EL “ANTIIMPERIALISMO” DEL GOBIERNO ECUATORIANO

EL “ANTIIMPERIALISMO” DEL GOBIERNO ECUATORIANO

Decio Machado*

Con fecha 5 de abril, el gobierno del Ecuador a través de su canciller Ricardo Patiño anunció en rueda de prensa la decisión de solicitar a la embajadora de los EEUU en Ecuador, Heather Hodges, que abandone el país a la mayor brevedad posible[1].

Esta decisión es fruto, y se da un día después, de la publicación por el diario español El País de un artículo titulado “La corrupción policial en Ecuador es generalizada”, firmado por el periodista Juan Jesús Aznárez. En dicho artículo carente de investigación periodística, el autor se limitó a transcribir los datos existentes en el cable ID 216141 de fecha 10 de julio de 2009 enviado desde la embajada estadounidense en Quito a sus superiores del Departamento de Estado. La información publicada por el diario español forma parte de los 251.187 cables o comunicaciones entre el Departamento de Estado con sus embajadas en todo el mundo (denominados en inglés United States diplomatic cables leak, Cablegate o Secret US Embassy Cables) que Wikileaks filtró a varios medios escritos de diferentes países del mundo[2] a finales de noviembre del año pasado.

En dicho cable, la embajadora Hodges cuestiona el nombramiento del general  Jaime Hurtado, en el 2008, como jefe de la Policía Nacional, haciendo referencia a múltiples casos de corrupción en los cuales supuestamente el oficial estaría involucrado. Textualmente indica: “Jaime Aquilino Hurtado Vaca ha usado su cargo como comandante de la Policía Nacional y su influencia personal para apropiarse de dineros públicos, ha facilitado tráfico de personas y ha obstruido la investigación y enjuiciamiento de colegas corruptos”, y continúa posicionando las opiniones de la embajada, “algunos funcionarios de la Embajada [de EEUU] creen que el presidente [Rafael] Correa debió haberlas conocido cuando le nombró. Estos observadores creen que Correa puede haber querido un jefe de policía al que pudiera manipular fácilmente”, y tras un pormenorizado y cronológico recuento de las actividades del supuesto corrupto, concluye diciendo, “las corruptas actividades descritas en este cable dañan la inversión norteamericana en Ecuador. Los inversores de EE UU se muestran reacios a arriesgar su patrimonio porque saben que pueden ser extorsionados por agentes corruptos de los cuerpos de seguridad“[3].

El posicionamiento del gobierno ecuatoriano no se hizo esperar: en la misma tarde del 4 de abril –fecha de publicación del artículo en El País-, el régimen manifestaba “su profunda indignación” por hecho de que la embajadora Hudges hubiese planteado la posibilidad de que el primer mandatario ecuatoriano consciente del comportamiento supuestamente delictivo del general Hurtado lo nombrara por ser “fácilmente manipulable”.  Esta acción vino seguida de una conversación telefónica entre el Canciller Patiño y el Subsecretario de Asuntos Hemisféricos de los EEUU, Arturo Valenzuela;  y una posterior llamada a la embajadora Hodges con el fin de obtener explicación sobre dicho cable, y en la cual Hodges manifestó que no tenía nada que aclarar dado que estos documentos habían sido robados y su proveniencia era ilícita.

El despotismo de la funcionaria norteamericana conllevó que al día siguiente y previas consultas con el Presidente de la República, el Canciller Patiño declarara a Hodges persona no grata, eso sí, aclarando enfáticamente que la indignación del gobierno no es con el gobierno de los EEUU sino con la diplomática en cuestión. “Las relaciones no se deben afectar”, manifestó el titular de la cartera de Relaciones Exteriores.

Inmediatamente después el órgano oficial del gobierno ecuatoriano, El Ciudadano, recogía en su web una entrevista del presidente Correa en radio Super Tropicana[4], donde este asegura que el mensaje emitido en el cable está lleno de mala fe y que siempre se sospechó que la diplomática estadounidense, quien es parte de la extrema derecha, era contraria al gobierno. Correa recalcó también que probablemente estos ataques, dirigidos al ex jefe de la Policía Nacional, son porque Hurtado ayudó a desbaratar las unidades policiales que eran financiadas por la CIA y pagadas desde la embajada de los EEUU. El mandatario ecuatoriano también hizo referencia al hecho que el documento emitido por Hodges tiene una serie de informaciones recopiladas al interior de la Policía, lo cual demuestra que existen infiltrados dentro de las fuerzas del orden.

Desde entonces, este mensaje posicionado por el presidente Correa se ha convertido en la posición oficial ecuatoriana, la cual ha sido repetidamente posicionada en los días siguientes a la crisis diplomática.

Inicialmente el Departamento de Estado de los EEUU se limitó a expresar: “Consideramos su expulsión injustificada y lamentamos profundamente que el gobierno ecuatoriano lo haya hecho“, añadiendo que, “el Departamento examinará sus opciones para responder a esta acción ecuatoriana“, y manifestando que considera a la diplomática expulsada como una de las personas “con más experiencia y talento” del cuerpo diplomático norteamericano. Tras un pequeño impasse, el 7 de abril –tres días después-, el embajador ecuatoriano en Washington, el diplomático Luís Gallegos, es declarado de forma recíproca manera persona no grata por el gobierno de los EEUU y expulsado del país.

Descrita la relación de acontecimientos, algunas reflexiones:

1. ¿Quién es Heather Hodges?

Esta diplomática estadounidense se inició en el servicio exterior en 1980, trabajando en durante su carrera en el Departamento de Estado en países como Venezuela, Guatemala, Nicaragua, España en dos ocasiones, Perú y Moldavia.

Las oficinas del servicio exterior de los EEUU son el principal mecanismo de acción de la “inteligencia norteamericana” en las intervenciones que este país desarrolla en el conjunto del planeta. Si analizamos los momentos y lugares en los que Hodges participó como funcionaria del servicio exterior, es fácil detectar algunas coincidencias con conflictos de interés para los EEUU, así como determinadas acciones de la CIA:

– Venezuela, 1980: mientras la funcionaria estadounidense ejercía en la embajada de los EEUU en la Sección de Visado para no-inmigrantes, el gobierno neoliberal de Luis Herrera Campíns reveló sus vínculos con la CIA al liberar a Luís Posada Carriles, acusado del asesinato de 73 personas en un vuelo de Cubana de Aviación.

– Guatemala, 1983-1985: mientras la funcionaria estadounidense ejercía en el servicio consular, se da la transición de la ya insostenible dictadura militar del genocida Ríos Montt al gobierno de Óscar Mejía Víctores, momento previo a la fase de “regímenes democráticos” tutelados que se dio con posterioridad. El traspaso de poderes del régimen militar al civil dio con fuerte implicación y control por los EEUU.

– Bilbao –País Vasco- Estado español, 1989-1991: mientras la funcionaria estadounidense ejercía como cónsul en Bilbao, se desarrolla parte del período de la “guerra sucia” del Estado español contra la organización independentista ETA y su entorno político y social. Documentos posteriores han revelado el apoyo a nivel de información que la CIA brindó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)[5] los servicios de inteligencia españoles de la época (el CNI).

