suceda algo, las constructoras van a recordarle al Municipio que es culpable por dar los permisos”.
-Eliana Jiménez, Geóloga EPN
Del caos al planeamiento habitacional
“La irresponsabilidad ciudadana viene de la irresponsabilidad política, porque no había algo claro y permitieron que existiera un mercado ilegal de tierras. Inicialmente se ignoraba hasta el proceso de asentamientos informales, había como una indiferencia hacia esas prácticas”, amplía Andrea Gómez. Luego de décadas de hacer la vista gorda, la caótica bomba explota una y otra vez en las manos del propio Estado, siempre que una catástrofe pone en horario central de televisión lo que pretendía ocultar bajo la alfombra.
Algo que no hay forma de disimular es que, con 69 de sus 85 quebradas rellenadas, pocos rincones de Quito pueden considerarse ajenos a las vulnerabilidades. Toda la ciudad está asentada sobre un sistema al que de hecho obstaculiza: el natural desagüe de las quebradas del volcán Pichincha hacia el río Machángara. “En la actualidad oímos a diario, en distintos lugares, cómo distintos movimientos en masa se llevan carreteras o puentes, ya que no se tomaron en consideración algunas de estas características: las autoridades no construyen obras a largo plazo, sino aquellas que duren el período en que van a estar como responsables”, apunta el ingeniero Elías Ibadango, especialista en Movimientos en Masa y Neotectónica Andina de la Figempa.
Sin alarmarse por las condiciones geológicas del suelo capitalino, “el municipio flexibiliza tanto las reglas que es fácil actuar (por encima de las normas). El Plan Urbanístico Arquitectónico Especial les permite hacer lo que no se puede: darle algo a la ciudad, como intercambiadores, a cambio de permisos; o añadir pisos extras en un edificio por un pago especial”, aclara Paulina Cepeda. Así, las urbanizaciones formales de alta plusvalía continúan empujando sin escrúpulos –poder económico mediante- los límites del perímetro urbano hacia las laderas, mientras sus responsables solo se inquietan cuando otras personas fuera de su círculo intentan hacer lo mismo.
Desde siempre, la cuestión de la vivienda ha sido muy útil para la elaboración de slogans de campaña política, pero rara vez se ha convertido en una realidad. Mucho menos la vivienda social, que vendría a contrarrestar varias de las fragilidades habitacionales más acentuadas en Quito y en todo el Ecuador, aunque no asegure un retorno económico y político inmediato. “(León) Febres Cordero hablaba de ‘pan, techo y empleo’; Lenín Moreno ofreció construir 325 mil viviendas y no llegó ni a 50 mil; y ahora, (Guillermo) Lasso prometió 200 mil viviendas gratuitas para el sector rural, pero todavía no se sabe cómo ni cuándo las hará”, enumera Manuel Moya, quien propone una remodelación de la infraestructura pública ociosa para cumplir con estos fines sin exigir tanto del escuálido presupuesto de la alcaldía.
“Señalar que no hay fondos no es una respuesta adecuada de la administración municipal, que debe tener la capacidad de encontrar soluciones y generar ideas”, exige Luis Naranjo. Una opinión compartida por varias de las personas entrevistadas, incluida la vicealcaldesa Brith Vaca, quien no cierra la puerta a un posible “inventario” de predios e inmuebles disponibles, coordinado entre los distintos organismos públicos. “El objeto por el que se creó la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda fue justamente para ser ese operador urbanístico. Pero han metido ahí a las grandes constructoras para que la empresa no pueda hacer nada, porque si no es ‘la competencia’. Y no lo es, porque las constructoras no hacen vivienda de interés social”, precisa.
Al mismo tiempo, los poderes constituidos se muestran ausentes por decisión propia de su rol de fiscalización y control, con lo cual empujan a la sociedad a resolver por su cuenta aquellos conflictos que deberían contar con la garantía de un arbitraje estatal. “Que los invasores denuncien a los lotizadores informales”, se excusa el Estado Pilatos, que durante años dejó crecer bajo sus narices el tráfico de tierras y ahora debe fingir interés por atender las demandas de sus víctimas. Cumplido el trámite legal, Moya revela que el denunciante queda en una posición más delicada de la que tenía al principio, ya que se expone a perder su terreno por las presiones violentas de los traficantes, o bien a ser desalojado por parte de la fuerza pública: así como la legalización de un barrio llega a demorar “más de 15 años”, un desalojo puede autorizarse “en menos de seis meses” según los contactos que tenga el lotizador, agrega el responsable de la CUBE.
