INFIERNO GRANDE: LA NUEVA ERA DE PAROS EN LA VÍA AUCA. Por Japhy Wilson*

Todo el mundo conoce el dicho ‘pueblo chico, infierno grande’, pero esta frase significa algo distinto en la Vía Auca. Aquí, como dice Manuel Méndez, uno de los líderes jóvenes de las recientes paralizaciones en la zona, el dicho refiere a un fenómeno que define el lugar: ‘Casi no hay nadie, parece que no pasa nada, pero somos gente brava y hacemos la lucha grande’.

La Vía Auca se ubica en la frontera petrolera de la Amazonía ecuatoriana, partiendo de la ciudad de Coca se cruza el río Napo hacia selva adentro. Su construcción se inició en los años 70s, en la época de la empresa transnacional Texaco, cuando el lado sur de Napo era territorio del pueblo Waorani, llamado en ese entonces como ‘aucas’ –un apelativo despectivo que significa ‘salvajes’.

Por estar bajo el dominio Waorani esta área fue considerada como zona de alta potencial para la explotación petrolera. Por eso, durante la década de los 80s, la Vía Auca avanzaba hacia el sur, adentrándose cada vez más al corazón de la Amazonía ecuatoriana, tras un proceso de despojo violento, acompañado por la colonización de la zona por campesinos pobres de otros partes del país, y por grupos indígenas kichwas del Napo y shuar de Morona Santiago.

En los años 90s, la Vía Auca fue establecida como una de las zonas petroleras más ricas del país con uno de los campos más productivos: el Bloque 61, pero a pesar de esto, era también una de las zonas más olvidadas y empobrecidas. Fuera de los campamentos lujosos de las empresas petroleras, los pueblos carecían de agua potable y energía eléctrica, así como de infraestructuras mínimas de educación y atención médica.

La misma vía causaba muchos muertos por sus puentes angostos y su superficie empedrada, donde las empresas regaban petróleo para bajar el polvo. Con la lluvia ese petróleo entraba en los esteros y los ríos, junto con las aguas de formación de los pozos y los derrames causados por tuberías viejas y oxidadas. Los que inhabitaban a este apocalipsis se definían a sí mismas – en palabras de Jhon Rosero, un líder de la época- ‘como muertos vivientes’.

Pero los habitantes de la Vía Auca no se convirtieron en sujetos pasivos de la historia. Mientras trabajaban en sus fincas, los campesinos de la zona escuchaban las estaciones radiales comunitarias de la guerrilla emitida por el otro lado de la frontera con Colombia, como lo recuerda Gonzalo Plazarte, otro líder de ese entonces. “Escuchar estos mensajes de lucha bajo las condiciones vividas te induce un sentido de ‘¡Revolución!’ Gente luchando por su tierra, gente luchando por sus ideales (…) entonces nosotros teníamos un espíritu revolucionario”.

De esta manera comenzó la primera época de paros en la Vía Auca.  Los paros fueron por servicios básicos, mejorar las condiciones laborales y la pavimentación de la carretera. Mestizos e indígenas se unieron al cierre de vías, pozos y estaciones petroleras confrontando a las fuerzas policiales, militares y a la seguridad privada de las petroleras. Las confrontaciones fueron casi constantes y cada vez más intensas, dejando muchos heridos y varios muertos.

En enero 2007, se inauguró la presidencia de Rafael Correa Delgado, quien prometía una nueva política petrolera para poner fin al saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales. Sin embargo, todo seguía como siempre en la Vía Auca. En abril de 2007, Correa enfrentaba el primer paro de su mandato. El paro tomó lugar en El Pindo, por la Vía Auca camino adentro, contra la empresa china Petro-Oriental, dueño de los bloques 14 y 17.

Las comunidades denunciaban justamente los bajos sueldos, los acuerdos incumplidos y las compensaciones no pagadas por la empresa, pero en lugar del respaldo gubernamental, los pobladores recibieron una brutal represión ordenada por el mismo presidente Correa, quien declaró la militarización de los campos petroleros de la zona en defensa de las empresas petroleras.

Otro paro empezó en noviembre del mismo año en el pueblo de Dayuma que conllevó el cierre de la Vía Auca para reclamar la cancelación de la pavimentación de la carretera por falta de financiamiento por parte del gobierno central. Cerca de 500 militares entraron a Dayuma por la fuerza; apresaron y torturaron a decenas de personas mientras que helicópteros regaban gases lacrimógenos sobre todo el pueblo. La población quedó traumatizada por estos hechos y así concluiría la primera época de la historia de las luchas en la Vía Auca.