– En 1991, la diplomática estadounidense accedió al puesto de Subdirectora de la Oficina de Asuntos Cubanos, desempeñando sus funciones en la época del derrumbe soviético y el proyecto Ley Torricelli, que promulgó la extraterritorialidad del vergonzante bloqueo a Cuba en la época del primer George Bush.

– Nicaragua, 1993: la funcionaria estadounidense se desempeña como ministra consejera de la misión, durante el gobierno de Violeta Chamorro (quien previamente había vencido electoralmente al sandinismo tras el desgaste por años de guerra frente a la Contra en la frontera con Honduras). El gobierno de Chamorro, aliado de los EEUU, fue el responsable de la privatización de la banca, minas, transporte, salud, educación y bajo el cual se incrementaron dramáticamente los índices de narcotráfico, analfabetismo y corrupción en el país. La intervención estadounidense en el conflicto nicaragüense fue demostrada en múltiples ocasiones, siendo el más notorio de sus escándalos, la trama que se conoció popularmente como Irangate[6].

– Perú, 1997-2000: mientras la funcionaria estadounidense ejercía como jefe de misión diplomática en ese país, mantuvo reuniones con Vladimiro Montesinos (jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN) -uno de los más siniestros servicios de inteligencia de América Latina-, y asesor presidencial entre 1990 y el año 2000, durante el mandato de Alberto Fujimori. Hodges aparece incluso en un “Vladivideo”[7], sobre lo que manifestó públicamente que por criticado que fuese Montesinos, la relación era imprescindible si se quería efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Se hace necesario recordar, que a pesar de las múltiples declaraciones desde el Departamento de Estado cuestionando la figura de Montesinos, varios funcionarios norteamericanos han dado cuenta de que sus relaciones con la CIA se mantuvieron incluso cuando se conformó el lamentablemente famoso “Grupo Colina”[8].

– Madrid, Estado español, 2000-2003: mientras la funcionaria estadounidense ejercía como jefa de la misión diplomática, comenzaron (2002-2003) las escalas en España de los vuelos hacia Guantánamo que transportaban supuestos “terroristas”, los cuales eran secuestrados ilegalmente por la CIA en diversas partes del planeta.

– Moldavia, 2003-2006: la funcionaria estadounidense ejerció como embajadora. Si bien no se registran sucesos notables en durante su etapa, Moldavia mantiene un conflicto de baja intensidad en la región pro-rusa de Transnistria (incluso con conflicto armado entre 1990 y 1992). La posición de los EEUU en el caso, es la total incorporación de dicho territorio a Moldavia, con la finalidad de acabar con influencia rusa en la región y abrir la posibilidad al establecimiento de bases militares de gran valor geoestratégico en la zona.

Las primeras declaraciones de Hodges como embajadora estadounidense en Ecuador (agosto 2008), daban cuenta de que sus principales preocupaciones y objetivos al frente de la misión diplomática estadounidense en Ecuador: recuperación de los diálogos entre Quito y Bogotá (rotos tras los sucesos de Angostura[9]) y la necesidad de acciones ecuatorianas para impedir el paso de la insurgencia colombiana dentro de su territorio. Para los EEUU ambas cuestiones eran herramientas fundamentales para el fortalecimiento y efectividad del Plan Colombia.

Durante la gestión de Heather Hodges como embajadora en Ecuador, los militares estadounidenses abandonaban el país, debido a la decisión ecuatoriana de no renovar el acuerdo de uso de la Base de Manta con los EEUU (septiembre 2009), en cumpliendo de los principios recogidos en la Constitución de Montecristi.

Sin embargo y a pesar del primer tropezón –esta situación ya estaba decidida desde la asunción de Rafael Correa a la Presidencia de la República en enero de 2007-, los dos objetivos estratégicos y fundamentales que posicionó la diplomática estadounidense llegaron a buen fin.

Las relaciones entre Colombia y Ecuador se normalizaron durante el desempeño de su responsabilidad diplomática, habiéndose nombrado sendos embajadores en los correspondientes países (el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Arboleda, como embajador de Colombia en Ecuador y el ex ministro Raúl Vallejo como representante de Ecuador en el país vecino).

La fase final y más resolutiva de los muchos meses de gestión que llevó al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países[10], se ha dado ya en el mandato de Juan Manuel Santos, lo que ha sido legitimado por el presidente Correa con el argumento de que Santos no es Uribe. Cabe recordar que Santos era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe durante la llamada Operación Fénix (bombardeo de Angostura), apareciendo como héroe nacional tras la violación de la soberanía territorial ecuatoriana y los veintiséis asesinados que este hecho conllevó,  capitalizando políticamente el golpe militar que significó la “baja” del Raúl Reyes para las FARC.

Apenas tres meses después, a  finales de marzo del presente año, se sobreseyó la causa que en contra Juan Manuel Santos se procedía en la corte de la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos. En este proceso, se imputaba a Santos la autoría intelectual del bombardeo de Angostura, y según declaró en su momento el juez Daniel Méndez, sobre quien recaía el caso, la Justicia ecuatoriana sobreseyó el caso debido a que la Fiscalía General del Estado se abstuvo de acusar al que ya era el jefe de Estado en Colombia.

Adjudicar a la embajadora Heather Hodges este logró diplomático tan deseado por los EEUU sería faltar a la verdad, sin embargo, la diplomática fue una pieza más en un tablero en el cual jugaron con mayor o menor fortuna -depende de los casos-, personajes como Jimmy Carter, José Miguel Insulza, Hillary Clinton, Alán García, Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez, entre otros.

Con respecto a su segundo objetivo, tras los sucesos de Angostura el Ecuador militarizó su frontera norte, llegando a posicionar 10.000 efectivos en la zona y realizando una fuerte inversión en tecnología militar, infraestructuras y armamento.

Desde entonces, las fuerzas armadas ecuatorianas han tenido varios encuentros con la guerrilla de las FARC en zonas fronterizas, consecuencia de los cuales ha habido muertos y heridos, de manera más notable en el bando insurgente. No se registran incidentes con grupos paramilitares que operan en la zona sur de Colombia, como es el caso de las Águilas Negras (escindidas de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia), quienes actúan asociadas con los carteles de la droga y envueltas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo, los secuestros y el terrorismo. Sin embargo, las actuaciones de las Águilas Negras en territorio fronterizo ecuatoriano han sido denunciadas por pobladores afro descendientes en la provincia de Esmeraldas.

La normalización de las relaciones entre Ecuador y Colombia fue precedida por la asunción de parte ecuatoriana del plan estratégico colombiano de combate a la insurgencia en la zona sur, el cual se conoció popularmente como la “estrategia del yunque y el martillo”. Según dicha estrategia, desde Colombia se golpea militarmente a la insurgencia (el martillo) quedando imposibilitado su repliegue por la acción del ejército ecuatoriano (el yunque) en su zona de retaguardia. Desde las posiciones oficiales de Ecuador, la cuestión se limita estrictamente a defender la soberanía territorial del país, no permitiendo el ingreso de grupos armados irregulares a territorio ecuatoriano. De una forma o de otra, el hecho es que Ecuador se ha visto involucrado en la lógica del conflicto interno colombiano y esa fue siempre la estrategia colombiana desde mucho antes de la presencia del Rafael Correa en el Palacio presidencial de Carondelet.