Cuando la ley se presume idéntica para todos, pero el poder de policía se concentra solo en algunos sectores, afloran siempre las cuestiones de clase. Belén Cevallos sostiene con ironía que “a los pobres sí hay cómo echarles la culpa de lo que sucede”. Es más rentable, políticamente, instalar la idea de que aquello destinado a desbordar colectores y anegar ciudades no es la inacción estatal, sino la pobreza. “Tenemos la desgracia de que el aluvión fue en nuestra quebrada, pero hay muchas más en Quito que no reciben ninguna atención. Hay problemas ambientales, tala de árboles, una omisión gravísima de la institucionalidad pública que no hizo la limpieza y permitió que ese dique se llene, pero el argumento es culpabilizar a La Comuna”, agrega Cevallos.
“¿Quién iría a vivir en una quebrada riesgosa, en una media agua sin servicios, si tuviese acceso a una vivienda digna?”, se pregunta Manuel Moya, como forma de encarar las amenazas desde otra perspectiva. Con esa intención, CUBE ha impulsado la nueva Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, aprobada por la Asamblea Nacional en enero pasado. Pero saben que con ese logro el trabajo recién comienza: “Esta ley no es el fin. Simplemente es una herramienta, un instrumento a través del cual vamos a necesitar organizarnos, movilizarnos y luchar para que se ejecute, se ponga en práctica, porque tenemos un gobierno neoliberal del cual no podemos esperar nada”, propone. Es decir, pensar y diseñar en conjunto políticas superadoras del déficit de vivienda, que alcanza a casi 3 millones de unidades habitacionales ecuatorianas según las estimaciones menos pesimistas.
“Señalar que no hay fondos no es una respuesta adecuada de la administración municipal, que debe tener la capacidad de encontrar soluciones y generar ideas”.
-Luis Naranjo, Comité Cívico de Prevención y Reducción de Riesgos
Romper la inercia
Otro punto clave es que, históricamente, la articulación entre organismos y políticas públicas en el Municipio es muy débil y eso reduce su campo de análisis y de acción. “Por ejemplo, falta armonizar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que se aprobó en 2010, con la Agenda 2030 que se empezó a trabajar en 2016 y la Agenda del Hábitat III, de 2016-17: todos los firmantes están cumpliendo con la reducción de la mancha urbana y la huella de carbón menos Quito, que es el suscriptor”, reconoce Brith Vaca, quien también admite que existen atractivos proyectos de anteriores alcaldías que casi nadie lee y mucho menos aplica, como el Plan Equinoccio 21 de Paco Moncayo y Quito Visión 2040 de Mauricio Rodas.
Como una violenta ola de lodo, esta carencia desborda los magros recursos de que dispone una gestión como la actual, que asumió luego de una prolongada puja interna y sabe que no goza de tiempo, presupuesto ni capital social para tomar grandes decisiones. Lo llamativo es que tampoco en los pequeños detalles muestra demasiados aciertos: “El alcalde Santiago Guarderas dijo muchas cosas sobre el aluvión y se notaba su falta de conocimiento de la ciudad; la deforestación en todas las zonas de las laderas ha sido de larga data”, enfatiza Paulina Cepeda, quien percibe como salida posible, y necesaria, una mayor coordinación entre el gobierno local, el sector privado y la ciudadanía.
Desinteresadas o incapaces de tender esos puentes, las sucesivas autoridades municipales han demostrado que su búsqueda de la alcaldía no era genuina. Antes que diseñar y ejecutar un proyecto de ciudad sostenible, socialmente inclusivo y amigable con el ambiente, dejaron traslucir que estaban allí como paso previo hacia otros cargos políticos –como la presidencia-, o bien como recurso para potenciar sus negocios privados. Atrapado en la red de sus propias miserias, con la corrupción en forma de mordaza, el actual ejecutivo metropolitano no hace más que trastabillar, de la periferia al centro y viceversa.
A largo plazo, la limpieza y reforestación de las laderas con especies nativas, ayudaría a contrarrestar el proceso erosivo del suelo, acentuado entre otros factores por la introducción de árboles foráneos como el eucalipto[2]. “Debe haber un verdadero desarrollo sostenible: un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, para generar procesos de una mejor calidad de vida. Para mí, una de las claves es la educación ambiental”, afirma Andrea Gómez, quien aplica esos saberes en su ciudad natal, Cali (Colombia), y se esperanza con la posibilidad de generar un intercambio de conocimientos y experiencias similares en toda América Latina.
Reflejarse en experiencias colectivas de conservación natural como la desarrollada en la Quebrada Ortega (tema que abordaremos en la publicación de mañana), por ejemplo, puede ser un buen primer paso. En La Comuna Alta, pese a las acusaciones por la supuesta falta de conciencia ambiental de los moradores, la articulación comunitaria gira en torno de la Junta de Agua. Esta comisión se ocupa de cuidar las acequias y cunetas, además de informar sobre cualquier deslizamiento de tierra para organizar la correspondiente minga de limpieza. Asimismo, la junta da mantenimiento al único ojo de agua natural que queda en la comunidad, ya que según informa Erika Anrango (vicepresidenta del Cabildo de La Comuna), el servicio de agua potable en las zonas altas sólo funciona “una o dos veces a la semana, nada más”.
