Revista Opción Socialista
Mayo 2014
Mayo 2014
“El gobierno de la revolución ciudadana ha perdido el horizonte utópico andino y más bien ha fortalecido un estado desarrollista e insertado en el capitalismo global”.
Ramiro Ávila Santamaría (2013)
Nunca antes en la historia de la República del Ecuador un gobernante ha estado tanto tiempo en funciones, y definitivamente nunca antes un Gobierno ha tenido tantos ingresos fiscales como el del presidente Rafael Correa. Esto se explica no solo por el largo período en el cargo, sino por las condiciones económicas internacionales favorables, y también por algunos elementos de su gestión económica.
Esta realidad, sin embargo, no se refleja -más allá de los discursos- en una transformación estructural en marcha. A pesar de tener un marco jurídico propicio para introducir cambios profundos y un amplio respaldo popular, los siete años del correísmo no se han traducido en cambios estructurales significativos. El país se encuentra en medio de un contradictorio y hasta confuso transitar posneoliberal, que profundiza la modalidad de acumulación primario exportadora. Y todo con el objetivo de modernizar el capitalismo.
Había diagnóstico, propuestas y ofrecimientos
El actual manejo económico difiere en algunos aspectos de aquel instrumentado en los años neoliberales. Superar el neoliberalismo fue una de las propuestas electorales de la llamada “revolución ciudadana”. Atrás quedaron las imposiciones del FMI y del Banco Mundial. El Estado ha retornado a la economía.
Cuando empezó la gestión gubernamental, había conciencia plena de los problemas estructurales existentes y sus causas. Existía por igual un diagnóstico e inclusive un plan de acción, el Plan de Gobierno del Movimiento País, elaborado colectivamente en el año 2006 para impulsar la candidatura de Rafael Correa. Allí sintetizaba una suerte de hoja de ruta, que luego sería profundizada y ratificada por el pueblo con la Constitución de Montecristi (2008).
El discurso oficial de transformación de la matriz productiva se agota en pocos aspectos: diversificación y especialización productiva exportadora, atracción de inversión extranjera, profundización del extractivismo, construcción de una industria pesada como punto de partida y fomento del conocimiento. La visión oficial no plantea una transformación de los patrones de producción y consumo, no incorpora la estructura de la propiedad y calidad de los factores de producción, tampoco trabaja sobre los cambios indispensables en línea con los Derechos de la Naturaleza contemplados en la Constitución. En realidad no se preocupa de superar en serio la modalidad de acumulación que depende de la exportación de materias primas. Y menos aún abre la puerta para una profunda democratización de los factores de producción y de la economía misma, que es algo muy distinto a su estatización. En concreto, los esfuerzos para salir del paradigma neoliberal no implican hasta ahora un planteamiento para transformar estructuralmente la matriz de acumulación primario exportadora.
Por dinero no ha faltado
En este Gobierno, la economía ecuatoriana registra la mayor cantidad de ingresos por exportaciones petroleras desde que se inició esta actividad en el país en el año 1972; los crecientes precios del crudo explican esta realidad: si el Ecuador recibió 56 dólares por barril en el 2007, en el 2013 este precio bordeaba los 100 dólares.
A los ingresos petroleros hay que sumar los ingresos adicionales provocados por algunas reformas tributarias. El Servicio de Rentas Internas (SRI) también contribuyó en este empeño reduciendo la evasión y elusión tributarias. Adicionalmente, el Gobierno del presidente Correa, como todos los otros gobiernos anteriormente, ha acumulado préstamos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aunque en cantidades muy superiores a las entregadas antes. Igualmente, contó al inicio de su gestión con los recursos congelados en diversos fondos petroleros (improductivos) durante los gobiernos neoliberales. Y ha recurrido también al uso de recursos acumulados en la reserva de libre disponibilidad (sobre todo en el momento de mayor impacto de la crisis internacional: 2008-2009).
Para comprender mejor lo que representó este enorme flujo de recursos, bastaría observar la sumatoria de los presupuestos anuales del Estado del año 2007 a 2014 tenemos un monto que superaría los 186 mil millones de dólares, en valores corrientes. Llevados a valor presente del año 2007, esta suma llegaría a 118.050 millones de dólares.