2. ¿En qué contexto político se da el actual conflicto diplomático?

En este caso debemos analizar varias circunstancias:

– En primer lugar, Ecuador se encuentra en un proceso electoral interno, fruto de la Consulta Popular promovida por el presidente Correa en la cual el pueblo ecuatoriano votará el próximo 7 de mayo sobre 10 preguntas, de las cuales la mitad generan reformas en la Constitución de Montecristi (aprobada mayoritariamente por referéndum popular a finales de septiembre de 2008).

El propio presidente Correa y varios de los portavoces del oficialismo han manifestado que no es casualidad que en época de campaña política se difundan los contenidos de los cables de Wikileaks, ya que el país del norte no tenía nada contra el Ecuador. Sin embargo, este argumento que en principio no apunta a nadie en concreto, parece poco sustentable en la medida que la difusión del cable se hace desde un periódico extranjero –El País-, el cual forma parte del holding empresarial Grupo PRISA (el cual nació y permanece vinculado políticamente a la socialdemocracia española), presente en 22 países y primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla hispana y portuguesa[11]. Pensar que las diferentes y debilitadas oposiciones políticas internas a Correa, las cuales propugnan el voto No en la consulta popular, tienen capacidad para incidir sobre este poderoso grupo mediático resulta difícilmente sostenible. A esto hay que añadir que desde octubre de 2010, tanto Martin E. Franklin como Nicolas Berggruen[12] –presidente y consejero delegado respectivamente de Liberty Acquisition Holdings- forman parte del consejo de administración de PRISA, tras una inversión de más de 650 millones de euros por la compra del 70% de las acciones del grupo. Ambos millonarios, líderes de Liberty Acquisition Holdings, están estrechamente relacionados con el Partido Demócrata y al presidente Barak Obama. Por este lado, también se hace difícil pensar en la posibilidad de que miembros de la ultraderecha norteamericana hubieran tenido capacidad de influir en el periódico español con el fin de generar una tensión entre Ecuador y la administración de Obama.

Paralelamente, se debe contemplar el hecho de que fruto de las rupturas en el partido oficialista Alianza PAIS, están surgiendo nuevas organizaciones o frentes políticos que se manifiestan por el voto No en la consulta, y que posicionan sus críticas a Correa y su gestión de gobierno desde posiciones de izquierda. Las argumentaciones que estas nuevas oposiciones mantienen como argumentos más relevantes ante la consulta de Correa los siguientes argumentos: significan un franco retroceso de las lógicas progresistas de la Constitución ecuatoriana –reconocida como una de las más avanzadas del planeta- en la medida en que ponen en cuestión la libertad de opinión y prensa, no es admisible la intromisión del gobierno en el ámbito de la Justicia (nombramiento de jueces y control sobre el Consejo de la Judicatura –gobierno de la justicia-) a pesar de la degradación existente en este poder del Estado, y se limita la participación ciudadana y se crean riesgos para determinados derechos civiles consolidados en Constitución de Montecristi.

La virulencia verbal con que el presidente Correa agrede a sus opositores de izquierda –con calificativos como traidores, mentirosos, mediocres, mentirosos, cómplices de la derecha…- parece evidenciar por parte del mandatario, una mayor preocupación respecto a la formación de grupos críticos de corte progresista que la que tiene hacia la oposición conservadora vinculada a la vieja “partidocracia” nacional[13].

Este hecho podría explicar el show mediático que acompañó la expulsión -sin duda justificada por su injerencia en asuntos internos- de la embajadora estadounidense, en la medida que simboliza una posición “antiimperialista” y soberana tan venerada fetichístamente por la izquierda tradicional. Con esta crisis no provocada por el Estado ecuatoriano, el presidente Correa podría reposicionarse frente a varios sectores sociales y ciudadanos que manifiestan cada vez mayor decepción por el rumbo del proceso político interno.

– En segundo lugar, Ecuador se encuentra en una coyuntura muy particular respecto a sus relaciones comerciales con los EEUU y también con la Unión Europea (UE).

En el caso estadounidense, conviene resaltar dos circunstancias de notable importancia: por un lado, desde el pasado mes de febrero diferentes autoridades ecuatorianas han manifestando de forma reiterada su voluntad de llegar a un acuerdo comercial para el desarrollo con EEUU –máximo importador de productos ecuatorianos-, y por otro lado, el pasado 12 de febrero venció la ATPDEA (Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas), quedando congelada su renovación en las cámaras norteamericanas.

Según informa la prensa ecuatoriana, las negociaciones de alto nivel entre ambos países que tendrían que darse el próximo mes de junio y donde Ecuador pretendía posicionar fuertemente el acuerdo comercial para el desarrollo –modelo de negociación para comercio exterior que el país andino posiciona como alternativa al TLC, los cuales están prohibidos por mandato constitucional-, habrían quedado suspendidos por decisión unilateral norteamericana.

Por su parte, el ATPDEA es un tratado de preferencias arancelarias aplicado por los EEUU de forma chantajista y unilateral (no es un acuerdo, no intervienen en la decisión estadounidense los países beneficiarios), dado que evalúa anualmente su renovación en función de los resultados obtenidos por los países andinos en la lucha antinarcóticos. En el caso ecuatoriano, la ATPDEA permitía que aproximadamente unos 6.900 productos nacionales ingresaran sin pagar aranceles al mercado estadounidense, lo que permitía que fueran más competitivos con respecto a otros mercados[14]. Este bloqueo en la renovación de la ATPDEA se debió al conflicto en las cámaras norteamericanas entre republicanos y demócratas, por el cual los conservadores manifiestan su intención de que primero se ratifiquen los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Panamá y Corea del Sur, pretendiendo golpear económicamente a países como Ecuador. Así las cosas, la expulsión de la diplomática estadounidense posiciona como casi imposible las posibilidades de renovación de la ATPDEA.

En el caso europeo, la UE firmó a finales del mes de marzo el texto final de su Acuerdo de Asociación con Colombia y Perú, que incluye un TLC que entrará en vigor “lo antes posible” según anunció la Comisión Europea[15].

Respecto a Ecuador, tras la ruptura de negociaciones durante el 2009 consecuencia de la reiterada no aplicación por parte de la UE de las resoluciones de la OMC respecto al banano, el país andino solicitó tras la resolución de dicho conflicto la reanudación de negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación con la UE[16].

Pendiente aún las autoridades ecuatorianas de respuesta oficial por parte de la UE, los europeos pasan a ser los más beneficiados de la crisis diplomática ecuatoriana, dado que las presiones de los sectores empresariales sobre el gobierno de Correa producirán la necesidad de búsqueda inmediata de mercados por parte de los actores implicados.

Cabe hacerse la pregunta sobre si estos wikicables fueron entregados al diario El Pais por Wikileaks a finales de noviembre del año pasado, ¿Por qué se da en este momento su publicación?

