Tener miedo es inevitable. La vida se desenvuelve de tal manera que es casi imposible desterrarlo. Si todos hemos sido o somos víctimas, entonces el miedo marca la agenda propia de la ciudadanía; pero cuanto más y de manera más significativa la agenda de los Estados, de los gobiernos locales, de las sociedades. A la pregunta ¿qué es lo que más le preocupa?, respondemos sin más la inseguridad. Va construyéndose por tanto una hipótesis de miedo para marcar el ritmo de la política y las responsabilidades del Estado frente a la ciudadanía.
Cada vez que se aborda el tema de la Justicia Penal desaparecen las líneas de una acción que está lejos de las políticas de Estado, concertadas en un amplio espectro participativo, con mecanismos ágiles, combatiendo la impunidad en los estrechos márgenes de la Ley. Esto es fácil de comprobar: cada vez que abordamos el tema de la Justicia terminamos hablando de inseguridad y hasta los presupuestos de inversión en justicia se miran a través de los presupuestos para la seguridad. El criterio de eficacia en la persecución del crimen da palos de ciego y muchas veces en su lucha contra la impunidad termina por afectar a las clases desprotegidas, a los que pueden convertirse en “carne de presidio”.
No esperemos ser víctimas del sistema para empezar a preocuparnos, el brazo de la justicia penal podría alcanzarnos de manera ilegítima porque estuvimos en un sitio inconveniente o porque protestamos y alguien más transformó nuestro derecho en ánimo de subversión, sabotaje o terrorismo. Que exista garantía de derechos para todos y todas, que el derecho penal sea pequeñito (mínimo) para alcanzar las acciones que realmente nos afectan y que el telón de fondo de la realidad social del país sea una política de protección de derechos humanos.
El precio del miedo siempre tiene su rédito en políticas sociales y en políticas de seguridad. La inseguridad, la alarma social y el miedo canalizan otras insatisfacciones sociales. El resultado es que la denominada “emergencia criminal” oculta otras emergencias humanas que revisten gravedad y requieren la respuesta animosa de los Estados.