A más de los ingresos mencionados habría que incorporar el aporte de las remesas de los compatriotas que laboran en el exterior. Si bien se han reducido estas remesas en un 7,7% desde el año 2010 al 2013 (pasando de 2.591,5 millones de dólares a 2.392,3 millones, respectivamente), aún así representan un monto que supera las ventas de banano, principal producto de exportación tras el petróleo (2.032,8 millones de dólares en el año 2010, y 2.321 millones al año 2013).
En adición al aumento de ingresos, el Gobierno ha recurrido a políticas proteccionistas. Como Ecuador no dispone de una política cambiaria y monetaria propia para proteger la economía de la crisis global, se han establecido varias barreras a las importaciones. Posteriormente, desde fines de 2013, el Gobierno, nuevamente presionado por restricciones fiscales que se derivan de una desaceleración de la economía internacional, volvió a restringir las compras externas argumentando que se tarta de una estrategia de sustitución para impulsar la industrialización. En realidad asoman algunos síntomas que advierten crecientes limitaciones fiscales, por un lado, y un estrangulamiento externo, por otro.
Desde hace algunos años, se optó por establecer un impuesto a la salida de capitales que provoca, al menos por el lado de las importaciones, un efecto similar al de una devaluación. Este creciente impuesto, que alcanzó el 5% desde el año 2011, ha sido sobre todo de tipo fiscal proteccionista, pues fue adoptado sin mayor criterio de planificación en línea con la promoción de una nueva matriz productiva.
En este breve recuento no podemos olvidar el beneficio temporal obtenido por la renegociación de la deuda externa, que permitió alivianar el pago de intereses en el presupuesto del Estado, particularmente en los años 2009 y 2010. Hay que anotar, sin embargo, que por efecto de la renegociación de la deuda externa (que no recogió todas las recomendaciones de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público), el Gobierno de Correa quedó marginado de los tradicionales mercados de financiamiento externo.
Por esa razón, China se convirtió en una tabla de salvación. Esta posibilidad fue aceptada con entusiasmo por el presidente Correa: “Somos complementarios con China, ellos tienen exceso de liquidez y escases de hidrocarburos, nosotros tenemos exceso de hidrocarburos y escases en liquidez. China financia a Estados Unidos, y pudieran sacar del subdesarrollo a Ecuador. […]” El saldo actual de la deuda con China sería, al 28 de febrero del 2014, de 6.292,9 millones de dólares, de acuerdo con las cifras publicadas en la página web del Ministerio de Finanzas. Se trata de una deuda con plazos cortos, de hasta ocho años, y con tasas altas, desde 7,5%; que representa más de un 36% del endeudamiento total del país (sin considerar los créditos de facilidad petrolera).
Cuando el gobierno de Correa parecía haber encontrado una fuente de financiamiento confiable, en el mes de abril del presente año se conoció sorpresivamente que Ecuador habría adquirido una duplicación de su línea de crédito en el Banco Mundial. Se trataría de un monto de mil millones de dólares. Esto implica una duplicación del nivel de endeudamiento del Ecuador con el Banco Mundial. Se habla de un período de pago de treinta años, con un lapso de 15 años de gracia. La tasa de interés sería LIBOR más 1%. Y, según las informaciones oficiales, en un principio no habría condiciones… Aunque, como sabemos, las condiciones vienen a la hora de la presentación de proyectos y de los desembolsos de cada tramo. Y, en realidad, apenas estarían disponibles 307 millones, en tanto el gobierno ya habría financiado a través de esa línea de crédito varios proyectos, como el Metro de Quito.
Más allá de las mejores condiciones crediticias conseguidas, hay que relievar el elemento simbólico que trae aparejado el nuevo endeudamiento con el Banco Mundial. Es como que el mundo regresara a su orden natural, pues este acercamiento a este organismo multilateral de crédito podría facilitar el retorno pleno del país al mercado financiero internacional, en el que pretende incursionar este año el Gobierno. En ese sentido se pronunció el presidente Rafael Correa, quien anunció el domingo 6 de abril, en una entrevista televisiva, que se hará “una operación de bonos en el mercado abierto este año” por unos 700 millones de dólares para financiar el presupuesto de inversión.