El diario El País no es tan solo el periódico de difusión nacional más importante en el Estado español, es además un actor político de especial importancia en determinados momentos. Ideológicamente su vinculación con el PSOE y el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero es indudable, como indudable es también la relación que mantiene con múltiples transnacionales españolas, las cuales serán las mayores beneficiarias de un Acuerdo de Asociación entre UE y Ecuador.

Bajo la hipotética imposibilidad de renovar la ATPDEA y no encontrar mecanismos alternativos en un acuerdo comercial para el desarrollo con los EEUU, el gobierno ecuatoriano estará obligado a generar alternativas inmediatas para el sector primario exportador nacional, lo cual generaría menores resistencias para la firma de un Acuerdo de Asociación con la UE de manera rápida y discreta, bajando el nivel de las pretensiones ecuatorianas en la mesa de negociación.

Estratégicamente articulado o no, la aparición del wikicable de Hodges, podría significar que en nombre de la soberanía ecuatoriana, quedase como tinta muerta los objetivos de desarrollo endógeno planteados por el gobierno de la Revolución Ciudadana, así como su soberanía económica y comercial desde una perspectiva más amplia.

Vale la pena referenciar en este sentido, el trabajo de simulación técnica desarrollado por el Centro de Investigaciones Económicas y de la Pequeña y Mediana Empresa del Programa de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), por el cual se demuestra que la firma de este pretendido acuerdo con la UE significaría efectos positivos insignificantes para el país andino: 0,4% de incremento en el PIB, reducción de la pobreza menor al 1%, nula disminución de la desigualdad, crecimiento de exportaciones muy menor al crecimiento de importaciones, profundización negativa de la balanza comercial, profundización del patrón de comercio primario exportador, dejaría en entredicho el modelo de desarrollo endógeno nacional, entre otros.

3. ¿Qué pasa realmente con la Policía Nacional en Ecuador?

A partir de los sucesos del pasado 30 de septiembre, donde a tras un amotinamiento policial con conexiones políticas golpistas, miembros de la Policía Nacional ecuatoriana llegaron incluso a intentar asesinar al presidente Correa, se hizo visible el nivel de corrupción interna existente en dicha institución.

Definir a la Policía ecuatoriana como “fuerzas de orden o de seguridad” no deja de ser en sí mismo una contradicción dialéctica.

El semanario ecuatoriano Vanguardia recogía en un artículo de investigación publicado en octubre del año pasado[17], algunos datos sobre las redes y clanes secretos de la Policía. En dicha investigación, apenas la “punta de iceberg”, queda de manifiesto que son notorias las imbricaciones del crimen organizado en focalizados segmentos medios y altos de esta institución. Contrabando, narcotráfico, trata de personas, limpieza social, tráfico de tierras, grupos de choque y seguridad, coimas, chantajes, pirámides financieras, uso injustificado de recursos del Estado, entre otros, forman parte del abanico ilegal, que según los documentos que conserva el gobierno, se abre entre mayores, capitanes, coroneles y hasta generales, manifestaba dicha publicación.

La investigación indica un estado de situación en la cual hay muchos policías señalados por pertenecer a grupos de sicariato y delictivos de todo orden –muchos con conexión en el desaparecido Grupo de Apoyo Operaciones (GAO)-, muchos fiscales que prefieren mirar hacia otro lado, con jueces que se esmeran en otorgar amparos constitucionales para que los malos elementos indagados vuelvan a la institución y con enlaces políticos a los cuales filtran información o sirven como guardia personal.

Según diversas hipótesis emitidas por especialistas en esta cuestión, la red parainstitucional delictiva existente en la Policía Nacional ecuatoriana tuvo sus orígenes en 1984, durante el mandato del líder y cacique socialcristiano León Febres Cordero (el gobierno más represivo que se recuerda desde la vuelta a la democracia). A partir de entonces, lenta y sigilosamente, se conformó una suerte de simbiosis entre redes delictivas y miembros de la Policía Nacional, construyéndose códigos y complicidades como el hecho de que existiese una alternancia entre hombres formados en la ex UIES (Unidad de Investigaciones Especiales), el GIR (Grupos de Operaciones y Rescate) o el GOE (Grupo de Operaciones Especiales) para asumir el Comando General de la institución[18].

La construcción de esta corrupción interna es compleja, responde a pequeños grupos que operan vinculados a redes externas y no coordinados entre sí, cada uno controla determinadas rutas de narcotráfico, el control sobre el mercado de productos robados en diferentes ciudades, el control de rutas aeroportuarias, etc…, según nos indican fuentes de prefieren mantener su anonimato.

Descrita de manera general la situación interna de la Policía Nacional ecuatoriana, se debe señalar que tras más de cuatro años de gobierno correísta, es manifiesta la incapacidad por parte de sus funcionarios para asentar las bases de una reforma integral definitiva de esta institución.

Esta situación de descomposición interna se vio agravada por el amotinamiento del 30 de septiembre, donde en una institución en la que rigen relaciones clasistas, racistas y excluyentes que separan tropa y oficialidad, ahora ha de incorporarse una enorme desconfianza hacía el gobierno central, la sensación de traición y engaño desde diversos sectores políticos hacia la institución y viceversa, así como una ciudadanía que consciente hace años de los niveles de corrupción interna del cuerpo policial añade ahora hacia ella importantes dosis de deslegitimación social.

Si el general Hurtado es corrupto como indica la embajadora Hodges en el wikicable es un hecho que está por ver en función de las investigaciones abiertas sobre este caso, pero que la descomposición del cuerpo policial es un asunto grave que el presidente Correa debe abordar de inmediato es algo difícil de discutir. Visto así, podría entenderse como temerario el “espaldarazo” dado por el mandatario ecuatoriano al supuesto corrupto, cuando identifica que seguramente las acusaciones de la embajadora estadounidense estén vinculadas a que Hurtado colaboró en el desmantelamiento y desaparición de la UIES (grupo policial muy vinculado a la embajada norteamericana), el cual fue sustituido hace dos años por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO).

Que Correa haya manifestado este apoyo al general Hurtado podría entenderse también en el contexto de la situación interna del cuerpo policial en este momento.

