Por Ibeth Paucar*
La violencia económica hacia las mujeres es un problema estructural que tiene múltiples facetas, muchas de las cuales son ignoradas, incluso por ellas mismas y que, sin embargo, tienen un impacto directo en su cotidianidad, planes de vida y la manera en que subsistirán al llegar a la tercera edad. En Ecuador, como en gran parte del planeta, ser mujer, una persona racializada, tener un bajo nivel de escolaridad o pertenecer a un estrato económico popular se convierte en un peso difícil de soportar, y si se pertenece a dos o más de estas categorías la misión podría volverse imposible.
La crisis multisistémica que atraviesa prácticamente toda la humanidad, agravada y evidenciada por la pandemia de la covid-19, ha impactado en distintos niveles y formas a la población global. Mientras que en algunas regiones planetarias han iniciado una lenta recuperación económica, en gran medida impulsada por los procesos de vacunación e incentivos económicos gubernamentales; en otras la precariedad avanza a paso firme y deja en evidencia la ausencia de un Estado que garantice mínimos niveles de calidad de vida para sus ciudadanos y ciudadanas.
A principios de 2021, Oxfam Internacional publicaba en su Informe Anual Sobre Desigualdad que “las fortunas de los multimillonarios han recuperado el nivel previo a la pandemia en tan solo nueve meses, mientras que para las personas en mayor situación de pobreza del mundo esta recuperación podría tardar más de una década en llegar”[2]. Es así que 2153 personas, cuyas fortunas superan los mil millones, poseen más riqueza que 4600 millones de personas o el 60% de la población mundial[3]. Otros datos del estudio reflejan que la pandemia afectó particularmente a mujeres de todas las edades, población indígena y afrodescendiente, y aún más las mujeres dentro de estos grupos, incrementando la “desigualdad y vulnerabilidad” preexistentes dentro de cada país y entre estos.
Mujeres y niñas son las más pobres entre los pobres, pues son mayoría en los sectores económicos más afectados por la pandemia. En la encuesta realizada por Oxfam a economistas de todo el mundo sobre el impacto de la pandemia por coronavirus respecto a la desigualdad, reveló que el 56% de los encuestados consideraba que era probable o muy probable que la desigualdad de género aumente en sus respectivos países.
La pobreza es un tipo de violencia estructural y sistémica que genera procesos de exclusión permanentes, indefensión y precariedad a quienes la padecen. A casi dos años desde el inicio de la pandemia aún no podemos medir con exactitud sus consecuencias económicas, puesto que incluso países que ya daban por superada la crisis han vuelto a dictar órdenes de confinamiento para sus ciudadanos, mientras que en otros la crisis sanitaria y su impacto financiero nunca se superaron. El pasado mes de junio, el Banco Mundial señalaba que por primera vez en 25 años la pobreza extrema aumentaría, con más de 100 millones de personas empujadas a sobrevivir en condiciones materiales extremas producto de la pandemia, cuya onda expansiva se sentirá en la mayoría de países hasta el 2030[4].
La crisis generalizada provocada por la covid-19 develó aquello que las feministas han sostenido por décadas respecto a la garantía de los derechos de las mujeres, y es que éstos son prestados, no están garantizados, y por tanto bastará una pandemia, una crisis económica, un desastre natural, una conmoción social o un cambio de gobierno para que se vean amenazados, coartados o simplemente desaparezcan. Los derechos económicos no son la excepción.
Datos de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de septiembre 2020[5], proyectaban que, a consecuencia de la pandemia y la pospandemia otras 47 millones de mujeres y niñas caerían en pobreza extrema, echando por tierra los escasos avances para eliminarla logrados tras dos décadas de lucha.
Alrededor del mundo las niñas y las mujeres cocinan y cultivan la mayor parte de los alimentos. Sin embargo, en momentos de escasez son ellas quienes reducen su ingesta a fin de asegurar comida para el resto de la familia. De los cerca de 690 millones de personas que en 2020 padecieron inseguridad alimentaria el 60% son mujeres y niñas[6].
En 2021, por cada 100 hombres en edad reproductiva, de 25 a 34 años, que viven en la pobreza extrema o con 1 dólar y 90 centavos o menos por día, existen 118 mujeres. Se prevé que esta última cifra siga aumentando, impulsada, principal, aunque no únicamente, por la gran cantidad de mujeres que perdieron sus trabajos formales, localizados en los sectores más afectados por la crisis sanitaria, como el de servicios, el manufacturero o el hotelero; y, trabajos informales como el de las ventas ambulantes y el servicio doméstico, que generalmente se ejerce sin ningún tipo de contrato legal. Según la Organización Internacional Del Trabajo, en 2021, solo 43,2% de mujeres en edad de trabajar tendrían empleo, mientras que 68,6% de los hombres estarían trabajando, llegando a niveles de empleabilidad previos a la pandemia[7]. Pero, no contar con un empleo formal o informal quiere decir que las mujeres están en la total desocupación, significa que la carga laboral, particularmente en el sector de los cuidados, no es remunerada y las labores que las mujeres desempeñan para el sostenimiento de la economía y la vida siguen sin ser reconocidas social y económicamente.