Lo que si conviene dejar sentado es que la renegociación del año 2009, que liberó en parte el peso de la deuda sobre la economía, no fue completa. Bastaría con analizar el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público en todos los tramos de la deuda externa: bilateral, multilateral e inclusive comercial, que se caracterizaban por ilegalidades e ilegitimidades. Recordemos que el Banco Mundial había incurrido en prácticas “corruptas” en más de un crédito. Sin embargo, el gobierno no dio paso a aquella recomendación al mantener abierta una línea de crédito con dicha entidad financiera.
Por lo pronto la deuda externa ha perdido la estelaridad mediática de otras épocas. Sin embargo, habrá que ver qué sucede en el futuro si se debilitan los precios de las materias primas en el mercado mundial y se endurece aún más el dólar, cuando sobre todo los créditos con China (cuyas condiciones no han sido totalmente transparentadas) se conviertan en una carga de difícil cumplimiento.
A más de China habría que incluir, sobre todo, los intereses rusos, brasileros y coreanos, que se disputan fracciones del pastel; sin minimizar la presencia de capitales norteamericanos o europeos. Así, el Gobierno goza de condiciones internas y externas favorables, pero sigue enredándose en el círculo vicioso de la dependencia exterior.
Modernización del Estado para una modernización capitalista sin cambios en la matriz productiva
Más allá de algunos discursos radicales, este régimen ha jugado sus cartas por la modernización del capitalismo y no por algún proyecto revolucionario. Y para conseguirlo, el correísmo está empeñado en modernizar el aparato estatal, no en construir otro Estado, menos aún un Estado plurinacional, como dispone la Constitución de Montecristi. El servicio público -como se propuso en Singapur no en Corea del Sur- debe transformarse en una máquina eficiente y efectiva para que cristalicen los planes oficiales. Hay que lograr que los funcionarios públicos se sintonicen con los planes gubernamentales. Para hacerlo se recurre al entusiasmo o a la amenaza permanente.
El Gobierno, para cristalizar su propuesta de transformación de la matriz productiva, busca inversión extranjera lo que conlleva implicaciones en materia fiscal, laboral, ambiental, social… y para lograrlo, se está haciendo concesiones al capital más allá de la entrega de importantes sectores extractivos. Y quizás aquí se inscriben los intentos del Gobierno por llevar adelante las negociaciones de un tratado comercial (tipo TLC) con la Unión Europea.[2]
En concreto existen planes para desarrollar la petroquímica, tanto en la fase de refinación de petróleo como en la de procesamiento de plásticos y fertilizantes, así como la acería y siderurgia (en un país sin yacimientos importantes de hierro), astillero, pero siempre a partir de una matriz de acumulación sustentada en un redoblado extractivismo. Parecería que se trata de construir una serie de enclaves, es decir proyectos que tendrán asidero externo y que, adicionalmente, no tendrían ninguna previsión clara sobre los procesos de readecuación tecnológica en ciernes a nivel internacional. Resulta ingenuo pensar que se podrá competir en esos rubros con potencias industriales tan poderosas como China, por ejemplo.
Este accionar modernizador del capitalismo en Ecuador, en estos siete años, no ha afectado la redistribución de la riqueza, no ha cambiado los patrones de consumo; al contrario ha exacerbado el consumismo. Por lo tanto, por esta vía no se puede transformar la estructura productiva al menos para consolidar un desarrollo endógeno, mucho menos para impulsar el Buen Vivir o sumak kawsay (Acosta 2013a).
El propio presidente Correa reconoce esta realidad. Al cumplir cinco años de su gestión, en una entrevista al diario gobiernista El Telégrafo, el 15 de enero de 2011, Correa ya lo dijo:
“…básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.”
Hacer lo mismo de siempre, esperando que las cosas mejoren, es una torpeza, habría dicho Albert Einstein. El presidente lo ha dicho, no es nuestro deseo perjudicar a los ricos… que serán cada vez más ricos, por más que mejore la situación de los más pobres.
Por otro lado, el Gobierno de Correa, en línea con “el progresismo actual -como lo define con claridad Eduardo Gudynas- no discute las esencias conceptuales del desarrollo. Por el contrario, festeja el crecimiento económico y defiende las exportaciones de materias primas como si fueran avances en el desarrollo”[3]. Y en el caso del presidente Correa el asunto es aún más contradictorio, cuando se presenta discursivamente como un impulsor del Buen Vivir: una propuesta que en esencia es una alternativa al desarrollo y que constituye un mandato constitucional.
