INDICIOS SOBRE LA POSICIÓN DE ALIANZA PAÍS EN LA DISCUSIÓN SOBRE LA LEY DE TIERRAS Y TERRITORIOS. por Diego Carrión Sánchez*

INDICIOS SOBRE LA POSICIÓN DE ALIANZA PAÍS EN LA DISCUSIÓN SOBRE LA LEY DE TIERRAS Y TERRITORIOS.

 Diego Carrión Sánchez*  

18 junio del 2012

 “… el programa de reforma económica es precisamente

la manera concreta de presentarse de toda reforma

intelectual y moral…”

Antonio Gramsci[i]

 Desde mayo del presente año se discute en la Asamblea Nacional varias propuestas de ley de tierras. Sin embargo, no se ha presentado una propuesta por parte del ejecutivo que haga explícita la posición del gobierno frente a la enorme concentración de la propiedad de la tierra en el Ecuador.

 Existen sí, varios indicios sobre cuál podría ser suactitud sobre este tema en los siguientes meses.

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), ha preparado de manera reservada dos proyectos de ley, los cuales han circulado profusamente por medios electrónicos. El primero fue elaborado durante la gestión de Ramón Espinel, y devela una relativa intención redistributiva (Art. 5 y 7), reconociendo a los pequeños productores campesinos como agentes del desarrollo rural.

 La segunda propuesta de ley, fue elaborada durante la presencia de Stanley Vera en el Ministerio, y muestra un cambio importante en las intenciones y los agentes beneficiarios. Se nota que su objetivo es limitar los procesos redistributivos, mediante el establecimiento de un límite de tenencia de la tierra muy alto (1000 ha; Art. 115), cuando se conoce que el 99,9% de las propiedades agrarias en el Ecuador tienen menos de 640 hectáreas, es decir, que solo al rededor del 0,001% de las propiedades podrían ser afectadas si se aplicara este proyecto de ley (SIPAE, 2011, p. 16). Además, el MAGAP toma como base de sus propuestas el proyecto preparado por las Cámaras de Agricultura en temas clave como son: los causales de expropiación (Art. 100), la definición del latifundio (Art. 115), las formas de afectación (Art. 104) y algunos elementos  que delimitan la función social y ambiental (Art. 7 y 8). Con lo que queda claro que su intención es responder a los intereses del sector agrícola-empresarial.

 El proyecto de ley de tierras de los empresarios agrícolas fue elaborado por la Cámara de la Agricultura de la Primera Zona y presentada a la Asamblea el 14 de diciembre del 2011. Sin embargo, no contaba con respaldo legislativo ni se legitimaba en un proceso participativo como la ley de la COPISA. Por ello, los gremios empresariales debían volver a presentarla para su tratamiento, esta vez con respaldo de diputados afines a su propuesta. Esto ocurre finalmente el 19 de marzo del 2012, cuando Fernando Cáceres, asambleísta de Alianza País por Cotopaxi, presenta con su nombre una copia textual de la ley de las cámaras con el respaldo de 12 asambleístas de su misma bancada[ii]. Con esto se evidencia que varios miembros del partido de gobierno son portavoces convencidos de las razones e intereses de los grandes propietarios y empresarios agrícolas.

 La ley de las Cámaras pone en el centro del debate elrespeto de la propiedad privada, se oponen abiertamente a todo proceso redistributivo y prescribe un paquete de asistencia social para los pequeños productores, como mecanismo paliativo de contención social. La definición de latifundio en este proyecto es inconstitucional, en tanto pretenden sancionar y prohibir solo al latifundio improductivo (Art. 8). Esto a pesar de que la Constitución es muy clara en este aspecto: prohíbe la concentración de la tierra (Art. 282), y en general la concentración y acaparamiento de los factores y recursos productivos, siendo deber del Estado promover su redistribución (Art. 334, n.1). El tema no es si las tierras se encuentran o no usadas, sino, el grado de concentración del recurso en pocas manos.