En ciertos casos, las situaciones límite funcionan como elemento aglutinador y brindan el impulso necesario para fortalecer la pertenencia y el espíritu de grupo. Quizás, en condiciones “normales”, muchos vecinos apenas si se saludaban de lejos o no mostraban mayor preocupación por los problemas del barrio. Tras el aluvión de enero, en el sector de Pambachupa, varios colectivos de jóvenes se acercaron al Comité Central y permanecen en el espacio de la Casa Comunal, donde brindan cursos de pintura y realizan ferias los fines de semana. Para Henry Tenesaca, este hecho promueve “una integración que no habíamos tenido antes y que no hay que dejar que se pierda”.
Los relatos de otros vecinos valoran el compromiso y la solidaridad de muchos migrantes venezolanos y colombianos residentes en la zona, que se mantuvieron en la primera línea de ayuda humanitaria durante los peores momentos de la tragedia. Justo ellos, los invisibles, los marginados, fueron los más activos cuando se trató de tender la mano a los demás: “Ahora se generó una crisis que nos puede llevar a una salida positiva si pensamos a la ciudad como el centro de desarrollo, de convivencia y de interacción social para el bien de todos los habitantes, no solo del mercado”, observa Paulina Cepeda.
Claro que para la academia o las organizaciones comunitarias, la coordinación de actividades conjuntas con el poder político es, a menudo, tan necesaria como en extremo compleja. En primer lugar porque los tiempos e intereses de cada sector guardan muy poca correlación. Luego de ser convocados para exponer los resultados de sus investigaciones ante el Concejo Metropolitano, los miembros de la Comisión de Investigación del Flujo de Lodo de la Quebrada El Tejado (Figempa-UCE) pasaron de la sorpresa a la frustración: las autoridades no plantearon ninguna posibilidad de vinculación posterior, para recibir sugerencias o analizar futuras medidas preventivas.
Y tampoco desde el interior del sistema resulta viable hacer las modificaciones imprescindibles en beneficio de la prevención de catástrofes. Desde la óptica de Washington Sandoval esto se debe a que la prioridad política demanda la realización de obras que se vean, aunque no sean tan importantes: “Si usted hace todo lo que son alcantarillas, obras que la gente no ve pero son necesarias, eso no le da votos políticos. Y otro de los problemas es que las decisiones no las toman los técnicos de las diferentes entidades del estado o del municipio, sino los gerentes”.
A pesar de todo, el especialista en Movimientos en Masa y Neotectónica Andina, Elías Ibadango, resaltó que la propuesta de su equipo es “trabajar de una manera conjunta: la academia, el Estado y la comunidad. Porque solo de esta manera podemos establecer y manejar un verdadero sistema de gestión de riesgos”. Cada quien a su modo, la academia, la comunidad y hasta los representantes del sector comercial-privado ya han roto la inercia, para evitar que el aluvión de La Comuna y La Gasca sea “uno más” en la larga cadena de tragedias quiteñas olvidadas. Resta saber si el poder político será capaz de abandonar su impavidez, para ponerse al frente de algo mucho más grande que su propio ombligo.
“El alcalde Santiago Guarderas dijo muchas cosas sobre el aluvión y se notaba su falta de conocimiento de la ciudad; la deforestación en todas las zonas de laderas ha sido de larga data”.
-Paulina Cepeda, Magíster en Estudios Urbanos, Flacso
*Jorge Basilago, periodista y escritor. Ha publicado en varios medios del Ecuador y la región. Coautor de los libros “A la orilla del silencio (Vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos-2015)” y “Grillo constante (Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti-2018)”.
*Ela Zambrano, comunicadora y periodista-feminista. Ha trabajado en los diarios Hoy, El Universo, El Telégrafo y el Quincenario Tintají. Actual colaboradora de La Línea de Fuego.
Fotografía principal de la zona cero del aluvión La Comuna-La Gasca, Acción Ecológica: https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/
Notas:
[1] El valor de la energía es la fuerza con la que un fenómeno se manifiesta, que se modifica en función de las variables que lo provocan y alimentan.
[2] Originarios de Australia y el sudeste asiático, estos ejemplares demandan gran cantidad de agua y son muy territoriales, ya que sus propiedades físicoquímicas impiden el desarrollo vegetal en sus cercanías y tampoco contribuyen a la formación de humus, que en la práctica se traduce en un debilitamiento del terreno.