La gota que derramó el vaso

Once años después, Correa esta fuera del poder y este pueblo chico ha vuelto a prender su infierno grande. Durante la ‘Década ganada’ de la Revolución Ciudadana los avances económicos y sociales en la Vía Auca fueron mínimos: una escuela de milenio, la extensión parcial de la red eléctrica y una parte de la carretera principal asfaltada. Por ser una de las zonas de donde sale la mayoría de los recursos naturales que sostienen el país, las condiciones siguen siendo deplorables.

Mientras tanto, las transnacionales son más fuertes que nunca. En diciembre de 2015, el gobierno de Correa firmó un contrato de prestación de servicios específicos con la petrolera francesa Schlumberger para la explotación del Bloque 61 en la Vía Auca.

Schlumberger arrancaba de inmediato con un gran programa de extensión del campo petrolero, con la construcción y expansión de plataformas, taladro de nuevos pozos y construcción de nuevas carreteras y líneas de flujo. Toda esta labor fue entregada a Techint, una empresa argentina de servicios petroleros que empezó operando el Bloque 61 bajo el nombre de Construcciones Globales Andinas (CGA), tumbando una gran extensión de selva en la entrada de Dayuma, donde construyó su centro de operaciones.

La expansión del Bloque 61 empezó en enero de 2016 con 1. 300 trabajadores que recibieron salarios muy bajos con la promesa de la entrega de buenas utilidades en abril 2017, pero estas utilidades no llegaron. Resultó que CGA fue una ‘empresa fantasma’, que funcionaba para que Techint – y tras ellos Schlumberger (operando en Bloque 61 como Shaya) – podría evitar el pago de utilidades a sus trabajadores.

Tales prácticas de tercerización laboral son supuestamente ilegales en Ecuador desde 2008. Esto llevó a que los trabajadores se alzaran con una pequeña huelga de ‘brazos caídos’ en las afueras de las instalaciones de CGA en Dayuma. La empresa respondió rápidamente con la despedida de cinco manifestantes, quienes fueron denunciados ante la Fiscalía por sabotaje y terrorismo.

De ahí, todo se fue empeorando. La empresa no estaba proporcionando las tres comidas diarias a sus trabajadores locales – solo un almuerzo miserable- y eso en jornadas extenuantes de hasta 14 horas diarias, por los cuales frecuentemente no pagaba horas extra, mientras los trabajadores soportaban el trato abusivo de gerentes extranjeros, incluyendo acoso sexual a las mujeres, e insultos racistas hacia los indígenas. Todo eso para un sueldo mínimo de unos $380 mensuales, que ni acerca a cubrir el costo de la canasta básica en una zona petrolera alejada con precios inflados.

Estos problemas motivaron otro paro de brazos caídos en agosto 2017. En los meses intervinientes, un grupo de trabajadores había formado un comité de empresa con la firma de más de la mitad de los empleados de CGA. Consiguieron también el respaldo de las comunidades indígenas de la zona para reclamar de manera conjunta la violación de derechos laborales y el incumplimiento de acuerdos de compensación firmados entre la empresa y las comunidades.

En el tercer día de paro, el 28 de agosto de 2017, la empresa encerró a cientos de trabajadores dentro sus instalaciones en Dayuma para evitar que estos se unan al paro. Unas horas después, la policía detenía dos líderes del comité de forma arbitraria, como dijo uno de los trabajadores ese día,  la detención fue ‘la gota que derramó el vaso’.

Con un inmenso grito de rabia, los trabajadores encerrados rompieron las cadenas y salieron a la calle. Al mismo momento, unos miembros de una comunidad shuar entraron a las instalaciones y tomaron como rehén al gerente de operaciones de la empresa – uno de los argentinos más racistas y abusivos – con el propósito de intercambiarlo por sus compañeros detenidos. Apropiándose de un vehículo de Petroamazonas llevaron al gerente de CGA tierra adentro, mientras los trabajadores bloqueaban el paso de la vía a los militares que venían a rescatarle.

El gerente fue liberado sin tener que vivir la justicia indígena planificada, que de todos modos iba a ser suave: le explicaron que iban a darle un latigazo con una planta punzante y meterle un poco de ají en su ano, pero la empresa quedaba cerrada; los trabajadores enfrentaban a los militares y los moradores ofrecieron comida a los manifestantes y transporte para traer más apoyo de comunidades alejadas. Todo fue como las grandes luchas de la historia de la zona. Ese día, quizás por primera vez desde la represión de una década atrás, se lanzaron el grito al cielo de Dayuma: ‘¡Viva el paro!’

