(Los perversos versos de la mineria)
25 de abril de 2014
La trampa del antiguo “amigo”
“Ignorante podemos ser, pero discúlpeme el término, no es con el ánimo de faltarle el respeto al Gobierno, él es un ignorante que no sabe lo que está haciendo. Porque si él supiera la gravedad que está haciendo ya hubiera dicho ¡No a la minería indiscriminada, a cielo abierto y a gran escala! Él hubiera dicho ¡No! Tomemos otras alternativas de vida…”
Testimonio de resistencia a la minería en Ecuador (Documental: A cielo abierto derechos minados)
El 10 de abril fue apresado en Nanegalito, el dirigente campesino Javier Ramírez, presidente de la Comunidad de Junín en Íntag[1]. Él regresaba de una reunión en Quito convocada por el Ministro del Interior, José Serrano, antiguo abogado y “amigo” de los comuneros de dicha región andina.
Hoy Javier Ramírez se encuentra en la cárcel de Ibarra enfrentando cargos de rebelión, sabotaje y terrorismo: procesos legales activados a raíz de un enfrentamiento entre comuneros de Íntag y funcionarios de la empresa minera estatal, Enami, que está empeñada en entrar a la zona en contra de la voluntad de una gran mayoría de sus habitantes.
En ese enfrentamiento, el día 6 de abril del presente año, uno de los empleados de la Enami fue golpeado por una mujer del sector de Chalguayaco Alto debido al exceso de velocidad del vehículo de la Enami, que casi provoca el atropellamiento de un par de vecinos. Resultado de este encuentro el parabrisas de la camioneta de la ENAMI resultó roto. Irónicamente, en la fecha del enfrentamiento Javier estaba en reposo en su casa por disposiciones médicas.
Estos hechos aparentemente anecdóticos superan la simple noticia periodística, son parte de un plan de represión que busca justificar ante la opinión pública la intervención e imposición de la megaminería en la zona. Este último enfrentamiento, el uso del sistema judicial del Ecuador para criminalizar la lucha social, la reiterada campaña mediática gubernamental con acusaciones infundadas, desde la misma voz del presidente de la República en sus llamados informes de los sábados, en contra de quienes se oponen a la minería en Íntag, son las notas graves de una partitura bronca que se encamina a callar y someter la lucha y resistencia de las comunidades contra el extractivismo.
ÍNTAG, la codicia minera sin tregua
“A pesar de nosotros tener toda la evidencia, tener a estos detenidos, entregarles al Gobierno, entregar las armas, no se juzgó nada… entonces de qué minería responsable estamos hablando,
de qué respeto hacia las comunidades estamos hablando…”
Testimonio de resistencia a la minería de un comunero de Intag (Documental: A cielo abierto derechos minados)
La resistencia a la minería en Íntag es tan larga como la lucha que llevan adelante los pueblos de la Amazonía en contra de Chevron-Texaco. Surge en 1995 y se constituye en una de las zonas más antiguas de resistencia a esta actividad. Las multinacionales Mitsubishi en 1997 y Ascendant Copper en 2008 han tenido que abandonar la zona de Íntag como consecuencia de la lucha de su gente, hoy avocada a enfrentar a su propio Estado, a través de Enami-Codelco, que pretende imponer la minería nuevamente.
Cuando en 1997 se estaba investigando la zona para determinar la prefactibilidad del proyecto y las reservas existentes, la sola exploración contaminó las fuentes de agua y el río Íntag, lo que motivó la resistencia, la protesta y el posterior desalojo del campamento y de los técnicos. Esta defensa del agua y la tierra obligó a la empresa japonesa a abandonar el país.
La oposición al proyecto tiene su fundamento también en el estudio de impacto ambiental realizado en 1996 por la Cooperación Japonesa y la Japan Metal Mining en convenio con el Estado ecuatoriano, que señala claramente los graves impactos ambientales y sociales que causaría la actividad minera en la región.
En la cordillera de Toisán, Íntag, el cobre, de acuerdo a informaciones de los mismos japoneses, vendría acompañado de altos niveles de plomo, arsénico y cadmio. El nivel de los dos primeros metales pesados, por efecto de la extracción del mineral, aumentaría en un 10.000% y el del cadmio en un 4.000%. También se registrarían altos niveles de cromo (1.600%) y nitratos (800%). Además, el estudio japonés pronosticó una deforestación masiva que secaría el clima local, la contaminación del agua con metales pesados, la reubicación de varias comunidades, y el incremento de la delincuencia, todo esto para dar paso a una mina de cobre de limitadas dimensiones.
