El pasado 10 de abril del año en curso Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, suscribió un acuerdo ministerial para implementar nuevas modalidades de contratación en diferentes sectores productivos.
Esto implica, entre otras cosas, flexibilizar la jornada laboral en cuatro sectores: bananero, florícola, turístico-hotelero y ganadero. El objetivo es la reactivación productiva y aumentar y corregir el empleo del país. La problemática alrededor de esta política se enmarca en una premisa que consiste en desregular el mercado laboral con el fin de acabar con las rigideces causantes de un alto índice de desempleo, así como de un sector informal creciente. En otras palabras, la flexibilidad es una condición para que el empleo aumente y mejore. Desde esa perspectiva es pertinente preguntarse ¿A quién beneficia este tipo de contratos? ¿Existe evidencia de que la flexibilidad mejore los niveles y condiciones de empleo en Ecuador?
El fervor con el cual los gremios empresariales recibieron la noticia parece dar pistas sobre la primera pregunta formulada. En ese sentido, es posible que las élites económicas de los sectores en que se implementarán los nuevos contratos utilicen a estos como un mecanismo para reafirmar su poder y profundicen la desigualdad. De esa forma, es posible observar que en los sectores sujetos a los nuevos contratos prolifera la concentración económica por pocas empresas. En el año 2013, según datos de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, una empresa controló el 36% de las ventas en el cultivo de banano. Lo mismo ocurre con la prestación de servicios turísticos en el que una empresa tiene el 23% y dos empresas concentran el 16%. En el caso de la ganadería una empresa controló el 20% y en la producción florícola dos empresas poseen el 18% de ventas.
Desde esa perspectiva, la nueva modalidad de contratos flexibles beneficiaría a las empresas concentradoras. Por ejemplo, se postula el caso de hoteles que realizan eventos para los cuales es necesario contratar personal solo para esas actividades. Sin embargo, los hoteles que concentran mercado disponen de eventos regularmente, a diferencia de hoteles que si se encuentran ante las oscilaciones del mercado. Por lo tanto, los hoteles que se beneficien de la flexibilidad en la jornada serán los que pertenecen a cierta élite económica.
En lo que respecta a las medidas de flexibilización, una revisión histórica permite observar que no mejoraron el nivel de empleo ni la informalidad. Uno de los casos es la flexibilidad en el salario, traducido en una tendencia hacia la disminución del salario mínimo. Este proceso representa una de las tipologías de flexibilidad y en Ecuador implicó que este decreciera significativamente hasta alcanzar niveles similares a los de la década del 60. Así, el salario pasa de USD 50 en mayo de 1989 a USD 18 en 1998, representando una disminución cercana al 172% en menos de una década. Sin embargo, esa medida de flexibilización no tuvo los resultados que se pretendían.
La disminución salarial no necesariamente implicó un aumento del nivel de empleo. En ese sentido, la tasa de desempleo aumentó de un 7% en 1988 a casi el doble en 1999 con un 14.4%. Es decir, la premisa de desregularización del sector laboral como medida para aumentar el nivel de empleo no posee evidencia. Al contrario, el nivel de empleo disminuye. Esta afirmación se refuerza al observar la tendencia en años siguientes en que un aumento del salario mínimo no implicó que el nivel de desempleo aumentara. De esa manera el nivel de desempleo disminuye del 11.6% en 2003 a 6.8% en 2016. En cuanto a las condiciones de empleo. Los datos disponibles sobre la precarización indican que en la época de aplicación de políticas enfocadas hacia la flexibilidad, el porcentaje de este tipo de empleo (informal) aumenta de 53.7% en 1990 a 57.4% en 1999. Estos datos muestran que la aplicación de otras medidas de flexibilidad tampoco corrigen los problemas del empleo precarizado, en su lugar lo profundiza. Es decir, no limita el crecimiento del sector “informal” sino que lo aumenta.
La evidencia aquí presentada muestra que las políticas de flexibilidad beneficiarían a las élites económicas. De igual forma, que no implican un aumento del empleo ni incidencia en la mejora de los niveles del sector informal. En ese sentido, es necesario un análisis más profundo sobre si la nueva medida de flexibilidad laboral va a matizar el problema del desempleo en el país o, al contrario, va a significar una nueva ola de precarización. Y, sobre todo, si es un mecanismo para fortalecer la concentración económica y a las élites que lo provocan.
* Economista, maestrante de Sociología de Flacso.
Publicado originalmente en: Revista Crisis