Proletariado anárquico

El paro se endureció durante los días siguientes. Los dos detenidos fueron liberados, aunque demandados por sabotaje y terrorismo. Junto con la gobernación, la empresa comenzó a promover las clásicas estrategias para romper con la unión del paro: intimidación con fuerza militar, creación de rivalidades entre mestizos e indígenas, discursos legalistas confusos, negociaciones programadas y canceladas a último momento, pero el paro se mantuvo en pie de lucha.

El 5 de septiembre 2017, en la madrugada del duodécimo día de la jornada, la empresa doblegó. Se firmaron un acuerdo entre CGA, trabajadores y gobierno que incluía dos comidas diarias, el despido de los gerentes más abusivos y el establecimiento de una comisión del Ministerio de Trabajo para investigar las acusaciones de tercerización, que daría sus conclusiones en un mes. Mientras tanto, los trabajadores volvieron a sus labores.

Llegó la fecha límite de 5 de octubre, pero el informe no apareció y se estalló un paro más radicalizado. Ya no fue suficiente un cambio de condiciones del contrato con la empresa. Ahora la demanda fue claro y sencillo: ‘¡Que se vaya CGA!’ Esta vez las paralizaciones se extendieron más allá de las puertas de la empresa, cerrando la entrada de plataformas petroleras y afectando directamente la producción del bloque.

En una reunión con representativos de la prefectura de Orellana, tras puertas cerradas, los ejecutivos de Techint y Schlumberger reclamaban que estaban perdiendo más que un millón de dólares diarios, pero el paro seguía, más firme que nunca.

El 24 de octubre, tras veinte días del tercer paro, se firmó un nuevo acuerdo en Quito y el 2 de noviembre se logró lo imposible: CGA fue expulsado de Bloque 61. En este momento, el paro se transformó en una inmensa y victoriosa borrachera.

CGA fue remplazado por Construcciones y Prestaciones Petroleras (CPP),  empresa que también forma parte del grupo Techint, pero los trabajadores ya no fueron tercerizados y ahora recibieron mejor alimentación y  pago de horas extra.

En marzo 2018, grandes manifestaciones llevaron a la destitución del gobernador de Orellana, Colón Malla, quien había sido defensor de los intereses de CGA en la zona. Y en abril 2018, las utilidades finalmente llegaron a manos de los trabajadores. Todo empleado que había trabajado durante todo el año con CGA y CPP recibió cerca de 15 mil dólares y 4 mil más por cada miembro de la familia en estado de dependencia. Los empleados que tenían grandes familias llegaron a recibir hasta 60 mil dólares. La Vía Auca se transformó – con nuevas casas y negocios, nuevos carros y motos, y por supuesto con los bares y burdeles rehenchidos…

La secuencia de paros contra CGA marcó el retorno de la gran tradición de lucha en la Vía Auca. Esta lucha fue definida, no por la defensa de la cultura étnica o el territorio ancestral sino por la unión entre colonos e indígenas: por la lucha de la fuerza de trabajo contra la explotación del gran capital. Este proletariado, si cabe esta palabra para definir esta unión, no se caracterizó por el dogmatismo ni por la homogeneidad de sus miembros sino por la anarquía espontánea y la variedad de orígenes de los participantes que bailaban en las manifestaciones y que mostraban su unión bajo el signo de lucha indígena de la lanza que todos llevaban, no importa que sea shuar, kichwa, waorani, lojano, montubio o afro-descendente…

Peleando contra un monstruo

Pero el capital transnacional es un enemigo potente, como señaló durante el paro el líder shuar Esteban Nantip: ‘¡Estamos peleando contra un monstruo! Un monstruo que siempre ha venido pisoteando a la gente en todo el mundo compañeros!’ El paro había expulsado a CGA, pero Schlumberger y Techint siguieron operando. CGA cambió a CPP, pero los mismos gerentes se mantuvieron en sus cargos (excepto el gerente que fue secuestrado, dicen que él regresó a Argentina y que dijo que nunca volverá a Ecuador por miedo de recibir el castigo del ají).