El pasado 4 de abril, el jefe del Estado Mayor de la Policía, Wilson Alulema[19], denunciaba que en los cuarteles estaban nuevamente circulando “pasquines” afirmando que al interior de la fuerza hay malestar e inconformidad, situación similar a que se dio en los momentos previos al 30 de septiembre. Esto conllevó que titular de la cartera de Interior, Alfredo Vera, no tuviera mejor ocurrencia que declarar públicamente lo siguiente: “¿Por qué no les dicen a sus compañeros lo que él está pensando? Nadie lo va a reprimir o castigar. En la Policía se castiga la indisciplina, los actos de corrupción, los actos de desobediencia, pero la libertad de pensamiento está latente. Cualquiera puede decir lo que quiera, no necesita esconderse como los canallas detrás de un pasquín para decir lo que siente”[20]. Semejante afirmación del ministro Vera se da en un contexto donde el presidente Correa ha interpuesto muy recientemente demandas millonarias contra dos periodistas que denunciaron el enriquecimiento de su hermano (Fabricio Correa) a través de diversos contratos con el Estado durante su actual gestión presidencial, y de igual manera, otra denuncia de similar envergadura contra un columnista del diario El Universo cuya capacidad intelectual y ética es indiscutiblemente escasa, pero que extiende al diario como responsable subsidiario solicitando 80 millones de dólares como indemnización. Las desorbitadas demandas económicas interpuestas por el presidente Correa en estos dos recientes actos, están siendo entendidas por juristas y expertos del Derecho como una clara estrategia de intimidación a los medios de comunicación nacionales, a los generadores de opinión y a los periodistas en general. A esto habría que añadir que el excesivo y desacertado uso de descalificativos permanentes por parte del mandatario ecuatoriano no ayuda precisamente a sentir lo que su ministro de Interior parece querer indicar en su alegórica declaración.

La situación anteriormente descrita podría leerse entonces como que en un momento de proceso electoral nacional (consulta popular) y con el malestar interno y continuado en la Policía Nacional, el aceptar que el general Hurtado es miembro de redes delictivas podría significar mayor nivel de conflicto con la institución policial, dado que abriría un debate sobre el estado de mexicanización de las fuerzas del orden público ecuatorianas.

4. Relaciones exteriores del Ecuador en la era correísta.

Más allá de grandilocuencias y retóricas chovinistas, son evidentes las limitaciones de un país como Ecuador para liderar lógicas alternativas y transformadoras en el ámbito del concierto internacional de países.

Sin embargo, es justo reconocer que durante la gestión del presidente Correa, el pequeño país andino ha generado varios elementos de ruptura muy importantes con su pasado en este aspecto, incluso capitalizando iniciativas notables en el ámbito internacional como fueron las firmes posiciones mantenidas por Ecuador respecto al golpe de Estado en Honduras, los posicionamientos críticos y contundentes en la Conferencia sobre Cambio Climático de NNUU en Copenhague en diciembre de 2009, la denuncia pública sobre el modelo de política migratoria aplicada por Europa que viola los derechos humanos de las personas migrantes, la solidaridad con Cuba y otras situaciones de similar naturaleza.

También es de reconocer que aunque el UNASUR sea un invento brasileño que existe y se sostiene gracias a los brasileños -hecho que se ha demostrado en varias ocasiones ante los conflictos intraregionales generados especialmente por Colombia con sus países fronterizos-, la Presidencia Pro Témpore de Rafael Correa finalizada en el último trimestre del año pasado ha sido sin duda la que más ha impulsado la institucionalidad interna dentro de este espacio regional y su posicionamiento en el ámbito internacional. El hecho se evidencia además por la parálisis en la cual UNASUR ha entrado a raíz de la entrega de su Presidencia Pro Témpore a la República Cooperativa de Guayana el pasado mes de noviembre.

Más allá de lo descrito, la diversificación de las relaciones internacionales que se está desarrollando durante el mandato de Rafael Correa, estableciéndose prioridades anteriormente inexistentes como relaciones con China, Irán, Rusia, países árabes, India, etc…, y la apuesta por la integración regional (mandato que proviene de la Constitución de Montecristi),  se muestran como los elementos más paradigmáticos de las relaciones internacionales del Ecuador en su actual etapa.

Tras la salida del gabinete ministerial por desacuerdos entre otras cosas, sobre la gestión institucional del Proyecto ITT-Yasuní, del emblemático académico Fander Falconí (enero 2010), al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración fue posicionado Ricardo Patiño, quien ya había acompañado al actual presidente ecuatoriano en las carteras de Economía y Finanzas, Litoral y Ministerio Coordinador de la Política.

Ricardo Patiño es considerado como el personaje más significativo de lo que queda de izquierda política dentro del gabinete ministerial de la llamada Revolución Ciudadana. Para muchos analistas, su designación en la cartera de Exteriores tenía que ver con la voluntad de Correa de alejarle del aparato del partido oficialista en el cual ejerció como Secretario Ejecutivo (segundo tras el presidente) desde su creación, cargo que abandonó tras la convención nacional de Alianza PAIS en diciembre del año pasado en Guayaquil, donde Correa posicionó a su anterior secretario privado como Secretario Ejecutivo del partido.

Dentro del aislamiento y deterioro de imagen al que ha sido sometido Patiño y su entorno político en Alianza PAIS y en las diferentes estructuras de gobierno, el actual canciller ecuatoriano ha sabido rodearse ya desde su etapa en el Ministerio Coordinador de la Política de algunos personajes públicos y notorios del mundo de la izquierda ecuatoriana, entre los cuales destacan el periodista Kintto Lucas (vicecanciller) y el intelectual Rafael Quintero (subsecretario). Esta situación hace que el perfil de la Cancillería ecuatoriana tenga dos componentes interesantes y a veces contrapuestos: por un lado, un claro perfil progresista que se significa de manera evidente en sus relaciones y relaciones con los países del ALBA; a la par, que el inevitable acompañamiento a la reubicación política protagonizada por Correa en el ámbito internacional (entendimiento absoluto con Santos, Piñera y Alán García; no cuestionamiento de la desmedida intervención de “marines” norteamericanos en Haití tras el sismo de enero de 2010; y, cierto distanciamiento de países como Venezuela e incluso Brasil; entre otras cuestiones).

En ese ambiente interno de la Cancillería, se sitúan episodios “caricaturescos” como las declaraciones del vicecanciller Kintto Lucas por las cuales ofrecía en noviembre del año pasado dar residencia al perseguido Julian Assange de Wikileaks –rectificado posteriormente por el mismo presidente Correa-, o el apoyo en la práctica brindado al régimen de Muamar Gadafi, entre otros deslices.

Sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de las opciones antiimperialistas que se dan en el conjunto del planeta, veamos qué tiene eso de verdad en el Ecuador de la Revolución Ciudadana respecto a su relación con los Estados Unidos.

5. Relaciones EEUU – Ecuador

Origen e historia de la cooperación estadounidense hasta la presidencia de Correa

La cooperación internacional estadounidense surge en el contexto de la postguerra. Su finalidad fue instaurar un nuevo orden internacional que supervisase de manera comunitaria las acciones de los Estados, para lo cual se crearon una serie de instituciones multilaterales encargadas de velar por el nuevo orden económico y político mundial. En esta época las más importantes fueron la ONU y distintas instancias especializadas en temáticas determinadas, el Banco Mundial y el FMI entre otras.

En cuanto a la cooperación estadounidense se puede hablar de un primer intento de cooperación a nivel de la región que surgió en el gobierno de Harry S. Truman en 1949; que implementó el programa denominado “Punto Cuarto”, cuyo fundamento era promover la oposición al comunismo en la región alentando los principios de democracia representativa tutelada, libertad individual y de libre comercio.

Posteriormente durante la década de los años 50, el discurso de cooperación se abrió a nuevas temáticas y facultó la ejecución de programas de ayuda alimentaria a los países empobrecitos. Sin embargo hasta ese momento los montos de ayuda norteamericana eran muy limitados en la región.