El Gobierno actual sigue con el mismo modelo económico de siempre y las estadísticas comprueban que no hay ningún cambio positivo en la distribución de la riqueza en el país. Con un par de cifras se puede comprender mejor como, entre 2010 y 2013, en el Ecuador, los ingresos de los grupos económicos en el período 2012-2013 (76.721 millones de dólares) fueron 98,4% superiores al período 2004-2006 (38.673 millones de dólares). Las utilidades de los grupos económicos pasaron de 5.588 millones de dólares en 2006 (antes de Correa) a 10.009,5 millones de dólares en 2013 (con Correa).
Si bien, por mandato constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden tener propiedades ajenas a las relativas a su actividad específica, el crecimiento acumulado de utilidades de la banca privada en el período 2011-2013 (durante este Gobierno) fue 84,2% superior al período 2004-2006 (gobiernos neoliberales, de mucho menos bonanza económica, por cierto). En estos siete años de Gobierno el promedio anual de dichas utilidades bordea los 285 millones.
En esta economía dolarizada, en un ambiente de consumismo desenfrenado alentado por el propio Gobierno, en el año 2011, las empresas de comunicación (sobre todo las telefónicas) obtuvieron beneficios anuales superiores a 38,5% en relación con su patrimonio neto, las empresas del sector inmobiliario 28,23%, seguros privados 21,27%, manufacturas 20,76%, supermercados 18,10%[4]. Todos estos son sectores profundamente concentrados. Esta realidad explica por qué las grandes empresas han asumido sin mayor conflicto la creciente presión tributaria.
De paso constatemos que la economía popular y solidaria, que ha recibido una mención preferente en muchos discursos gubernamentales y que cuenta con una interesante institucionalidad para su desarrollo y control, sobre todo luego de su posicionamiento constitucional, no ha sido el sector más aventajado de la política gubernamental.
Con un Gobierno que ha recibido los mayores ingresos fiscales de toda la historia republicana, los grupos más acomodados, muchos de ellos vinculados al capital transnacional, no han visto afectados sus mayores privilegios. Aunque se anota una reducción de la pobreza en estos años, lo que interesa aquí es constatar que no ha habido una real redistribución de los activos y tampoco de los ingresos no petroleros. En suma, solo se han distribuido mejor los ingresos, más no la riqueza. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos procesos sociales y políticos de redistribución de la riqueza.
Las reiteradas negaciones presidenciales a una transformación de fondo
No se ha dado paso a una redistribución de la riqueza porque el caudillo del proceso no cree en esas redistribuciones. Recordemos, por ejemplo, que el primer mandatario se ha declarado en varias oportunidades contrario a la redistribución de la tierra, que por mandato constitucional debería haberse ya dado. El objetivo de una transformación de inspiración socialista de hecho debería iniciar por el sector agrario donde la pobreza se concentra.
Al contrario, el presidente Correa no considera la redistribución de la tierra como una solución a la desigualdad en el país. En su declaración del 1 de octubre del año 2011 dijo: “la pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza… repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza”. Y conste que Correa es consciente del problema de concentración; en una entrevista a Le Monde Diplomatique, publicada el 3 de enero del año 2010, afirmó que la “tenencia de la tierra en Ecuador no ha cambiado sustancialmente y es una de las distribuciones más inequitativas del mundo; el coeficiente de Gini supera el 0,9 en cuanto a tenencia de tierra.”
El Gobierno de Correa tampoco tiene interés en desprivatizar el agua, como dispone la Constitución. Además, basta recordar que luego de aprobada la Constitución y en contra de sus disposiciones, se autorizó ampliar la concesión en manos privadas del agua en la ciudad de Guayaquil con INTERAGUA.
La política del correísmo en el ámbito agrario, lejos de los mandatos constitucionales para construir la soberanía alimentaria, favorece a unos cuantos consorcios agropecuarios, especialmente de la agroindustria y al sector exportador-importador de productos agrícolas y pecuarios.