 Finalmente la ley de las Cámaras, propone que los grandes propietarios sean los que decidan sobre la posibilidad de afectación  de sus tierras, pues instaura una serie de mediaciones, plazos y recursos legales que les permite decidir si enmiendan o no las causales de afectación en que han incurrido. Se entrega así el control del proceso redistributivo a los propietarios y no al Estado.

 Un tercer proyecto de ley permite perfilar la posición del partido de gobierno frente a la Reforma Agraria. Se trata del presentado por el asambleísta de Alianza País, Jaime Abril, el cual, a pesar de la retórica en defensa de la soberanía alimentaria y las familias campesinas, resulta más conservadora que la propia ley de las Cámaras de la agricultura, debido a su negativa de afectarincluso al latifundio improductivo. Pretende sancionar con multas el latifundio (Art. 51), en vez de prescribirlo como estipula la  Constitución.

 Algunas instancias del gobierno, y sectores dentro de Alianza País, comparten con los gremios empresariales y los grandes terratenientes, un proyecto de desarrollo rural con énfasis en la modernización empresarial. Comparten en sus propuestas una serie de salvaguardas e instancias legales que buscan defender la gran propiedad rural e impedir los procesos de redistribución. Las Cámaras, Cáceres, el MAGAP  y Abril descartan, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones laborales como causal de afectación, tal como lo han propuesto otros sectores sociales.

 Esta posición del gobierno a favor de los gremios empresariales, no es extraña.Se han dado muestras de su cercanía desde antes. Primero mediante el apoyo franco a los productores empresariales viables a través de las políticasagrarias del gobierno en los últimos cinco años (CARRION & HERRERA, 2012). Y luego a través de la desconfianza expresa del Presidente frente a la potencialidad productiva de la Economía Familiar Campesina:

 “…incluso más grave que el problema de la falta de acceso a tierra, etcétera, es el problema de la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiado baja… y parte de esa baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno (…) ¡Cuidado¡, por hacer un bien hacemos un daño mayor…  ¡Cuidado!: por buscar la justicia destrozamos la productividad (…) Incluso con el sistema capitalista si tenemos una producción de dos mil hectáreas y una sociedad anónima con doscientos accionistas, ¡En buena hora!…” (Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, 1 Octubre 2011, Enlace Ciudadano #240)

 Si Gramsci tiene razón, la propuesta económica del gobierno para el campo, es decir: un modelo empresarial, limitada redistribución de la tierra, y apoyo público para la agroindustria y el monocultivo para exportación; estaría hoy definiendo el carácter de la tan promocionada “Revolución Agraria”.

 La correlación de fuerzas material y política en el campo no ha sido transformada por la “Revolución Ciudadana”, al punto que los intereses de las clases dominantes, al menos en el sector rural, siguen siendo los que se imponen por sobre los intereses de los demás grupos subordinados[iii] (trabajadores, campesinos, mujeres rurales, pueblos y nacionalidades). Solo así se explica la alianza implícita de sectores del gobierno nacional con los gremios agrícolas-empresariales y los terratenientes tradicionales en el campo ecuatoriano.

  *   Investigador Instituto de Estudios Ecuatorianos 

Bibliografía

SIPAE, E. T. (2011). Atlas. Tenencia de la tierra en el Ecuador. Quito, Ecuador: SIPAE.

CARRION, D., & HERRERA, G. (2012). El Ecuador rural del siglo XXI. Soberanía Alimentaria, Inversión Pública y Política Agraria. Quito, Ecuador: IEE, CEDES, OXFAM, FIAN, Fundación Rosa Luxemburgo.

GRAMSCI, A. (1962). Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno. (Lautaro, Ed.) Buenos Aires, Argentina: Lautaro.

GRAMSCI, A. (1970). Antología. (S. d. Siglo XXI Editores, Ed.) Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. .

 
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