La pobreza tiene rostro de mujer
La feminización de la pobreza está estrechamente relacionada con las condiciones históricas y materiales, en las que millones de mujeres desempeñan las funciones que socialmente les han sido asignadas e impuestas. Mucho antes de la pandemia las labores consideradas “de mujeres” no estaban categorizadas como trabajo y las que así se reconocían, recibían salarios inferiores a los de sus pares masculinos, mayor carga horaria, limitadas oportunidades de crecimiento y mayores riesgos para su salud[8]. Mientras un reducido grupo de mujeres ha sentido los límites del “techo de cristal”, la mayoría ni siquiera ha tenido la oportunidad de ingresar a los espacios, reales y simbólicos, donde existe ese techo.
Con guarderías, escuelas e incluso centros de cuidados geriátricos cerrados por la cuarentena, las mujeres que conservaron su empleo, tanto presencial como en la modalidad de teletrabajo, a más de las responsabilidades propias de sus cargos, asumieron las faenas de cuidado de manera excesiva. En todo el planeta, las mujeres dedicaron un promedio de 4,1 horas diarias a tareas no remuneradas y los hombres 1,7 horas[9]. Para muchas de ellas el aislamiento social significó enfrentarse diariamente a segundas y terceras jornadas laborales, y sus secuelas sobre su salud física y mental.
A nivel mundial, el 70% del equipo de respuesta inicial y profesionales de la salud está integrado por mujeres, aun así, carecen de igualdad de condiciones que sus colegas masculinos. De hecho, en el 28% de los casos, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el sector de la salud es aún mayor que la diferencia salarial general por razón de género que en otros sectores es del 16 %[10].
Aunque no se poseen datos recientes y los últimos estudios internacionales sobre el tema hayan sido relevados en 2010[11], está claro que las mujeres que maternan y gestan enfrentan discriminación y acoso en sus espacios laborales. Las mujeres en edad reproductiva son sujetos de sospecha a causa de esta capacidad, las o los empleadores suponen un posible perjuicio económico en caso de que la empleada quedase embarazada. Aquellas que ya tienen hijos suelen ser aisladas de los cargos gerenciales o que implican toma de decisiones, a manera de castigo porque se asume que priorizan su familia al trabajo. Pese a que socialmente la maternidad es uno de los hechos más romantizados, laboralmente es de los más castigados
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, señala a Latinoamérica como la segunda región con mayor desigualdad del mundo, también, es la más golpeada económicamente por la pandemia. Casi tres millones de empresas cerraron durante 2020, y el Producto Interno Bruto regional se contrajo un 7,7%[13]. La división sexual del trabajo y la organización social del cuidado están en las raíces de la pobreza multidimensional que afrontan sus ciudadanas y ciudadanos, al mismo tiempo, estos factores juegan en contra de su recuperación. Previo a la llegada de la crisis sanitaria, las latinoamericanas empleaban tres veces más tiempo en trabajo de cuidado no remunerado que los hombres, limitando seriamente sus posibilidades de acceder mercado laboral. Cerca de 60% de las mujeres en hogares con niños y niñas menores de 15 años señalaron no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades familiares[14].
En todo el planeta, las mujeres dedicaron un promedio de 4,1 horas diarias a tareas no remuneradas y los hombres 1,7 horas. Para muchas de ellas el aislamiento social significó enfrentarse diariamente a segundas y terceras jornadas laborales, y sus secuelas sobre su salud física y mental.
Las mujeres ecuatorianas en el subempleo
La situación en Ecuador es similar a la que se vive en otros países empobrecidos. Las ecuatorianas, producto del sistema capitalista patriarcal, enfrentan condiciones económicas más difíciles que los hombres.
Cifras de la Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), con corte a septiembre de 2021, muestran que a escala nacional de los 12,7 millones de personas en edad de trabajar solo 8,5 millones fueron económicamente activas; de estas 8.066.696 tuvieron algún tipo de empleo; se incluyen en este rubro el empleo adecuado, subempleo, empleo no remunerado, otro empleo no pleno y empleo no clasificado. 412.441 personas estuvieron desempleadas.