Aquí cabría anotar que inclusive el incremento de la inversión pública, que saltó de 2,5 mil millones de dólares en el año 2007 a 6,8 mil millones en el año 2013, no tuvo los efectos positivos esperados sobre la producción nacional, en particular la industria y el empleo. Tampoco alteró el carácter primario de la economía, por el contrario profundizó las condiciones para seguir ampliando el extractivismo.[5]
Ninguna transformación productiva real a la vista
En este contexto, sin introducir elementos básicos renovadores, como podría ser una redistribución del ingreso de la riqueza, así como patrones de consumo diferentes, entre otros, no se ha dado paso a una reconversión de la matriz productiva. Esto lo reconoció en agosto de 2012 la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades). Y esta constatación es muy fácil de ratificar leyendo el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, de la misma Senplades.
Esta importante instancia gubernamental señaló en el año 2012, entre otros, muchos puntos que le preocupan:
– Se han profundizado las tendencias reprimarizadoras de la economía, tanto en valor como en volumen; es decir aumentó la venta de productos sin manufacturar en el mercado internacional.
– Se mantiene la concentración de las exportaciones en pocos productos, aunque ha aumentado el número de los mercados.
– Existe todavía un bajo nivel de valor agregado en las exportaciones.
– Las importaciones no han variado en su composición, aunque se anota un incremento de la compra de combustibles.
– Se sostiene la constante y baja participación de la industria en la estructura económica.
– Subsiste un elevado margen de control del sistema financiero por parte de la banca privada.
Hay que anotar como un punto interesante el proceso de transformación de la matriz energética impulsada desde el inicio del Gobierno. Como parte de este objetivo, se construye una serie de plantas hidroeléctricas, postergadas desde la crisis de la deuda externa de los años 80. Esta tarea, liderada por el Estado, plantea de todas formas algunas preguntas: ¿Servirá este incremento de la oferta de energía eléctrica para mejorar las condiciones de vida de la población o se destinará fundamentalmente para ampliar el extractivismo, como la megaminería? ¿Cuáles son los impactos en término de alteración de los ecosistemas y de la vida comunitaria en la zona de influencia de dichas plantas? ¿Impulsar la hidroenergía, sobre todo con plantas de generación medianas y grandes, es la estrategia más adecuada para incrementar la oferta de electricidad?
La industria tampoco demuestra efecto transformador alguno. La importante inversión pública, como se señaló, no presenta impactos positivos en el sector manufacturero. Su crecimiento, de 2007 a 2011, fue de 4,29%, algo más que el 3,66% logrado de 2002 a 2006: años neoliberales y de fin de la poscrisis del tornasiglo. Este crecimiento industrial es mucho menor que el logrado en el boom petrolero de los años setenta: 9,1% en promedio en la década, cuando se puso en marcha con relativa eficacia un proceso de industrialización vía sustitución de importaciones.
El saldo para la industria es pobre. La participación de este sector en el PIB no ha tenido importantes cambios. Los sectores industriales con mayor participación son aquellos intensivos en recursos naturales y mano de obra. Hay que tener presente, además, que en la actualidad apenas un 10% de las unidades productivas realizan un proceso que podría ser considerado como de transformación productiva. Mientras tanto, el sector de servicios ha crecido mucho en estos años de apertura comercial y dolarización.
Por el lado de los servicios se mantiene un déficit comercial estructural. Y estos son mayoritariamente consumos finales, lo cual, como acepta la Senplades, es un posible indicador de su bajo nivel de valor agregado. Hay un superávit comercial solo en los servicios correspondientes a la cuenta de viajes, que incluye servicios turísticos.
En el ámbito del comercio internacional la gestión gubernamental ha dado tumbos. El déficit comercial no petrolero continúa creciendo. La economía se sostiene gracias a los elevados precios del crudo. Conociendo los problemas existentes y por cierto las potencialidades del país, casi que sorprende la incapacidad para definir una concepción estratégica de país para intervenir en el mercado mundial con inteligencia y agilidad, sin sacrificar la soberanía nacional. De las negativas iniciales a la firma de cualquier tipo de acuerdo tipo TLC, que coincidía con los planteamientos de soberanía del Plan de Gobierno del Movimiento País de 2006, se pasó a una confusa negociación con la Unión Europea.
Extractivismo del siglo XXI
El presidente Correa ha sido muy franco. Apuesta por más petróleo, por la megaminería, por los agrocombustibles, por los transgénicos[6], todo en un deseo por impulsar la productividad. Es más, como lo ha dicho oficialmente, con más extractivismo pretende sacar al Ecuador del extractivismo. En su empeño cristaliza las aspiraciones extractivistas de “la larga noche neoliberal”, que por lo demás ha estado presente desde los orígenes de la República.
