¿FIN DE LA IMPUNIDAD EN BRASIL?
Mauricio Frajman L. Rebelión <www.rebelion.org>
El 25 de junio de este año el coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra fue condenado por la tortura y asesinato de Luis Eduardo Merlino. Periodista y militante del Partido Obrero Comunista (POC), Merlino regresaba de Francia para visitar a su madre en la ciudad de Santos, en el litoral del Estado de Sao Paulo, cuando fue preso y llevado al centro de tortura conocido como DOI- Codi, u Operación Bandeirantes, dirigido por Ustra.
Según testigos presenciales, fue bárbaramente golpeado y torturado durante 48 horas, lo que lo llevó a la muerte el 19 de julio de 1971. La versión oficial, en aquel momento, fue que había sido atropellado al intentar escapar cuando era trasladado al sur del país para reconocer a otros militantes del POC. Para eso presentaron un certificado de defunción falsificado, firmado por la medicatura forense.
Los testigos presentados por la parte acusadora, entre ellos el exministro de los Derechos Humanos, Paulo Vanuchi, fueron claros en describir el tipo de tortura que sufrió Luis Eduardo, echando por tierra los argumentos del certificado de defunción, de que se trató de un accidente o suicidio de Merlino.
Como el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil considera que la Ley de Amnistía impide juzgar penalmente a “cualquier involucrado en los acontecimientos de la época del gobierno militar”, otorgando impunidad a los asesinos y torturadores, Ustra fue demandado en lo civil. El tribunal lo condenó, en primera instancia, a pagar una indemnización de cien mil reales (unos 50 mil dólares) a la compañera y a la hermana de Luis Eduardo Merlino, por daños morales.
Durante decenios la familia de Merlino, así como su compañera, Angela Mendes de Almeida, han intentado llevar al Coronel Ustra a juicio penal por la tortura y asesinato de Luis Eduardo, pero se han topado con el muro de la impunidad dictado por el STF. Como bien explica Angela, el fin de la presente demanda no era obtener dinero, sino demostrar, por la única vía legal posible, la responsabilidad de Ustra en la tortura y asesinato de Merlino.
Lo importante en la sentencia no es el castigo que recibió el acusado, sino su justificación por parte de la Jueza Claudia de Lima Mengue, del Tribunal Civil de Sao Paulo. La condena se da por ”palizas y torturas bajo supervisión y, ocasionalmente, por acción directa del Coronel Ustra, quien era entonces comandante del DOI- Codi y de la Operación Bandeirantes”.
En el año 2010 el Supremo Tribunal Federal interpretó que la Ley de Amnistía tenia validez para la protección de los violadores de los derechos humanos que pertenecían al aparato estatal de la dictadura militar. Sin embargo, ese mismo año Brasil fue condenado por la Corte Internacional de los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, por el caso de la desaparición de los militantes de la llamada Guerrilla del Araguaya. El tribunal las consideró acciones de lesa humanidad y que, por lo tanto, son imprescriptibles. Brasil ha hecho caso omiso de la resolución de este tribunal de la OEA, y sigue otorgando impunidad a los criminales del Estado. Este hecho hace parte de las conclusiones de la Jueza Mengue, al referirse a la Comisión de la Verdad que se instauró recientemente en Brasil, para “analizar” la verdad histórica de la represión de la dictadura, pero respetando la impunidad de los criminales.
La condena, como señalamos, no tiene carácter penal, así que al asesino no cumplirá ninguna pena de cárcel pero, por lo menos, sirve para que el Estado brasileño reconozca las violaciones cometidas contra Luis Eduardo. Ángela Mendes de Almeida resalta el hecho de que la jueza, en la sentencia, reconoce que ninguna indemnización puede sanar el dolor por la perdida de su compañero. Pero, dada la interpretación que hizo el Poder Judicial sobre la Ley de Amnistía, la única posibilidad de condena al torturador y asesino era por daños morales.
En ese contexto, la condena abre un precedente sumamente importante en la historia judicial de Brasil, no solo por desenmascarar las mentiras y falsificaciones de militares y civiles, miembros del aparato de la represión de la dictadura, sino por contribuir a crear conciencia sobre la lucha que sigue realizando Angela, como coordinadora del . La impunidad de entonces respalda las torturas y asesinatos del aparato represivo en la actualidad, ya no en contra de intelectuales y militantes , sino contra jóvenes pobres y, en su mayoría, negros.
Al conmemorar la victoria contra uno de los actores de la dictadura no podemos olvidar que el poder económico y social sigue en las mismas manos, ni que la misma metodología represiva sigue siendo utilizada para mantenerlo.