Es a partir de los años 60 que la visión cooperativista logra concretarse en EEUU mediante la conformación de la USAID y de Alianza para el Progreso. Los objetivos seguían siendo los mismos pero los montos de cooperación se incrementaron considerablemente hasta alcanzar los veinte mil millones de dólares. Sin embargo desde un inicio los fondos provenientes de EEUU estuvieron condicionados al cumplimiento de ciertos parámetros por parte de los Estados latinoamericanos. Específicamente los parámetros relacionados a la política de seguridad determinada desde el Departamento de Estado; su línea básica fue impedir el ingreso del comunismo en la región mediante una cooperación de carácter casi totalmente bilateral supeditada a los intereses del Estado dominante al punto de que posteriormente muchos países latinoamericanos la consideraron como una intromisión en sus ámbitos y asuntos internos.

En 1962, los EEUU firman con el Ecuador bajo ese concepto el “Convenio Marco: Acuerdo General para la Ayuda Económica y Técnica y para Propósitos Afines”.

Durante la siguiente década los fondos de cooperación no reembolsable descendieron notoriamente al mismo tiempo que subieron desmesuradamente los fondos colocados de países del Norte con carácter reembolsable. El objetivo de la ayuda bilateral se concentró en compartir la experiencia norteamericana en temas técnicos y en productos para “resolver” los problemas del desarrollo. Es decir, la asistencia técnica reemplazó las transferencias de grandes cantidades de dinero, de bienes de capital o la construcción de infraestructuras. Estas modificaciones se implementaron mediante el decreto del “Acta de Ayuda Externa”, y siguen en su mayoría vigentes en la actualidad.

En la década de los 80, bajo el contexto de las crisis económicas y de deuda regionales (principalmente de México y Argentina) el modelo neoliberal pudo al fin materializarse en la región. Al mismo tiempo la crisis de la Unión Soviética produjo un redireccionamiento de los intereses estratégicos de EEUU en la región, aunque no perdió su característica fundamental de intervención en asuntos internos de los Estados que se alineaban con enfoques de desarrollo distintos al capitalismo.

El cambio fundamental ocurrido durante los 80 fue el viraje de discurso anticomunista hacia nuevas temáticas antes no contempladas en la agenda de seguridad americana, tales como la guerra contra las drogas (en este sentido, la “iniciativa andina” fue promovida desde la Comunidad Andina como condición fundamental para la recepción de ayuda estadounidense) o la protección directa a las corporaciones transnacionales estadounidenses. Sin embargo el papel protagónico en cuanto a ayudas económicas fue asumido por los organismos multilaterales encargados de velar por el orden macroeconómico mundial tales como el BM y el FMI; cabe decir que estos organismos otorgaron fondos principalmente canalizados desde EEUU.

En esta década el Ecuador se incorporó a la cruzada contra las drogas, siendo durante el gobierno de Febres Cordero cuando se aprobó una primera legislación anti drogas con carácter represivo. El fundamento de esta ley fue el desarrollo del concepto de narcoterrorismo, bajo la estrategia de vincularla política y mediáticamente al combate contra el grupo insurgente “Alfaro Vive Carajo” (AVC), al mismo tiempo que al tráfico de drogas. Al mismo tiempo los primeros flujos de cooperación en este tema llegaron al país desde Washington en concepto de equipamiento militar para la interdicción en el tráfico de estupefacientes y se abrió una oficina de la DEA (Drug Enforcement Administration)[21] en el país. Posteriormente, Ecuador suscribió el “Acuerdo de Viena” de la UNGASS (UN General Assembly Special Session on Drugs) de 1988, en donde se establecieron los fundamentos del sistema global de control de drogas y se formularon los lineamientos principales de la cooperación internacional para asistencia en cuanto a temas legales y penales.

Los cambios en cuanto a cooperación posteriores a la caída del “muro de Berlín” reflejaron la nueva condición de EEUU en el orden mundial. El discurso de la cooperación fue reemplazado por la promoción del libre comercio. Las ayudas se focalizaron aún más en programas para la extrema pobreza, incluso recurriendo a los famosos Fondos de Inversión Social. Los fondos de cooperación disminuyeron notoriamente en relación a la década de los 80, “trade not iad” fue la premisa.

A nivel económico se hizo el trazado para la implementación del modelo Estado neoliberal. Tanto a nivel de producción agropecuaria (por ejemplo, la Ley de Desarrollo Agropecuaria formulada desde IDEA por Morris Whitaker o la creación de FUNDAGRO entre otros) como a nivel de salud pública (salud materno-infantil y control de la natalidad) así como a nivel de política ambiental (en la actualidad enfocada hacia los nuevos mercados de carbono), la agenda fue marcada desde los EEUU.

Cabe anotar que el proyecto neoliberal norteamericano fue secundado al pie de la letra por los distintos gobiernos ecuatorianos, por lo que la retirada del Estado de muchos espacios públicos fue cubierta por una multiplicidad de ONGs dispuestas a trabajar en distintos ámbitos.

Ya en los años 90, las presiones norteamericanas respecto a la guerra contra las drogas se intensificó notablemente. Desde el Departamento de Estado se instó a presionar a los gobierno de la región, principalmente a nivel andino, a reformar su marco legal para la tipificación de delitos antes no sancionados de igual manera, como el lavado de activos, el tráfico de armas, la penalización del consumo de drogas, entre otros. Resultado de esto fue la iniciativa regional andina, que preveía ayuda económica para la facilitación de operaciones militares de las Fuerzas Especiales norteamericanas, la compra de equipo militar y diseño de labores de inteligencia en Colombia, Perú y Bolivia; siendo el mecanismo de compensación propuesto por los EEUU la ATPDEA y el sistema SGP[22]. Ecuador se integró a la misma a mediados de la década de los 90 (coincidiendo con el incremento de la conflictividad en la zona sur de Colombia).

En 1999, el Congreso de los EEUU asignó 321 millones de dólares por concepto de ayuda para el desarrollo en América Latina, mientras que la cooperación para la lucha contra el narcotráfico en todo el mundo fue de 496 millones de dólares, de los cuales 97% se destinó a América Latina. Se securitizó el problema las drogas y de esta manera las agencias estadounidenses mantuvieron su control y operaciones en los países en cuestión.

En el caso ecuatoriano, la participación de este país en la guerra contra las drogas se hizo relevante a partir del establecimiento de FOL (en castellano: Puesto de Operaciones Avanzadas) de Manta[23]. Esto implicó para Ecuador un considerable incremento de sus ingresos durante 1999, año en el cual recibió 3 veces más dinero en razón de la FOL que por concepto de ayuda económica y social durante el período 2000-2001, adicionalmente si se suma el total de asistencia militar más lo invertido en la Base de Manta, podemos encontrar que los recursos de tipo  militar sobrepasaron en un 80% a aquellos entregados a sectores sociales. En el mismo período se dio entrenamiento militar en EEUU a más de 2.000 militares ecuatorianos.

