“La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente”. Martin Luther King
Los gobiernos de derecha tienen como meta defender la propiedad privada y con ello los intereses de los grupos económicos y políticos que mantienen el poder. Para sostener este propósito recurren a las diversas instituciones del estado: ejército, policía, grupos de élite de la fuerza pública, cárceles y leyes que buscan intimidar a todas y todos quienes expresan y exigen libertad, derechos y garantías constitucionales.
El gobierno auto denominado de la “revolución ciudadana” nos vendió la idea de que esta verdad solo pasaba en los gobiernos neoliberales, en aquellos donde la tortura, el asesinato extrajudicial y la cárcel se ordenaban desde Carondelet y el Ministerio de Gobierno. En procura de vender esta idea a la sociedad ecuatoriana se conformó una “Comisión de la Verdad” con el objeto de descubrir a través de la “investigación profunda” los autores, cómplices y encubridores de la violación a los derechos humanos y constitucionales de varios hombres y mujeres que fueron ejecutados en el gobierno de León Febres Cordero y en otros que incurrieron en los mismos delitos que el Estado ha conservado oculto.
Desde aquel publicitado informe hasta el momento no se ha iniciado instrucción fiscal sobre los que se presume cometieron dichas violaciones a la vida de personas que tenían ideales y que los asesinaron por ello. Qué decir, de todos aquellos funcionarios de cuello blanco que en este gobierno se han alzado con dinero producto de la corrupción y ninguno ha sido procesado con celeridad y peor encarcelado. Evidenciando con esto que en la “revolución ciudadana” la impunidad campea.
En la administración de Rafael Correa se ha vuelto común la amenaza y la judicialización para quienes disienten con su forma de gobernar y para quien gobierna. Para ellos, la cárcel sin demora, acompañado de la estigmatización de saboteadores y terroristas. Esa es la realidad desde el 2007 hasta la fecha de cerca de 200 líderes indígenas y campesinos, trabajadores mineros, dirigentes políticos y los 10 de Luluncoto.
¿Existe diferencia entre Febres Cordero y Rafael Correa en la manera de acusar y encarcelar a las personas? Ninguna. Primero, se aplica el mismo artículo 160 del Código Penal elaborado en la dictadura militar; segundo, se prohíbe la reunión, la libertad de opinión, de transito; tercero, se utiliza desproporcionadamente a los grupos de élite para el arresto ilegal a personas desarmadas e inocentes de los cargos que se les imputa; cuarto, los jueces y juezas actúan sujetos a la disposición del ejecutivo; quinto, el Ministerio del Interior induce a la opinión y controla los procesos penales; sexto, los fiscales, fieles a su cargo montan pruebas, entrenan testigos para alcanzar su propósito inmoral, condenar; séptimo, imprimen la tortura psicológica, sobre familiares y amigos generando terror y miedo respecto a lo que podría suceder a futuro; octavo, se violentan los más elementales derechos humanos; noveno, no se respeta el debido proceso y décimo, no se respeta el estado de inocencia que dice la Constitución, todos los que no están con el gobierno y su política son enemigos y, además, terroristas.
Para no pecar de radical si hay una diferencia, Febres Cordero defendía con todas sus armas el sistema capitalista, la política neoliberal y se ufanaba de la represión que ejecutaba a sus opositores. Era un burgués declarado. Mientras, Rafael Correa hace lo mismo a nombre de la “izquierda” en favor de la derecha de la revolución ciudadana.
La cárcel y los derechos humanos
La cárcel siempre será un ultraje contra la libertad y los derechos humanos. En ella convergen inocentes y culpables. “El 65% de las personas detenidas son absueltas”, dijo Ernesto Pazmiño, Defensor Público, esto demuestra que existe un abuso de la prisión preventiva. Para los fiscales y jueces el arraigo laboral, educativo, familiar y las medidas alternativas a la prisión no son importantes y no justifica dejar en libertad a las personas, aun cuando, el artículo 76 de la Constitución presupone la inocencia. Para ellos, un video en el que parece ser el detenido, una llamada anónima, un testigo improvisado o una frase contra el régimen, es prueba suficiente para encarcelar, formular cargos desproporcionados, estigmatizar, atentar contra el honor de los hombres y mujeres.