Recordemos que en la Asamblea Constituyente de Montecristi, a través del mandato minero, el 18 de abril de 2008, se pretendió poner en orden el manejo neoliberal en este campo. Algo se avanzó, pero a poco el Gobierno, incumpliendo incluso dicho mandato y expresas normas constitucionales, impuso la ley de minería en enero de 2009. Luego continuó en las negociaciones con empresas mineras, que lo presionaron para que introduzca reformas a tono con sus demandas, en el año 2013. Y en la actualidad, cuando ya hay un contrato para explotar cobre en la Cordillera del Cóndor, firmado el 5 de marzo de 2012, no logra suscribir nuevos contratos que puedan hacer realidad la megaminería, pues las empresas exigen más beneficios.
No se puede menospreciar el hecho de que gran parte de las actividades extractivas -así como las grandes industrias básicas propuestas- solo podrán hacerse con el concurso del capital transnacional. Según Maristella Svampa, lo único que ha cambiado es el lugar relativo desempeñado por el Estado: si antes se abstenía en términos relativos, ahora es uno de los comensales más activos (Svampa, 2013). El objetivo es una mayor participación del Estado en la renta petrolera y minera. Este extractivismo del siglo XXI, a contrapelo de los discursos soberanistas, resulta recolonizador.
También se impone la ampliación de la frontera petrolera en el sur de la Amazonia con la XI Ronda Petrolera; aunque sus resultados resultaron pobrísimos: se presentaron cuatro ofertas para 21 bloques. Cabría hacer mención sobre la forma en que dio paso a la consulta previa en este caso, atropellando la ley y los procedimientos.
Un punto que no puede quedar al margen de estas reflexiones es el relativo a la Iniciativa Yasuní-ITT. Ecuador sorprendió al mundo hace ya más de siete años, cuando propuso dejar en el subsuelo del Yasuní, en plena Amazonia, un significativo volumen de petróleo. Esta propuesta, que surgió desde la sociedad civil, no alcanzó a consolidarse a nivel oficial debido a las inconsistencias y las contradicciones del Gobierno del presidente Rafael Correa.
Lo que debemos tener claro es que, en la medida que se amplía y profundiza el extractivismo, se agrava la devastación social y ambiental. Mientras crece la resistencia social en los territorios afectados, el gobierno responde con la criminalización de la protesta. Los derechos colectivos de varias comunidades indígenas y campesinas son atropellados. Poco importa que en el Ecuador constitucionalmente la Naturaleza sea sujeto de derechos.
El saldo, una “revolución ciudadana” sin revolución social, ni productiva
En síntesis, la propuesta tecnocrática del Gobierno del presidente Correa responde a un intento por modernizar el capitalismo en el Ecuador. Inclusive su propuesta de una economía sustentada en el conocimiento (inviable si se firma un TLC con la UE), corre el riesgo de reproducir inútilmente esquemas existentes en otros países y en otros tiempos. A lo sumo terminaría por alentar una (imposible) mutación del Ecuador en el “jaguar latinoamericano”, en réplica del desarrollo capitalista de Corea del Sur[7] o de Singapur. La confianza en la tecnocracia moderna parece ilimitada, tanto que en el Gobierno ni siquiera se dan el trabajo de al menos estudiar las experiencias de otras épocas, como fue la industrialización vía sustitución de importaciones de inspiración cepalina y dependentista.
Para cerrar este breve análisis, aceptemos con la Senplades, que faltan planes de acción concretos para la consecución de los objetivos de cambio de matriz productiva. No es válido el argumento de que no se ha avanzado porque la matriz productiva es heredada, pues antes de que se inicie este Gobierno, no solo que ya se conocía esa realidad, sino que se tenía una agenda mínima para su transformación.
De hecho, las acciones desplegadas supuestamente a favor del cambio estructural, sin haberlo siquiera intentado, profundizan una mayor polarización entre los grupos más acomodados y el grueso de la población[8], al tiempo que ahondan la dependencia del país del capital transnacional, últimamente representado en mayor manera por el capital chino.
