FELICES LOS PACIENTES? LA LUCHA POR LA TIERRA EN EL ECUADOR. Por Miguel Herrera L.

El análisis del proyecto de Ley de Tierras preparado por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional sugiere que los dirigentes campesinos e indígenas van a necesitar una gran dosis de paciencia antes de ver llegar la tan anhelada Revolución Agraria.

Probablemente se les acabó la paciencia en el 2012, cuando se animaron a recolectar firmas para presentar una propuesta de Ley de Tierras y Territorios por iniciativa ciudadana, es decir, con una recolección de firmas de por medio, sin esperar que el Ministerio de Agricultura presente su propia ley (tal vez tuvieron razón, dado que el mencionado ministerio nunca presentó su propia versión de una ley de tierras).

Pero seguramente sus grandes reservas de paciencia fueron sometidas a dura prueba cuando la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional presentó a fines del año pasado su propia propuesta de Ley de Tierras y Territorios, después de un largo proceso de dos años y medio de la presentación de la iniciativa ciudadana (en el que solamente fueron invitados a sesionar como proponentes durante dos meses). Es que en este proyecto de ley no se encuentra más que un reflejo de las propuestas centrales presentadas por las organizaciones gremiales históricas: se encuentran menos de un tercio de los contenidos claves presentados por iniciativa ciudadana, como dice Romelio Gualán, presidente de la CNC-EA.

Es posible que las Reformas Agrarias pasadas en el Ecuador, por el efecto traumático para los propietarios y sus familias, conduzcan a los asambleístas proponentes a ignorar una realidad: la redistribución de tierras tuvo un efecto inmediato en combatir la pobreza de los trabajadores del campo de aquellos tiempos. Lo que fue un grave error fue no introducir mecanismos de control de la tenencia de la tierra, precipitando un fraccionamiento excesivo y paralelamente una reconcentración de grandes propiedades. Por desgracia la actual propuesta de ley tampoco prevé ningún mecanismo de este tipo. El propuesto control de la venta de las propiedades de más de 2000 ha parece incoherente con la afirmación de los proponentes de la ley de que ya no hay grandes propiedades para repartir en el país (anotemos el estudio de SIGAGRO que demuestra la gran cantidad de propiedades de más de 100 ha, es decir 50 veces más que el promedio de tenencia de 75% de los productores).

Una propuesta inocua, sin rupturas importantes

La nueva propuesta de ley se enfoca en resolver un problema de ordenamiento territorial (dónde se puede sembrar, dónde no), ya que su preocupación es la productividad de la tierra (habrá suficiente tierra para alimentar a una población creciente en las ciudades?), olvidando el problema central: la pésima distribución del acceso a la tierra en el Ecuador. Mejor dicho, intenta hacernos creer que las enormes propiedades todavía existentes en el Ecuador son aquellas que son realmente productivas, mientras que las propiedades de los campesinos son sinónimo de atraso y les sirven apenas para un complemento de su subsistencia. Según ese razonamiento, parece peligroso e irresponsable querer desmantelar grandes propiedades “productivas” como el enorme ingenio ECUDOS, e inclusive lógico ofrecer esta joya de la productividad a un consorcio en el que destaca la participación de una gran empresa peruana (paciencia, trabajadores, si hubieron promesas de entregarles el ingenio a ustedes, recuerden a Mateo 5:5).

El problema con este tipo de posiciones no es solamente que hace el juego de la alta burguesía terrateniente, especialmente en la costa, tampoco que una vez más se postergan las promesas de reforma agraria hechas durante estos últimos años de gobierno (y que el pueblo no olvida), sino que se ignoran deliberadamente los últimos estudios hechos a nivel internacional sobre la verdadera productividad de la agricultura familiar. Es una agricultura capaz de producir más riqueza y empleo por unidad de superficie que muchos casos de agricultura industrial, especialmente si ha tenido acceso a riego, mercados y capital de trabajo, y  que, en el Ecuador, parece mejor posicionada que la de otros países para emprender el desafío de incorporar los principios de la agroecología en la producción. No obstante, necesita más tierra para ser más productiva, y no los retazos que les han quedado (70% de las unidades productivas ocupan el 10% de la superficie agrícola).

Lo más triste es que las modalidades sí existen para redistribuir la renta de la tierra, formas que no necesariamente pasan por una redistribución traumática de la propiedad. Redistribuir el acceso a la renta no es lo mismo que redistribuir la propiedad de la misma. Pero para conocer estas modalidades hubiera sido necesario analizar la propuesta de la Red Agraria, convocar debates, pedir opiniones…

Al ignorar todos estos elementos, los asambleístas que prepararon esta propuesta de ley simplemente terminaron con una ley inocua, sin rupturas importantes respecto a la ley ya vigente, y que conduce al país a perder la oportunidad histórica de incorporar al cambio de la matriz productiva un sector importante del país que utiliza recursos renovables (la luz solar, la tierra, el agua) para producir riqueza. Parece que más pueden por ahora las sirenas de la agroexportación y de los agrocombustibles.