Por Prodavinci <www.prodavinci.com>|
MELBOURNE – ¿Deberían los países ricos –o inversionistas que operan ahí– comprar tierras de cultivo en países en desarrollo? Esa pregunta es objeto de estudio en el informe, Operaciones transnacionales de compra de tierras de cultivo en los países en desarrollo, que publicó el año pasado el consorcio de institutos de investigación europeos y organizaciones no gubernamentales, Land Matrix Partnership.
En el informe se muestra que desde el año 2000, inversionistas u organismos del Estado de países ricos o emergentes han comprado más de 83 millones de hectáreas (más de 200 millones de acres) de tierras de cultivo en los países en desarrollo más pobres. Esto representa el 1.7% de las tierras de cultivo mundiales.
Gran parte de estas compras se han hecho en África, entre las cuales dos tercios se han realizado en países donde el hambre es generalizada y las instituciones para formalizar la propiedad de la tierra a menudo son deficientes. Tan solo las adquisiciones en África representan un área de tierras de cultivo del tamaño de Kenia.
Se ha alegado que los inversionistas extranjeros están comprando tierras ociosas; por lo que al ponerlas a producir, las compras aumentan la disponibilidad de alimentos en general. Sin embargo, el informe del Land Matrix Partnership determinó que esto no es así: aproximadamente el 45% de las adquisiciones de tierras de cultivo existentes y casi una tercera parte de las tierras adquiridas se forestaron, lo que indica que su desarrollo puede plantear riesgos para la biodiversidad.
Las inversiones son privadas y públicas (por ejemplo, por entidades propiedad del Estado) y proceden de tres grupos distintos de países: economías emergentes como China, India, Brasil, Sudáfrica, Malasia y Corea del Sur; los Estados del Golfo ricos en petróleo; y economías desarrolladas ricas, como los Estados Unidos y varios países europeos. En promedio, el ingreso per cápita en los países que son fuente de estas inversiones es cuatro veces superior al de los países a los que se destinan.
La mayoría de las inversiones se destinan a la producción de alimentos u otras cosechas para exportación desde los países en los que se compra la tierra, por la razón obvia de que los países más ricos pueden pagar más por la producción. Más del 40% de esos proyectos tienen como objetivo la exportación de alimentos a los países fuente –lo que sugiere que la seguridad alimentaria es una de las principales razones para comprar tierras.
Oxfam International se refiere a estas operaciones como “despojo de tierras”. Su propio informe, Our Land, Our Lives (Nuestra tierra, nuestras vidas), indica que desde 2008 las comunidades afectadas por proyectos del Banco Mundial han presentado 21 quejas formales por violación de sus derechos de propiedad de la tierra. Oxfam ha señalado adquisiciones de tierra a gran escala en los que ha habido violaciones directas de los derechos para pedir al Banco que congele las inversiones en adquisición de tierras hasta que pueda establecer normas para garantizar que se informe de antemano a las comunidades locales y se les dé la opción de rechazarlas. Oxfam también desea que el Banco asegure que estas operaciones con tierras no socaven la seguridad alimentaria local o nacional.
En respuesta, el Banco Mundial estuvo de acuerdo en que hay casos de abuso en la adquisición de tierras, sobre todo en países en desarrollo donde el gobierno es débil y expresó su apoyo a una participación más transparente e incluyente. Al mismo tiempo, señaló la necesidad de aumentar la producción para alimentar a la población adicional de 2000 millones de personas que se prevé para 2050, y sugirió que es necesario aumentar la inversión en agricultura en los países en desarrollo para mejorar la productividad. El Banco rechazó la idea de una moratoria sobre su propio trabajo con los inversionistas en el sector de la agricultura con el argumento de que eso perjudicaría precisamente a quienes con seguridad harían las cosas correctamente.
Cabría preguntarse si la transparencia y el requisito de que los propietarios de tierras locales aprueben una venta es suficiente para proteger a las personas que viven en la pobreza. Los partidarios del mercado libre dirían que es decisión de los propietarios locales vender sus tierras.
Pero, dadas las presiones que plantea la pobreza y la atracción que genera el dinero en efectivo, ¿qué se necesita para que las personas puedan hacer una decisión verdaderamente libre e informada sobre la venta de algo tan importante como el derecho a la tierra? Después de todo, no permitimos que las personas pobres vendan sus riñones al mejor postor.
Por supuesto, los partidarios más firmes del libre mercado dirían que deberíamos permitirlo. Sin embargo, como mínimo, es necesario explicar por qué se debe prohibir que la gente venda sus riñones pero no la tierra en la que produce sus alimentos. La mayoría de las personas pueden vivir con un riñón pero nadie puede vivir sin alimentos.
¿Por qué la compra de órganos es objeto de condena internacional y la de tierras agrícolas no lo es –aún cuando supone la expulsión de los terratenientes locales y la producción de alimentos para exportación a países ricos y no para el consumo local?
Es probable que, en efecto, al Banco Mundial le preocupen más los derechos de los terratenientes locales que a otros inversionistas extranjeros. De ser así, puede ser que las 21 quejas presentadas contra el Banco sean la punta visible de un enorme iceberg de violaciones de los derechos a la tierra cometidos por inversionistas extranjeros en proyectos agrícolas de los países en desarrollo –mientras que los demás siguen siendo invisibles porque las víctimas no tienen acceso a ningún procedimiento de queja.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se enteró tarde de uno de esos casos. En noviembre el Comité concluyó que Alemania no había vigilado al Neumann Kaffee Gruppe en relación con su complicidad en la expulsión de los habitantes de varios pueblos de Uganda para crear una gran plantación de café.
No obstante, las expulsiones se llevaron a cabo en 2001, y los habitantes siguen viviendo en pobreza extrema. No se encontraron soluciones ni en Uganda ni en Alemania para la violación de los derechos que según el Comité les corresponden en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Alemania es signatario. ¿Debemos creer que a los terratenientes les va mejor con inversionistas chinos o sauditas?
