“Esta ley responde a lo que piden los que sólo piensan en la mujer embarazada como una incubadora”, asegura Justa Montero, de la plataforma Mujeres ante el Congreso
Esta militante por el derecho de las mujeres a decidir afirma que la dificultad para acceder a un aborto es una nueva forma de criminalizarlo
por Paz Vaello Olave. Publico.es
21diciembre 2013
El aborto deja de ser un derecho y la mujer solo tendrá la última palabra en caso de violación
¿Cómo afecta a las mujeres la reforma de la ley aprobada por el Consejo de Ministros?
Esta ley es una verdadera bofetada a los derechos de las mujeres y supone que muchas de las mujeres que van a abortar tendrán que hacerlo de forma clandestina. Esta ley apuesta por el aborto clandestino, lo que significa la desprotección de las mujeres, de su salud y de su vida. El Consejo de Ministros ha respondido a lo que piden la jerarquía eclesiástica y los sectores más patriarcales, fundamentalistas, conservadores y reaccionarios de la sociedad, a los que poco importan los derechos de las mujeres. Es más, sólo piensan en la mujer embarazada como incubadora, por lo que plantean respetar la vida de la mujer en la medida en que es funcional a la vida del feto.
El ministro habla en cambio de que se trata de dos bienes jurídicos protegibles, el ‘nascituru’ o no nacido y la mujer.
Creo que el nombre de la ley deja claro su carácter profunda y exclusivamente ideológico, en la medida en que lo que dicen que les interesa es el no nacido como algo contrapuesto al derecho de las mujeres a decidir. Para nosotras lo que hay que defender es la vida de las personas. Pero ellos son los primeros que no protegen ni a uno ni a la otra. Nosotras somos las primeras que defendemos que las mujeres que se quedan embarazadas y quieren tener un hijo puedan hacerlo en condiciones de dignidad. Y por esa misma razón también somos las defensoras del derecho al aborto. Esta ley lo único que hace es ponerlo más difícil.
Justa Montero, miembro de la Plataforma Mujeres ante el Congreso.
¿Cómo encaja esta reforma en un contexto de crisis económica?
Llevamos tiempo manifestándonos en contra de los recortes que hace el Gobierno en los servicios públicos y que son los que ponen trabas a la maternidad: recortes en la atención a la dependencia, en las escuelas infantiles, el no permitir la prolongación de los permisos de paternidad y maternidad… El Gobierno que aplica una política de recortes brutal a los derechos de las mujeres que quieren ser madres no puede venderse como defensor de la maternidad. Las mujeres no les importan. Y con esta ley lo están demostrando. Es una ley cruel con las mujeres.
¿Qué supone eliminar la decisión libre de la mujer en las 14 primeras semanas de gestación que recoge la ley de 2010?
Con la ley actual hasta las 14 semanas se respeta la decisión de la mujer. No hay problema porque no hay nada que interpretar, pero con este supuesto de riesgo para la salud de la mujer que se introduce ahora se abre la puerta a la interpretación, por lo que existe la posibilidad de que en muchos casos se asegure que no existe tal riesgo o que no se han hecho las pruebas suficientes para determinarlo, lo cual deja a la mujer en una inseguridad jurídica total y la condena a la clandestinidad.
La nueva ley obliga a las menores de 16 y 17 años a ser acompañadas por sus padres o tutores legales. ¿Qué consecuencias puede traer esto para aquellas que tienen problemas para comunicar la decisión a sus padres?
Esto lo único que supone es que avalan el aborto clandestino, porque estas mujeres van a abortar, sólo que lo harán fuera de la ley. De esta forma, la ley deja en una total desprotección a estas menores que tienen serias razones para no informar a sus padres o tutores.
El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha dicho que la discapacidad o anomalía del feto “no es en sí misma merecedora de disminución de derechos de protección”.
Sólo se debería suprimir el supuesto fetal en el caso de que se permitiera la libre decisión de las mujeres. Porque sabemos que muchos de estos casos quedarán fuera de la ley, ya que los especialistas que deben elaborar los informes -ya los estamos viendo en muchas Comunidades- muchas veces son contrarios al aborto. Así, hay mujeres se van a encontrar con un dictamen negativo o que tarde mucho y se pase el plazo. Esto significa introducir un dolor terrible para estas mujeres. Es de una crueldad que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza.
El ministro ha dicho que esta ley protege también el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. ¿Esto puede significar en la práctica que la interrupción del embarazo no esté garantizada?