Eso sí, esta propuesta modernizadora del capitalismo, que caracteriza al correísmo, va construyendo una nueva hegemonía dominante casa adentro y nuevos poderes económicos van sustituyendo a los anteriores. El correísmo consolida, entonces, un nuevo modelo de dominación burguesa, que cuenta con una máquina burocrática legalizada, dócil y activa. Correa quiere normalizar, disciplinar y ordenar la sociedad, para esto limita los lugares públicos -plazas y calles- para impedir cualquier manifestación de rechazo al régimen, con una normativa legal con claros rasgos represivos (Acosta 2013b).
El saldo nos dice que el capitalismo en el Ecuador goza de muy buena salud, el rentismo se expande y ni siquiera se han reducido los mecanismos de explotación de los seres humanos y menos aún de la Naturaleza. Correa no está para alternativas, mucho menos para revoluciones, y peor aún para utopías, como el Buen Vivir. Su propuesta es desarrollista. Busca la eficacia tecnocrática, la provisión de infraestructura y el incremento del consumo, a partir de la recuperación del Estado.
Hace rato que el presidente consolidó su línea de Gobierno. Carecen de contenido sus reiteradas declaraciones de radicalizar la revolución, salvo para quienes ingenuamente aún esperan que -desde dentro del Gobierno- se pueda disputar el sentido histórico de la ahora mal llamada “revolución ciudadana”. En realidad lo que se vive en Ecuador es la modernización del capitalismo extractivista, lo que, para ponerlo en palabras de James Petras, significa “un gran salto hacia atrás”.[9]
Referencias bibliográficas
– Acosta, Alberto (2013a) Buen Vivir – Sumak Kawsay. Una oportunidad para imaginar otros mundos. Barcelona: ICARIA.
– Acosta, Alberto et. Al. (2013b) El correísmo al desnudo, Quito: Montecristi Vive.
– Avila Santamaría, Ramiro (2013) “De la utopía de Montecristi a la distopía de la revolución ciudadana”. En varios autores, El correísmo al desnudo, Quito: Montecristi Vive.
– Gudynas, Eduardo (2013) Izquierda y progresismo: la gran divergencia http://www.rebelion.org/noticia.php?id=178651
– INEC (2011) Censo Económico 2010.
– INEC (2013) Indicadores de Pobreza – Diciembre.
– Senplades (2012) Diagnóstico matriz productiva (mimeo).
– Senplades (2013) Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.
– Stefanoni, Pablo; “Ni Caracas, ni La Habana… Seúl: La utopía coreana en los Andes” (2013), en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171279
– Svampa, Maristella. (2013) “El Consenso de las “commodities” y lenguajes de valoración en América Latina”, revista Nueva Sociedad 244, marzo-abril. Recuperado de: http://www.nuso.org/upload/articulos/3926_1.pdf
– Varios autores (2006) Plan de Gobierno del Movimiento País 2007 – 2011, (mimeo).
[1] Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Excolaborador científico del ILDIS-FES (1990-2006). Exministro de Energía y Minas (2007). Expresidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente (2007-2008). Excandidato a la Presidencia de la República (2012-13).
[2] El ministro de Comercio afirmó que “el acuerdo con la UE tendrá un tronco análogo a acuerdos como los que ya rigen para Colombia y Perú.” (Diario Hoy, 13.9.13)
[4] Estas cifras fueron difundidas por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en noviembre de 2012.
[5] En este gobierno, como ha sucedido en otros gobiernos “progresistas” de la región, se sigue trabajando para cristalizar la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA), de claro origen neoliberal. Su objetivo es integrar los enormes depósitos de minerales, petróleo biodiversidad y agua de América latina al capitalismo global.
[6] Al presidente Correa no le importa que en la Constitución del 2008 se establezca “la prohibición de la importación y uso de transgénicos”.
[7] Este país -“jerárquico y competitivo al extremo”- es el referente real para Ecuador y Bolivia. Ver Stefanoni (2013).
[8] El GINI que había descendido desde el año 2007 hasta el año 2011, ha comenzado a repuntar en los dos años subsiguientes, al igual que la pobreza, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, de conformidad con informaciones del INEC (2013).
[9] Inclusive panegiristas del gobierno como Juan Paz y Miño lo reconocen: “Ecuador construye una forma de capitalismo social con Estado bajo poder ciudadano y que esto es un socialismo del siglo XXI”, Juan Paz y Miño en el diario gobiernista El Telégrafo, 14 de abril del 2014.