En la década actual el discurso tomó nuevos ribetes y se incluyó de manera muy fuerte la agenda antiterrorista en los marcos de cooperación bilateral. EEUU apoyó un nuevo marco de cooperación cuyo eje fueron y siguen siendo la defensa y el desarrollo alternativo, principalmente a través del Plan Colombia –luego llamado Plan Patriota- y la Iniciativa Regional Andina en las cuales la participación de Ecuador fue muy marginal en relación a la de Colombia. Sin embargo  en el 2000, USAID inició un costoso programa de asistencia para control de drogas y de contención del conflicto colombiano para frontera norte del Ecuador, fondos que se dirigieron principalmente para la UDENOR[24] que actuó como contraparte.

Con estos motivos fundamentados en la lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes las agencias militares y de cooperación estadounidenses lograron penetrar en los sistemas de seguridad y justicia de los países andinos con mucha facilidad. Los nuevos temas son el lavado de activos (que más tarde desembocó en la ley de lavado de activos y la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF-), derechos humanos, estrategias de control de la corrupción y seguridad e interdicción antidrogas en los puertos marítimos y aeropuertos.

Los montos recibidos por el Ecuador en el marco del Plan Colombia fueron significativamente menores que los percibidos por Colombia. Tan solo en el primer año de su aplicación Colombia recibió más de 860 millones de dólares en comparación con 20 millones (de los que el 60% se destinó a gastos de tipo militar) adjudicados a Ecuador.

Para la ejecución de los programas de seguridad del Plan Colombia se contrataron empresas contratistas estadounidenses las cuales manejaron casi la totalidad de los fondos. La evolución de las ayudas a Ecuador en los siguientes años se mantuvo relativamente constante sin superar nunca los 40 millones al año. En general, los EEUU asignaron ayuda militar a Ecuador para mejorar los sistemas de comunicación, los puestos de vigilancia, movilidad, inteligencia, operatividad de las unidades policiales y militares en la frontera norte. Ya en durante la presidencia de Rafael Correa en Ecuador, el monto de la cooperación no reembolsable total para el período trianual 2007-2009 alcanzó los 156,37 millones de dólares, lo que significó un promedio de poco más de 50 millones por año.

En suma, la influencia de la agenda estadounidense en la política de seguridad nacional ecuatoriana es notoria y no disminuyó por la llegada al poder político de un gobierno de corte centro izquierdista con perfil nacionalista.

Ámbitos de intervención estadounidense en la cooperación actual con Ecuador

Lamentablemente Ecuador ha sido incapaz, hasta la fecha, de marcar una agenda propia de relaciones en el marco de la cooperación con los EEUU de forma independiente a la estrategia EEUU-Colombia.

Los ámbitos de intervención de la cooperación con los EEUU están en:

–   Administrativo (gobernabilidad, democracia, justicia y legislativo).

– Asuntos Internos (lucha contra las drogas, cooperación técnica militar, paz y seguridad, desarrollo fronterizo, manejo de conflictos y seguridad).

–   Cultura y deportes.

– Desarrollo productivo (crecimiento económico, apoyo productivo, desarrollo de PYMES, desarrollo del sector privado, formación y generación de empleo, turismo y competitividad).

–   Desarrollo social (inversión social, desarrollo rural, desarrollo social e inclusión social).

–   Educación.

– Medio ambiente y recursos naturales (protección del medio ambiente, gestión de riesgos, biodiversidad, usos sustentable de recursos naturales).

–  Multisectorial (infraestructura, equipos e insumos).

–  Salud (incluye prevención de VIH/SIDA, acceso directo).

Entre todo lo anteriormente descrito, de los convenios firmados entre Ecuador y EEUU resaltan los 26 que se refieren a temas de seguridad y defensa mientras que los 14 restantes corresponden a convenios de apertura comercial y desarrollo en general.

Según datos oficiales del gobierno ecuatoriano, la prioridad de cooperación estadounidense se centra en la llamada Región 1 (frontera norte), con 37,7 millones, entorno a temáticas relacionadas con actividades ilícitas, refugiados, incentivo a actividades productivas (entre ellas la tan cuestionada palma africana), pobreza y necesidades básicas insatisfechas.

Además, en la actualidad la USAID está realizando estudios acerca de la situación en la región frontera norte del Ecuador, con la finalidad de brindar ideas de futuros programas al gobierno de los EEUU en apoyo al Plan Ecuador y los esfuerzos que realiza el país andino en materia de lucha antinarcóticos y mantener la soberanía territorial debido a incursiones insurgentes provenientes de Colombia.

EEUU cuenta con cinco oficinas de seguridad en Ecuador, todas enlazadas directamente con el Comando Sur. En la oficina del Comando Sur en Quito trabajan 35 personas, entre civiles y militares de los cuales 6 son ecuatorianos que hacen el enlace con el Comando Conjunto y ocho estadounidenses experimentados que permanecen asignados por un período de dos a tres años.

Los recursos de cooperación militar no se entregan directamente a las fuerzas armadas, sino que se mueven a través de oficinas especializadas. Estas son la Agregaduría de Defensa (DAO), la Agencia de Control y Fiscalización de Drogas (DEA), el Grupo Consultivo y de Ayuda Militar (MAAG), el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Agencia Nacional de Seguridad (NAS).

El Grupo Militar de la embajada de los EEUU es una instancia clave para las acciones del Comando Sur. Éste, según su página web, “apoya la democracia en el Ecuador y su buen récord de respeto a los derechos humanos, así como los objetivos de la política estadounidense en el país”. El Grupo Militar está conformado por 7 diplomáticos residentes.

Este grupo trabaja por la “provisión de equipo militar, entrenamiento y servicios de EEUU al gobierno del Ecuador. Estos programas muestran el apoyo de EEUU a Ecuador y exponen las FFAA del Ecuador a conceptos democráticos”. Su objetivo es crear, capacitar y desplegar pequeñas unidades militares ecuatorianas en la selva a lo largo de la frontera con Colombia.

Junto con la NAS, el Grupo Militar ha mantenido desde hace varios años, reuniones periódicas con representantes de las FFAA y la Policía Nacional para coordinar la ejecución de los programas de cooperación.

La política del gobierno actual con respecto a la colaboración estadounidense en estos ámbitos, no dista mucho de la desarrollada por gobiernos anteriores desde hace unos 25 años, es decir, solicitar a los EEUU más ayuda para operaciones de interdicción y control que le permitan al Estado y sus instituciones tener una política de mano dura en este tema, pero paralelamente sufrir como contrapartida un nivel de filtración e influencia enorme por parte de los EEUU en los cuerpos de seguridad del Estado ecuatoriano y en algunas decisiones de carácter político.

De igual manera, también la política migratoria ha sido securitizada, considerándose la migración irregular como un delito, lo cual orienta actualmente recursos de cooperación para el mejoramiento de medios policiales y militares en su afán de interdicción y control de los flujos. Desde agosto del 2004, la trata de personas es una política prioritaria del Estado ecuatoriano tal cómo contemplan las nuevas enmiendas al convenio con USAID referente a temas de seguridad. En este sentido, un problema para la política estadounidense de control de tráfico de personas es que Ecuador no exige visa de turista a país alguno.