En palabras de Darío Rodríguez, uno de los fundadores del comité de trabajadores, el cambio de CGA a CPP fue ‘un cambio de uniformes, no más’. Desde ese momento, la empresa ha utilizado una amplia gama de técnicas para romper el proceso de lucha y resistencia de la organización.

Como primer paso se despidió a la dirigencia del comité de trabajadores, lo cual estaba prohibido por los acuerdos y los líderes más fuertes fueron incluidos en una lista negra, todos ellos se encuentran desempleados hasta la fecha. A los nuevos miembros del comité, los gerentes dieron una instrucción clara: no hablan con los dirigentes anteriores o les despedimos igual.

Otras estrategias más siniestras se han evidenciado recientemente: la casa de uno de los líderes shuaras del paro se incendió bajo circunstancias sospechosas; se han presentado varios casos de detenciones arbitrarias de personas que estuvieron involucradas en el paro y circulan rumores sobre la compra de consciencias de algunas autoridades por parte de la empresa. Estos rumores causaron tensiones entre parroquias locales, que generó que en un grupo de shuaras y waoranis de la parroquia de Inés Arango ingrese una asamblea de Dayuma y ataque con lanzas a la presidenta de la junta parroquial.

Dividir y vencer a través de fomentar rumores y tensiones es una de las tácticas más ubicuas y eficaces de las empresas petroleras de la zona. Diócles Zambrano, defensor de derechos humanos en Coca, señala como operan los sociólogos de relaciones comunitarios de estas empresas: ‘se reúnen con un grupo para echarle basura al otro, acusarle de que “están intentando sabotear, de que están intentando quedarse con lo que tengo que darte a vos”, pero cuando se reúnen con el otro grupo, hacen lo mismo. Hasta que ellos terminan divididos.’

La táctica también ha funcionado para sembrar divisiones entre las nacionalidades. Tras el conflicto en la asamblea de Dayuma, los pueblos shuar, kichwa, waorani y mestizo de Inés Arango lanzaron su propio paro, aún más fuerte. La Vía Auca en la cabecera parroquial de Western fue cerrado durante siete días de enfrentamientos violentos con policías y militares, que al final fueron sacados de la zona a punta de lanzas y acompañados de una banda sonora de dinamita.

La unidad, sin embargo, duró poco. Representantes de la empresa se reunieron con dirigentes de algunas nacionalidades y comunidades a espaldas de otras, ofreciendo trabajos a cambio de distanciarse de la lucha, acusando a otros de actos de traición y sembrando desconfianza y odio, incluso entre familias y hermanos.

Pero estas tácticas han tenido consecuencias inesperadas para la empresa, en lugar de la pacificación de la Vía Auca, la fragmentación de la unión entre trabajadores, parroquias, nacionalidades y comunidades ha resultado en una explosión caótica de pequeños paros por todas partes, en que cada comunidad está luchando por sus propios puestos de trabajo.

Los shuar de Taracoa, por ejemplo, han realizado una serie de paros exitosos en los últimos meses, reclamando la falta de trabajo en sus comunidades. Los shuar de Nantip han hecho lo mismo. Y en febrero 2018, los kichwa de Rumipamba cerraron la vía y los pozos de la zona cuando dos de sus compañeros fueron despedidos – lo que obligó al CPP no solo a restituirlos sino también ofrecer trabajo a diez comuneros más.

Esta situación ha sobrepasado los límites del Bloque 61 y otras comunidades se han volcado intempestivamente a reclamar las faltas e incumplimientos de las petroleras que operan en otros bloques de la Vía Auca mediante paros en Pindo Central (Bloque 65, del consorcio argentino-ecuatoriano Petrosud-Petroriva), Rodrigo Borja (Bloque 14 de la empresa china Petro-Oriental), Río Tiputini y Esfuerzo Amazónico (Bloque 66 de la empresa bielorrusa Petrobell).

Quizás el más notable de estos paros desconocidos tuvo lugar en abril de este año en la comunidad Waorani de Dicapare (Bloque 55 de Petroamazonas), donde las mujeres de la comunidad emboscaron a un grupo de militares, confiscaron sus gases lacrimógenos y los lanzaron desde la barricada a las fuerzas armadas.