Lejos de regular la objeción de conciencia, que era algo muy importante para garantizar que estas intervenciones se realicen en la red sanitaria pública, esta ley hace lo contrario: dar más facilidades para los médicos y personal sanitario para que puedan negarse a hacer un aborto. En realidad, la ley está protegiendo más el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario que el derecho de las mujeres a ser atendidas. Es una nueva forma de condenar y criminalizar el aborto.
Desde una perspectiva global, ¿cuáles creen que serán las principales consecuencias de esta ley?
Efectivamente, incluso con la ley de 2010, al estar considerado el aborto como delito, cualquiera puede interpretar que el motivo que ha llevado a una mujer a abortar no es el que está despenalizado. Por eso se producen denuncias y juicios. Pero esta nueva ley va más allá y va a generar una inseguridad jurídica absoluta para las mujeres y para los profesionales que realizan las intervenciones. Va a suponer que la mayoría de las mujeres van a tener que recurrir a abortar a otros países o a abortos clandestinos, con lo que eso supone de riesgo para su vida y para su salud, como sabemos por los estudios comparativos con otros países. Estamos en el siglo XXI, las mujeres llevamos mucho tiempo peleando por esto y yo creo que hay un respeto social al derecho de las mujeres a decidir. Que venga este señor a tratar de devolvernos a los años setenta es algo que no se explica de ninguna forma, nada más que por ese afán de contentar a los sectores más ultra.
Una de las principales quejas de las asociaciones de mujeres ha sido que para la elaboración de este proyecto no se ha contado con ellas. Sin embargo, Ruiz-Gallardón ha hablado de retomar un consenso acorde con tres sentencias del Tribunal Constitucional desde 1985, roto con la ley de 2010.
No había ninguna demanda social en el sentido de hacer una ley más restrictiva. Solamente de estos sectores ultra, que se movilizan y vociferan mucho, pero son una minoría. Y efectivamente, una de las cuestiones más increíbles de este proceso es que siempre que se hace una modificación de ley se monta un órgano consultivo, se consulta a las asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, a los especialistas… y en este caso no se han puesto en contacto con ellos y nadie sabe quién forma parte de esa comisión de expertos que ha elaborado este proyecto. El proceso se ha llevado a cabo con un oscurantismo absoluto. Esto, además de una falta de transparencia absoluta, incumple un principio elemental en el desarrollo de derechos humanos, que es la necesidad de consultar abiertamente y de forma transparente a la sociedad. Lo segundo denunciable es que el Gobierno ha estado utilizando el aborto permanentemente como moneda de cambio, creando cierta alarma social, creando mucha intranquilidad entre las mujeres y entre los profesionales que realizan las interrupciones.
Desde que se planteó la contrarreforma de Gallardón, nosotras hemos solicitado reuniones con todos los grupos políticos para plantearles nuestra preocupación por la situación, nuestra propuesta de en qué sentido podría haber un cambio de ley y la importancia y la gravedad que tendría que saliera adelante esta contrarreforma. En general hubo mucha receptividad por parte del PSOE, el grupo mixto, BNG, Amaiur… Todos los que están en la oposición nos han escuchado, pero el partido de Gobierno no ha tenido el menor interés.
Después de solicitar en repetidas ocasiones una reunión con el ministro, finalmente antes del verano las recibió el subsecretario de Justicia. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo recibió sus propuestas?
Fue absolutamente formal. El ministerio nos han dejado perfectamente claro que su planteamiento está en las antípodas del nuestro, que su preocupación es la defensa de la vida del feto, que efectivamente no tiene nada que ver con la nuestra, que es el derecho de las mujeres a decidir, y que, por lo tanto, no había diálogo posible ni interés por su parte en que lo hubiera.
El ministro no ha dado muchos detalles sobre la educación afectivo-sexual que, dice, se potenciará desde las instituciones.
Se les llena la boca de decir que lo que defienden es el derecho de las mujeres a la maternidad, cuando ellos mismos están aprobando y aplicando políticas que suponen que lo poco que se llegó a implantar de educación afectivo-sexual ahora ya sea inexistente. Y ha desaparecido también la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que algo se podía hablar al respecto. Además, en agosto han retirado la financiación en la Seguridad Social a los anticonceptivos de última generación, los más modernos, y cada vez un mayor número de anticonceptivos se tienen que pagar, con lo cual las mujeres con más dificultades económicas (inmigrantes, jóvenes y muchas otras) tienen complicado acceder a ellos. Es un discurso totalmente cínico, porque en realidad ellos no quieren prevenir el embarazo no deseado ni facilitar el acceso de las mujeres al control sobre su propio cuerpo. Realmente somos las feministas las que queremos trabajar por la prevención de embarazos no deseados, las que defendemos las políticas de anticoncepción, la educación sexual… Y, llegado el caso, defendemos por supuesto el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo no deseado.