Sin especificar la cantidad exacta, este instrumento cuantitativo sostiene que de la población económicamente activa el 93,8% de las mujeres posee algún tipo de empleo, frente al 96,1% de los hombres. De igual manera, la tasa de empleo adecuado en hombres fue de 38,7% y para las mujeres fue de 36,5%. El empleo adecuado es aquel por el cual los y las trabajadoras reciben como base el salario mínimo a cambio de 40 horas de trabajo. El 21,2% de las mujeres están subempeladas frente al 23,7% de hombres. Hasta la última medición oficial, el ingreso laboral promedio de los hombres fue de 327,6 dólares y las mujeres percibieron en promedio 279,1 dólares. Antes y después de la pandemia la brecha salarial ha estado presente en la vida de la mayoría de las trabajadoras locales, en 2019 la diferencia fluctuaba cerca de los 52,80 dólares[15].
Un total de 4,2 millones de personas forman parte de la población económicamente inactiva, y son descritas por el instrumento de medición como “aquellas personas de 15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son rentistas, jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros”[16]. Incluir en este rubro a las amas de casa, y no en el segmento de empleo no remunerado, demuestra una vez más como el trabajo de cuidado, realizado mayoritariamente por mujeres, no está considerado como tal y por tanto sus aportes a la economía y al bienestar social permanecen ocultos.
Más. En 2019 el propio INEC publicaba en su último estudio de Cuentas Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares que los y las ecuatorianas dedicamos 11.823 millones de horas anuales a las actividades domésticas y de cuidado. Esto trabajo equivale a una producción anual de 19.880 millones de dólares, lo que representa el 20% del Producto Interno Bruto, de ese año. A través de su trabajo no remunerado en el hogar, las mujeres sumaron a la economía nacional 15.131 millones de dólares y los hombres 4.749 millones. Además, el 51 de las 66 actividades destinadas al mantenimiento del hogar propio, otros hogares o la comunidad se efectuaron por mujeres[17].
En la última “Encuesta Violencia Contra Las Mujeres” realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) de 2019[18], se informa que 65 de cada 100 mujeres en Ecuador ha experimentado al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida. Este informe detalla que en el país el 16,4% de las ecuatorianas reconocen haber sido víctimas de violencia económica y patrimonial, frente al 56,9% que reportan haber sufrido violencia psicológica y al 34,5% víctimas de violencia física.
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su artículo 10, inciso D, describe la violencia económica y patrimonial como: “toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho, a través de: 1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o inmuebles; 2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 4. La limitación o control de sus ingresos; y, 5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo” [19].
Pero ¿qué sucede cuándo las acciones y omisiones que menoscaban los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres provienen del Estado?, ¿qué hacer cuando la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades y la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna son política pública?
Según el Informe “Impacto de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario durante el período septiembre 2019- junio 2021” del Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico, de la Universidad Central del Ecuador[20], uno de los efectos de este cuerpo legal fue el deterioro de la calidad del empleo a los niveles más bajos, de los últimos 15 años.
Ley de Apoyo Humanitario fue aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional el 15 de mayo de 2020 y publicada en el registro oficial el 22 de junio de ese mismo año. Esta normativa permitió el despido de miles de trabajadoras y trabajadores sin ningún tipo de compensación económica, la reducción de salarios y jornada laboral acorde a las necesidades de los empleadores, rompiendo por decreto los derechos laborales que tanto esfuerzo costaron conquistar.
Tras la entrada en vigencia de esta ley las mujeres fueron las más afectadas por la pérdida de empleos adecuados, el subempleo, el desempleo y la imposibilidad de recuperar sus plazas de trabajo. Esta investigación sostiene que las mujeres “frente a la pérdida de trabajo de su pareja o la reducción del salario generado por la Ley De Apoyo Humanitario, necesitan ahora trabajar más horas, aunque sea en condición de subempleo para poder satisfacer las necesidades básicas de su hogar”.
Quizás, una de las múltiples respuestas ante estos cuestionamientos sea empezar a mirar a la violencia económica de género por lo que es, un problema estructural que sistemáticamente condiciona la vida de miles de millones de mujeres a la precariedad y múltiples violencias a lo largo de todo su ciclo vital y genera profundos impactos tanto para ellas como para la economía planetaria. Un conflicto que no solo se limita a la apropiación ilegal, la enajenación o destrucción de los bienes materiales, ya que la mayoría de las mujeres del planeta no poseen más que sus enceres personales.