La NAS dispone de un presupuesto para programas de control de tráfico de personas, y en los acuerdos suscritos en 2009 entre los gobiernos de Ecuador y EEUU para combatir la trata de personas y la pornografía infantil, cuentan con un presupuesto de notable envergadura.

Producción, comercio y finanzas

Al cierre del ejercicio pasado, la balanza comercial global entre los EEUU y Ecuador era superavitaria para el país andino. Ecuador mantuvo una tendencia al alza de las exportaciones con un crecimiento medio del 27% mientras que las importaciones crecían en un 20%. Sin embargo, la balanza comercial no petrolera marca más bien un déficit creciente. Se pasó de -72 millones en el 2003 a -1000 millones en el 2008, la evolución de las exportaciones no petroleras es de 2% mientras que las importaciones crecen al 15%.

Las 10 principales partidas exportadoras hacia EEUU representan el 91,51 % de las exportaciones totales. Más del  80% de las exportaciones a los EEUU son de tipo petrolero. Las exportaciones privadas como banano, camarones y rosas vienen a  sumar el 10% de las exportaciones totales.

Del total del comercio, el 99,7% ingresa al mercado estadounidense bajo preferencia, ya sean regímenes del ATPDEA o del SGP norteamericano o cuando el arancel concedido dentro de la cláusula nación más favorecida es igual a 0, de ahí que para el Ecuador sea sumamente importante mantener los beneficios de los sistemas unilaterales de concesión de preferencias. Esto quiere decir que el acceso del Ecuador al mercado estadounidense es básicamente un asunto político.

La actual propuesta económica y financiera de los EEUU no ha cambiado mayormente respecto a la visión neoliberal de los años 90. Para esto, los EEUU consideran necesario eliminar los obstáculos a la circulación de divisas, la protección de derechos de propiedad intelectual, la flexibilización laboral y la eliminación de los controles a las tasas de interés. Para lograr ese objetivo, consideran importante la creación de espacios de diálogo entre lo público y lo privado previo al fortalecimiento de las organizaciones del sector privado (grupos empresariales).

La plataforma para ello es el Comité Ecuatoriano para el Desarrollo Económico y Territorial (CEDET). Su función consiste en permear los objetivos del ajuste estructural neoliberal no solo a nivel nacional sino también a nivel regional y local. Esto implica un nivel de trabajo con asociaciones empresariales, pequeños productores rurales, universidades, instituciones financieras y gobiernos locales e incluye una sólida propuesta de gestión para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La misión de CEDET es posicionar estrategias para incrementar la competitividad de los “clusters” productivos e ir tomando progresivamente el liderazgo en los temas esenciales. En conclusión, a nivel productivo y comercial, la USAID busca promover el establecimiento de grupos de trabajo a nivel nacional y provincial para discutir “temas estratégicos” con el gobierno y sus instituciones a través de la plataforma CEDET.

Los mecanismos son varios: asistencia técnica, posicionamiento del discurso a través de publicaciones y seminarios, colocación de recursos, trabajar directamente con las empresas familiares y en general con todos los actores de las principales cadenas de producción así como con las instituciones financieras. Todo esto orientado a crear las bases para la implementación de iniciativas productivas de alta envergadura.

Esta intervención está en marcha, y se realiza desde la colaboración con entidades públicas, ministerios, la CONCOPE, asociaciones gremiales y gobiernos locales, bajo la lógica apoyar la introducción de atracción de inversiones proactivas a nivel nacional y regional, así como apoyo a cadenas productivas y la integración de estas en las estrategias de financiamiento con el fin de mejorar el “clima de negocios” en Ecuador.

La base conceptual de esta propuesta está en total correspondencia con la política de desarrollo productivo que tiene el actual gobierno de la Revolución Ciudadana, lo cual no ha generado grandes rupturas en este sentido. Quizás por ello, resultan irrisorias las denuncias realizadas desde el gobierno ecuatoriano respecto a la cooperación proveniente de los EEUU para financiar programas de acción social o gobernabilidad de determinadas ONGs ecuatorianas entre las que se incluyen algunas de perfil indígena.

Observaciones finales

Los wikicables que están siendo publicados en la actualidad por el diario ecuatoriano El Universo demuestran la aptitud de desprecio y superioridad que emana de las crónicas de la embajadora Hodges hacia sus superiores del Departamento de Estado cuando hace alusión a las instituciones y responsables políticos ecuatorianos.

En este sentido, la actuación del gobierno ecuatoriano con respecto a la expulsión de dicha embajadora está más que justificada, quedando en entre dicho las formas de dicha expulsión. Respecto a esto, si la lógica no es de conflicto con  los EEUU, hecho que se demuestra por el nivel y número de acuerdos de cooperación existentes entre ambos países y las propias declaraciones del canciller Patiño, la salida de Hodges podría haberse enmarcado en un acuerdos con el Departamento de Estado que significara la renuncia propia de dicha embajadora por motivos personales, lo cual hubiese sido claramente entendible con el conjunto de la ciudadanía ecuatoriana tras la publicación del wikicable por el diario El País (una situación de tintes similares se dio en México recientemente respecto al embajador estadounidense en ese país).

La retórica antiimperialista utilizada por algunos miembros del gobierno ecuatoriano y en particular por el presidente Correa, no se ajustan a la realidad de las relaciones entre Ecuador y los EEUU, situación que hace pensar que una vez publicado el cable de la embajadora estadounidense, el gobierno del Ecuador puso en marcha su aparato propagandístico sin prever con anterioridad las consecuencias para el país andino.

Dado los intereses en regionales norteamericanos, todo parece indicar que el conflicto con los EEUU quedará limitado al ámbito comercial, situación que generará mejores condiciones para que la UE posicione sus intereses particulares y el de sus transnacionales por encima de los intereses del Ecuador en el marco de negociación del Acuerdo de Asociación con la UE.

Las infiltraciones denunciadas de las agencias de inteligencia estadounidenses en los cuerpos de seguridad ecuatorianos no se van a solucionar por la salida de la embajadora Hodges, dado que son el fruto de la cooperación en materia de política antinarcóticos entre ambos países. Mientras UNASUR no sea capaz de generar una política de lucha contra las redes delictivas en el ámbito de drogas propia de los países de la región, y autónoma de la política de la DEA, los EEUU seguirán siendo el principal proveedor económico, tecnológico y de información de los grupos especializados de la policía y ejército en esa materia, lo cual significa que la relación directa con los grupos especiales de la Policía Nacional ecuatoriana seguirá vigente y seguirá vigente así la actual situación.

Por último, es interesante señalar en el plano de lo positivo que el congelamiento de la ATPDEA con los EEUU conllevará la necesidad de dotar de alternativas comerciales y agudizar la necesaria diversificación de mercados para los productos ecuatorianos. Esto es bueno, necesario, y además, obliga al Ecuador de liberarse de una política chantajista y unilateral aplicada por el gobierno de los EEUU al país, si bien, ahora se hace acuciante su necesidad sin que el Ecuador se haya dotado aun de estrategias adecuadas y debidamente evaluadas para posicionar sus políticas alternativas.