Esto provocaría nuevos problemas sociales, se afectaría la vocación agrícola y artesanal de sus pobladores, a más del destrozo ambiental que ocasionaría. Esta realidad, sin duda alguna, demandará la pérdida de propiedades para los campesinos, como en zonas de minería a gran escala en el Perú, o como la situación que reportó Naciones Unidas en Colombia donde decenas de pueblos ancestrales se encuentran en peligro de desaparecer por efecto de la explotación minera.
Después de la salida de la empresa japonesa llegó la compañía canadiense Ascendant Copper que no solo incursionó en la zona de Íntag en busca del mineral, sino que inclusive recurrió a paramilitares para tratar de entrar y asentarse en las comunidades, dividiendo y atemorizando a su población. De hecho, los numerosos casos de violación a los Derechos Humanos de quienes se oponían pacíficamente a la minería, como fueron los hechos de violencia del 2 de diciembre de 2006 cuando los grupos paramilitares armados, contratados por la empresa minera, atacaron a las comunidades que rechazaban su presencia, llevaron a los pobladores a interponer una demanda judicial en Canadá contra Ascendant Copper y la Bolsa de Valores de Toronto. Durante el reino del terror de la empresa canadiense, que incluyó un grotesco montaje jurídico contra uno de los activistas antiminero, la resistencia no hizo sino consolidarse.
El yacimiento de cobre de Toisán no es la única fuente de amenazas mineras para Íntag. Durante más de tres décadas la zona ha sido afectada por la presencia de una empresa que ocasiona graves problemas. La empresa transnacional francesa Lafarge, con su mina de caliza en Íntag y su planta de procesamiento de cemento en las afueras de Otavalo, explota más de 900.000 toneladas de material anualmente, sin los correspondientes controles, mucho menos medidas de remediación por parte del Estado, lo que ocasiona graves afectaciones. Los datos de la auditoría ambiental llevada a cabo a fines de 2010 de las operaciones de la mina de caliza de Lafarge ubicada en la Zona de Íntag, provincia de Imbabura son alarmantes. Y esto provoca también el rechazo de las comunidades inteñas. Un informe de la Contraloría de 2013 muestra que la contaminación del aire -en algunos casos- supera en 40 veces los límites determinados por la ley. Igualmente el agua contiene fenoles, cadmio, cobre, aceites, grasas, entre otros contaminantes. El Ministerio del Ambiente, que reconoce esta problemática, no ha tenido la voluntad de hacer cumplir la normativa ambiental y revocar los permisos ambientales a Lafarge, al contrario guarda un silencio cómplice.
Después de la salida de Ascendant en 2008, la pesadilla minera se activó de nuevo gracias a la firma de un convenio en 2011 -sin consultas con gobiernos locales o comunidades- entre el Gobierno ecuatoriano y el Gobierno chileno para que Codelco (la más grande extractora de cobre del mundo), le “ayude a la Enami” a explorar y explotar yacimientos ecuatorianos.
El rechazo histórico a la minería manifestado por la población inteña cada año desde 1996 en Asambleas populares cantonales y locales llevó inclusive a declarar a Cotacachi, en el año 2000, cantón ecológico libre de minería.
Sin embargo, la Enami, con apoyo de Codelco, ha intentado ingresar a la zona de Íntag varias veces. Si bien no ha conseguido realizar el estudio de impacto ambiental para el inicio de la exploración avanzada, que ya se encuentra atrasada dos años, ha dado ciertos pasos para elaborar la Licencia Social o lograr el visto bueno de las comunidades. La Enami ha conseguido “socializar” su versión del proyecto en otras comunidades que no serán directamente impactadas por el proyecto minero; es decir, contar a las poblaciones lo que van a hacer sin informar de los reales impactos ambientales, omitiendo información clave y sin opción a reclamo. Se les ha tratado de convencer inclusive con regalos, como cuando recibieron motocultivadoras de la mano del propio Jorge Glas, vicepresidente de la República, poco antes de las elecciones del 23 de febrero. Sin embargo, la resistencia no desmaya.
Es más, de acuerdo a la información del último proceso electoral, del 23 de febrero del año en curso, los grupos políticos opuestos a la minería triunfaron en la zona de Íntag, en las parroquias: Cuellaje, Apuela, Peñaherrera, Vacas Galindo, Quiroga, Imantag e incluida Selva Alegre, parroquia de Otavalo; habiendo perdido solo en las parroquias de García Moreno (sin Golondrinas) y Plaza Gutiérrez. Y los resultados en el cantón Cotacachi, no favorecieron al correísmo.