La violencia económica hacia las mujeres permea todos los aspectos de la vida. Está vinculada a la propiedad de la tierra, los productos y servicios que de ella se obtienen, quien trabaja o protege el territorio y quien finalmente se sirve de estos beneficios. Pasa por el acceso a la educación, actualmente 16 millones de niñas no irán nunca a la escuela y dos tercios de los adultos analfabetos son mujeres[21], la pobreza sigue siendo una de las principales causas de la violación a este derecho humano fundamental, convirtiéndolas en mano de obra barata con casi ninguna oportunidad de crecimiento personal o profesional.
Continúa con la reflexión de dónde y cómo viven las personas más afectadas por el calentamiento global, ya que el 80% de los desplazados desastres relacionados con el clima son mujeres[22], quienes pierden lo poco que poseían o se ven obligadas a abandonarlo, incluidas sus formas de subsistencia. Incluso en escenarios bélicos las mujeres son vendidas o intercambiadas como botín de guerra, para luego ser convertidas en esclavas sexuales, sirvientas o ambas[23]. Es también un conflicto simbólico que delimita su autopercepción y como las sociedades les imaginan; socialmente es más fácil concebir a un jefe de estado hombre que a una presidenta, un varón profesional de cualquier rama que una mujer profesionista o experta. Si no somos capaces de imaginar a las mujeres en esos roles, socialmente jamás aceptaremos que pretendan ejercerlos. Como se ha demostrado, la violencia económica sí está vinculada a la cuestión laboral, no solo por la cantidad de horas que se trabaja, en las condiciones en las que se lo hace y el salario que se percibe, sino sobre todo está relacionado con aquello que se reconoce o no como trabajo. El trabajo de cuidado no asalariado que realizan las mujeres sostiene la economía global. Si este trabajo fuera reconocido económicamente y se les pagara a las mujeres una justa remuneración por sus tareas el actual sistema económico colapsaría.
Las mujeres víctimas de violencia económica son más susceptibles a ser a menudo víctimas de violencia física, sexual y psicológica, pues al carecer de oportunidades de inserción laboral y medios propios para su subsistencia y la de sus hijas e hijos, se ven forzadas a convivir con sus maltratadores.
Cuando se sueña con una revolución feminista, se sueña también con una revolución económica, y mientras ese día llega, a fin de salir de la espiral económica en descenso dejada por la pandemia de la covid-19 es primordial que las medidas económicas que los gobiernos tomen incluyan la perspectiva de género y busquen empoderar a las niñas y mujeres. No hacerlo solo ahondará los problemas.
La violencia económica hacia las mujeres permea todos los aspectos de la vida. Está vinculada a la propiedad de la tierra, los productos y servicios que de ella se obtienen, quien trabaja o protege el territorio y quien finalmente se sirve de estos beneficios.
*Ibeth Paucar, feminista, activista social. Productora audiovisual con 14 años de experiencia en radio, cine, televisión, programas multiformato y eventos. Trayectoria laboral desarrollada con enfoque de género, interculturalidad, defensa de los Derechos Humanos y comunicación pública.
Referencias bibliográficas:
[2] https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-mega-ricos-han-recuperado-las-perdidas-ocasionadas-por-la-pandemia-en-un-tiempo
[3] https://www.oxfam.org/es/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla
[4] https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview#1
[5] https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-between-women-and-men
[6] https://www.globalcitizen.org/es/content/empowering-women-to-prevent-famine-hunger-globally/
[7] https://news.un.org/es/story/2021/07/1494512
[8] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—gender/documents/publication/wcms_814506.pdf
[9] https://www.un.org/development/desa/es/news/statistics/women-report-2020.html
[10] https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women
[11] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_142159.pdf
[13]https://news.un.org/es/story/2021/03/1489112#:~:text=Am%C3%A9rica%20Latina%20es%20la%20regi%C3%B3n,por%20la%20pandemia%20%7C%20Noticias%20ONU
[14] https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
[15]https://incyt.upse.edu.ec/ciencia/revistas/index.php/rctu/article/view/544/507#:~:text=Para%20el%20caso%202019%2C%20la,han%20disminuido%20progresivamente%20la%20problem%C3%A1tica.
[16] https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2021/Septiembre-2021/202109_Mercado_Laboral.pdf
[17] https://www.ecuadorencifras.gob.ec/las-mujeres-sostienen-el-trabajo-domestico-y-de-cuidado-en-los-hogares-ecuatorianos/
[18] https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Principales%20resultados%20ENVIGMU%202019.pdf
[19] https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_mujeres.pdf
[20] https://trabajoypensamientocritico.com/wp-content/uploads/2021/08/Informe_Impacto-de-la-Ley-Organica-de-Apoyo-Humanitario.pdf
[21] https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero
[22] https://news.un.org/es/story/2021/11/1499772
[23] https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdp9q.htm
