15 febrero 2018
El resultado del ejercicio del poder correísta es el rechazo social al manejo económico, a la corrupción generalizada, al autoritarismo y la sumisión de las instituciones estatales ante una autocracia (gobierno de uno) que está comenzando a cosechar las consecuencias de su oprobiosa hegemonía.
Ese descontento popular es producto de la incongruencia práctico-discursiva que caracterizó a los gobiernos alternativos en Latinoamérica. Mientras esos gobernantes hablaban de rescatar la soberanía, negociaban servilmente los recursos naturales con el imperialismo y las transnacionales; mientras decían ser un gobierno de las clases populares, sus políticas enriquecían más a los monopolios; mientras aseguraban respetar los derechos humanos, se criminalizó hasta la opinión de los opositores.
En el Ecuador la derivación de estas prácticas se exacerbaron al punto de principalizar la contradicción pueblo vs. correísmo, que a partir del año 2014 experimentó variantes entre la lucha electoral y la movilización callejera.
Es indispensable anotar estos antecedentes, pues la crisis política-institucional actual no se deriva de las pugnas internas en Alianza País que pretenden atar a la sociedad ecuatoriana en una camisa de fuerza en la que cabe elegir entre el correísmo o el morenismo. Por eso ni Moreno es dueño del voto del Sí, ni Correa puede adjudicarse la totalidad del voto No resultante de los sufragios de la Consulta Popular del pasado 04 de febrero.
Hay una compleja heterogeneidad ideológica, política y social en la decisión electoral entre estas opciones. Pero lo cierto es que el pueblo puede reivindicar el triunfo como el actor fundamental de la iniciativa misma de ser consultados, de las preguntas propuestas, de la campaña electoral, del rechazo a Rafael Correa y, obviamente, de los resultados que expresan un cambio de correlación de fuerzas en la sociedad ecuatoriana.
En adelante la suerte del otrora poderoso correísmo será la dispersión y la extinción política, esto debido a la falta de relevos que tomen el papel del líder ahora impedido constitucionalmente de ser candidato presidencial. Al mismo tiempo, el gobierno de Moreno logra cierta legitimidad frente a la conspiración de su predecesor y las denuncias de fraude entre las cuales fue electo, mientras las distintas fuerzas políticas y sociales proponen diversos nombres para componer las ternas del Consejo de Participación Ciudadana transitorio.
Si Moreno cede a las presiones de los personajes de la década anterior reciclados en su gobierno, el futuro podría ser un gatopardismo (cambiar todo, para que nada cambie), una especie de correísmo sin Correa. Sí concede la co-gobernabilidad a los partidos políticos burgueses se extenderían a la institucionalidad los compromisos económicos, vigentes desde hace un decenio.
No obstante, también tiene la opción de constituir un CPCCS independiente y con representatividad social para cumplir el anhelo mayoritario de descorreizar el Estado y sancionar a los corruptos. Sólo la independencia política de las autoridades de control y justicia es la garantía para que el mandato del pueblo se cumpla y evitar el culto a la impunidad reinante.
Por lo tanto, la tarea de la juventud, los trabajadores y los pueblos del Ecuador es continuar con su unidad, movilización y lucha independiente para que el espíritu de la Consulta Popular se respete; pero además para exigir, sin más aplazamientos, la creación de empleo digno, incrementos salariales, la apertura de las 40 nuevas universidades, el desarrollo del aparato productivo, la democratización de la sociedad, la devolución de la autonomía del IESS (abonar la deuda del Estado y establecer el pago del 40% de las pensiones jubilares) para evitar su quiebra, etc.,
Moreno no tiene pretextos para incumplir las demandas del pueblo aterrador.
