LA CONSTITUCION Y LA VIOLENCIA: DOS REALIDADES
Gerard Coffey
La semana pasada mataron a mi vecino. Le dejaron en el piso con manos atados y boca sellada. Apuñalado. No puedo decir que le conocía muy bien. Era peluquero y trabajaba mucho, seis días por semana, diez horas por día. Era gay, extravagante, perfumado, pelo pintado de blanco. Admito que nuestras conversaciones no iban más allá de generalidades. Sin embargo, siempre nos saludamos. Siempre era amable. Pero, amable o no, le mataron. Y parecen haber lo hecho conscientemente. El victima conocía a sus asesinos, llegaron para tomar vino y le mataron antes de robarle.
No tengo estadísticas, pero sospecho que la muerte de un gay no es tan rara. Los arrestos sí. Los homosexuales son tolerados, siempre y cuando no sean tan evidentes. Pero hombres como mi vecino son difíciles de ignorar. Son blancos para la gente que les encuentra ofensivos, que hasta les odia, y está preparada a matarles. Y matan a sabiendas de que no les va a agarrar, que no habrá mucho interés. Las cifras lo dicen.
Un amigo extranjero, quizás muy ingenuo, me sugirió que tal vez en el celular de la víctima o en su libreta de direcciones había alguna pista, que las huellas digitales, que los colegas de la peluquería, que, que …. Y es cierto. Si hubiera interés en resolver el crimen, a lo mejor sería posible. La comunidad gay conoce a su gente, quien anda con quien. Pero lo triste es que, si bien uno siempre espera equivocarse, las posibilidades de que la policía se esfuerce para aprehender a los asesinos son mínimas. A quién le interesa un gay extravagante de cincuenta años, colombiano, que vivía solo, que no tiene familia en el país?
Los asesinos andan sueltos.
En cualquier momento el asesinato de un vecino es traumático, deja una huella difícil de borrar, mientras la muerte de una persona gay plantea preguntas serias sobre el nivel de tolerancia que existe en el país. Pero en el contexto actual del debate sobre la consulta, y en particular las preguntas que tienen que ver con la reforma del sistema legal (digo legal porque de justicia hay muy poco), esta muerte, entre muchos más, cobra una importancia mayor. Representa lo más elemental del debate.
Me atrevo decir que para la población en general, acontecimientos como la muerte de mi vecino son los que realmente importan, y que la constitución, la separación de poderes, la institucionalidad, la democracia son nada más que herramientas, formas de organizar la sociedad para que todos vivan mejor o, si prefieren, para lograr el Sumak Kawsay. Y mientras estas instituciones o conceptos no funcionan – resulta difícil sostener que el sistema legal sea algo menos que un desastre – la opinión más generalizada es que se necesita meter mano. No hay que dejar que asesinos anden sueltos. Hay que devolvernos la paz, y la tranquilidad. Y punto.
Por bien o mal la gente no confía en las instituciones sino en las personas. De ahí, son secundarias – sin decir que no importan – las opiniones de juristas y constitucionalistas, aun cuando sean bien fundamentadas. Por ejemplo, los argumentos solidos en contra de las preguntas uno y dos resultaron en cambios. Existen comentaristas y constitucionalistas a los que la consulta representa una barbaridad. Existen campañas en contra de la consulta en su totalidad y otras que pretenden ser más equilibradas. Pero para muchos ecuatorianos no meter mano en el sistema legal representa otra realidad. Representa la verdadera barbaridad.
Por tanto la batalla actual para no se ganará sin una persona capaz de convencer a la población que él (o ella) es de mayor confianza que el Presidente. Capaz de persuadir a la gente que la opción de otra asamblea constituyente es mejor que la visión intervencionista de Rafael Correa. Capaz de sugerir que una ya desacreditado quinto poder puede resolver el problema de la justicia. ¿Alberto Acosta puede ganar esa batalla? Posiblemente. Pero luce muy complicado. Mientras tanto la derecha estimula el debate y espera con anticipación el desgaste político. Al final existen altas posibilidades de que la gente vote por la propuesta del Presidente. Tal vez a sabiendas de que otros lo han intentado. Varias veces. Pero confiando en que este Presidente sí puede sentar las bases de un sistema que funciona.
Hablamos mucho de la sabiduría del pueblo y quién se atreve a decir que aquí se equivoque? Es otra realidad, distinta, lejos de argumentos constitucionales.
La clave está en quienes y como se reestructuraría la justicia. La tarea es casi imposible para cualquiera (ya sea Correa, Alberto Acosta, una Asamblea Constituyente), pues la corrupción está dada casi desde las aulas en las facultades de derecho y una vez fuera, todo o casi todo abogado ha tenido que ensuciarse aunque sea un poco con ese sistema decadente. ¿A quién poner en las cortes?, ¿a quiénes nombrar fiscales?, ¿quién los vigilará y sancionará de ser necesario?. La gente con experiencia capaz de acceder a los cargos, probablemente también tienen experiencia en las malas artes del derecho. En la policía la cosa es bastante parecida, como la mayoría de personas, yo he sufrido robos y asaltos, al principio recurría a la policía esperando que hicieran algo y quizás atrapar a los criminales, pero en todas las ocasiones, los policías se limitaron a escribir la recepción de la denuncia (a máquina de escribir y con pésima ortografía dicho sea de paso) y nunca hicieron nada por investigar, si alguna vez les insistí que lo hagan, me insinuaron que les “colabore” para la transportación que genera la investigación. Por supuesto, no hacer nada, sería la peor opción, pero sería bueno que el gobierno presente una idea de como piensa reestructurar la justicia, como evitar que se vuelva a caer en la misma corrupción con diferentes rostros.