En síntesis la oposición de la comunidad de Íntag se basa no solo en los devastadores impactos socioambientales pronosticados por los expertos japoneses, sino en su propio conocimiento nacido de una larga experiencia de contacto con las empresas mineras, su retórica del desarrollo y los continuos atropellos contra sus derechos fundamentales, como el detallado al inicio de estas líneas.
Lo que debemos tener claro es que, en la medida que se amplía y profundiza el extractivismo, se agrava la devastación social y ambiental. Y en paralelo, mientras crece la resistencia social en los territorios afectados, el Gobierno responde con la criminalización de la protesta e inclusive militarización de las zonas afectadas. Los derechos colectivos de varias comunidades indígenas y campesinas son atropellados y poco importa que en el Ecuador constitucionalmente la Naturaleza sea sujeto de derechos.
Engaño, autoritarismo, violencia y xenofobia de la mano del extractivismo
“…los tira piedras de siempre”
“…lo más triste es que la mayoría ni siquiera son ecuatorianos…”
“…hasta cuando vamos a aguantar todo esto”
“…hay simplismo, ¿el agua es más importante que el oro?
“En este momento Ecuador tiene mucha agua y tiene poquito oro que es lo que necesitamos para salir del subdesarrollo…”
Rafael Correa, presidente del Ecuador
El engaño, la imposición y la violencia parecen ser un escenario consustancial del extractivismo, un modelo bio-depredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflada en una retórica del Gobierno y del modelo de desarrollo, que habla de un sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Basta ver la represión en Íntag.
Inclusive hay una violencia simbólica infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo, como algo prácticamente inevitable: podría decirse que en estas sociedades existe una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles, empezando por los niveles más altos de definición política. Eso explica por qué los llamados gobernantes progresistas, al asumir el papel de portadores de la voluntad colectiva y del mañana, tratan de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad forzando el extractivismo: una suerte de desarrollo retro…
Estas actividades extractivas generan, adicionalmente, graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza la explotación de dichos recursos naturales. Los impactos económicos y sociales provocan la división de las comunidades y de las familias, la violencia intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, la erosión del alma colectiva y territorial. Se produce también un incremento de la delincuencia e inseguridad, tráfico de tierras, entre otros.
Las grandes tensiones sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de dominación que se producen cuando, por ejemplo, se conforman empresas extractivas en las que participan grupos indígenas o campesinos de la zona para explotar estos. Este tipo de situaciones aumenta la confusión de los pueblos, genera más rupturas internas y demuestra la hipocresía de proclamar al mundo que “nunca más el capital sobre el ser humano”, como repite el presidente Correa.
La violencia aflora también, cuando los gobiernos, llamados “progresistas”, como es el caso de Ecuador, criminalizan la protesta popular que emerge en contra de las actividades extractivas, con el único fin de garantizarlas… para poder, según la retórica del Gobierno, reducir la pobreza. Bajo ese pobre razonamiento, la integridad de las áreas protegidas con especies únicas en el mundo, fuentes de agua pura, los Derechos Humanos y colectivos, además del futuro de la democracia, no pesan.
En suma, como contracara de las violencias múltiples, la lista de represiones atadas al extractivismo es larga. Este podría ser uno de los telones de fondo de la historia de nuestros pueblos, que se inició hace ya más de quinientos años, cuando se inauguró esta modalidad de acumulación extractivista que nos condenó al subdesarrollo.
Este tipo de ejercicio político se explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder, acumulándolo cada vez más, y/o por su intención de acelerar una serie de reformas estructurales que, desde su particular perspectiva, asoman como indispensables para transformar las sociedades. Son Estados que al monopolio de la riqueza natural han añadido el monopolio de la violencia represiva y política.
En estas economías extractivas se ha configurado una estructura y una dinámica política no solo violenta y autoritaria, sino voraz. Esta voracidad, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y sobre todo en una discrecional distribución de los recursos fiscales.
Todo ello ha contribuido a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas insaciables, proclives también a prácticas autoritarias. En definitiva, los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades extractivas a gran escala, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas autoritarias.
Esta es una gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Son muchos los ejemplos de países ricos en recursos, pero habitados por poblaciones pobres, y azotados por conflictos y limitada democracia. Y son precisamente pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de valor sustentadas más en el esfuerzo humano que en la generosidad de la Naturaleza.
Superar esas aberraciones coloniales y neocoloniales es el reto que tienen estos países. Y en esta línea está la resistencia de la comunidad de Íntag, que ahora constituye, como el Yasuní, la Cordillera del Cóndor, Quimsacocha o los manglares, puntos candentes del extractivismo en Ecuador, enfrentado con quienes defienden la vida.
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[1] Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, Ecuador.
