Al Grano
12 de Abril 2016
“Al Grano” es una campaña de comunicación que alimenta el debate sobre las relaciones de poder en el campo, el monopolio de la comercialización, la concentración de recursos naturales, los efectos del cambio climático en el agro y las violaciones a los derechos de trabajadores rurales. Siempre identificando las alternativas que los campesinos e indígenas proponen ante sus problemáticas.
La campaña ‘’Al Grano’’ quiere visibilizar cómo opera la Agroindustria en el Ecuador. A continuación entrevistamos a Nataly Torres (Responsable del Programa de Exigibilidad y Monitoreo de FIAN Ecuador) sobre el estado del derecho a la alimentación en Ecuador.
¿Cuáles son los mecanismos que a nivel nacional e internacional defienden el derecho a la alimentación en Ecuador?
El Estado Ecuatoriano ha reconocido el derecho a la alimentación mediante la Constitución Política de 2008, entendiendo que: “se da un acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”, según establece el artículo 13. Para ello, se reconoce a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico del Estado.
Así mismo, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA), publicada en el Registro Oficial en mayo de 2009, establece los mecanismos mediante los cuales el Estado ha de cumplir con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente.
En relación al derecho internacional se han concebido estándares de protección del derecho a la alimentación como: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), suscrito por el Ecuador en el 2009; el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre derechos económicos, sociales y culturales y el Protocolo de San Salvador, ratificado por el Ecuador en 1993.
¿Podríamos hablar de una verdadera práctica en defensa de la soberanía alimentaria como eje estratégico tal como refleja la Constitución?
Existen reivindicaciones políticas importantes que se deducen del concepto de soberanía alimentaria como la priorización de la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de campesinos y campesinas a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito; así como la participación activa de los pueblos en la definición de política agraria y el reconocimiento del papel esencial que desempeñan las mujeres rurales en la producción agrícola y en la alimentación.
¿En qué consiste la política estatal sobre el cambio de modelo de matriz productiva?
Los principios señalados anteriormente van perdiendo fuerza frente a la política estatal de “transformación de la matriz productiva” que fomenta el modelo agroindustrial, los agronegocios y la agroexportación con el paulatino deterioro de los sistemas alimentarios locales.
¿Cómo se conecta con la aprobación de la Ley de Aguas en 2014 y la aprobación de la Ley de Tierras en enero de 2016?
La Ley de Aguas y la Ley de Tierras no recogen las demandas históricas de las poblaciones campesinas e indígenas como: la redistribución del agua y la tierra, la protección de fuentes hídricas frente a proyectos extractivos, la protección del derecho al territorio de los pueblos indígenas y campesinos ni la nueva institucionalidad agraria bajo los principios de la plurinacionalidad e interculturalidad.
¿Y qué sucede con el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea y la Ley de Asociación Público – Privada?
A los elementos anteriores hay que sumar la adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea y la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público – Privadas y la Inversión Extranjera que abren mayores posibilidades para que se refuerce el modelo de acumulación capitalista en el sector agrario y alimentario.
¿Cuáles son las principales empresas en el ranking que controlan la alimentación en el Ecuador? ¿Cómo se expresa este modelo de acumulación en el sistema alimentario ecuatoriano?
En el marco de la investigación “Balance de la situación alimentaria y nutricional en Ecuador”, que venimos trabajando en FIAN, evidenciamos que en el país opera una estructura oligopólica a lo largo de la cadena agroalimentaria que, junto a la concentración de los recursos productivos en un reducido grupo de agentes económicos, nos lleva a pensar que en Ecuador se consolida un modelo corporativo de control sobre la alimentación.
En el 2010, el Censo Nacional Económico del 2010 muestra que las empresas más grandes, que representan el 10% de todos los negocios del país, acapararon el 95,8% de las ventas que se realizaron en ese año. Entre los comerciantes alimenticios y agroindustriales, tres empresas controlan el 91% del mercado. Este hecho determina también el grado de concentración de los ingresos. En nuestro informe resaltamos las cifras del SRI que muestran que aquellos grupos económicos con vínculos directos e indirectos con la agroindustria, volcados a la exportación, o con control de procesos de elaboración y comercialización de alimentos y bebidas procesadas, son parte de un reducido y poderoso grupo económico que controla la economía ecuatoriana. Estamos hablando de grupos económicos como La Favorita, El Rosado, Gerardo Ortiz e Hijos, Supermercados Santamaría dedicados a la elaboración y comercialización de alimentos; son grupos que reportaron ingresos en 2014 entre los $528 y $2.500 millones de dólares. Grupos agroindustriales como Pronaca, Bananera Noboa ó Reybanpac, pueden ilustrar cuan rentable resulta mantener el control sobre medios de producción fundamentales en el agro como la tierra, agua, crédito, disponibilidad de fuerza de trabajo y la alimentación de la población ecuatoriana.
¿Frente a este panorama, cuál es la situación actual de los pequeños productores campesinos?
Es evidente que esta concentración capitalista en el sector agrícola y alimentario apunta a una creciente inequidad social en cuanto al acceso a recursos productivos; incluso a los mercados, en donde los pequeños productores son los principales afectados.
Durante los últimos años ha existido una tendencia de eliminar las unidades productivas pequeñas, reemplazarlas por otras de mayor tamaño ó introducirlas en la cadena de comercialización mediante modalidades como la agricultura bajo contrato; agricultura por la que el comprador (muchas veces se trata de una empresa grande de agronegocio) establece las condiciones sobre el producto, la cantidad y los precios. En esta modalidad, no sólo empresas privadas desempeñan un papel importante en esta forma de negocio; por ejemplo, el “Plan Nacional de Semillas” constituye un claro ejemplo de encadenar cultivos estratégicos bajo la forma de agricultura por contrato, al igual que los programas: Fondo de Integración de Cadenas Agroproductivas (FICA) y Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos (PRONERI). Como resultado, existe una creciente proletarización y desplazamiento de los campesinos y campesinas, nuevas formas de concentración de la tierra y del poder en manos de las empresas comercializadoras, importadoras y exportadoras, y también la destrucción ambiental debido al uso intensivo de agroquímicos.