Lo dicho por el Defensor Público, implica además, que los policías y fiscales se equivocan repetidamente y en alto porcentaje. Que los hombres y mujeres que fueron privados de la libertad no tuvieron un debido proceso, que la investigación se basó en las conjeturas de la policía y se apoyó en hechos que no corresponden a la realidad. El tiempo y la dignidad, los trabajos, los estudios y el buen nombre perdido en prisión por la mala administración de la justicia, jamás indemniza el Estado. La impunidad para resarcir los daños es creciente porque la condición económica de las personas afectadas es baja, no se puede hablar de justicia con estadísticas, si se viola los derechos humanos.
Los derechos humanos se centran en la dignidad de las personas, son garantías jurídicas universales que aseguran individual o colectivamente el cumplimiento de los derechos y libertades. “Todos los seres humanos nacen con derechos y libertades fundamentales iguales e inalienables” Declaración universal de los derechos humanos, 60 aniversario 2008, Naciones Unidas.
Las cárceles del país rompen con los derechos, libertades y la dignidad de las personas. A nivel nacional, durante el año 2012, las cárceles se convirtieron en puntos de ebullición humana por cuanto el hacinamiento rebasó la infraestructura obsoleta en tiempos de “revolución ciudadana”.
Al 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informo: “En los 35 centros de rehabilitación social que funcionan en 19 provincias del país permanecen actualmente 17.823 ciudadanos ecuatorianos y extranjeros privados de la libertad, A este grupo se suman quienes están en los Centros de Detención Provisional (CDP) y Casas de Confianza (internos en fase de prelibertad). Con ellos, el total de reclusos llega a los 19.440, (21.000 a enero del 2013) de estos el 91,72% es de sexo masculino, de los cuales el 9,7% corresponde a extranjeros, quienes en su mayoría pagan penas por tráfico de drogas”, El Telégrafo, 31 de agosto. Significa que a esa fecha existe una sobrepoblación carcelaria de aproximadamente 10.000 personas privadas de la libertad.
Solo en el Centro de Detención Provisional de Pichincha, CDP, con capacidad para 600 personas máximo, de diciembre del 2012 a enero del 2013, paso de 1100 a 1400 internos, el propio Ministerio de Justicia reconoce que existe un 156% de hacinamiento, lo peligroso de esto, es que, solo se evidencia el problema y no se da solución ágil y efectiva, complicando aún más, la vida, la libertad y la dignidad de las personas tras las rejas.
Esto demuestra que se violenta normas internacionales en materia carcelaria la misma que exige un mínimo de 20 metros cuadrados por interno, (Flacso, 2006).
El hacinamiento trae múltiples consecuencias:
- Servicios sanitarios en pésimas condiciones e imposible de cubrir por el diario crecimiento de la población carcelaria.
- No existe atención de salud preventiva, complicando la atención curativa.
- Falta de medicina conforme el crecimiento de internos
- Carencia de políticas de Rehabilitación Social y espacio físico para implementar los programas y actividades.
- Insuficiente alimentación
- Pocos talleres, cursos, programas de educación
- Falta de apoyo a familiares y maltrato en las visitas
La realidad de la población carcelaria considerada prioritaria carece de espacio físico para sobrevivir en una convivencia infrahumana. Cabe recordar lo que dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
…“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”;… 60 años Declaración Universal Derechos Humanos
Un gobierno que administra el país para el círculo de privilegiados, nunca podrá respetar la libertad, la justicia y los derechos humanos, cuanto más, se afirme el autoritarismo, la impunidad y la condena al que disiente, la posibilidad que las masas despierten, rompan el temor y resistan, se aproxima a la realidad.
* de los 10 de Luluncoto