Mundo oscuro, revuelta reveladora

La nueva era de paros en la Vía Auca está enmarañada en un mundo oscuro dominado por el inmenso poder del capital transnacional. Este poder se expresa a través del control sobre el aparato estatal y a través de la capacidad para sembrar paranoia, desconfianza y odio entre la población. Pero el poder quizás más grande de la empresa se ejerce en el pago de las utilidades que, finalmente entregadas tras una ardua lucha, permitieron a algunos moradores pobres de la zona acceder a ciertos bienes de la sociedad del consumo. Ahora todos quieren trabajar por CPP y nadie quiere hacer nada que pone en riesgo su trabajo si es que ya lo tiene – no por su sueldo miserable, sino por las grandes utilidades que esperan que sean repartidas por el próximo abril.

Sin embargo, la lotería de las utilidades revela algo incómodo tanto para Schlumberger como para el Estado ecuatoriano. Si, de acuerdo con la ley de hidrocarburos, el tres por ciento de las utilidades de un campo petrolero se divide entre los trabajadores de ese campo y si más de mil trabajadores recibieron $15 mil dólares por cabeza en el 2018 (y muchos de ellos recibieron más que esto), pues la tajada sacada por Schlumberger no debe ser poca.

El contrato con Schlumberger fue firmado el 15 diciembre 2015 por el entonces vicepresidente Jorge Glas, ahora encarcelado por corrupción. Ese día fue la fecha límite en que el Estado ecuatoriano tenía que cumplir con el pago de los bonos Globales 2015, depositando unos $680.5 millones en la cuenta del banco agente JP Morgan Chase – el banco privado más grande de los EEUU. El precio del petróleo estaba en su momento más bajo del desplome de 2014-2016 y el Estado ya llevaba varios meses en crisis fiscal. Lo más probable es que no tenía esos $680.5 millones y de no pagarlo hubiera tenido que declararse en banca rota.

En ese momento, Schlumberger firmó un contrato por 20 años por un precio garantizado de $26.05 por barril, cuando los costos de producción que Petroamazonas había reportado en el bloque variaban entre $8 y $15 por cada barril extraído y cuando el precio en el mercado internacional por crudo ecuatoriano fue de solo $27.37.

Es decir, una ganancia de hasta $18 por barril, por una producción pronosticada de 85,000 barriles diarios, por un lapso de 20 años, que dejaba poco más que $1 de ganancia por barril por los ecuatorianos en precios actuales de ese momento. El gobierno lo ofreció a cambio de una inversión de $4.9 mil millones, con los primeros mil millones entregados el mismo día, justo a tiempo para pagar los bonos y salvarle de la quiebra. Eso es el negocio detrás de las maniobras de  CGA y CPP en la Vía Auca: un robo multimillonario del pueblo ecuatoriano por el capital transnacional, auspiciado por el Estado.

Pero no todo es oscuro en este panorama. Hasta la fecha, la nueva era de paros en la Vía Auca ha logrado expulsar a una empresa extranjera abusiva y a un gobernador corrupto y cómplice. Por supuesto que la misma estructura de poder se reproduce bajo el nombre de otra empresa y se esconde tras la cara de otro gobernador. Es innegable que la trayectoria de estos nuevos paros muestra la capacidad del capital transnacional para romper con las expresiones emancipadoras que surgen cuando ‘una gota derrama el vaso’. Y es cierto que estas expresiones son frágiles y fugaces, pero eso no implica que son ilusorias.

En cambio, deberíamos interpretar a estas revueltas como fragmentos concretos de una realidad alterna. Por unos pocos días las relaciones de poder se inviertan y pueblos marginados y humillados manden al diablo a las grandes empresas, rían en la cara de las fuerzas represivas del Estado, y viven una experiencia de libertad, igualdad y universalismo. Tenemos mucho que aprender de este pueblo chico con su infierno grande.

* Japhy Wilson, docente-investigador en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Manchester. Es autor, con Manuel Bayón, de La selva de los elefantes blancos: megaproyectos y extractivismos en la amazonía ecuatoriana (Abya Yala 2017).

Este artículo está basada en trabajo de campo realizado en Ecuador en 2017 y 2018. Agradezco a los pueblos rebeldes de la Vía Auca por todo lo que han compartido conmigo. La información sobre el contrato entre Schlumberger y el Estado ecuatoriano está basada en las siguientes fuentes: El Comercio, ‘La petrolera estatal firmo un convenio por $ 4900 millones de Schlumberger’, 15 de diciembre 2015; El Comercio, ‘Auca, una de las áreas petroleras más productivas’, 16 de diciembre 2015. Gracias a Estefanía Martínez, Manuel Méndez, Gerard Coffey, Mayra Caiza  y Ioanna Tantanasi por comentar sobre los borradores iniciales. Los errores que aún quedan son solo míos.